Óscar Naranjo, vicepresidente colombiano: «La defensa y protección de líderes debe ser una política sostenible»
Por Guillermo Reinoso Rodríguez.
El Gobierno Nacional ha identificado 600 zonas donde los defensores de derechos humanos corren más riesgo. En esos territorios, veredas, puntualmente, se están enfocandolas acciones para garantizarla protección dedichas personas.
El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, es quien desde el Gobierno viene articulando la presencia del Estado en esas regiones y las estrategias para contrarrestar las amenazas contra los líderes.
Naranjo reconoce que en el último año se ha “aprendido que la sensibilidad y la priorización por la defensa y protección de los líderes no puede ser un tema coyuntural, debe ser parte de una política sostenible, que privilegie esas investigaciones y también la protección de esas comunidades”.
¿Cuáles son las motivaciones de los asesinatos de líderes?
Enfrentamos un fenómeno que tiene, por lo menos, cuatro tipos de victimarios. Tristemente, el Eln se convirtió en un victimario de líderes sociales y está asesinando a excombatientes de las Farc. El segundo, las bandas criminales, y ahí aparece el ‘clan del Golfo’.
Un tercer grupo son las personas que se resisten a que se aplique con eficacia la política de restitución de tierras;por eso, reclamantes de tierras han sido asesinados. Y hay unas confrontaciones territoriales donde, una vez las Farc dejaron ese territorio, se ha generado una especie de anarquía criminal.
¿La motivación del narcotráfico se ha agudizado con los carteles mexicanos?
El crimen organizado transnacional tiene interés en que Colombia siga siendo productor de drogas.Y esa relación entre esoscarteles, especialmente mexicanos,
con productores colombianos tenemos que romperla, porque está alimentando esta violencia.
¿El narcotráfico y la sustitución de cultivos ilícitos serán el mayor riesgo para los líderes en el futuro?
Lo viene siendo, pero ya hemos identificado esos riesgos y esa amenaza, y hoy, el programa sustitución está fuertemente vinculado a la protección y control territorial
de la Fuerza Pública.
¿La corrupción es otra causa?
Sí. Hay evidencia de que líderes sociales que han elevado su voz para denunciar corrupción local han terminado asesinados. Yo diría que los cuatro pilares fundamental es con los que se está llegando al territorio son: ampliarla oferta de seguridad y justicia, buscar mecanismos de inclusión social y convivencia, producir desarrollo con obras de infraestructura en esos territorios que estuvieron muy abandonados y gobernabilidad transparente, es decir, lucha contra la corrupción.
El desarme de las Farc generó vacíos de poder y eso aumentó el riesgo…
El número de líderes asesinados ha aumentado, pero hay que tener en cuenta que cuando las Farc firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto estaban en 280 municipios; hoy tenemos identificados 41 municipios que son un problema, y no son la totalidad de esos municipios, son unas veredas.
Hay que tener encuentaque en 239 municipios el plan de consolidación territorial y de llegada del Estado ha sido efectivo, pues muestran reducción de violencia.
¿Cómo llegan a esos pequeños territorios?
Lo que hemos hecho es ampliar la cobertura del Plan Victoria, que fue el plan bandera en el momento de la firma del acuerdo para consolidar el territorio. ¿Cuál es la lección que nos deja el plan? Que es necesario microzonificar. Por esa razón, el Presidente dio instrucción a la Policía para que el Plan Horus o el Plan Victoria Plus llegue a las 600 veredas identificadas como los puntos rojos.
A cada una de esas veredas se ha destinado un grupo de militares y policías para que permanezca con tres finalidades: control territorial integral, protección de las comunidades y diálogo directo con los líderes sociales, para generar una reconstrucción del tejido social y acercar a esas comunidades al Estado.
¿Cambian las acciones de acuerdo con cada zona?
El gran aprendizaje es que hay que tener una política nacional, pero también estrategias locales para entender la problemática en función de los microterritorios. Más allá de eso, este año hemos aprendido que la sensibilidad y la priorización por la defensa y la protección de los líderes no puede ser un tema coyuntural, debe ser parte de una política sostenible, que privilegie estas investigaciones, pero también privilegie la protección de esas comunidades.
La excepción es Tumaco; allí, el riesgo para los líderes es casi generalizado…
Hay que considerar que Tumaco es dos veces la extensión del Quindío, es un territorio con 336 veredas, y allí está la mayor concentración de cultivos de coca, y eso crea una convergencia criminal que altera la vida de esas comunidades.
