Malvinas, entre un tiempo de recomposición neocolonial y un nuevo ciclo de desmalvinización – Por Luis Wainer
Malvinas, entre un tiempo de recomposición neocolonial y un nuevo ciclo de desmalvinización
Por Luis Wainer*
El 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, titulada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta proclamó “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”. Luego, la Resolución 2065 de 1965, enmarcada en la 1514, tomó en cuenta la existencia de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a “proseguir sin demoras las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema”.
Así Argentina lograba que Naciones Unidas consideren a Malvinas como “un caso especial de colonialismo”, por lo que debía descartarse el principio de “libre determinación de los pueblos” y aceptarse el criterio de respeto a la integridad territorial. Por su parte, desde 1976, esa instancia supranacional llamóa las dos partes en la disputa, a no modificar unilateralmente la situación mientras subsista la misma, es decir, “no innovar en materia de exploración y explotación de recursos naturales”.
Como consecuencia de la Resolución 2065, desde fines de la década del sesenta se llevaron a cabo una serie de acuerdos “prácticos” en materia de comunicación, educación y servicios, que suponían acercamientos pero que congelaban el reclamo por la soberanía. El punto de mayor avance –y que al mismo tiempo ponía en tensión a los mismos- fue el acuerdo secreto de 1974, durante el gobierno de Perón, que planteaba un “condominio” sostenido en el tiempo cuya pretensión sí radicaba en poner en discusión la soberanía. Sin embargo, el conocimiento de la existencia de recursos hidrocarburíferos estratégicos en la zona, cambiaría para siempre la óptica de la potencia colonial:desde entonces esta esbozará con mayor fuerza –a contramano de todos los foros internacionales- el principio de libre determinación y los “deseos” de los isleños.
La guerra de Malvinas en 1982 y la posterior concesión en cuanto entrega de soberanía planteada en los “Acuerdos de Madrid” durante el menemismo -bajo la figura del “paraguas de soberanía”- consolidaron un tiempo de “desmalvinización” a tono con una entrega de soberanía integral y “relaciones carnales” con los países centrales.
De la unidad latinoamericana a la recomposición neocolonial
Con las crisis neoliberales en el continente, desde 2003 en Argentina, se postuló dar vuelta la ecuación de los años setenta y noventa: ahora debía ponerse por delante el reclamo de soberanía y no los acuerdos comerciales bilaterales. Así Malvinas entró en la órbita de una política exterior de “firmeza”, buscando ampliar apoyos internacionales -haciendo base en la nueva institucionalidad regional-continental- colocando la contienda como una causa de carácter regional; considerando que,solo de dicha perspectiva dependía la posibilidad de recuperar las islas.
El centro de gravedad radicó en la persistencia de la denuncia sobre depredación de recursos naturales y militarización del Atlántico Sur: un conjunto de sanciones, por parte de Argentina –respaldadas por Mercosur, Unasur o Celac- pusieron el foco en limitar la explotación de los recursos naturales en la zona del conflicto por parte de la potencia colonial y otros países y empresas multinacionales adjudicatarias de licencias comerciales.
Desde fines de 2015, el gobierno de Mauricio Macri tomó nota rápidamente del programa de Washington: se tornaba central la reconfiguración de la política exterior, es decir, desarmar inéditas pautas de cooperación regional que habían sido consagradas en la última década y media.
El conocimiento sobre la intención de emplazar una nueva base militar en el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) -que se sumaría a la base de la OTAN en las Islas Malvinas, como llave a la inmensa reserva de agua dulce y recursos naturales de diversa índole que supone la Antártida- iría completando una plena escena injerencista.
El 13 de septiembre de 2016, se realizó una reunión entre la ex-canciller argentina, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico, Alan Duncan. El objetivo de dicho acuerdo radicó en el compromiso de Argentina por remover todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, como principal interés económico del Reino Unido. Recordemos que, desde 2007, Argentina había dejado sin efecto el acuerdo con Gran Bretaña sobre explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur occidental, firmado en 1995.
Identificación de los soldados caídos
En este marco, el gobierno de Mauricio Macri exhibe los actuales avances en la identificación de los “NN” en el cementerio de Darwin como moneda de cambio a favor de los propósitos británicos de avanzar sobre la entrega de Malvinas y el Atlántico Sur, buscando dar cuenta de una “buena predisposición” británica para dialogar con la Argentina.
Lo que ocultan, es que la actual identificación ha sido promovida durante más de treinta años por organizaciones de excombatientes –fundamentalmente el CECIM de La Plata- y que fue la expresidenta Cristina Fernández quien le diera impulso a la causa al cumplirse 30 años del desembarco en Malvinas, el 2 de abril de 2012. Allí la primer mandataria pidió a la Cruz Roja Internacional tomar cartas en el asunto ante la negativa de Gran Bretaña y la Comisión de Familiares (conformada al finalizar la dictadura, cercana a aquella). Recordemos que entre los argumentos de este grupo de familiares lo que se deslizaba era que la identificación sería un “festival de huesos” y que a los caídos en Malvinas “había que dejarlos descansar en paz”.
El impulso que tomó la identificación en el año 2012, debía contar con anclajes políticos necesarios para su concreción: fue significativo la creación de la Comisión Nacional de Excombatientes (a cargo de Ernesto Alonso), la desclasificación del Informe Rattenbach, la creación de la Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el acompañamiento de la expresidenta ante la CIDH –en relación a los crímenes cometidos por militares argentinos a sus soldados en Malvinas. Cada una de estas circunstancias, que ubicaban a Malvinas en el terreno concreto de una política de Estado, coadyudaron al consentimiento de una gran cantidad de familiares para exhumar 121 tumbas a partir de contar con 107 muestras de ADN; lo que finalmente llevó a poder identificar 90 soldados hasta entonces “solo conocidos por Dios”, tal como aún afirman 32 cruces sin nombre en el cementerio de Darwin.
Cuando decimos sobre el uso de la identificación como “moneda de cambio” por parte del gobierno de Macri, hacemos referencia al propósito de fondo: ese “remover los obstáculos” que mucho nos sigue diciendo sobre un nuevo tiempo para Argentina y la región: por ejemplo, en materia de navegación como de pesca e hidrocarburos, se busca dejar de penalizar a las empresas que actúen en territorio argentino sin permiso. Lo que se desprende del acuerdo redactado en Londres, es la búsqueda por desmantelar medidas jurídicas, administrativas y legales, en pos de eliminar las restricciones y sanciones a la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. Argentina abandonóasí un considerable empeño consagrado en la última década, puesto en el desarrollo del Atlántico Sur: una defensa integral de su soberanía territorial, científica, satelital y económica.
(*) Sociólogo, Mg. en Estudios Latinoamericanos (UBA-UNSAM). Coordinador del Grupo de Investigación “Malvinas en la geopolítica de América Latina” (CEL-UNSAM). Coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación.
