Colombia: Diputados aprueba la Justicia Especial para la Paz y la participación política de la Farc
Cámara de Representantes aprobó proyecto de ley de la JEP
Tras una maratónica jornada, que duró alrededor de doce horas, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio su bendición, con 84 votos, este lunes a los 163 artículos del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto.
Esta iniciativa fija las reglas con las que serán juzgados excombatientes y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en medio del conflicto.
La aprobación se dio en una sesión que tuvo episodios de tensión entre algunos representantes a la Cámara, especialmente del Centro Democrático y de Alianza Verde, pero en la que las mayorías acompañaron al Gobierno en este propósito.
Precisamente el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que con este paso se cumple “el ochenta por ciento” de la estrategia del Gobierno en el remate del procedimiento legislativo especial conocido como fast track, el cual se vence el jueves.
La principal conclusión de la jornada de este lunes fue que la participación en política de los exguerrilleros de las Farc, el tema más polémico de la justicia para los actores del conflicto armado y que fue atacado por distintos sectores, quedó a salvo.
En una corta discusión, que no tomó más de una hora, la Cámara determinó que los excombatientes podrán ser elegidos al Congreso, posesionarse y mantenerse en sus curules, cumpliendo algunas condiciones.
Desde que fue acordado este punto entre las delegaciones del Gobierno y de las Farc, en La Habana, el asunto había levantado polvareda entre varios partidos políticos.
Aunque expertos han dicho reiteradamente que la participación en política de los excombatientes que se sometan a un proceso de paz es uno de los imperativos, en Colombia hubo varias voces que se levantaron en contra.
El uribismo, principal opositor al acuerdo de paz, trató de introducir obstáculos a esta posibilidad de muchas maneras.
Incluso, uno de los referendos que está impulsando el Centro Democrático para modificar lo acordado en Cuba está enfocado en limitar la participación en política de quienes dejaron las armas y decidieron tomar el camino de la democracia.
A estas voces se sumaron sectores de Cambio Radical y del Partido Conservador.
Pese a estos vientos en contra, el Gobierno logró que las mayorías de la Cámara de Representantes apoyaran esta posibilidad, y la prueba de ello fue la aplastante votación a favor: 88 votos por el sí y 7 por el no.
De acuerdo con el artículo 31 del texto estudiado este lunes en Cámara, las condenas que tengan los exguerrilleros quedarán “suspendidas” para que los que así lo deseen puedan inscribir sus nombres para participar en las elecciones.
Según lo pactado en La Habana, los exintegrantes de las Farc tendrán derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, por dos periodos.
Para posesionarse como congresistas, “la presidencia de la JEP certificará” que “el candidato elegido ha iniciado su respectivo trámite” en ella, el cual consiste en acogerse al sistema y entregar verdad sobre los hechos del conflicto.
Si los exintegrantes de las Farc son condenados mientras ejercen sus curules, deberán dejarlas en caso de que sus penas sean privativas de la libertad y deban cumplirse en establecimientos penitenciarios. Y si solo son restrictivas, la JEP definirá si el castigo es incompatible con su labor en el Congreso.
Adicionalmente a esto, se aprobó que los exguerrilleros que hayan cometido delitos sexuales contra menores serán sancionados con los castigos del Código Penal y que el único fuero que no estará en la órbita de la JEP será el del Presidente de la República.
El proyecto debe superar su prueba final en el Congreso, que es la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara. Luego de esto, deberá ir a estudio de la Corte Constitucional para ser sancionado por el Presidente de la República.
El pleno de la Cámara aprueba la participación política de las Farc
Restan una decena de artículos polémicos de la JEP en el último debate en la plenaria de la cámara baja.
Por 88 votos contra 7, la plenaria de la Cámara aprobó en la noche de este lunes la participación política de las Farc, tal y como venía en la ponencia, en el marco del último debate del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Se trata del artículo 31 de la iniciativa de reglamentación al sistema de justicia transicional pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el cual pasó indemne, pese a que la oposición del Centro Democrático proponía que solo pudiese haber participación política para los desmovilizados una vez se hubiera cumplido la sanción impuesta por la JEP.
