Paraguay: la Corte avala la sesión del Senado pro-enmienda constitucional que derivó en crisis institucional en 2017
Corte rechaza acción presentada contra sesión paralela pro enmienda
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el entonces presidente de la Cámara de Senadores Robert Acevedo, debido a la sesión irregular que llevaron adelante un grupo de senadores el 28 de marzo de 2017, en donde cambiaron tres artículos del reglamento interno del Senado para que puedan así aprobar por mayoría simple cualquier proyecto de ley e instalar una nueva mesa directiva.
Dicho cambio culminó en la sesión desarrollada en la bancada del Frente Guasu, donde 25 congresistas aprobaron el proyecto de enmienda constitucional para insertar la figura de la reelección el 31 de marzo de 2017 que posteriormente desencadenó en la quema del Congreso.
Según la Corte, en el documento no se mencionan las supuestas violaciones constitucionales tras el cambio de reglamento. La Sala Constitucional no entró a analizar el trasfondo de la cuestión ya que la decisión fue in límine.
Marito cuestiona fallo de la Corte
El candidato a presidencial Mario Abdo Benítez (ANR) cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó «in límine» la acción de inconstitucionalidad de la recordada sesión «mau» de los 25 senadores pro reelección vía enmienda.
Marito señaló, antes de asistir a un almuerzo con empresarios en Asunción, que «una justicia tardía, no es justicia» y que la máxima instancia judicial actuó con negligencia. El candidato presidencial del Partido Colorado lamentó la resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó esta mañana la acción de inconstitucionalidad promovida por el entonces presidente del Senado, Robert Acevedo (PLRA) contra sus 25 colegas (oficialistas, liberales, Frente Guasu y Unace).
Los legisladores consumaron el 28 de marzo del año pasado, de forma ilegal, la modificación de artículos del reglamento interno de la Cámara Alta, con lo cual facilitaron, posteriomente, la presentación y aprobación ilegal del proyecto de reelección vía enmienda, el 31 de marzo pasado. Este atropello al Senado y la usurpación de la presidencia de la Cámara Alta, ocasionó luego en hechos de violencia, muerte y la quema del Congreso.
Marito lamentó la demora de la Corte porque pudo tener en su momento «un efecto positivo si es que se resolvían a tiempo». «Nosotros siempre venimos criticando justamente la falta de celeridad en estas acciones de inconstitucionalidad», expresó. El exsenador Abdo Benítez fue en su momento un férreo crítico al fallido proyecto de reelección vía enmienda de la Constitución Nacional, que buscaba la reelección del presidente Horacio Cartes y también habilitar al exmandatario Fernando Lugo.
“Precedente para que hagan lo que quieran”
El senador Eduardo Petta (ANR) señaló que el rechazo de la acción de inconstitucionalidad contra la sesión mau que derivó en los incidentes del 31M es un precedente para que cualquier mayoría circunstancial en el Senado pueda decidir por toda la nación.
“La violencia del 31 de marzo del año pasado frenó que la Cámara de Diputados consume el atropello iniciado por los senadores; sin embargo, la Corte hace como si no pasó nada: ‘Tranquilo, dejamos un antecedente para que cualquier mayoría circunstancial haga lo que quiera mañana’”, manifestó el senador Eduardo Petta en contacto con ABC Cardinal.
Estas declaraciones las realizó en relación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción de inconstitucionalidad contra la sesión del 28 de marzo de 2017 en que 25 senadores en la bancada del Frente Guasu, completamente fuera de las disposiciones legales de la Cámara Alta, cambiaron el reglamento interno de ésta en busca de la reelección presidencial de Horacio Cartes.
“SE EQUIVOCARON DE CASO”
Petta afirma que una posibilidad es que los ministros del alto estrado judicial se hayan “equivocado” de caso, puesto que la Cámara de Senadores ya fijó para este jueves próximo que se trate en el orden de día el nombramiento de Sandra Quiñónez como fiscal general del Estado, mientras que la bancada de Colorado Añetete, liderada por Mario Abdo Benítez, había puesto como condición que se trate la acción contra la sesión del 15 de junio, presidida por Carlos Filizzola.
