Colombia: preocupación de la ONU por el asesinato de líderes sociales
El organismo internacional reportó que, en lo corrido del año, 6 de cada 10 asesinatos de líderes sociales han ocurrido en zonas donde hubo influencia de las Farc, el último caso corresponde al de la dirigente comunitaria Luz Montaño en Tumaco este fin de semana.
La ONU también agregó que el 100% de los asesinatos se han dado en lugares donde predominan economías ilícitas.
«Los casos se han dado en zonas en donde tenían una influencia las Farc en un 65 por ciento. pero Se ha dado en un 100 por ciento en zonas donde había economías ilícitas», aseguró Guillermo Fernández Maldonado, adjunto de la oficina de ONU.
La Cámara de Representantes y la Defensoría del Pueblo pidieron mayor presencia del Estado.
«El problema en Colombia no es de cifras, no es si tenemos 201 homicidios hoy de líderes y defensores de Derechos Humanos desde el primero de enero del 16 a ayer, no… el problema es lo que se está presentando en Tumaco: es conflicto social», indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Sobre los hechos que dejaron a siete personas muertas el pasado 5 de octubre en Tumaco, la Procuraduría aseguró que hay 54 investigados, 14 de ellos de las Fuerzas Militares y 40 de la Policía Nacional.
“A Yeni Montaño la asesinaron por vivir en un barrio violento”
La violencia volvió a ensañarse contra los líderes de Tumaco, Nariño. El pasado domingo 12 de noviembre, el crimen contra el tercer dirigente comunitario enlutó una vez más a este puerto en el Pacífico. Esta vez se trató de una mujer. Luz Yeni Montaño, tenía 48 años, madre de siete hijos, y quienes la conocieron la recuerdan por su espíritu bondadoso y creyente, y aseguran que su única riqueza era la solidaridad.
En horas de la tarde, dos hombres ingresaron hasta su vivienda en el barrio Viento Libre y la asesinaron. Desde ese momento se ha dicho que ella es una nueva víctima de los crímenes aparentemente sistemáticos contra líderes sociales que vienen ocurriendo en la región. Tumaco se convirtió en el mayor reto del posconflicto, no solo por sus 23.000 hectáreas sembradas con coca, sino porque allí aparecieron con más fuerza grupos armados ilegales que amenazan la pacificación de la región.
La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el asesinato y pidió que se esclarecieran los hechos. «Rechazamos asesinato de la líder comunal y religiosa Luz Yeni Montaño, en Tumaco. Exigimos esclarecer estos hechos que agravan la situación de violencia en esa región», aseguraron por medio de su cuenta de Twitter.
Sin embargo, para el sacerdote Daniel Zarantonello, quien está al frente de la parroquia de la Resurrección y que atiende a la comunidad de Viento Libre, el barrio donde vivía Luz Yeni, su muerte “no es producto de su servicio comunitario, sino por vivir en un barrio convulsionado y violento”.
Argumentó que desde hace 10 años la señora Montaño era integrante de los comités parroquiales el Divino Niño y Nazareno, “desde allí cumplía su labor pastoral, pese a las dificultades económicas y extrema pobreza en las que vivía”, según el párroco.
Añadió, que si bien la señora Montaño no fue una líder comunitaria como tal, “sí fue una mujer que dedicó su vida al servicio de los demás. Tenía una capacidad de colaboración envidiable, pese a que para subsistir ella misma debía hacer de todo, vender fritanga”.
El sacerdote agregó que si bien las Farc ya se desmovilizaron y el frente Daniel Aldana desapareció, aún persisten grupos armados ilegales que se hacen llamar como les parezca.
En efecto, varias fuentes consultadas por este portal coincidieron en señalar que en la zona urbana de Tumaco, y en especial el barrio donde fue asesinada la señora Montaño, han sido fortín tanto de los denominados Milicianos y la Gente del Orden.
Explicaron que no importa el nombre, lo de fondo es que son organizaciones ilegales que cuentan con el poder y la capacidad para someter a la comunidad, atrincherarlas en sus propios barrios y establecer fronteras invisibles.
Fuentes de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco expresaron su preocupación por los hechos violentos que vienen rodeando a líderes sociales del municipio.
El pasado mes de octubre también fueron asesinados Víctor Castillo y José Jair Cortés, líder comunitario del Alto Mira, por eso defensores de Derechos Humanos reclaman una oficina regional de la Unidad Nacional de Protección y otra de la Defensoría del Pueblo para la costa pacífica nariñense, como medidas que sirvan para atajar esta ola de violencia.
