Nica Act es también una oportunidad – La Prensa, Nicaragua
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Como se esperaba, la iniciativa de ley Nica Act que dispone sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) al régimen orteguista por sus atropellos a la democracia y violaciones de los derechos humanos, fue aprobada ayer en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE.UU). Ahora será presentada al Senado para que la confirme o rechace y si es confirmada el presidente Donald Trump tomará la decisión de confirmarla o vetarla.
Pero aunque finalmente la Nica Act no fuese convertida en ley, sobre el régimen de Daniel Ortega pende la amenaza de otras sanciones estadounidenses, iguales o parecidas a las que han sido impuestas a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Las sanciones son para castigar al régimen de Daniel Ortega, pero quiérase o no sus efectos colaterales afectarán de manera directa e indirecta a la economía nacional y por ende a todo el país. Por eso es que los empresarios se han movilizado para tratar de impedir su aprobación, o que solo sean de carácter político y no afecten el clima de negocios de Nicaragua.
Sin embargo, la amenaza de las sanciones estadounidenses hay que verla también como una oportunidad para los nicaragüenses; la oportunidad de recuperar la democracia y reconstituir el Estado de Derecho, lo cual mejoraría sustancialmente el clima de negocios y permitiría impulsar el crecimiento económico con sostenibilidad y equidad.
Este problema se resolvería fácilmente si Daniel Ortega permitiera el restablecimiento de la democracia, pero no la mala caricatura que hay en China o Venezuela, sino como está definida en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. Y como en términos generales está indicada en la misma Constitución de Nicaragua, a pesar de las reformas constitucionales regresivas que impuso el orteguismo en 2014.
El restablecimiento de la institucionalidad democrática es del interés superior de todos los nicaragüenses, incluyendo a los empresarios. Inclusive debería ser del interés de Daniel Ortega y quienes lo rodean y sostienen en el poder, si por fin se decidieran a pensar más en el interés nacional y el futuro de Nicaragua que en sus conveniencias particulares.
Se dice que a veces en la vida y en la historia tienen que ocurrir cosas malas para que puedan ocurrir otras buenas. Esto es cierto. La Nica Act y otras sanciones exteriores contra el régimen de Daniel Ortega podrían tener consecuencias negativas para la estabilidad económica del país, pero ofrecen también la posibilidad de salir del autoritarismo orteguista mediante la redemocratización nacional.
Para convertir esta posibilidad en realidad, debería promoverse una amplia concertación nacional que acuerde un plan general de acciones que conduzcan, en primer lugar, a la celebración de elecciones nacionales libres y limpias, con nuevos jueces electorales escogidos por consenso y con la debida observación electoral nacional e internacional.
De la voluntad de Daniel Ortega depende que no se pierda esta oportunidad de abrir el camino a la restauración democrática y evitar el castigo de la Nica Act.
