Guatemala: detienen al expresidente Álvaro Colom y a varios exministros por corrupción
El expresidente Álvaro Colom y varios exministros del gobierno de la UNE fueron capturados por el caso Transurbano. Este martes, el juez los envió a prisión provisional a Mariscal Zavala a excepción de Abraham Valenzuela y Luis Ferraté.
Los 14 allanamientos fueron confirmados por la Cicig y el Ministerio Público por un caso de corrupción en el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Los 11 exfuncionarios del gobierno de la UNE fueron capturados, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight y el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara.
La casa del expresidente Álvaro Colom fue allanada para recabar evidencias sobre el caso.
“Si es Transurbano creo que hay que recordar la matanza de choferes que había, el subsidio no era transparente y por medio del programa Transurbano se logró transparentar”, dijo Colom a su llegada a la Torre de Tribunales.
Los exfuncionarios del gobierno de la UNE se presentaron ante el juez José Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo, quien les informó que son señalados por los delitos de peculado y fraude.
El togado envió a prisión provisional al Mariscal Zavala al expresidente Álvaro Colom y sus exfuncionarios. A excepción de los exministros de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, quien ingresará al Centro Médico Militar, bajo custodia policial, y Luis Alberto Ferraté Felice, exministro de Ambiente.
Cojulum fijó para el 23 de febrero del 2018 la fecha para la primera declaración del expresidente Colom y sus exfuncionarios.
Esto dijo el MP y la Cicig
La audiencia de notificación
Caso Transurbano: Así permitió Colom un fraude de Q270 millones
El expresidente Álvaro Colom, su Gabinete de ministros y los directivos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) fueron acusados este lunes –de fraude y peculado– por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de conformar una organización criminal que sustrajo de manera ilegal Q270 millones de las arcas del Estado, que fueron trasladados a cuatro empresas privadas para el funcionamiento del sistema de transporte público Transurbano.
Según las investigaciones de la “fase 1” del caso Transurbano, el fraude millonario se empezó a fraguar desde antes de que Colom llegara al poder. En 2007, la AEAU movilizó votantes y trasladó fondos para los partidos que punteaban en las encuestas, principalmente laUNE, partido con el que Colom ganó las elecciones generales de ese año.
A finales de 2008, la Comisión de Modernización del Transporte Público, conformada por el gobierno y representantes de la AEAU, aprobaron el Acuerdo Definitivo 004 por medio del cual se comprometieron a continuar la negociación para la compra de buses e implementar un sistema prepago. En marzo de 2009, los directivos de la Asociación crearon las sociedades anónimas Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte y Concesionarios de Transporte.
La fiscal general Thelma Aldana, dijo que las sociedades fueron constituidas con el fin de captar los recursos que se destinarían más tarde para financiar el sistema prepago del Transurbano. Entre los representantes de las cuatro empresas figuran Rudy Leonel Maldonado y Luis Gómez, presidente y vicepresidente de la AEAU, respectivamente. Es decir, que los transportistas acordaron el negocio y también crearon los mecanismos para beneficiarse de este.
El acuerdo que los hundió
Tan solo un mes después de la creación de las cuatro entidades, el presidente Colom y sus 13 ministros firmaron el Acuerdo Gubernativo 103-2009, publicado en el Diario de Centro América el 8 de abril de ese año, el cual facultó al Ministerio de Finanzas para otorgar un “aporte económico de inversión” de US$35 millones (Q270 millones) a la AEAU para financiar el sistema prepago. Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, señaló que con la firma del Acuerdo se desarrolló “un artificio” para evadir los mecanismos de control del Estado y beneficiar de forma arbitraria a la asociación privada de transporte.
Las firmas de los 13 ministros para aprobar el Acuerdo 103-2009 fueron recogidas por separado, el documento no fue firmado por el ex vicepresidente Rafael Espada. De acuerdo con la acusación del MP y la CICIG, el expresidente Colom fue quien intervino para la conformación del procedimiento.
El exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, fue quien preparó y evaluó el contenido del Acuerdo sin tomar en cuenta análisis financiero, estudios sobre el alcance del sistema prepago, consulta a la Municipalidad de Guatemala y tampoco sobre la capacidad de la AEAU para implementar el nuevo sistema de cobro del pasaje.
