La Corte tiene cinco días para decidir si juzga al presidente por la muerte de 41 niñas
Caso Hogar Seguro: Antejuicio Contra Presidente Debe Resolverse En 5 Días
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CJS) que en un plazo de cinco días debe emitir una nueva resolución sobre el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales para revisar su responsabilidad en la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En marzo de 2017 el diputado Leocadio Juracán y la diputada Sandra Morán de la bancada Convergencia interpusieron la denuncia, sin embargo el 22 de junio fue rechazada.
El diputado Leocadio Juracán explica que las razones que motivaron a la bancada a pedir el antejuicio contra el presidente Morales se sustentan en los testimonios, tanto de las víctimas y testigos de la masacre, como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la resolución que emitió la CSJ en junio de 2017, indica que el antejuicio promovido por los diputados de Convergencia “es una denuncia política y espuria”; a criterio del abogado Juan Castro esta calificación no les correspondía dado que no era el momento oportuno.
Con la resolución antes emitida el pleno de magistrados puede nuevamente rechazar el antejuicio, advierte el abogado Castro “lo que me temo que haga la Corte es razonar ampliamente la resolución y rechazarlo nuevamente”. La masacre en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue contra 56 niñas y adolescentes, 41 de ellas murieron, 19 el 8 de marzo y las demás murieron en días posteriores y 15 sobrevivieron que lesiones graves.
Las mentiras sobre el 8 de marzo y la orden de Jimmy que cambió todo
Fue en la rueda de prensa en el Palacio Nacional el mismo 8 de marzo, cuando ya habían fallecido 19 de las 56 menores encerradas bajo llave en un cuarto en el que estaban hacinadas. En la conferencia, acuerpado por el portavoz presidencial, Heinz Heinman, y el director de la Policía, Nery Ramos el secretario Rodas dijo lo siguiente:
– Y desde el mismo día de ayer el señor Presidente ordenó que se constituyera como refuerzo a la seguridad que ya estaba perimetral (sin armas letales) a más de 100 agentes de la PNC, que resguardaron ambos dormitorios.
Se refería al aula y al auditorio en el que fueron encerradas 56 niñas y 43 niños, respectivamente, que habían tratado de huir el día anterior cuando protestaron por los malos tratos. El aula de las niñas era de 7 metros de largo por 6.8 metros de ancho, que dejaba a cada una con menos de 1 metro cuadrado para pasar ahí la noche.
Así, el 8 de marzo, el secretario Rodas declaró que el presidente Jimmy Morales sí dio la orden de reforzar la presencia policial y que por eso resguardaron el interior del hogar seguro, a pesar de que el único responsable del interior del recinto era el personal de la Secretaría de Bienestar.
El papel de los policías fue determinante para la tragedia.
La subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín fue quien tenía la llave del aula en la que los directivos de la Secretaría y del Hogar Seguro decidieron encerrar a las menores de edad como castigo tras su intento de fuga el 7 de marzo de esta institución estatal destinada, en teoría, a proteger y abrigar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Las adolescentes que sobrevivieron acusan a la policía, directamente a la subinspectora Marroquín, de haberse negado a abrir la puerta a pesar de que estaba incendiándose el aula.
La subinspectora Marroquín, en la prisión de Mariscal Zavala desde el pasado 12 de junio, está acusada del de homicidio culposo, después de que tardara nueve minutos en introducir la llave en el candado desde que inició el incendio, lo que provocó que las niñas fallecieran por quemaduras y asfixiadas en el interior del aula, pese a sus gritos de auxilio y golpes en la puerta.
Durante la audiencia del caso, el 20 de junio, el fiscal de Femicidio, Édgar Gómez, dijo que las agentes que se encontraban junto a la subinspectora, “en su impotencia por no tener la llave” le advirtieron de que las niñas se estaban quemando, a lo que la subcomisaria Marroquín contestó así: “que se quemen esas hijas de la gran puta. Así como fueron buenas para fugarse quiero ver que sean tan fibrudas para salirse”.
Esto contrasta sobremanera con las declaraciones que ofreció el secretario Rodas el 8 de marzo en el Palacio Nacional:
– El auxilio fue inmediato de parte del personal de la Secretaría, la PNC, los bomberos municipales y los voluntarios.
En esa misma rueda de prensa, la Procuradora General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, fue más allá al afirmar: “estoy consciente de que se siguieron los procedimientos y los protocolos que se han definido a nivel interinstitucional para el tratamiento de casos semejantes”.
