Fiscal general pide al Congreso retirar inmunidad al presidente Morales para que sea juzgado
Thelma Aldana llama al Congreso a retirar inmunidad a Jimmy Morales
La fiscal General, Thelma Aldana, dijo este martes que el Congreso debe declarar con lugar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales a fin de que avance la investigación sobre financiamiento electoral ilícito.
“No es una sentencia la que va dictar el Congreso. Debe de respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, pero es vital para la investigación de este caso que se levante la inmunidad”, declaró Aldana.
La comisión pesquisidora ya está integrada y tiene cinco días de plazo para rendir un informe que sugiera al pleno legislativo si se debe o no retirar la inmunidad a Morales.
El mandatario es señalado por el financiamiento electoral anónimo que recibió el FCN Nación en 2015 por Q6.7 millones que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa fecha Morales era secretario general del partido y candidato presidencial.
La jefa del Ministerio Público (MP) pidió “comprensión en el sentido de que necesitamos retirar la impunidad del país y que necesitamos transparentar el financiamiento electoral ilícito”.
Además, secundó lo dicho por Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien señaló que el financiamiento electoral ilícito “es el pecado original de la democracia guatemalteca”, cuyo combate va directo “al corazón de la corrupción”.
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El antejuicio transcurre en medio de la crisis que desató Morales al declarar non grato a Velásquez y de ordenar su expulsión de Guatemala, medida que anuló la Corte de Constitucionalidad (CC).
Desde el domingo 27 de agosto último, cuando hizo oficial la declaración de non grato, Jimmy Morales no ha hecho comparecencias ante la Prensa y en eventos oficiales se ha expresado respetuoso de la indepedencia de poderes y la resolución de las cortes, sin mencionar a Velásquez.
Aldana se expresó ayer luego de la inauguración de una agencia fiscal en la Contraloría General de Cuentas, con el apoyo de Usaid.
Pesquisidora exhibe primeros titubeos
“Vamos a ser transparentes, los medios de comunicación podrán estar presentes en todas las reuniones”, aseguró el martes pasado Julio Ixcamey, diputado que preside la comisión pesquisidora que analiza el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.
Sin embargo, a pesar de haber hecho esa promesa, ayer las cosas cambiaron e incluso el diputado Gabriel Heredia, miembro de la Comisión, pidió que se reunieran en privado.
En una cita que dejó más dudas que respuestas, Ixcamey informó que no solo consideraba “ilegal” la decisión del pleno de estipular cinco días, sino que “podrán” pedir prórroga si no culminan en ese plazo el informe que deberá conocer el pleno.
Se suponía que ayer la pesquisidora establecería un cronograma, al menos eso dijo Ixcamey minutos después de haber sido electos para integrar ese cuerpo colegiado, lo cual tampoco se cumplió.
El diputado no supo explicar por qué y solo argumentó: “Tenemos un gran expediente que leer y analizar, no sabemos cuánto tiempo nos tomaremos ni qué tiempo necesitaremos para definir a quiénes citar”.
De acuerdo con la información proporcionada en la Dirección Legislativa del Congreso, el expediente consta de tres tomos y 963 folios, en los que la Fiscalía contra Delitos Electorales detalló en su investigación preliminar los hechos por los cuales considera que el mandatario podría estar implicado en la procedencia de recursos no reportados durante la campaña electoral del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Asesores de la Unidad Nacional de la Esperanza, bancada a la que pertenece Ixcamey, explicaron que el problema es que no se cuenta con la presencia del secretario de la Comisión, Juan José Porras, quien fue electo mientras se encontraba en Chile, en un foro organizado por la Organización de los Estados Americanos.
Incluso no quedó claro si se reunirían hoy o cuándo se volverá a convocar para continuar con la discusión sobre el antejuicio.
De acuerdo con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicios, la pesquisidora deberá escuchar a las partes que solicitaron el antejuicio y al acusado; es decir que en los próximos días las autoridades del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tendrían que acudir al Congreso para ratificar su denuncia, aunque no se tiene fecha para ello.