Por eso hemos elegido, desde la Vicepresidencia, como foco de actuación a Tumaco. Allí, lo que se encuentra son varios problemas: hay un tema de tierras, los consejos comunitarios que le dan uso colectivo a la tierra están en tensión con invasores y colonos. Y hay que resolver el tema de cultivos ilícitos por dos vías: erradicación forzosa y sustitución voluntaria. En el intermedio, llevar en los planes de desarrollo con enfoque territorial unos mínimos, concarácter urgente, de servicios de salud, educación, vivienda y vías terciarias.
Ya se reconoce el trabajo de las entidades del Estado, pero aún falta por hacer…
Durante 53 años de conflicto, el Estado y su institucionalidad obraron con una lógica contrainsurgente, y ahora a este Estado le corresponde aprender a estar en esos territorios de manera articulada y permanecer.
El presidente Santos me ha dado el mandado para que en el Gobierno seamos los grandes articuladores, de tal manera que la presencia institucional sea coordinada, integrada, sostenida y permanente; falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo.
También estamos cambiando la lógica de intervenir en función del asesinato de líderes. En el pasado había dos eslabones únicos: tratar de proteger a los líderes con medidas individuales y, en el caso de los asesinatos, perseguir a los victimarios para someterlos a la ley.
Hoy estamos trabajando para fortalecer los mecanismos de prevención, y por eso el decreto que firmó el Presidente a finales del 2017 asegura un sistema de alertas tempranas que involucra a la sociedad, a las comunidades, al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y a las instituciones. Pero, además, estamos pasando a la creación de instrumentos institucionales de protección colectiva de las comunidades, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las mismas comunidades.
Una crítica es que las investigaciones solo están llegando a los autores materiales, no a los intelectuales, con lo cual permanece el riesgo…
Hay que reconocer el esfuerzo de la Fiscalía. En el pasado el nivel del esclarecimiento era del 18 por ciento y en el último año pasó al 50 por ciento. Hay un avance en la identificación de los victimarios, y eso nos tiene que llevar a judicializar a los actores criminales determinadores de los homicidios.
Si no se ataca a la cúpula de esas organizaciones, a esos determinadores, el problema va a persistir. Por esa razón, lo que estamos haciendo con la Fiscalía es que esas investigaciones se miren, primero, bajo un concepto y lógica de contexto, porque no son casos aislados. Dos, estamos entrando a esas investigaciones con la premisa de que la calidad del líder no está en cuestión. Será la investigación la que demuestre si son circunstancias ajenas a su liderazgo o personales.
¿Es más fácil ser hoy un líder social que hace unos años?
Francamente sí, porque lo que encuentro es un crecimiento exponencial de esos liderazgos en el territorio, una voz cada vez más fuerte y más elevada de esos líderes y el deseo genuino de esas comunidades de transformarse siguiendo el liderazgo de quienes quieren hoy incorporarse a la legalidad.
‘Hay que hacer un esfuerzo georreferenciado’
Todd Howland es tal vez uno de los pocos que mejor conocen la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en Colombia. Como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupó entre 2012 y marzo pasado, este estadounidense conoció de cerca las amenazas, los asesinatos y las circunstancias en las que estas personas desarrollan su labor.
De acuerdo con Howland, en el país hay 229 veredas y corregimientos donde existe riesgo para los líderes. Desde 2016, la ONU reporta 162 asesinatos de estos defensores de DD. HH.
Y si bien esas zonas tienen unas características en común, como ausencia del Estado, pobreza, presencia de las Farc (antes del desarme) y economías ilegales (cultivos ilícitos y minería ilegal), han aparecido otros factores que agravaron la situación: disputas de tierras, corrupción de funcionarios y carteles del narcotráfico mexicanos, bandas criminales, disidencias y Eln, que buscan copar el vacío dejado por las Farc.
Por tal motivo, el exdelegado considera que antes de cualquier intervención en esos territorios se debe “entender el contexto” de cada territorio y “ver cómo se puede superar el problema”. “No se puede ver todo tan macro, hay que hacer un esfuerzo georreferenciado, y no se pueden tener metas tan enormes y hay que hacerlas poco a poco”.
El ex alto comisionado también señala que la presencia institucional no puede ser a través de “imponer orden y autoridad”, brindar protección individual a cada líder ni de reclamar resultados a la Fiscalía y a la Policía, sino con un conjunto de acciones que transformen las condiciones de vida de esas comunidades, cambien las economías ilegales y generen confianza en el Estado. En este aspecto, reconoce el liderazgo del general Naranjo al coordinar las acciones de las entidades de su sector.
En cuanto a las investigaciones por asesinatos de líderes, considera que estos no se deben ver como hechos aislados y recomienda empezar a analizar las relaciones entre crímenes, móviles y posibles actores intelectuales o intereses económicos poderosos que quieren seguir con el control. Esto, asegura, garantizará que no continúe el riesgo.
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