Crisis en Nicaragua: llega a 135 la cifra de muertes en protestas
135 muertes en 52 días
La más reciente víctima fue el joven Shester Javier Chavarría, quien recibió dos balazos la noche del jueves mientras estaba atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y un grupo de enmascarados le disparó desde una camioneta.
La cantidad de personas fallecidas por las violentas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se elevó este viernes a 135, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La más reciente víctima fue el joven Shester Javier Chavarría, quien recibió dos balazos la noche del jueves mientras estaba atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y un grupo de enmascarados le disparó desde una camioneta.
El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que será publicado en las próximas semanas, expondrá en detalles los diferentes casos de muertes durante las protestas, tal como prometió ese organismo.
La CIDH visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo pasado, y presentó en Managua un informe preliminar cuando se había confirmado la muerte de 76 personas y más de 800 heridos. Desde que la misión de ese organismo salió de Nicaragua han ocurrido al menos 59 muertes más, elevando a 135 el saldo de víctimas mortales y más de mil heridos.
“Los autores de los más de 130 muertos permanecen en la impunidad, porque todos los operadores de justicia en este país, como la Fiscalía, han acusado solo por selección”, dijo el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.
Como ejemplo, señaló las acusaciones del Ministerio Público contra Brandon Cristofer Lovo Taylor y Glen Abraham Slate, señalados como responsables del asesinato del periodista costeño Ángel Eduardo Gahona; y los señalamientos delictivos contra opositores al Gobierno como Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío en León, y Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
“Más allá de eso, no hemos visto una conducta firme para establecer una línea de investigación y eventual acusación a la jefatura de la Policía, a quienes han disparado y a quienes ordenaron disparar”, criticó Carrión.
Daniel Ortega pidió dos días para reflexionar sobre propuesta de democratización de Nicaragua
Pese a la grave crisis política y social que vive el país, el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no dio respuestas concretas a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) durante un encuentro sostenido este jueves con el mandatario.
“Él (Ortega) nos ha pedido simplemente que le demos un par de días de reflexión y él nos va a dar una respuesta”, aseguró monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y miembro de la comisión mediadora de la CEN en el diálogo.
Báez explicó que lo que se le presentó a Ortega fue prácticamente la agenda que se ha venido planteando en el proceso del diálogo nacional, que fue suspendido por los obispos mediadores del mismo, ante la creciente violencia gubernamental contra la sociedad civil, que ya ha privado de la vida a al menos 127 personas en 50 días de represión.
Propuesta consensuada
Minutos antes de la entrevista con Báez, en conferencia de prensa el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, acompañado de todos los obispos, informó que han entregado al mandatario la propuesta consensuada sobre el tema mencionado y se han declarado a la espera lo más pronto posible de su respuesta por escrito, de lo que dependerá al fin y al cabo si reanudan el diálogo nacional.
“Hemos planteado el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada sobre democratización en el país, y expresa el anhelo de la mayoría”, dijo Brenes, quien aseguró que cuando reciban la respuesta de Ortega, evaluarían la factibilidad de continuar el diálogo que inició el pasado 16 de mayo, cuando fue instalado con la presencia de la pareja presidencial.
Monseñor Rolando Álvarez, portavoz de los obispos mediadores en el diálogo, también expresó que la continuación del proceso del diálogo dependerá de la respuesta de Ortega, quien tendrá que responder el sábado a la propuesta de los jerarcas católicos.
“Le hemos entregado una propuesta al señor presidente, siempre con los temas de democratización del país. Vamos esperar su respuesta”, respondió brevemente Álvarez.
Proponen a Ortega salida pacífica
Se conoció por fuentes políticas que los obispos le ofrecieron a Ortega “una salida por la vía pacífica constitucional” y una de estas opciones fue planteada por los jerarcas católicos a través de elecciones anticipadas.
“Entre las propuestas que se le presentó a Ortega para democratizar el país, fue anticipar elecciones a través de la vía pacífica constitucional, pero él guardo silencio y pidió tiempo para reflexionar”, aseguró la fuente.
Después de la conferencia de prensa en la que habló Brenes, LA PRENSA intentó preguntarle a los obispos sobre la “salida por la vía pacífica constitucional” de Ortega, pero no respondieron.
En el encuentro que se llevó a cabo este jueves en la Casa de los Pueblos, Ortega se hizo acompañar de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, el canciller Denis Moncada Colindres y el diputado y jefe de bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro.
Durante el encuentro, solamente Ortega tomó la palabra. El encuentro duró un poco más de dos horas. Los sectores de la sociedad civil que han participado en el proceso del diálogo, en el que participan empresarios, estudiantes y campesinos, han propuesto la salida de Ortega a través de la vía pacífica.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció ayer que restringirá visas a varios funcionarios nicaragüenses por estar involucrados en la violación de los derechos de los nicaragüenses que han salido a protestar desde el pasado 18 de abril contra el gobierno de Ortega, a quien le exigen su salida.
EEUU restringe visas a funcionarios nicas
Estados Unidos anunció este jueves la imposición de restricciones en las visas de funcionarios y otras personas involucradas en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
“La violencia de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, particularmente, contra estudiantes universitarios (…) es inaceptable”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una declaración.
Según el Departamento de Estado, la Administración del presidente Donald Trump decidió restringir los visados a los individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.
Los afectados por estas restricciones son funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, “especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”.
En el comunicado, Nauert no precisó el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los identificó, pero sí aseguró que “en ciertas circunstancias los familiares de esos individuos también verán restringidas sus visas” para entrar en los Estados Unidos.