La procuradora Morfín añadió que lo acontecido en el Hogar Seguro era algo “totalmente imprevisible”.
Su subalterno, el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, permaneció en prisión del 12 al 24 de junio por estos hechos. Actualmente, se encuentra en arresto domiciliario acusado de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
(El resto de las mentiras detectadas está dividido en 7 capítulos.)
1. Las palabras del comisario de la Policía
En la conferencia de prensa del 8 de marzo, el director de la PNC, Nery Ramos, nombró por segunda vez a Jimmy Morales, al indicar que tras iniciarse el “conflicto” del 7 de marzo con la fuga de las y los menores de edad, la Policía acudió al lugar tras haber sido requerido su apoyo por parte de la Secretaría y “con instrucciones directas del señor Presidente de la República de Guatemala de resguardar el perímetro”.
A continuación, incurrió en una flagrante mentira al obviar que la policía estaba en el interior del Hogar al momento de producirse el incendio. Así, dijo que “en horas de la mañana, luego de observarse desde el perímetro donde se encontraba la PNC que salía determinada cantidad de humo de uno de los inmuebles de ese lugar, inmediatamente ingresa la PNC a apoyar esa tarea de rescate del personal de la Secretaría y, afortunadamente, se logra rescatar a 60 de ellas”.
El director Ramos volvió a insistir en la misma mentira tras finalizar la rueda de prensa. En el Palacio Nacional y a requerimiento de los periodistas, el director de la PNC recalcó que la única función de la policía fue “la búsqueda de las niñas que se habían fugado y que fueron entregadas al centro. Ya lo que sucede internamente no compete a la Policía”. Mintió al decir que los agentes nunca estuvieron dentro. Así, repitió en que “como a las 9 de la mañana, cuando se observa que sale humo de los inmuebles, ¿qué hace la policía? Ingresar para ayudar al personal a rescatar a esas niñas”.
Lo que no dijo es que desde horas de la madrugada, cuando por instrucción del secretario Carlos Rodas se decidió ingresar a las adolescentes a las aulas, la policía se encargó de custodiarlas de dos en dos al aula donde iban a ser encerradas y donde horas después la mayoría iba a morir ante la negativa de una subinspectora policial de abrir la puerta tras iniciarse las llamas. Lejos de reconocer este extremo, en una tercera ocasión el director de la Policía volvió a mentir al aseverar que “la Policía observa que emana humo de uno de los inmuebles, ingresa porque está saliendo humo de ese lugar y es cuando el personal dice que hay un incendio”.
Una semana después, el 15 de marzo, el propio Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, lo contradijo al asegurar que “nosotros, desde el momento en que tuvimos la noticia de que estaban ocurriendo algunos acontecimientos en el Hogar nos apersonamos como Policía Nacional Civil, con el fin de recuperar el orden y tener un control sobre lo que se estaba desarrollando, tanto en el área perimetral externa, como en el área perimetral interna”.
Asimismo, la Policía puso trabas a los Bomberos Voluntarios, tal como denunció el 9 de marzo el Mayor de los Bomberos Voluntarios, Edgar Augusto Ramírez, en la citación del Congreso con las Comisiones del Menor y de Transparencia. Concretamente, el mayor Ramírez dijo que cuando se apersonaron al lugar no pudieron ingresar de forma inmediata, por lo que tuvieron que esperar cerca de 40 minutos para poder entrar y asistir a las víctimas del incendio, ya que se les informó por parte de miembros de la PNC que tenían que esperar a que se les diera la orden para que pudieran ingresar.
En la última tragedia urbana de esta magnitud en Guatemala, el 30 de enero de 1980, la policía tampoco permitió que los bomberos ingresaran a salvar a quienes eran quemados por lanzafuegos de la policía en la toma de la Embajada de España.
2. La implicación del asesor presidencial Carlos Beltetón
El dato más revelador sobre la implicación de Jimmy Morales en la intervención policial del 7 y 8 de marzo la ofreció el jefe de la Comisaría 13, Wilson Petronilo López Maldonado, en la citación en el Congreso el 9 de marzo con los diputados del Movimiento Reformador.
A preguntas del diputado Jaime Regalado, el comisario López Maldonado recordó que los trabajadores del Hogar Seguro firmaron un acta en el que se negaban a recibir en el interior a las y los menores que se habían fugado y que habían sido capturados por la policía.