Lo que no se cumplió
Aldana indicó que Álvaro Colom y su gabinete incurrieron en fraude y peculado porque se autorizó el traslado de los Q270 millones sin que se obtuvieron los dictámenes correspondientes de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan) ni el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), además firmaron el Acuerdo 103-2009 sin que existiera una convocatoria a Consejo de ministros.
El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, también fue implicado en el caso. Alejos fue llamado a declaración por estar implicado en otros casos de corrupción. Alejos fue quien firmó los acuerdos de la Comisión para la Modernización del Transporte e intervino en todo el proceso fraudulento, según la acusación del MP y la CICIG. La Municipalidad de Guatemala tampoco cumplió con su rol rector que le correspondía en este procedimiento, según señaló el comisionado Velásquez.
Exfuncionarios enviados a Mariscal Zavala
El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, resolvió enviar a la mayoría de exfuncionarios de la UNE capturados este lunes a Mariscal Zavala, mientras rinden su primera declaración en la audiencia programada para el próximo 23 de febrero. Salvo los exministros de Ambiente y Recursos Naturales, y el de la Defensa Nacional, Luis Alberto Ferraté y Abraham Valenzuela González, respectivamente, fueron enviados a centros hospitalarios bajo custodia policial, al aducir problemas de salud.
Pese a que varios de losseñaladossolicitaron al togadoserbeneficiados con arrestodomiciliar, Cojulumindicó que no podíadejar sin materia las órdenes de aprehensióngiradasensu contra, por lo que tendrían que esperar para saber sieranligados a proceso penal porlosdelitos de peculado y fraude.
¿Más implicados?
El jefe de la CICIG Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana no descartaron que en las siguientes fases de la investigación del caso Transurbano, el transporte operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), puedan resultar más políticos implicados en el fraude, como la ex primera dama Sandra Torres. El caso aún no ha determinado la responsabilidad sobre el manejo de otros Q122.8 millones otorgados como subsidio a la AEAU durante el gobierno de la UNE, y Q105 millones durante la administración del PP.
El rol que TuMuni no cumplió, según la CICIG y el MP
A manera de preámbulo, el titular de la CICIG, Iván Velásquez, anunció con una frase lo que podría ser la etapa II del nuevo caso de corrupción, que revela cómo se ejecutó un supuesto fraude al Estado con la implementación del Transurbano. “La Municipalidad –de Guatemala– no cumplió con su rol rector de controlar el transporte urbano”, declaró.
La única mención que se ha hecho sobre la relación de la Municipalidad de Guatemala en la investigación del caso Transurbano, es que la comuna lanzó el 23 de noviembre de 2009 la concesión de las rutas para transporte colectivo. Las únicas empresas que participaron fueron las cuatro que constituyeron los socios de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), que fueron las beneficiadas con la concesión de 25 años. La competencia de estas empresas fueron otras cuatro Sociedades Anónimas, de las cuales se sospecha que son ficticias.
La interpretación
Enrique Godoy García-Granados, ex vicepresidente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Tránsito y Transporte –EMETRA–, dijo que las palabras de Velásquez sobre la Municipalidad de Guatemala, van orientadas a esclarecer que en la implementación del Transurbano, esta comuna permitió y delegó la autoridad a la Comisión de Modernización del Transporte Público para que diseñaran el sistema prepago y establecieran las rutas.
Según Godoy, esto le corresponde a la Municipalidad, ya que la Constitución y el Código Municipal establecen que las municipalidades son las que deben regir el manejo del transporte público.
El exfuncionario de EMETRA detalló que la concesión de rutas, de parte de la Municipalidad capitalina, podría tratarse de una simulación, ya que las empresas beneficiadas fueron las mismas que en octubre de 2009 el Congreso exoneró de impuestos para la compra de autobuses.
Se desvincula
El mismo año en que se implementó el Transurbano con el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) o sistema prepago por medio de tarjeta, que pertenece a los empresarios que conforman la AEAU, la Municipalidad de Guatemala también permitió que SIGA instalara lectores de las tarjetas, para que los usuarios del Transmetro tuvieran la opción de pagar en efectivo o con tarjeta recargada. De esta manera, el SIGA trasladaba el dinero del pasaje recaudado a la Municipalidad.
La comuna capitalina retiró estos lectores de tarjetas prepago de SIGA en noviembre de 2015, después que los miembros de la AEAU exigieran elevar el precio del pasaje de Q1.10 a Q4. Nueve meses después, en agosto de 2016, el MP allanó las instalaciones del SIGA.
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