Colombia: asesinan a otro líder social mientras realizan plantón por zonas de paz y protección
Asesinan a Gonzalo Martínez, líder social en Pechindé Córdoba
Fue asesinado Gonzalo Antonio Martínez, líder social y presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Pechindé, en Córdoba, el pasado 20 de diciembre, en inmediaciones del corregimiento Piedras Blancas, en Carepa, Antioquía cuando se devolvía con su esposa y su bebé, recién nacido, a su vivienda.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, dos sujetos abordaron el vehículo público campero en el que se transportaba la familia, entre la vereda el Cerro, en Antioquia y la vereda el Llano, en Córdoba. Allí uno de los sujeto se dirigió a Gonzalo y le dijo dijo “necesitamos hablar con usted”. (Le puede interesar: «32 líderes sociales han sido asesinados durante el 2017 en Cauca»)
Gonzalo que tenía en sus brazos a su hija recién nacida, fue obligado por los dos hombres a que la dejara y los acompañara, posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida sobre la carretera con 4 impactos de bala. Cabe resaltar que las comunidades han denunciado que en este territorio hay control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La muerte de Gonzalo se suma a la ola de asesinatos a líderes sociales en el país, que esta semana ya ha dejado sin vida a 3 líderes más, Alfonso Pérez Mellizo en Cauca y en Putumayo a Nixon Martin Rosero, en el Tigre y Pablo Oviedo, en Puerto Asis. (Le puede interesar: «Min Defensa pone en riesgo la vida de líderes sociales: Somos Defensores»).
Plantón de víctimas en la Plaza de Bolívar para exigir circunscripciones de paz
La pelea por las Circunscripciones Especiales de Paz no ha terminado. Mientras que el Gobierno intenta salvarlas por la vía judicial y exige al Congreso que publique el acta que daría por aprobado el acto legislativo para que así pase a sanción presidencial, las víctimas -que son las beneficiarias de este punto del acuerdo con las Farc- hacen lo propio. Por eso, un grupo de víctimas del conflicto armado decidió hacer un plantón en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, para exigir que las circunscripciones no se hundan.
Alrededor de nueve líderes y defensores de Derechos Humanos, provenientes sobre todo del Urabá, de Antioquia y de Chocó, llegaron este jueves a la Plaza de Bolívar con la intención de exigir tres cosas: la creación de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, la protección de la vida y la seguridad de los líderes y defensores, y que haya un “cumplimiento real y efectivo del acuerdo pactado en La Habana (Cuba), donde realmente las víctimas seamos el centro de este”.
Una de las que estará en la Plaza de Bolívar desde este jueves es Yolanda Perea, una mujer proveniente del municipio de Riosucio (Chocó), quien explicó en diálogo con El Espectador que a las víctimas “nos tienen abandonados y tirados, mientras nosotros cada vez que tratamos de salir adelante nos montan el pie para hundirnos más”. Además, que a los líderes “nos están matando sistemáticamente y el Gobierno se está lavando las manos”.
Sobre las circunscripciones, Perea criticó duramente a algunos congresistas que han dicho que estas no serán para las víctimas, sino para las Farc: “Los senadores que han dicho que nosotros éramos cocaleros y guerrilleros, lo que hizo fue colocarnos más en el ojo del huracán. Este país cada vez está peor, no estamos avanzando”, dijo.
También está Anaidalyt Delgado Lezama, una mujer de El Bagre (Bajo Cauca antioqueño), que fue desplazada por el Frente 35 de las Farc y que ha hecho parte de las mesas de víctimas de Medellín y de Antioquia. Cree que, a pesar del discurso sostenido por el Gobierno, las víctimas nunca fueron el centro del acuerdo, sino que este solo fue con las Farc. Reitera, al igual que Perea, que lo que se ha dicho de las víctimas que esperan las circunscripciones son cocaleros o guerrilleros, es falso.
Además, sobre las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de que los asesinatos de líderes sociales son por “líos de faldas”, afirma que esto lo único que hace es estigmatizarlos. “Somos víctimas buscando un restablecimiento de derechos. Cuando dicen que los asesinatos son por líos de faldas, como lo han dicho, eso nos compromete más a nosotros”.
Otro de los que está en la Plaza de Bolívar es Julio César León Correa, un líder de restitución de tierras que llegó a Bogotá desde el Urabá, declarar que, muchos líderes sociales y defensores, se han convertido en “objetivo militar y la orden es que a los líderes hay que darles plomo”. Dijo, además, que la lucha que ahora tienen es salvar las circunscripciones de paz, porque, cree, “es momento de que las víctimas tengamos la oportunidad de legislar y tener participación en el Congreso”. Con seguridad, afirma que “están anulando a las víctimas, con eso de que son para las Farc, ¿entonces las víctimas somos guerrilleros?”.
