El Gobierno argentino avanza en una reforma fiscal en acuerdo con los gobernadores y prevén cambios en el sistema jubilatorio
Ajuste para muchos, beneficios para pocos
Hubo fumata blanca. El gobierno nacional firmó con las provincias el Consenso Fiscal, con la sola excepción de San Luis, que no aceptó bajar sus litigios (ver recuadro). Las otras provincias recibirán bonos a cambio de deponer los 59 juicios, por cerca de 340 mil millones de pesos. En el documento que firmaron, los distritos se comprometieron a reducir progresivamente sus impuestos de ingresos brutos y de sellos (este último, hasta su eliminación). También a cumplir metas de ajuste fiscal. El gobierno de María Eugenia Vidal recibirá 40 mil millones de pesos el año próximo y 65 mil millones en 2019 (año electoral) como actualización del Fondo del Conurbano. El acuerdo insta a las provincias a aumentar sus impuestos inmobiliarios y a hacer converger la valuación fiscal con la de mercado. Los gobernadores incluyeron también un acuerdo sobre las jubilaciones (ver página 4). Junto con el acuerdo que selló con la CGT en la Sociedad Rural, el Gobierno festejó una segunda victoria política.
El tramo final de la negociación entre los gobernadores y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó a las 9 de la mañana. En las horas que quedaban antes del encuentro del Presidente, formularon un mecanismo compensatorio a futuro para las provincias que bajasen sus juicios contra la Nación y se comprometieron a devolver los fondos de la Anses a aquellas provincias que ya tenían un fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, Córdoba y San Luis). Fue el final de semanas de negociaciones duras que continuaron hasta poco antes de que Macri se sentara junto a los gobernadores a firmar el extenso acuerdo, cuyos puntos salientes son:
- Fondo del Conurbano: la gobernadora Vidal obtuvo una actualización que implicará 40 mil millones el año próximo y 65 mil millones en 2019. “Hoy es un día histórico”, sonrió la mandataria. El dinero provendrá de las arcas nacionales, sin que los otros gobernadores hayan planteado más objeciones, dado que les quita la espada de Damócles que Vidal les colgó cuando fue a la Corte Suprema a pedir un fallo que hubiera implicado recortes masivos de la coparticipación federal. Como para completar el mensaje, la semana pasada la gobernadora se sacó una foto con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La estrategia tuvo efecto. Como parte de la ingeniería de este acuerdo, el impuesto al cheque pasará a financiar a la Anses mientras que se coparticiparán los fondos del Impuesto a las Ganancias.
- Metas fiscales: los gobiernos van a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal que enviará el Gobierno al Congreso. Implica metas de reducción progresivo del déficit fiscal para que “las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años”. Además, se comprometieron a negociar un acuerdo similar para que lo cumplan los municipios.
- Impuestos provinciales: Los distritos se comprometen a disminuir sus impuestos por el equivalente al 1,5 por ciento del PBI en cinco años. Para Ingresos Brutos, hay un cronograma de reducciones hacia 2022 según la actividad. Por ejemplo, las mineras tendrán un 1,5 el año próximo, 0,75 en 2019 y a partir de 2020 quedarán exentas. En cambio, la telefonía celular podrá tributar hasta un 7 por ciento el año que viene y bajará a un 5 por ciento en 2022. El acuerdo prevé “desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios” y también quitar impuestos a “los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”. En tanto, el impuesto de sellos se reducirá a 0,75 por ciento en 2019, a 0,5 en 2020, a 0,25 en 2021 y se eliminará en 2022.
- Impuesto inmobiliario: para compensar las pérdidas que esto producirá en las arcas provinciales, el Gobierno nacional los impulsó a subir el impuesto inmobiliario. Se comprometieron a que “las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado”. Para esto un organismo federal –que no se especifica– va a avanzar en estos aumentos con la colaboración de las provincias, que deberán entregar todos los datos catastrales que se les soliciten. El documento plantea “fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5 y 2 del valor fiscal establecido”.
- Juicios: todos (excepto San Luis) dieron de baja los 59 juicios contra el Estado nacional por 340 mil millones de pesos. A cambio, recibieron un bono a 11 años con un interés del 6 por ciento por cinco mil millones de pesos en 2018 y 12 mil millones de pesos en 2019. Además, los distritos recibirán los ingresos que entren por la Ley de Revalúo Fiscal.
