Audiencia de la CIDH: fuertes críticas a los gobiernos de Argentina, Colombia y México por violaciones a los DDHH
Argentina – Denuncian al Gobierno ante la CIDH
Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “persecución” y el “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue hecho en el marco de la 165° audiencia que ese organismo lleva a cabo en Uruguay y el gobierno argentino fue citado para hacer su descargo.
«Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos», sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien fue uno de los representantes de gremios argentinos que testimonió acerca de las amenazas que recibió tanto él como sus familiares durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal. También llevó sus cuestionamientos la asociación que nuclea a los abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios laborales y “hacen que cierren las pymes”.
A través de un comunicado, Suteba indicó que durante la audiencia iniciada a las 9.45 los gremios docentes expusieron sobre «la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas».
Además de la «persecución» y las amenazas contra Baradel y otros dirigentes, los gremios indicaron que estas situaciones se dan en un contexto de «aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora».
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano.
En la #CIDH denunciamos los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno. #CIDHAudiencias pic.twitter.com/9X8RnjYo3p
— Daniel Catalano (@DanielCatalano_) 24 de octubre de 2017
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que esos cuestionamientos de parte del titular del Poder Ejecutivo apuntan a “eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos”.
Según el dirigente, lo que la administración de Cambiemos persigue es avanzar “con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”.
Luego de la audiencia sobre la situación de retrocesos en los derechos laborales y sindicales puesta sobre la mesa por veinte organizaciones gremiales y abogados del ámbito laboral, trece organismos de derechos humanos, analizaron los discursos regresivos del Gobierno sobre el terrorismo de Estado, el fallo del 2×1 de la Corte y el debilitamiento de las políticas públicas en los procesos de juzgamiento de los crímenes.
Argentina – Organismos denunciaron el retroceso en Derechos Humanos ante la CIDH
“Lo peor que hay es que nos mientan”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolló en Uruguay sobre Derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. De la audiencia participaron representantes de organismos de Derechos Humanos, quienes manifestaron su preocupación por los retrocesos en las políticas públicas del Estado en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, en representación del Poder Ejecutivo tildó de falsas las acusaciones de los organismos y los acusó de tener “prejuicios basados en intereses partidarios”.
El reclamo se realizó en el marco de las audiencias públicas del 165 período de sesiones que la CIDH que se realizan en Montevideo, donde Abuelas presentó un documento consensuado por trece organismos de DD.HH con los principales retrocesos en materia de derechos humanos, en el que solicitaron al Estado “garantizar las políticas para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad” y avanzar en el juzgamiento de las responsabilidades civiles.
En el documento citaron el fallo de la Corte por el 2×1, la anulación de la condena a 12 años por crímenes de lesa humanidad al empresario salteño Marcos Levin, demoras en inicio de juicios (particularmente en los tribunales de San Martín y La Plata) y sentencias absolutorias con la incorporación de la figura del error de prohibición (que no conocían que ss conductas eran delitos), entre otros episodios que pusieron de relieve la avanzada en contra del proceso de derechos humanos.
“Estas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas del estado no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin el contexto en el que se producen. En estos años han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de guerra y reconciliación. El propio presidente omite referirse a estos hechos como Terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad”, dijo al hablar ante la Comisión, Estela de Carlotto.
La presidenta de Abuelas remarcó que los organismos ven con preocupación que “desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos cuarenta años de lucha”. Por eso elevó el pedido a la CIDH el pedido al Estado.
“Lo peor que hay es que nos mientan, eso es inaceptable porque creo que no lo merecemos y porque en la democracia más larga de nuestra historia hemos dialogado con todos los gobiernos, sin distinción de que partido político representaban, sino deseando saber la verdad y encontrar 30 mil personas desaparecidas, y las abuelas más de 500 nietos”, apuntó Carlotto.
La presentación del caso estuvo a cargo de Carlotto, del abogado de la Asociación, Alan Iud, y de Luz Palmas Zaldúa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Junto a la Abuela se sentaron la Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida, y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. De la audiencia también participaron H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
El documento concluyó con un reclamo de cinco puntos a los tres poderes del Estado argentino. Los organismos pidieron la continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia; que se avance en la investigación de las complicidades empresarias y exigieron al Ejecutivo que “reestablezca las políticas publicas desmanteladas y reincorpore al personal especializado desplazado”.
Por su parte, al Poder Judicial le exigieron que cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar a los responsables, que “diseñe estrategas para acelerar las investigaciones y los juicios orales” y que se avance “en la investigación y juzgamiento de empresarios, directivos y personal jerárquico de empresas involucradas en crímenes de lesa humanidad”. Al Legislativo le exigieron que ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las complicidades Económicas y Financieras en la dictadura civico militar.
Entre los reclamos a la CIDH, Iud remarcó la situación de los fiscales y de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el cuestionamiento de su independencia. Por su parte, Palmas Zaldúas señaló la campaña de desprestigio a la que es sometido el CELS.