Ante tal situación, el comisario decidió retirar también a los agentes, porque “obviamente no es función de la policía estar resguardando esas instancias que pertenecen a la Secretaría de la Presidencia”. Así, señaló que “al manifestarles que nos íbamos a retirar toda vez que no recibían a los menores, alguien que dijo llamarse Carlos Beltetón hace una llamada directa al Presidente de la República donde le manifiesta que nosotros nos vamos a retirar del lugar”.
En ese momento, según relató el comisario, el asesor Beltetón, que trabajaba en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, “me pasa el teléfono y el señor Presidente está en línea”, de forma que el comisario López Maldonado le informa de que la responsabilidad de la Policía “hasta ahí llega, por lo que tenemos que retirarnos del sitio porque los niños y adolescentes no están en conflicto con la ley penal”. Pero “da la orden de que no puedo abandonar el lugar, toda vez que los niños están afuera, y que deje un contingente de policías ahí cuidando a los niños”.
“Entonces, pasamos a cumplir la orden del señor Presidente y nos mantenemos en el lugar y después de que se retira la PGN y Derechos Humanos nosotros ya nos quedamos solos con ellos y tanto el Director del Hogar, como las personas de la Secretaría de la Presidencia, deciden habilitar un lugar para ingresarlos y no dejarlos en la calle”, detalló.
Así, el comisario López Maldonado dijo que es de esa forma “como se logra ingresar a las niñas, niños y adolescentes por separado en diferentes lugares y, entonces, se cubre el primer anillo de seguridad de policías en el interior en cada uno de los lugares donde fueron alojados, porque obviamente no hay monitores, ya que no se hicieron cargo de ellos”.
“Es de esa forma que la policía permanece ahí en la madrugada”, desveló el jefe de la Comisaría 13 en el Congreso, al tiempo que indicó que una “señora” que atendió a las menores al llevarles el desayuno “dejó la llave prendida en el candado que estaba ahí”. Este extremo de la llave no corresponde con la versión del MP.
El MP asegura, tras los testimonios de las agentes policiales, la educadora que pasó lista a las niñas y los tres empleados de la cocina que llevaron el desayuno a las adolescentes, que la llave la tenía la subinspectora Marroquín, que era la única encargada de abrir y cerrar la puerta del aula.
En el Congreso, ante las preguntas de la diputada Alejandra Carrillo, el comisario López Maldonado insistió en que informó a Jimmy Morales que era la Secretaría de Bienestar la que “tenía que hacerse cargo” de la situación de los residentes en el Hogar Seguro, de forma que reconoció que “hasta las 22.00 horas”, del 7 de marzo el presidente Jimmy Morales estuvo informado de lo que estaba sucediendo con los menores agolpados en el portón del centro a la espera de que los reingresaran de nuevo.
3. El ministro Rivas ordenó sacar a los policías; lo desobedecieron por Jimmy
En este mismo encuentro con los diputados, el director adjunto de la PNC, Carlos Lemus, subrayó que las instrucciones que recibieron los policías “directamente del señor Ministro de Gobernación a través del Director General de la Policía fueron claras y precisas: nosotros debemos resguardar el área perimetral de dicho centro y que la Secretaría de Bienestar Social se encargue del interior”.
Esas órdenes se desobedecieron y la clave está en la conversación que mantuvo Jimmy Morales con el jefe de la Comisaría 13 por intermediación del asesor de la SOSEP, Carlos Beltetón.
Su nombre volvió a salir a colación en la declaración que el director del Hogar Seguro, Santos Torres, ofreció el pasado 8 de agosto en el transcurso de otra audiencia. A preguntas del fiscal, aseguró que el asesor Beltetón, quien se apersonó a las 21.00 horas en el centro, indicó al secretario Carlos Rodas que ya se había coordinado con el comisario para que trajeran elementos de la PNC de sexo femenino para el resguardo de las menores.
Así, el director Santos Torres reveló que el secretario Rodas le anunció que “iban a coordinar el ingreso de los adolescentes y que la Policía se iba a quedar a cargo, es decir, iban a asumir el resguardo de los niños”, para lo cual le destalló que “se coordinaron 100 elementos” de la policía, entre mujeres y hombres.
Esta conversación se produjo justo después de la llamada telefónica entre el presidente Jimmy Morales y el comisario López Maldonado a través del asesor Beltetón. El director Santos Torres aseguró en la audiencia que el asesor Beltetón también recorrió el interior del Hogar Seguro para “acomodar los dos lugares” en los que pernoctarían las chicas y los chicos que continuaban en el portón. En este recorrido también participaron, entre otros, el secretario Rodas y la ex subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social, Anahí Keller. A diferencia del director Torres y el secretario Rodas, quienes permanecen en prisión desde el 14 de marzo, el juez Carlos Guerra liberó de todas las acusaciones a la subsecretaria Keller el 16 de agosto, después de haber permanecido en prisión desde el 14 de marzo.