Sonrisas forzadas
Quedaron varios puntos pendientes como declaraciones de intención. Entre ellos, una Ley de Modernización del Estado, que afectaría las plantas de empleados públicos; la forma de eliminación de las jubilaciones de privilegio y “establecer un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado nacional y las jurisdicciones que aprueben el Consenso, por reclamos no alcanzados por los desistimientos previstos este Consenso”. Tiene una fecha límite para resolver esas disputas: 30 de junio de 2018.
Los gobernadores firmaron el acuerdo que les permite escapar a las consecuencias de la caída del Pacto Fiscal de 1993, que impuso el entonces superministro Domingo Cavallo, y que se caía en diciembre de este año. En el Gobierno, no quisieron adelantar qué medidas tomarán hacia San Luis, que no firmó el acuerdo y que podría perder fondos federales a partir de enero del año que viene.
El resto de las provincias tienen tiempo hasta diciembre de 2019 para adaptarse a los principales puntos del nuevo pacto fiscal, al que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó de “histórico” en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo. Allí los gobernadores se congratularon de haber alcanzado el final de la negociación, si bien el malestar de fondo persiste, pero lejos de los micrófonos. “Hubo una clara ganadora: Vidal. El resto, al menos, no fuimos grandes perdedores. Algo nos compensaron”, se consolaban en una de las gobernaciones.
Ante las cámaras, todo fue sonrisas forzadas: “Lograr el desistimiento de la provincia de Buenos Aires al juicio por el Fondo del Conurbano le saca un peso o una amenaza a las provincias, porque hubiera perjudicado al conjunto de las provincias”, respiró aliviado el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. “Es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos”, sostuvo la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, en cuya provincia los trabajadores del rubro electrónico tendrán los salarios congelados hasta junio de 2020.
Jubilaciones como variable de ajuste
El pacto fiscal entre la Nación y las provincias incluye cambios sustanciales en el sistema jubilatorio. La reforma previsional es en buena medida la llave que permitió alcanzar el entendimiento entre el gobierno central y los gobernadores, dado que son los jubilados quienes resignan recursos para permitir mayores partidas a la provincia de Buenos Aires y cambios profundos en la coparticipación impositiva. También es clave para el esquema de baja de contribuciones a la seguridad social que establece la reforma tributaria, que a su vez conecta con la reforma laboral. La pérdida para la Anses sería cercana a los 115 mil millones de pesos. La transformación principal que anunciaron ayer los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y Hacienda, Nicolás Dujovne, es el reemplazo de la Ley de Movilidad actual por otro mecanismo de actualización de haberes en base a la inflación del Indec. Este último funcionario sostuvo que se diseñará una nueva fórmula que “garantizará aumentos por encima de la evolución de la inflación”, según el texto acordado con los mandatarios provinciales. Sin embargo, Dujovne no dio precisiones sobre cuánto mayor a la inflación serían los aumentos y sostuvo que esa fórmula “aún debe ser plasmada”. En principio, si las subas fueran lo mismo que el IPC del Indec, los jubilados que cobran la mínima perderían casi 11 mil pesos en 2018, incluyendo el aguinaldo, respecto de lo que les correspondería con la movilidad vigente.
Frigerio señaló que los incrementos a los jubilados serán trimestrales, atados a la inflación, más un plus no especificado. Hasta el momento las actualizaciones son dos veces al año, en marzo y en septiembre, con una fórmula que combina la evolución de los ingresos tributarios y a la seguridad social con la marcha de los salarios de los trabajadores activos. Ese esquema permitió entre marzo de 2009, cuando se puso en práctica, y septiembre de 2017 que las jubilaciones registraran aumentos acumulados de 950 por ciento. En el mismo período, la inflación fue menor, del 692 por ciento, según las mediciones de consultoras privadas, el gobierno porteño y desde 2016, el Indec. Durante esos años, el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos. Si en lugar de aplicarse esa fórmula las jubilaciones hubieran estado atadas a la inflación, la mínima habría quedado en 5470 pesos, un 24,5 por ciento menos.
“El objetivo de los cambios es darle sustentabilidad al sistema previsional”, afirmó a su vez el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque no presentó estimaciones sobre cómo impactará la nueva coparticipación con las provincias ni la disminución de contribuciones empresarias a la seguridad social. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Anses resignará unos 115 mil millones de pesos en 2018. La respuesta a la contradicción de achicar los fondos para la seguridad social para “darle sustentabilidad al sistema” se encuentra, por la información disponible, en la modificación de la Ley de Movilidad jubilatoria, que daría lugar a menores aumentos de haberes. Y no solo a los jubilados, sino también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas, que también actualizan sus ingresos con la fórmula actual y que, de ahora en más, será en base a la inflación más un agregado. Según el CEPA, los jubilados perderán unos 900 pesos por mes el próximo año, más el aguinaldo, entre lo que determinaría la movilidad actual y los ajustes solo con inflación. A ese cálculo ahora le resta determinar cuánto más que la inflación dará la nueva fórmula del Gobierno.
