La CIDH considera que EEUU debería reincorporar el DACA y programas similares para dar protección jurídica a migrantes y refugiados
La CIDH pide a USA una vía de regularización migratoria para «dreamers»
Los beneficiados con DACA se mantienen en el limbo migratorio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Estados Unidos que restablezca el programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia y ofrezca una vía de regularización migratoria tanto a ellos como a otros grupos.
Además, en un comunicado emitido hoy, pide «crear un proceso hacia la adquisición de la nacionalidad, sin poner en peligro los derechos humanos de otros grupos de migrantes y refugiados».
Y amplía su llamamiento al «exhortar a los Estados Unidos a revertir su política de cerrar canales legales para que personas migrantes y refugiadas puedan acceder o permanecer en una situación migratoria regular».
La CIDH considera que «la falta de canales legales disponibles para regularizar la situación migratoria» de los beneficiarios de DACA plantea «una seria amenaza al principio de unidad familiar».
Y, también, que el fin de la protección a estos migrantes pone en peligro su «acceso a derechos económicos y sociales, incluyendo la educación, los derechos laborales, y la atención médica, y garantías legales, como por ejemplo el acceso a la justicia y los tribunales».
La Comisión también hace una valoración general sobre los cambios migratorios introducidos hasta ahora por el Gobierno de Donald Trump.
«En su conjunto, estos cambios contribuyen a un panorama de inseguridad creciente para las personas migrantes y refugiadas, y a un número cada vez menor de opciones legales para preservar a sus familias y su seguridad física», indica.
Y advierte: «La historia demuestra que entre más se cierran los canales legales para recibir la protección de un Estado, las personas migrantes y refugiadas se ven forzadas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas para ingresar al país».
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la defensa de los derechos humanos, ambas con sede en Washington.
El 5 de septiembre, el presidente de USA, Donald Trump, anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio al Congreso seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
Este mismo domingo, el mandatario envió a los líderes del Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
Trump quiere que su plan migratorio sirva como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800.000 jóvenes indocumentados que, gracias al programa DACA, pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo temporal.
CIDH expresa profunda preocupación por decisión de poner fin al Programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Niñez (DACA) y otros canales legales para migrantes y refugiados en los Estados Unidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la decisión de los Estados Unidos de poner fin al programa de (DACA, por sus siglas en inglés) por el Procurador General el 5 de septiembre de 2017. La Comisión Interamericana llama al Congreso de los Estados Unidos a regularizar la situación migratoria de las personas beneficiarias del programa DACA y otros grupos de migrantes presentes en los Estados Unidos y crear un proceso hacia la adquisición de la nacionalidad, sin poner en peligro los derechos humanos de otros grupos de migrantes y refugiados. La Comisión exhorta además a los Estados Unidos a revertir su política de cerrar canales legales para que personas migrantes y refugiadas puedan acceder o permanecer en una situación migratoria regular en los Estados Unidos.
El programa DACA, introducido por primera vez en 2012, otorga diferimientos de deportación de dos años renovables, así como autorización de trabajo y la posibilidad de solicitar licencias de conducir, a solicitantes calificados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, están haciendo o han completado al menos la educación secundaria o el servicio militar, y que no han cometido ningún delito grave. Actualmente, hay alrededor de 800.000 personas beneficiarias de DACA (también conocidos como «DREAMers») en los Estados Unidos; casi el 80 % de estas personas son originarias de México y otro 8 % son personas originarias del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), y la edad promedio en la que ingresaron a los Estados Unidos es de seis años. La Comisión observa que en el transcurso de entre 10 hasta 35 años en que los DREAMers han vivido en los Estados Unidos, estas personas han forjado fuertes vínculos familiares y comunitarios, se han graduado con títulos avanzados o se han incorporado a la fuerza de trabajo y han construido vidas; por lo cual despojarlas de sus vidas y comunidades en los Estados Unidos, quitarles la autorización legal para trabajar y someterlas a la amenaza de deportación perjudica a los DREAMers y sus seres queridos, incluyendo a niñas y niños nacionales de los Estados Unidos y otros familiares.