En un aparte de dicho artículo se lee, no obstante, que «dicha Jurisdicción deberá establecer caso por caso los objetivos apropiados de las penas y definir si tales sanciones son compatibles con una intención genuina de las personas por responder ante la justicia, ponderando la proporcionalidad de la sanción con la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y grado de restricción de la libertad».
Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, puso de presente en el Salón Elíptico: «tenemos el deber de defender lo que acordamos en La Habana, porque además lo acordó el presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado. Las sanciones de la JEP no pueden inhabilitar en materia de derechos políticos, por eso la ponencia es una reafirmación de lo que se aprobó en el acto legislativo que creó la JEP y de lo que la Corte Constitucional declaró exequible sobre el mismo».
Y aclaró el titular de la cartera política que «el juez de la JEP evaluará de qué manera se pueden hacer compatibles la sanción y el ejercicio de los derechos políticos. Si no hay verdad no se podrán ejercer derechos políticos. Esa es una garantía para las víctimas».
En la Cámara
La plenaria de la Cámara de Representantes está próxima a terminar de aprobar el articulado de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, luego de haber dado aval a más de 80 artículos durante la sesión de este lunes, en la que queda aún pendientes de discutir los dos temas más complejos, las inhabilidades para los magistrados de la JEP y las penas para los delitos sexuales.
La sesión que arrancó pasado el medio día lo hizo en medio de la solicitud del ponente, Hernán Penagos, de votar todo el texto ayer debido a que el tiempo del fast track, el mecanismo legislativo con el cual se tramita, vence el próximo jueves 30 de noviembre.
Así mismo, hace falta la discusión del artículo nuevo incluido en el Senado, que busca que quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores sean juzgados por la justicia ordinaria.
En medio del debate el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, denunció que la magistrada de la JEP Mónica Cifuentes participó en la discusión de La Habana, lo que a su criterio le quitaría la posibilidad de participar como togada en ese tribunal.
“Son dos acuerdos: uno en La Habana, que traía expresamente la inhabilidad para las personas que habían participado allí, y otro en el Teatro Colón, en el que usted participó doctora Cifuentes, donde esa inhabilidad ya no está presente. Queremos un mínimo de respeto para que esa corte ofrezca un mínimo de respeto con los colombianos”, dijo.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que el acuerdo firmado en el Colón tiene muchos cambios, entre ellos “no incluir la limitación para que quienes participaron en las conversaciones tengan una inhabilidad. Yo creo que no hay duda o reproche ético, nos parece que es constitucional que podamos aprobar estos artículos conforme a la ponencia”. La discusión fue sanjada por la plenaria cuando apoyó afirmativamente que quienes hayan participado en los diálogos puedan ser magistrados.
Cabe recordar que antes de iniciar la discusión, el coordinador ponente de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, representante a la Cámara Hernán Penagos, urgió a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se vote hoy mismo todo el articulado, porque el tiempo apremia y se deberá dar especial atención a la conciliación de la misma con el Senado.
Por otro lado, un grupo de siete representantes conservadores informó que no votará el resto del articulado de la JEP, porque en su concepto aún es distante para beneficiar a las víctimas.
Ese grupo está integrado por los representantes David Barguil, Orlando Clavijo, Inés López, Jaime Losada, Germán Blanco, Ape Cuello y Luis Horacio Gallón, quienes señalaron que “el texto de la ponencia no cumple con las expectativas de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de delitos por parte de los exguerrilleros”.
Indican, además, que no comparten participación política de los exguerrilleros sin que primero hayan pasado por la Justicia Transicional; piden claridad sobre los beneficios que perderán los exguerrilleros que incumplan sus compromisos, no cuenten toda la verdad ni reparen a sus víctimas y que rechazan que el Gobierno haya eliminado el régimen de inhabilidades a los magistrados.
“Reforma política no refleja espíritu del acuerdo de paz y no debe ser aprobada”: Farc
“Las imposiciones de la clase política en medio del sabotaje parlamentario, hacen hoy que éste proyecto lejos de aportar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, vaya en contravía de lo pactado en La Habana, de la apertura democrática y de la imperiosa necesidad de dignificar la política electoral en Colombia ”, dijo este lunes el componente de la Farc en la Comisión de Seguimiento y Verificación a través de un comunicado.