De acuerdo al informe del CEPA, la Anses perderá 111 mil millones de pesos por la quita del 20 por ciento del impuesto a las Ganancias, otros 43 mil millones por la rebaja de contribuciones a la seguridad social que figuran en la reforma tributaria y 12 mil millones por la devolución de 3 puntos de la coparticipación de la Nación a las provincias a partir del fallo de la Corte Suprema de fines de 2015. Frente a ello, la Anses recibirá 51 mil millones más por la asignación del ciento por ciento de la recaudación del impuesto al cheque. El saldo estimado para 2018, por lo tanto, arroja esa pérdida de 115 mil millones de pesos.
82 por ciento móvil
El segundo punto que figura en el acuerdo entre la Nación y las provincias es que las jubilaciones tendrán garantizado “el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos”. El título del 82 por ciento móvil puede ser marketinero, pero en la práctica no implica mayores mejoras respecto de la situación actual. En este momento el salario mínimo se ubica en 8860 pesos y la jubilación mínima está en 7246 pesos, el 81,7 por ciento. Para llegar al 82 por ciento del salario mínimo, la jubilación mínima debería aumentar hasta 7265 pesos. La diferencia son 19 pesos. En enero está previsto que el salario mínimo escale a 9500 pesos, por lo cual el 82 por ciento serían 7790 pesos. En ese caso sí el aumento del haber previsional mínimo sería de 525 pesos en relación al nivel vigente.
Los funcionarios no aclararon si el 82 por ciento móvil del salario mínimo será para los nuevos jubilados o para los actuales. Como el requisito es que tengan 30 años de servicios con aportes efectivos, en principio aquellos que accedieron a la jubilación con moratorias quedarían excluidos. Esto dejaría a más de la mitad de los que ganan la mínima fuera de esa garantía, en caso de que incluyera a los actuales jubilados. Sin embargo, según la estimación de especialistas en materia previsional, el 82 por ciento del salario mínimo alcanzaría solo a los nuevos jubilados. Otra aclaración importante en base a la información que entregaron los funcionarios es que el 82 por ciento móvil será sobre el salario mínimo, no sobre el salario actualizado con que se jubilen todos los trabajadores.
Jubilaciones de privilegio
El tercer punto del acuerdo Nación-provincias es que se eliminarán “las jubilaciones de privilegio”. Como en el resto de los anuncios, no hubo precisiones sobre a qué se refiere el Gobierno con esa denominación. Si fueran los regímenes diferenciales y especiales, alcanzaría a los docentes, investigadores, científicos y todos aquellos que se desempeñan en actividades que generan un envejecimiento prematuro o lo hacen en lugares insalubres, como los recolectores de residuos, los mineros o en los altos hornos. “En rigor no se trata de privilegios, sino de compensaciones establecidas por las características especiales de cada actividad”, señaló a este diario Miguel Fernández Pastor, ex funcionario de la Anses. Los jueces y los diplomáticos tienen a su vez sistemas especiales que sí son muy favorables respecto del resto de los trabajadores. Durante el gobierno anterior hubo un intento por modificar estos dos sistemas, pero finalmente no se logró consenso político para avanzar, especialmente por la fuerte reacción de los jueces a la quita del sistema que los ampara.
Cajas provinciales
“El gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas”, sostiene el pacto fiscal. En la actualidad hay trece provincias que mantienen sus propios regímenes jubilatorios: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En conjunto acumulan un déficit que este año rondará los 20 mil millones de pesos, financiado por la administración central. Más del 80 por ciento de esa cifra corresponde a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la continuidad de la cobertura del desequilibrio por parte de la Nación encontrará a la gobernadora María Eugenia Vidal como principal ganadora de esta negociación. El gobierno de Mauricio Macri venía reclamando una “armonización” entre los regímenes no transferidos con el nacional, pero ayer los funcionarios tampoco entregaron detalles sobre este tema. Lo único que dijeron sobre la cuestión previsional es que el cambio de la movilidad jubilatoria deberá darse “de inmediato”. Ahí está el grueso del ajuste.