No obstante, Keller podría volver a ser procesada, pues que el MP y los querellantes apelaron la decisión del juez; consideran que Keller también es responsable.
Asimismo, también podría ser procesada la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, por haberse negado el 7 de marzo a acudir al Hogar Seguro a realizar una exhibición personal, tal como le solicitó la PDH, cuya ex defensora de Niñez y Adolescencia, Gloria Castro, se encuentra en arresto domiciliario por los delitos de maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
En su declaración ante el juez, el director Santos Torres insistió en que el asesor presidencial Carlos Beltetón fue “quien coordinó la seguridad de la Policía para que siguiera con el resguardo dentro del Hogar Seguro”. Al mando de los policías, según desveló el director del Hogar, quedó el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja, en prisión desde el 12 de junio y acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.
4. Segundo jefe policial confirma, ante el MP, la intervención del Presidente
En declaraciones al MP, el jefe de la Comisaría 13, Wilson Maldonado, confirmó lo que dijo en el Congreso. Repitió que el asesor Carlos Beltetón, el secretario Carlos Rodas, el director Santos Torres y el procurador Harold Flores le solicitaron 100 elementos de la PNC para “resguardar el interior y el exterior” del Hogar Seguro. El comisario Maldonado manifestó que él iba a retirar a su personal, porque “ya no era responsabilidad de la Policía prestar seguridad interior y lo que procedía era ordenar el ingreso de los adolescentes al Hogar”. Además, agregó que la PNC no tenía la capacidad de reunir a 100 elementos policiales. Su postura esa noche cambió nada más hablar con el presidente Jimmy Morales.
El subdirector Luis Armando Pérez Borja declaró en la audiencia de primera declaración del 21 de junio que cuando se disponían a retirar a los policías, “en ese momento se aboca un asesor presidencial”, en referencia a Beltetón, “y realiza una llamada telefónica”.
Posteriormente, el asesor Beltetón le indica al comisario López Maldonado que está en línea el Presidente de la República y el comisario López Maldonado atiende la llamada, tras la cual “indica que había que coordinar el equipo requerido por las personas que estaban en el lugar”.
Así, el comisario pidió al jefe de distrito que se conformara un equipo de 100 agentes policiales que se encargaron de reintroducir en el centro a los menores que se habían fugado y se ubicaron tanto fuera como dentro del Hogar Seguro, pese a no tener competencias para proteger el interior de estas instalaciones.
Pasadas las 23.00 horas del 7 de marzo, el personal de la institución había firmado un acta en el que se oponían al reingreso de los adolescentes y avisaban de que si volvían a entrar “no nos hacemos responsables de los daños que pudieran causar a los niños y niñas” que no habían participado de la fuga.
5. La PNC ocultó información al MP
El 9 de marzo el presidente de Guatemala hizo su primera comparecencia pública tras la tragedia. En ella anunció la destitución del director del Hogar Seguro, Santos Torres, quien permanece en la prisión de Matamoros desde el 14 de marzo y que enfrentará juicio por homicidio culposo y otros cuatro delitos.
Lejos de asumir cualquier responsabilidad, Jimmy Morales manifestó que el Gobierno “está siendo totalmente transparente y está apoyando todas las investigaciones que tengan que hacer todas las instituciones”. Luego se demostró que eso tampoco fue cierto, dado que el fiscal del Ministerio Público denunció en la audiencia que la PNC no colaboró en la investigación.
Según el fiscal, el MP requirió información a la Policía sobre la radio que utilizaba la subinspectora de la PNC el día de los hechos y los datos se suministraron de “forma errónea”. “La PNC no ha tenido ese compromiso de informar de forma inmediata, clara y precisa sobre lo que se le ha solicitado, es decir, no ha colaborado con el MP”, censuró Edgar Gómez. Además, agregó que las agentes de la PNC que custodiaban el aula incendiada “han manifestado temor a su integridad física, porque de cierta forma se les ha indicado que no digan la verdad”.
6. Las mentiras de Jimmy Morales en entrevistas a medios
Desde que ocurriera la tragedia, después de que una niña incendiara una de las 22 colchonetas que les suministraron con el fin de llamar la atención y provocar que les abrieran la puerta para poder ir al baño, Jimmy Morales ha hablado sobre este tema en cinco ocasiones. Una de ellas fue el 10 de marzo en una entrevista a Fernando del Rincón en el programa ‘Conclusiones de CNN’, donde llegó a reconocer que las niñas estuvieron encerradas: “Sí se tuvo a los menores en un lugar específico y estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave”.