Y agrega la comunicación que: “no solo se ignoraron las disposiciones de la Misión Electoral, sino que la Reforma Política se ha convertido en un proyecto hecho a la medida de exigencias y urgencias electorales particulares con miras a la contienda de 2018, y carente de cualquier restructuración de fondo a este maltrecho sistema político”.
Las Farc señalaron además que: “las mutilaciones, dilaciones y alteraciones sufridas por la Reforma Política en Camára, el Senado ha continuado su desfiguración. Hoy es un Frankenstein irreconocible: una reforma para legalizar el transfuguismo de los enemigos de la paz, aprobar puerta giratoria para congresistas, coaliciones para las grandes maquinarias y favorecimiento constitucional sin ningún control las candidaturas por firmas ”.
Por lo que consideran que el proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política no debe ser aprobado:“no contribuye a resolver los canceres que carcomen la política nacional y el sistema electoral. La clase política tradicional que ha usufructuado hasta ahora las reglas del juego electoral, solo ha permitido modificarlas pero para su propio beneficio, dándoles la espalda a las amplias mayoría que exigen una apertura democrática”.
Según el partido político de Farc, hay que detener detenga el: “embeleco de Reforma Política” y que “el Acuerdo de Paz no sea utilizado para agudizar la ausencia de garantía democráticas y el ventajismo electoral de las grandes clientelas, y que desde ya se retome el debate de las verdaderas reformas institucionales estructurales por las que clama la ciudadanía, para volver a creer en este sistema político”.
Y también indica que: “nada de reformas a la organización electoral para ganar independencia, ni de desligar realmente la personería jurídica de los partidos del umbral de votación, ni de otros aspectos derivados del Acuerdo”.
El movimiento puntualizó que: “progresos sustanciales para el control de los dineros privados en las campañas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y la lista cerrada, entre otros contenidos. Se han echado por la borda más de un año de sesudas discusiones, elaboraciones técnicas y esfuerzos de consensos políticos”.
Ya la Misión de Observación Electoral, MOE, bajo el argumento de que tal y como está planteada, pone en riesgo los avances que se han logrado en las últimas enmiendas, le solicitó al presidente Juan Manuel Santos retirar el apoyo del ejecutivo a la Reforma Política que está finalizando su trámite en el Congreso de la República.
En carta al primer mandatario la MOE señala que la aprobación de esta reforma constitucional, pone en riesgo lo logrado en el pasado en torno al fortalecimiento de los partidos políticos; la responsabilidad política de partidos y candidatos; la transparencia del sistema electoral, y la actuación en bancadas, entre otros.
La Misión de Observación Electoral subraya que el propósito de esta reforma, que era el de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral; fortalecer, modernizar y hacer más transparente el sistema electoral; ampliar la participación ciudadana y mejorar la representación de los territorios, terminó convirtiéndose en una iniciativa que únicamente pretende resolver las premuras partidistas y electorales de las próximas elecciones, careciendo completamente de una visión a largo plazo.
Cifra de disidentes de Farc es menor a la de todos los procesos de paz del mundo: Santos
Durante la instalación de la semana de la seguridad ciudadana que se desarrollará en Bogotá y Medellín, el jefe de estado señaló que en promedio en los 34 procesos de paz del mundo el porcentaje de los disidentes que no entregan las armas y vuelven a delinquir llega incluso hasta el 15 por ciento y en el caso de Colombia no supera el siete por ciento, según el cálculo de las autoridades.
“El acuerdo colombiano ha sido el más complejo y completo de 34 en el mundo… En lo que se tiene que avanzar en un año, Colombia avanzado en tiempo record, eso lo que nos permite es concentrarnos en otros temas que estaban escondidos por el conflicto armado…En todos los conflictos armados siempre queda un remanente de gente que no se acoge a los acuerdos… En el caso colombiano el porcentaje es menor al de los demás acuerdos… El promedio es hasta el 15 por ciento de disidencias y reincidencias, aquí el porcentaje es muy inferior…calculamos en 6 o 7 por ciento de personas que siguen delinquiendo y no entregaron las armas”, precisó.
Dijo que Colombia tiene un reto inmenso en materia de seguridad ciudadana para combatir el microtráfico, la extorsión y otras conductas criminales que impactan directamente en la percepción de inseguridad como es el tema de robo de celulares.