En dos etapas, la luz subirá más del 70% en Capital y Gran Buenos Aires
Los usuarios del servicio eléctrico bajo las concesiones de Edenor y de Edesur sufrirán un aumento superior al 70% en sus facturas en dos etapas. La primera será en diciembre, cuando se aplicará el mayor ajuste, de 43%. A eso se le sumará otro aumento de 24% en promedio a partir de febrero próximo, confirmaron fuentes oficiales en el marco de las audiencias públicas que se realizan desde la mañana en el Palacio del Agua.
En la práctica, el nuevo aumento de tarifas contempla ajustes en el precio mayorista de la energía, tendientes a reducir los subsidios, y a completar la aplicación de la segunda etapa de ajustes para las empresas de distribución que se definió en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de principios de año. A eso se le suma, además, un adicional por el aumento de costos derivados de la inflación.
Una parte de estas subas debería haberse aplicado en agosto. Sin embargo, el Gobierno prefirió postergar hasta este momento del año el ajuste para no mezclar las audiencias públicas con la campaña electoral.
En diálogo con la prensa, el ministro de Energía, Juan José Aranguren , sostuvo que su cartera tiene la obligación de «tomar nota de lo que se dice en las asambleas públicas, hacer un reporte y elaborar los cuadros tarifarios (están a cargo del Enre)».
Tras los aumentos de tarifas, la demanda promedio pagará en febrero próximo por la electricidad mayorista $ 1077, mientras que su precio será de $ 1440. De manera que el Estado continuará subsidiando el 25% del costo de la energía.
En todos los casos, tanto en las concesiones de Edenor y de Edesur, como en el resto del país, las subas de esta etapa se dividirán en dos etapas (diciembre y febrero).
Al igual que en el gas, los menores aumentos en términos porcentuales le tocarán a los que más consumen. Eso se debe a que son los sectores que arrastraban un menor retraso tarifario.
El ENRE, el ente que regula al sector eléctrico, sostuvo que el 90% de los usuarios de Edenor y de Edesur tendrán incrementos inferiores al 39%, mientras que un 10% tendrá subas menores al 47 por ciento.
En tanto, los consumidores que logren una reducción en su consumo de 30% o más (respecto mismo período del año 2015) obtienen un descuento del 10% sobre el precio estacional.
El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, presentó los valores propuestos para todo el país, salvo en la zona metropolitana. «La actividad forma parte de una continuidad del proceso de normalización y previsibilidad del sector eléctrico como base para un funcionamiento eficiente y sustentable y en el marco de la ley», sostuvo.
Nuevo tarizafo: la luz aumentará un 38% en el interior del país
Se resolvió en la audiencia pública que trató la subas en el suministro energético. El aumento del 38% es para consumos residenciales fuera del Área Metropolitana.
El aumento acumulado en la factura final para los usuarios de menor consumo eléctrico fuera del área metropolitana será de 38%, como consecuencia de los ajustes que serán aplicados en diciembre y febrero próximos, anunció hoy el subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, durante la audiencia pública que se realiza en el porteño Palacio de las Aguas.
Sruoga señaló también que «el impacto va a ser mayor en Edenor y Edesur», que cubren el área metropolitana, cuyos usuarios afrontarán «aumentos mayores», porque se normalizará el valor agregado de distribución (VAD), tal como se hizo en los últimos años en las compañías distribuidoras provinciales.
El funcionario se excusó, de todos modos, de precisar el nivel de tales incrementos en la zona metropolitana, donde se concentra el 40% de la demanda del país, y sostuvo que los nuevos cuadros tarifarios «van a ser presentados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad)».
Sruoga destacó luego que «por primera vez en muchos años vamos a cubrir la demanda con potencia disponible y las reservas van a ser las que corresponda, por encima de la demanda».
El funcionario resaltó al respecto las perspectivas de un verano con menos cortes de electricidad, ya que «superamos la emergencia con la potencia nueva, los 1.245 Mw de mejora de la disponibilidad, los 3.000 Mw de la oferta emergencial y la que se incorpore con energías renovables y ciclos combinados».
Según los cuadros presentados por el funcionario, las facturas más costosas fuera del área metropolitana, para consumos de hasta 300 Kwh por mes, recaerán sobre los usuarios de la distribuidora bonaerense EDES, la cordobesa EPEC, la neuquina EPEN y la santafesina EPSF, que deberán pagar unos $ 800 mensuales en diciembre y $ 900 desde febrero, sin considerar los impuestos.
Sruoga precisó que las subas serán en diciembre de 25% y 16% en febrero para Edelap (La Plata); 23% y 12% para EDES, al igual que para la también bonaerense EDEN; 26 y 15% para la mendocina Edemsa; 25% y 14% para la chaqueña Secheep; y 25% y 15% para la tucumana EDET.