Pese a que la Ley indica que se debe “escuchar” a las partes, en los antejuicios promovidos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti ninguno de los dos se presentó al Congreso, sino que enviaron informes. Aunque no está confirmado, los diputados buscan que Morales haga lo mismo.
En días anteriores, el vocero presidencial, Heinz Heimman, explicó que la ley permite que el mandatario envíe a sus representantes.
¿Prórroga?
Según el presidente de la comisión pesquisidora, es ilegal establecer un plazo, por lo que podrían pedir una prórroga.
«Con todo el respeto que me merecen los diputados, pero hay muchos que solo levantan la mano. Lo que hicieron —dar un plazo de cinco días—, para mí es ilegal… La ley, para mí, no establece plazo”, afirmó Ixcamey.
De cumplirse los cinco días establecidos por el pleno y solicitados por el partido del Gobierno, el informe debería estar terminado y entregado el domingo próximo.
Aunque pareció extraño que FCN-Nación apresurara la discusión de la pesquisidora, algunos congresistas dijeron que tiene lógica la estrategia, ya que en este momento se podrían tener los votos para librar a Morales de perder la inmunidad, pero con el pasar de los días los acuerdos podrían cambiar, según los ofrecimientos y circunstancias que se den.
A puerta cerrada
Aprovechando la reunión de la pesquisidora, los jefes de bloques se reunieron a puerta cerrada en la oficina de sesiones de la presidencia del Congreso.
Aunque evitó dar detalles sobre la reunión, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, aseguró que solo se trató de definir una agenda para la próxima semana pero no se alcanzaron acuerdos ni para los días que deberán reunirse, sobre todo cuando se tiene contemplada una sesión solemne para conmemorar el aniversario de la Independencia.
Financiamiento ilícito
La fiscal general, Thelma Aldana, al referirse al antejuicio contra Morales, afirmó que espera que se cumpla con la Ley en Materia de Antejuicio y que haya comprensión, ya que es necesario transparentar el financiamiento electoral.
“El comisionado ha señalado que el financiamiento es el pecado original de la democracia guatemalteca. Yo he agregado que con estos casos de financiamiento electoral ilícito estamos atacando el corazón de la corrupción en Guatemala”, expuso.
“Retirar la inmunidad al señor presidente de la República nos va permitir profundizar en la investigación; no es una sentencia la que va a dictar el Congreso, ya que se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo Aldana.
La fiscal se refirió al tema durante su participación en la firma de un convenio con la Contraloría General de Cuentas.
Senadores de EEUU recuerdan que ayuda a Guatemala podría disminuir
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos dio a conocer una carta que escribieron tres senadores, dos demócratas y uno republicano, dirigida al Secretario de Estado, Rex Tillerson, y a su embajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley, sobre la crisis institucional guatemalteca.
Los tres senadores que firman la misiva son el excandidato a la vicepresidencia junto a Hillary Clinton, Tim Kaine, el representante de Oklahoma, James Lankford, y el representante de Maryland, Ben Cardin.
En el texto los tres parlamentarios felicitaron las «firmes declaraciones» de Tillerson y Haley y reiteran que la Comisión contra la Impunidad continúe su labor «sin interferencias».
Además recordaron que la Ley de Asignaciones Consolidadas para el presente año fiscal «requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la ayuda a Guatemala si el Gobierno no toma medidas firmes para liderar algunos temas». Particularmente mencionaron la sección 7045(4)(vii) de la ley que establece la necesidad de cooperación con comisiones contra la corrupción e impunidad.
«Le pedimos que considere este aspecto cuando comience el proceso de certificación del Departamento de Estado», añadieron.
Al final, los senadores se despidieron dando su respaldo «inquebrantable» al comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General Thelma Aldana.
Vea aquí la carta escrita por los tres senadores estadounidenses sobre la crisis en Guatemala