Al mismo tiempo, reconoció la citada conversación telefónica con la PNC, si bien obvió mencionar que los agentes estuvieron en el interior del centro de protección de menores: “a las 9 o 10 de la noche tuve una comunicación con la PNC y le pedí que no se moviera por nada del mundo. Es más, pasaron toda la noche en el resguardo de los alrededores del Hogar y todo se mantuvo con calma hasta el día siguiente”.
El presidente Jimmy Morales volvió a mentir al afirmar que “según un informe que me dan, se les pidió a las personas que las mantuvieran separadas incluso sin llevarlas a sus habitaciones, dado que uno de los problemas es que muchas de estas menores tenían conflicto con la Ley, personas que tenían algún tipo de carácter violento y lo que se pretendía era que no se fuesen a agredir entre sí”.
Esta afirmación resultó ser totalmente falsa, dado que según datos de la Secretaría, únicamente 1 de las 56 menores encerradas había tenido conflicto con la ley penal, si bien ya había sido solventado. Y como no tenía familia, una vez salió en libertad, ingresó en el Hogar Seguro por orden judicial.
El resto de niñas habían ingresado por los siguientes motivos: 16 por fuga de casa; 12 por rebeldía; 5 por abandono; 5 por protección y abrigo; 4 por consumo de drogas; 3 por violencia sexual; 3 por riesgo social; 2 por problemas familiares; 1 por maltrato y 1 por orfandad. Las 3 restantes se desconocen los motivos, si bien la Secretaría remarca que en el Hogar Seguro “solo había niñas, niños y adolescentes vulnerados o vulnerables de sus derechos”.
La afirmación de Jimmy Morales de que “uno de los problemas es que muchas de estas menores tenían conflicto con la ley” era falsa.
En la entrevista a la CNN, Jimmy Morales llegó a asumir que el Estado de Guatemala “es el responsable de esta tragedia”, si bien se negó a llamarle “crimen de Estado” por ser una palabra “demasiado fuerte”. No obstante, toda la responsabilidad la achacó a la PGN, la PDH y Organismo Judicial. En especial a “las órdenes de juez que mandan que el Ejecutivo haga llegar a distintos centros como éste a menores que aun pudiendo tener problemas con la ley se mezclan con niños que no tiene ninguno de estos problemas”.
Además de criminalizar a los menores, el presidente Jimmy Morales también criticó a sus familias al considerar que existe una “descomposición de la sociedad donde la familia no ha jugado el papel que le corresponde”, ya que “el 90 por ciento de los 6.000 niños institucionalizados tiene familia”.
En reportajes hechos por Nómada, familiares de las niñas que murieron el 8 de marzo lamentaron por sus intentos infructuosos de sacar a sus hijas del hogar seguro mucho antes de la tragedia.
Un día antes, el 9 de marzo, el presidente Jimmy Morales compareció ante los medios y repitió que “entre los problemas” que había en el Hogar Seguro es que “hay menores con conflictos con la ley”.
El vocero del Gobierno, Heinz Heimann, también trató de criminalizar a las adolescentes el mismo día de la tragedia cuando aseguró que “no es justo, no es posible que niñas que sencillamente adolecen de una familia, que no tienen problemas con la ley, estén mezcladas con jóvenes que cometen hechos vandálicos, con jóvenes que ya han incidido en un índice de criminalidad”. El mismo director de la PNC repitió esta mentira el 8 de marzo cuando dijo: “el grupo de niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal sí eran las que habían generado el conflicto y agresiones en contra del personal del Hogar e incluso en contra de la autoridad policial”.
Tres autoridades –el director de la policía, el vocero presidencial y el Presidente de la República– repitieron a la ciudadanía entre el 8 y el 10 de marzo, que muchas las niñas quemadas eran delincuentes. Y era mentira.
Todas estas acusaciones vertidas por el presidente Jimmy Morales, el vocero Heimann y el director policial Ramos tuvieron una respuesta el 29 de octubre en el concierto de Residente en Ciudad de Guatemala, cuando una de las 15 niñas sobrevivientes, llamada Cynthia, se dirigió directamente al mandatario: “tanto como el Presidente nos señaló y nos dijo que éramos criminales. Nosotras no somos criminales”, gritó ante miles de personas.