“Operaron para que la acción sea rechazada y se equivocaron de expediente; trataron la acción del 28 cuando en verdad tenían que tratar la del 15 de junio, cuando Filizzola presidió la sesión que yo levanté, entonces eligieron a Lugo como presidente, y nosotros habíamos dicho que toda la terna que se produzca estaba viciada de nulidad, pero que íbamos a respetar lo que la Corte resuelva”, expuso.
Aseguró que si los ministros ahora tratan rápidamente el otro expediente, como lo había solicitado con anterioridad la bancada Colorado Añetete, solo para que se dé la designación de Quiñónez, será una clara muestra de que la Corte actúa según los movimientos políticos.
CSJ PUDO EVITAR TRAGEDIA
El senador Petta afirmó además que si la Corte Suprema de Justicia (CJS) hubiera actuado con celeridad cuando solicitaron la acción de inconstitucionalidad contra la sesión mau, no se habría producido la violencia del 31 de marzo, por lo que el diputado Edgar Acosta no resultaría herido y se hubiera evitado la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana la madrugada del 1 de abril.
Finalmente, señaló que el movimiento de Colorado Añetete se reunirá mañana para debatir sobre esta decisión de la Corte y la postura que asumirán los senadores como bancada.
JEM enjuicia a juez y fiscala por caso de crimen de Rodrigo Quintana
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió comenzar el proceso de enjuiciamiento del juez Alcides Corbeta y la fiscala Raquel Fernández por mal desempeño de funciones en el caso de homicidio de Rodrigo Quintana y el procesamiento del suboficial Gustavo Florentín.
Se inhibieron de la causa los jueces miembros del JEM, Raúl Torres Kirmser, por motivos de amistad con Corbeta, y Gladys Bareiro de Módica, por su relación con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en cuya sede se registró el crimen de Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril del pasado año.
Los demás integrantes del organismo resolvieron por unanimidad iniciar el enjuiciamiento del juez penal de garantías de Capital Alcides Corbeta, y de la fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de Capital María Raquel Fernández.
Los motivos que sostienen el supuesto mal desempeño de Fernández son tres, según el pleno del Jurado. En primer término, la agente fiscal se negó a realizar un cruce de llamadas solicitado por la querella adhesiva, como diligencia fundamental, que tenía un plazo de seis meses para ser obtenido, transgrediendo el criterio de objetividad establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
El segundo argumento para su enjuiciamiento es que la fiscal además descartó esta diligencia como elemento de cargo, como establecen los artículos 54, 280 y 318 del Código Procesal Penal y, finalmente, el tercer motivo es haber denegado este cruce de llamadas a través de la Resolución Nº 189 del 25 de septiembre de 2017, contradiciendo los artículos 172 y 173 del Código Procesal Penal.
El JEM resolvió además solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la representante del Ministerio Público.
Fernández se había negado a investigar el cruce de llamadas que involucraría a autoridades en la muerte de Quintana, por considerarlo «impertinente». La agente es otra de las fiscales que mantuvo conversación telefónica con Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del órgano contralor.
Juicio a Alcides Corbeta
Por su parte, Corbeta será enjuiciado por supuestamente no haber ejercido su rol de juez al momento de dictar el Auto Interlocutorio Nº 714 del 11 de octubre del 2017, rechazando la petición de la querella sobre el cruce de llamada que Raquel Fernández había negado.
El magistrado deberá presentarse a comparecer el 13 de marzo en audiencia ante el JEJM para prestar declaración informativa sobre el caso.
El hecho
El joven líder liberal Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del 1 de abril del año 2017 a manos de agentes policiales que ingresaron sin una orden oficial a la sede del PLRA, donde se refugiaba un grupo de personas que participaron de la manifestación en contra de la enmienda constitucional que podría habilitar la figura de la reelección.
