Cambiar lo que funciona – El Comercio, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Es natural que cada nuevo gobierno entre con afán de cambiar o mejorar varias políticas. El que hoy lidera el presidente Martín Vizcarra, por supuesto, no es la excepción. Ya el primer ministro César Villanueva presentó ante el Congreso sendas propuestas de acción –a emprenderse desde Legislativo y Ejecutivo– orientadas a combatir la corrupción, reactivar la economía, y otras metas de corto y largo plazo.
El ambiente de cambio, por supuesto, ha sido aprovechado también por otros sectores que pugnan por implementar su agenda. Por ejemplo, hace poco más de una semana, recomendaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos respecto de prácticas laborales en sectores vinculados a la exportación no tradicional motivaron que se vuelva a poner en debate el régimen laboral agrario y el régimen de exportaciones no tradicionales.
En esa línea, existe más de un proyecto de ley orientado a derogar o modificar significativamente estos regímenes. Entre ellos está, por ejemplo, el proyecto de ley 508, que propone la derogación del régimen laboral agrario, promovido por el Frente Amplio, o el proyecto de ley 695, que eleva los costos de contratación en el sector, presentado por Fuerza Popular. Preocuparon, además, declaraciones del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, en las que abría la posibilidad de modificar el régimen laboral del agro en el marco del TLC con Estados Unidos.
El Ejecutivo, sin embargo, tiene también voces más sensatas en el tema. En una entrevista concedida esta semana, el viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez Vela, ratificó que “desde la perspectiva peruana no existe ningún incumplimiento de normas laborales” y que “estos regímenes han sido un punto de apoyo fundamental para la expansión de la exportación no tradicional”.
De hecho, si hay una política pública que ha demostrado su efectividad es la relacionada a la promoción agrícola para la exportación. Los envíos de uvas frescas al mundo, por ejemplo, se multiplicaron de apenas US$5,9 millones en el año 2000 a US$651,2 millones en el 2017. Las exportaciones de espárragos frescos, por su lado, pasaron de poco más de US$50 millones anuales a inicios de siglo a US$409,1 millones el año pasado.
Este crecimiento económico vino en línea con mejoras sustanciales para los trabajadores. De acuerdo con Apoyo Consultoría, entre el 2004 y el 2015 el número de puestos de trabajo formal en la actividad agrícola pasó de 499 mil a 733 mil. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza para trabajadores agrícolas ubicados en la costa se redujo de 57% a 20%. En Ica, donde la actividad agroexportadora ha sido un motor de desarrollo fundamental, la clase media –la vulnerable y la estable– ha pasado de poco más del 30% de la población en el 2005 a más del 90% en el 2017. Más aun, de la poca formalidad laboral que tiene el sector agrícola en general en el Perú, casi toda está vinculada a la exportación: solo para Ica, donde mucha de la agricultura está orientada al mercado externo, la informalidad laboral agraria alcanza el 58%, mientras que en el resto del Perú es cercana al 97%.
Los logros del sector no han sido casualidad. Están basados en una política pública que fomenta la inversión privada en vez de desalentarla. En ese sentido, es una buena noticia, dentro del pedido de facultades legislativas, que el gobierno haya considerado extender la vigencia de las normas de promoción agrarias y ampliarlas a otros sectores.
La política de exportaciones no tradicionales, por supuesto, tiene retos por delante. La infraestructura de caminos, puertos y aeropuertos es deficiente. La investigación e innovación tecnológica en el sector aún es pobre. Las barreras fitosanitarias siguen siendo un problema para el ingreso de productos peruanos a varios mercados. Y las muletas para compensar estas carencias de competitividad –como el sistema del drawback– distorsionan la economía y son costosas.
Sin embargo, atacar parte fundamental del exitoso modelo de agroexportación resulta una irresponsabilidad. En lo que respecta a lo laboral, en particular, quizá podría incluso valer la pena tomar las lecciones relevantes de la experiencia del campo para llevarla a otros sectores. En la práctica, eso sería exactamente lo opuesto a lo que se propone –con tinte más populista que técnico– desde determinadas tiendas políticas. No se debe cambiar lo que funciona, sino, muy por el contrario, entenderlo y hasta replicarlo.
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