El presidente Jimmy Morales se refirió en otra ocasión al tema, el 13 de junio, ante periodistas. Dijo que “se siguieron los protocolos” y remarcó que “las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad que fuera necesaria para los menores”. Preguntado sobre si dio la orden de encerrar a las menores de edad, el Presidente manifestó que “yo no doy instrucciones a nadie de que pongan y quiten llave”.
Fue más allá al aseverar que “se necesitan dos dedos de frente como para poder entender que no es el Presidente el que da todas las instrucciones”. “La orden es: señores, protejan a los niños y esa es, ha sido y será siempre la orden”.
Precisamente, en la entrevista a CNN, Morales trató de quitarse responsabilidad en el suceso al indicar que “no todo depende de la decisión de un Presidente”.
No obstante, según los testimonios de su secretario Rodas y dos policías, las órdenes presidenciales sí fueron cruciales para que fuera la Policía la que se quedara a cargo del encierro de las niñas.
Qué orden específica dio el presidente Jimmy Morales está registrada sólo en las declaraciones que ha dado el comisario Maldonado y el subdirector Pérez Borja, en la declaración del secretario Rodas y en las llamadas telefónicas realizó al teléfono del asesor Carlos Beltetón Coronado.
Otra ocasión en la que el presidente Jimmy Morales habló sobre el Hogar Seguro fue el 16 de junio en una entrevista a Jorge Ramos en Univisión, donde volvió a insistir en que “no tengo responsabilidad penal, porque todos los temas penales, según la Constitución y el Derecho Romano, es personalísimo”. Así repitió que el 7 de marzo, “exactamente dí las instrucciones de que protegieran a los niños”, al tiempo que reiteró la idea de que ese día “hubo un escape masivo de jóvenes y muchos de ellos con conflictos legales penales en contra de la Ley”.
Tres meses después de la tragedia repitió la mentira de criminalizar a las y los jóvenes del Hogar Seguro. Además, mintió también sobre “el escape masivo”. Trabajadores y niños que estuvieron el 7 de marzo en el Hogar Seguro contaron a Nómada que fueron los trabajadores quienes abrieron las puertas para la fuga y les gritaron: “¿Quieren salir? Pues váyanse a la verga.” El Ministerio Público refrendó que los trabajadores le abrieron la puerta a los adolescentes.
En la entrevista con Univisión, Jimmy Morales reconoció que ese día tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, si bien recalcó que “por supuesto que no” puede haber “una culpa directa y una imputación hacia la Presidencia por algo que sucede en un lugar ajeno en un momento determinado con unas circunstancias específicas”.
7. El otro antejuicio que fue bloqueado por la Corte Suprema
Los únicos que pidieron que se investigara al presidente Jimmy Morales fueron los diputados de la bancada Convergencia, liderada por Sandra Morán. El 14 de marzo lo denunciaron y pidieron que la Corte Suprema le quitara la inmunidad.
De momento, la Corte Suprema de Justicia ha protegido a Jimmy Morales, después de que el 22 de junio rechazara retirarle la inmunidad por este tema. Este órgano judicial consideró “política y espuria” la denuncia de los diputados contra el Presidente de Guatemala por los delitos de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Mientras tanto, así están las cosas en el caso judicial:
El Ministerio Público y la organización querellante Mujeres Transformando el Mundo recusaron al juez Carlos Guerra porque consideraron que no era imparcial, y él aceptó retirarse del caso. A pesar de no haber sido imparcial en las audiencias, el juez Carlos Guerra fue promovido dentro del Organismo Judicial a ser parte del Consejo de la Carrera Judicial.
Se está a la espera de que la Sala Cuarta de Apelaciones nombre a un nuevo juez que se encargue del caso.
El presidente Jimmy Morales continúa fuera de la investigación del Ministerio Público.
Y por su parte, las 15 niñas que sobrevivieron continúan con su proceso de recuperación.
El pasado 5 de noviembre, una de las menores que regresó de un hospital de Estados Unidos a Guatemala, con el 80 por ciento de su cuerpo quemado, y habló por primera vez en una entrevista a Guatevisión. Sus palabras son desoladoras:
“Antes apoyaba a los policías, pero ahora digamos que ya no los puedo ver porque los puedo maltratar. Les quiero decir un montón de cosas en la cara de ellos. (…) Antes mi sueño era ser cantante, pero ahora mi sueño se acabó. Ahora lo único que tengo es…ya no tengo nada. Estoy esperando a qué sueños me pueden venir”.