Al responder por el gobierno, Claudio Avruj consideró las imputaciones como “falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios” y defendió la política de Memoria, Verdad y Justicia. Además invitó a la Comisión a concurrir al país para ver cómo el Estado trabaja con documentación. “Estamos trabajando bien”, dijo.
“Alentamos el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, dijo el funcionario. Y completó: “Nuestras acciones nada tienen que ver con la de la dictadura”.
En Colombia hay una impunidad del 97% en violaciones de DDHH
El Estado afirmó que escucha a la CPI pero que sus observaciones deben estar acordes con el ordenamiento jurídico interno, lo cuál podría significar una violación al estatuto de Roma si no se atienden las advertencias de la Corte Penal.
Esta se convierte en una de las principales preocupaciones que deja la primera parte del Periodo de Audiencias número 165 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que podría significar que los instrumentos internacionales de defensa de los derechos de las víctimas sean desconocidos por Colombia, afirma Jomay Ortegón, directora del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Además, ante la CIDH, las organizaciones advirtieron que, según se ha tramitado la JEP en el Congreso, no es clara la participación de las víctimas, pero tampoco que los máximos responsables sean judicializados, «actualmente la arquitectura institucional no pareciera permitirlo, como lo refleja el último documento de la CPI», explica Ortegón.
ALTOS ÍNDICES DE IMPUNIDAD
Como un ejemplo de la idea de impunidad en Colombia, las organizaciones afirmaron que con la Ley 975 de 2005, generó 15.743 compulsas de copias para investigar actores militares, políticos y económicos, pero no hubo ningún resultado, lo que, según los defensores de DDHH presentes en la audiencia, podría dificultar la posibilidad de que terceros que hayan contribuido en el los crímenes en el conflicto armado, comparezcan en la JEP.
Otro de los anexos presentados a la CIDH reporta 456 casos, de los cuales el 74% esta en etapa de investigación, el 4,7% archivadas, sobre el 16,2% la Fiscalía no reporta ningún tipo de investigación, solo en 2% hay acusaciones, y el 1,1% cuenta con sentencia, según datos de la propia fiscalía. Esta situación significaría que no hay garantías de No Repetición.
FISCALÍA NO HA CONTRIBUIDO A LA SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD
De acuerdo con Ortegón, a pesar de que existe un acuerdo de paz, este no es suficiente por si mismo para cambiar las condiciones de riesgo para los defensores de DDHH. Es necesario aprovechar esta oportunidad para hacer una reingeniería de instituciones como la fiscalía, que «históricamente han sido incapaces de responder frente al reto más importante de investigar las violaciones a los derechos humanos como mecanismo de prevención para que no se sigan cometiendo».
En ese sentido se debe revisar, según las organizaciones, que la fiscalía no tiene cifras propias sobre violaciones a los derechos humanos, que no hay una relación entre las diferentes acciones investigativas, que no haya un trabajo interconectado entre las acciones de investigación y de protección pues se presentan como si fueran cosas aisladas.
SOBRE EL PARAMILITARISMO Y LAS VIOLACIONES A DDHH
En el acuerdo de paz se estableció la Unidad para desmantelamiento del paramilitarismo con el decreto 898 del 2017, sin embargo con las observaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez se convirtió en institución subordinada y de bajo rango a dicha entidad, lo que amenazaría la autonomía de la Unidad y difícilmente podría lograrse el objetivo por la que fue creada.
«Aspecto esencial para la viabilidad del acuerdo de paz con las FARC. Teniendo en cuenta el mayor riesgo con el artículo 3 del acto legislativo, pues el fiscal podría seleccionar y priorizar casos que no sean competencia de la JEP», explica la abogada.
México – CIDH: inconcebible, que aún no haya responsables de caso Iguala
A más de tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los jóvenes exigieron al gobierno mexicano respuestas sobre el caso.
«Ya son tres años de dolor. Queremos verdad y justicia», expresó Blanca Nava, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, durante el 165 período de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Montevideo.
Además, dijo que debería dar «vergüenza» a los representantes del Estado la falta de resultados en las investigaciones del caso.
«Han fallado» y «están obstaculizando la investigación», dijo Emiliano Navarrete, padre de otra de las víctimas.
En tanto, desde la CIDH, el comisionado Luis Ernesto Vargas, calificó como «casi inconcebible» que haya pasado tanto tiempo sin que se hayan establecido responsabilidades.
El último fiscal designado para el caso, Alfredo Higuera, sostuvo que los familiares «tienen razón. Tres años es mucho» tiempo.
El funcionario, que calificó el caso de «dramático y grave» y pidió a los familiares poder «trabajar cerca, unidos en lo posible» para saber «a ciencia cierta lo que les pasó a sus hijos».
La audiencia, que tuvo lugar en el Congreso uruguayo, es parte del seguimiento que la CIDH hace del caso.