Fallo ordenó devolver seguridad a líder de víctimas en Quindío
Tras un fallo de primera instancia del juzgado cuarto penal del circuito de Armenia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá restablecer, en 48 horas siguientes a la notificación, el esquema de seguridad que tenía la líder social Pastora Montilla Chicaiza.
Pese a que Montilla es una reconocida activista por los derechos de las víctimas en el Quindío y tenía un esquema de protección desde el 2014 tras seis relaciones de riesgo, hace unos meses (bajo la resolución 4063 del 30 de junio del 2017) le había sido reducido. Inicialmente incluía un vehículo convencional, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco antibalas que buscaban garantizar su seguridad.
Montilla es la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Calarcá, suplente en la Mesa Nacional de Víctimas, defensora de derechos humanos, integrante de la fundación Nuevo Amanecer y hasta hace unos meses fue la coordinadora de la Mesa departamental de Víctimas del Quindío.
La mujer explicó que funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Quindío se dieron cuenta de que se le había retirado un hombre de protección y el vehículo “y empezaron una lucha jurídica mediante una acción de tutela y hoy, gracias a la jueza, se ordena que me restablezcan el esquema”.
Agregó que entregó las pruebas necesarias y la juez es consciente de que “nosotros, como defensores de derechos humanos, estamos en evidente riesgo; no necesitamos autoamenazarnos ni necesitamos que nos amenacen todos los días para demostrar que estamos en peligro. Solamente con nuestras funciones nos convertimos en objetivo criminal para que atenten contra nuestras vidas”.
Pastora llegó hace varios años al Quindío después de perder a tres miembros de su familia en medio de una masacre de las Farc en Nariño en 2006, ser víctima de un atentado que no iba dirigido contra ella y luego ser desplazada de su hogar.
Ella fue una de las seis víctimas del Eje Cafetero que fue invitada a Cartagena para presenciar la firma del acuerdo de paz entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’. De hecho, tras esta firma fue amenazada junto a otros tres miembros más de la Mesa de Víctimas del Quindío.
El mensaje decía ser de las “AUC gaitanistas de Colombia y los Urabeños”. En él los declaraban “objetivo militar”, los señalaban de ser supuestos “guerrilleros camuflados de defensores de derechos humanos” y les daban “un par de horas para que abandonen el Quindío”.
El fallo le ordena a la UNP “restablecer el esquema hasta tanto no se realicen los estudios técnicos reales y objetivos que reflejen la actual situación de vulnerabilidad de la mencionada”.
Y agrega que la entidad “solo podrá ajustar, modificar o suprimir el esquema de seguridad de la señora Pastora Montilla, mediante actos administrativos motivados en los que se expongan detalladamente los estudios técnicos que justifican dicha actuación”.
Tras conocer el fallo, según el cual ella todavía recibe amenazas, Montilla contó que ha pasado “días de tensión y preocupación; había llegado a pensar para dónde me iba a ir, había pensado incluso en irme del país”.
El restablecimiento de su seguridad se da en medio del debate por los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Precisamente este miércoles, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer, a través de un comunicado, que este año se han registrado 105 homicidios de defensores de derechos humanos; entre ellos 73 líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
“La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional”, enfatizó.
ONU: declaraciones de funcionarios parecen justificar asesinatos de líderes
Un llamado para combatir los señalamientos contra líderes sociales hizo este miércoles la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aseguró estar muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de la que han sido víctima en los últimos días.
«La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo», señaló a través de un comunicado en el que insistió en que ser defensor de derechos humanos es una labor «legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible».
En el texto, la oficina se refiere a dos hechos recientes: a los pronunciamientos hechos por algunos congresistas que descalificaron a los defensores escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP » impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho»; y a las declaraciones de «altos funcionarios públicos» en el sentido de que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. «Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables», señala ONU Derechos Humanos.
Y las cifras presentadas por la oficina son alarmantes: durante este año – hasta el 20 de diciembre- se han registrado un total de 105 homicidios en el caso de defensores de derechos humanos y líderes, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Otros 11 casos están proceso de verificación.
«Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron», detalla el texto. al señalar que el 59% de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios.
Para ONU Derechos Humanos las consecuencias del asesinato de un defensor o un lídere social son «más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno» pues, además tiene inmensas repercusiones en el tejido social y comunitario.
«La Oficina ha reiterado que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos», puntualiza la ONU.