La portavoz atribuyó a las normas de confidencialidad el hecho de que no identifique públicamente a los implicados.
“Sin embargo, enviamos un mensaje claro sobre que los que abusan de derechos humanos y quienes socavan la democracia no son bienvenidos en EE. UU.”, enfatizó Nauert.
El Departamento de Estado destacó que las limitaciones no apuntan a la población nicaragüense en general y avanzó que continuarán monitoreando la situación en el país y pidiendo el final de la violencia, así como unas negociaciones pacíficas para poner fin a la crisis.
Piden sanciones
Un grupo de legisladores estadounidenses pidió el miércoles a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses; Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presiente Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.
Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, pidieron a Trump averiguar el papel de Díaz “en los homicidios de decenas de manifestantes” y sobre López, quien es vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalaron que “debe ser sancionado” por firmar contratos de préstamos irregulares y beneficiarse de exenciones de impuestos.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen también solicitó este jueves al gobierno de Donald Trump sancionar a tres altos funcionarios de la administración de Daniel Ortega, congelando sus cuentas y suspendiéndoles la visa.
Esos funcionarios son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de Salud; y Roberto López, presidente ejecutivo del Seguro Social en Nicaragua.
Ros-Lehtinen solicitó además sanciones para Tirso Zeledón, de quien dijo se ha beneficiado del seguro social.
“Todos son parte del círculo íntimo de Ortega y son responsables por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos”, declaró la congresista.
“Pido al Gobierno que no tome mucho tiempo para que congele las cuentas, cancele visas y sancione a los responsables de mucha corrupción y asesinatos en Nicaragua”, agregó.
Declaración de la portavoz de EEUU, Heather Nauert
Restricciones de visa para individuos involucrados en abusos de derechos humanos y la socavación de la democracia en Nicaragua 7 de junio de 2018.
La violencia política por parte de la policía y las fuerzas de choque de simpatizantes del gobierno en contra de la población de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, demuestra un flagrante desinterés por los derechos humanos y es inaceptable. El día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha decidido imponer restricciones de visa a los individuos responsables de estos abusos y de la socavación de la democracia en Nicaragua.
Las personas afectadas incluyen oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios de gobiernos municipales y un funcionario del Ministerio de Salud — específicamente aquellos individuos que dirigen o supervisan la violencia en contra de ciudadanos que están ejerciendo sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión y por lo tanto socavan la democracia de Nicaragua. Estos funcionarios han actuado con impunidad en todo el país, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa. En algunas circunstancias, los familiares de estos individuos serán sometidos a las mismas restricciones.
No identificaremos públicamente a las personas afectadas debido a las leyes de los Estados Unidos concernientes a la confidencialidad de visas, pero estamos enviando un mensaje claro que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos.
Hacemos énfasis en que las acciones que estamos anunciando el día de hoy son específicas a ciertos individuos y no están dirigidas al pueblo de Nicaragua. Continuaremos monitoreando la situación y llevando a cabo acciones adicionales cuando sean necesarias. Estados Unidos continúa haciendo un llamado al fin de la violencia y apoyamos las negociaciones pacíficas para ponerle fin a la crisis.
CIDH denuncia nuevas formas de represión
Más de 50 muertos en las últimas dos semanas, así como secuestros, incendios a medios y posibles ataques con pesticidas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles más violencia y nuevos tipos de represión de las protestas contra el Gobierno en Nicaragua.
“No se trata exclusivamente de un escalonamiento de la violencia, sino también de nuevas formas y prácticas represivas. Parece que hay una nueva frontera de la represión instalada en el país”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien cifró en 127 los fallecidos confirmados por la comisión desde el inicio de las manifestaciones el 18 de abril.
En este contexto, Abrão informó que la CIDH pidió el martes al gobierno de Daniel Ortega medidas de protección a favor del sacerdote Edwin Romany y del activista Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, por considerar “altamente en peligro” su vida e integridad. Ambos realizan labores de defensa de los derechos humanos en Masaya.
Desde que comenzaron las protestas, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 24 personas y sus núcleos familiares.
En rueda de prensa, Abrão dijo que el ambiente de violencia persiste en Nicaragua a pesar de la visita de la CIDH a mediados de mayo, que emitió 15 recomendaciones que el gobierno de Daniel Ortega hizo “suyas”, y de la anuencia estatal a la creación de un grupo de especialistas internacionales para investigar lo ocurrido.
“Según 1.007 testimonios, más de 900 recibidos durante la visita, confirman la acción represiva del Estado detectada en el informe preliminar”, dijo.
“O te callas o te mato”
Ese reporte identificó un uso excesivo de la fuerza, incluida fuerza letal para reprimir a los opositores, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos en cárceles, amenazas y violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Ahora, la CIDH detectó secuestros de jóvenes universitarios, incendios a medios de comunicación y edificios estatales, hostigamiento de adultos mayores, ataques contra buses que recogen a personas resguardadas en universidades e iglesias tras hechos represivos, y denuncias de un ataque con pesticidas.
“Hay una instalación cada vez más progresiva de un grave impacto sicológico y físico en la población civil de Nicaragua”, dijo.
“Es una masacre, nos están atacando de todas las maneras posibles. Son unos genocidas”, dijo por su parte Fernando Sánchez, integrante de la Coalición de Estudiantes de Nicaragua, invitado por la CIDH.
A su lado, Migueliuth Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona, muerto por disparos mientras cubría las protestas en la caribeña ciudad de Bluefields, asintió. “El mensaje es claro: o te callas o te mato”.
Abrão dijo que la CIDH prepara su informe final sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que será presentado al consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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