La CIDH considera que la falta de canales legales disponibles para regularizar la situación migratoria de las personas beneficiarias del programa DACA plantea una seria amenaza al principio de unidad familiar, y que la terminación de las protecciones otorgadas por el DACA pondrá en peligro su capacidad en la práctica para garantizar su igual acceso a derechos económicos y sociales — incluyendo la educación, los derechos laborales, y la atención médica — y garantías legales, como por ejemplo el acceso a la justicia y los tribunales. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó recientemente en una declaración sobre la terminación de DACA que las denuncias de delitos desde las comunidades de migrantes han caído fuertemente este año, debido al temor de que su contacto con la policía pueda llevar a su deportación. Cuando los migrantes no pueden acceder a una situación migratoria regular, son más fácilmente excluidos del acceso a los derechos humanos y son más vulnerables a violaciones a tales derechos. Además, es evidente que la posible deportación de las personas beneficiarias de DACA — en particular a los países que actualmente enfrentan crisis de refugiados— podría violar gravemente las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados Unidos, incluidos los derechos a la vida, la integridad personal, el interés superior del niño, la no discriminación, la vida privada y familiar, el debido proceso, la protección judicial y el principio de no devolución (non-refoulement), entre otros.
La Comisión observa que los Estados Unidos ha introducido varias reformas significativas en su política migratoria desde la introducción de tres órdenes ejecutivas sobre migración y política de refugiados en enero de este año, incluyendo la cancelación del programa de Permisos Humanitarios para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) anunciado el 16 de agosto. En adición a lo anterior, el 14 de septiembre se informó que el Departamento de Estado planea poner fin al programa de Procesamiento de Refugiados, que permite a niñas y niños centroamericanos con miembros de la familia con situación migratoria regular en los Estados Unidos solicitar la condición de refugiado dentro de sus países de origen, evitando así el viaje peligroso hacia el norte para buscar asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Asimismo, la Comisión ha notado con preocupación los informes sobre la denegación por parte de los funcionarios de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de recibir solicitantes de asilo en los puertos de entrada de los Estados Unidos, como exige el derecho internacional, y la ampliación de las prioridades de deportación para incluir un número mucho mayor de migrantes en situación irregular, entre otros. En su conjunto, estos cambios contribuyen a un panorama de inseguridad creciente para las personas migrantes y refugiadas, y a un número cada vez menor de opciones legales para preservar a sus familias y su seguridad física. La historia demuestra que entre más se cierran los canales legales para recibir la protección de un Estado, las personas migrantes y refugiadas se ven forzadas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas para ingresar al país.
La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de país para los Estados Unidos, destacó la dimensión histórica de estos cambios de política: «La política clara de la Administración de cerrar sus puertas a migrantes y refugiados y deportar a quienes han residido durante mucho tiempo en Estados Unidos podría poner en peligro las vidas, seguridad y planes de vida de las personas deportadas».
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, señaló: «La Comisión insta a los Estados Unidos a revertir su política de intentar cerrar sus puertas a las personas migrantes y refugiadas. Por supuesto, esto no es posible hacerlo de la noche a la mañana; mientras tanto, Estados Unidos debería restablecer el programa DACA y programas similares a fin de proporcionar protección legal a las personas migrantes y restablecer la estabilidad en la vida de millones de personas».
La CIDH saluda a los esfuerzos del Congreso para llegar a un acuerdo con el Presidente para salvaguardar la presencia de DREAMers en el país y crear un camino para regularizar su situación migratoria. La CIDH saluda los esfuerzos del Congreso por llegar a un acuerdo con el Presidente para salvaguardar la presencia de DREAMers en el país y crear un camino para regularizar su situación migratoria. En este sentido, la Comisión Interamericana expresa su preocupación por el anuncio hecho por la Casa Blanca el 8 de octubre de 2017 de que aceptaría un acuerdo para regularizar la situación de los beneficiarios del DACA sólo a cambio de la aprobación de una serie de medidas para aumentar el control y la seguridad de la frontera, limitar el acceso al asilo y fortalecer la externalización del control fronterizo. La CIDH reitera que cualquier acuerdo para regularizar el estatus de los beneficiarios del DACA debe estar de acuerdo con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La Comisión exhorta a los Estados Unidos a que restablezca el programa DACA y a crear un camino para regularizar la situación migratoria de las personas migrantes que se han beneficiado de estas políticas, así como de otros grupos que deberían ser incluidos. Todas las medidas adoptadas deben tener en cuenta factores tales como las circunstancias en que la persona migrante ingreso a los Estados Unidos, la duración de su presencia en el país, los vínculos familiares y comunitarios en el país y las contribuciones a la sociedad. En el marco de esta acción ejecutiva y a la luz de las nuevas prioridades de deportación de este año, la Comisión también pide a los Estados Unidos garantizar que las necesidades de protección de cada persona -sin excepción- sean analizadas de manera individualizada y por autoridades debidamente capacitadas en el momento de la llegada o la detención. La CIDH reafirma su interés en trabajar con el gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
