Perú: indígenas organizan plan de acción contra la ley que prioriza la construcción de carreteras
“Estamos en el camino de la resistencia”, advierte Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Omaniap). “Vamos a presentar acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, adelanta Julio Cusurichi Palacios, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).
Entrevistados por La República, ambos dirigentes anunciaron prontas acciones contra la Ley 30723, que declara “de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”.
La norma fue publicada el pasado lunes 22 y, según reclaman ambos dirigentes, el Congreso hizo caso omiso a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT que obliga a los estados a realizar la consulta previa a los pueblos indígenas, cuando se trata de aprobar alguna política o decisión administrativa que les pueda afectar.
Y es que la norma, al declarar de prioridad la construcción de carreteras en la zona fronteriza de Ucayali, pone en riesgo al menos a tres reservas indígenas: Isconahua, Murunahua y Mashco Piro, además de amenazar a pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.
“Para nosotros esto es lesivo. Quieren abrir carreteras para beneficiar al narcotráfico, a los madereros; las intenciones siempre están ahí”, advirtió la dirigente Ketty Marcelo, al tiempo de exigir la derogatoria de la citada norma, que fue promovida por el fujimorista Glider Ushñahua.
“Las organizaciones nos estamos poniendo de acuerdo para tomar acciones. Estamos en el camino de la resistencia”, enfatizó.
Desde el Ejecutivo, el viernes salió un comunicado en conjunto entre los ministerios del Ambiente, Cultura y Transportes, donde tratan de poner paños fríos al tema al señalar que la ley 30723 es solo declarativa y que no hay ningún perfil para la construcción de carreteras en la frontera de Ucayali.
Al respecto, Julio Cusurichi, de Fenamad, apuntó que la norma sí tiene un valor político. “Esa ley se amarra con una norma que ha salido el 2016, que es clasificadora de ruta. Esa ley cae como anillo al dedo, porque ya hay trazos de carreteras no solo por ese sector, sino por el Manu”, advirtió.
En tal sentido, adelantó que como organización interpondrán nuevas acciones ante la CIDH. “Vamos a fortalecer nuestra medida cautelar que tenemos en la CIDH. Eso ya está en ejecución y cada cuatro meses obligan al gobierno peruano a informar sobre su cumplimiento”, explicó.
El dirigente lamentó, finalmente, el desempeño del presidente Kuczynski, quien no observó la norma. “Esto era para que el presidente lo observe, pero no ha hecho nada; a pesar que el papa Francisco en Madre de Dios dijo que se debe que velar por la vida de los pueblos en aislamiento”, enfatizó.
