El gobierno de Brasil pide explicaciones a Uruguay tras los cuestionamientos a su reforma laboral
Cuestionamiento público de dos ministros a reforma laboral en Brasil provoca convocatoria de embajador uruguayo a Itamaraty
Los ministros de Relaciones Exteriores y Trabajo y Seguridad Social, Nin Novoa y Murro respectivamente, cuestionaron la reforma laboral en Brasil y advirtieron sobre el posible impacto en la competitividad de Uruguay.
El 11 de julio, el gobierno de Michel Temer logró que el Senado sancionara la legislación laboral que produjo un cambio radical en la relaciones entre empleados y empleadores. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, advirtió que «si vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos, y eso no será solo para los brasileños». Por su parte el canciller Nin Novoa afirmó que la reforma le «preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales».
Este martes la cancillería brasileña convocó al embajador de Uruguay en Brasil, Carlos Daniel Amorín Tenconi. Itamaraty no vio con buenos ojos esta declaraciones públicas. Según Nin no hubo ninguna protesta formal brasileña e informó que nuestro país le envió una nota al gobierno de Brasil, en su calidad de presidente pro témpore del Mercosur, para analizar – en lo órganos técnicos del Mercosur- el posible impacto de la reforma laboral brasileña.
«Nosotros no nos vamos a inmiscuir en la legislación interna de los países, pero queremos discutir e intercambiar ideas» y agregó «porque así va a ser muy difícil competir».
Datos:
– Con la nueva legislación laboral en Brasil los contratos privados pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas.
– Las vacaciones se podrán dividir hasta en tres periodos y podrá haber jornadas laborales de hasta 12 horas.
– Podrá haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extras. La contribución sindical, pasa a ser voluntaria y además flexibiliza las condiciones de despido.
Pit-Cnt sale a trabar cualquier posible flexibilización laboral
El Pit-Cnt salió rápidamente al cruce ante la primera insinuación proveniente del sector empresarial de que sería conveniente estudiar cambios en la normativa laboral uruguaya luego de la aprobación en Brasil de un amplio paquete de reformas que cambia fuertemente la relación entre empresarios y trabajadores. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, escribió en Twitter que «el mundo avanza en temas de legislación laboral, hay que acompañar ese tren entre todos los actores del país: gobierno, trabajadores y empleadores». «Seamos conscientes de que en adecuar Uruguay al mundo, va una parte importante del futuro del trabajo de calidad en Uruguay», agregó. Luego dijo a «Inicio de Jornada», de Radio Carve, que Uruguay «debe aggiornarse», porque de lo contrario «vamos a seguir corriendo el riesgo de perder competitividad en la actual situación y por ende perder la capacidad de seguir recibiendo nuevas inversiones». La gremial organizará una jornada en setiembre con un especialista brasileño para analizar los cambios en el país vecino.
El asunto tuvo también derivaciones diplomáticas porque el gobierno de Brasil convocó al embajador uruguayo en Brasilia, Carlos Amorín, para conocer de primera mano la posición uruguaya sobre la reforma laboral. El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró que la citación a Amorín no fue un llamado a consulta como se entiende en el mundo de la diplomacia. El ministro dijo también que se trató de una conversación de carácter informal, en la que no se presentó una nota ni se concretó una protesta formal.
«Oportunista»
La central sindical marcó rápidamente la cancha y dejó claro que no aceptará cambios en la normativa laboral ni en el sistema de negociación colectiva. Milton Castellano, director del instituto «Cuesta Duarte» de la central sindical, dijo a El País que los comentarios de Corallo «me parecen fuera de lugar y me preocupa que se hagan sin ningún estudio riguroso, sin ningu- na comparación de competitividad ni con Brasil ni con Argentina». «Me parece que siempre ha sido un presidente que ha tratado de tener opinio- nes mesuradas y ahora, sin ningún tipo de análisis, plantea que la competitividad solo es posible si los trabajadores pierden beneficios y condiciones de trabajo».
«Si la competitividad se logra en base a que los trabajadores trabajen 12 horas, no son las formas que yo quiero de competitividad. Si la competitividad significa pagar salarios asiáticos no quiero competitividad con salarios asiáticos. Nos preocupa esta forma medio oportunista de salir a reclamar reformas. No solo depende del salario la competitividad. Hay que hablar de la rentabilidad de las empresas. Si se aplica en Uruguay (la reforma brasileña) no existirían consejos de salarios, no existirían categorías, ni ajustes semestrales y todo quedaría librado a lo que cada uno pudiera arreglar con el patrón. Nosotros vivimos algunas experiencias de esas en la década de los años 90», señaló.
El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había escrito irónicamente que «la Cámara de Industrias propone desregulación; las tecnologías del siglo XXI con las relaciones sociales del siglo XIX».
Castellano cuestionó en particular la posibilidad de acuerdos bilaterales entre un trabajador y una empresa porque «no son acuerdos, son imposiciones». «Nosotros tenemos una normativa laboral basada en las convenciones colectivas y en las leyes nacionales de orden público», enfatizó.
Castellano reconoció que «nos preguntamos todos los días» por qué el crecimiento de la economía no genera más empleos, pero sostuvo que eso seguramente tiene más que ver con que la economía no está suficientemente diversificada y con que los sectores más dinámicos no son los que generan más trabajo. A revertir eso y a aumentar la capacitación y la educación deberían dirigirse los esfuerzos, sostuvo Castellano. Uruguay viene de lograr un crecimiento económico como no había tenido en más de 50 años «y las relaciones laborales en vez de ser un estorbo han acompañado», sostuvo. Y avisó: «Tenemos un sistema de negociación de salarios mínimos, de negociación por rama y por empresa que son complementarios y no renunciamos a ninguno de esos sistemas». De esta forma, la central sindical deja claro cuáles cree que deben ser las reglas de juego de cara a la ronda de Consejos de Salarios del año próximo, que será la más grande de la historia por cantidad de trabajadores involucrados, desde que se creó el sistema de negociación tripartita en 1943.
No apresurarse.
El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo en relación al posible impacto de la reforma laboral de Brasil que «no soy partidario de reaccionar por estímulos exógenos» y consideró que ese país «está en todo su derecho» de introducir cambios en materia laboral. «Creo que la jornada laboral va a a cambiar por varias razones ajenas a Uruguay. El conocimiento se duplica cada cinco años. En treinta años más del 50% de los trabajos se van a automatizar. El trabajador nunca va a poder dejar de prepararse y aggiornarse. La discusión va a ser cuánto de la jornada laboral va a ser para aggiornarse. No hay que hacer tanto hincapié en la extensión de la jornada laboral y pensar la produc-tividad», dijo Lacalle Pou a El País. El senador reconoce que tiene «algunos matices» con respecto al funcionamiento de los Consejos de Salarios porque cree que debería habilitarse más la posibilidad de «descuelgue» por parte de empresas que eventualmente no puedan cumplir los acuerdos. «Que el Estado no sea juez y parte. Sí que se aplique el principio «in dubio pro operario» (N de R: expresión que se puede traducir como «ante la duda, a favor del trabajador). Que no tome (el Estado) de antemano una posición. Si ese es el principio rector, el resto de las cosas son conversables», señaló. También consideró que se debe considerar que en la competitividad inciden el costo de los combustibles y de la electricidad, la burocracia y la «incapacidad» para buscar acuerdos comerciales que faciliten la colocación para los productos uruguayos.
Los últimos datos de desempleo (correspondientes a mayo) indican que el promedio a nivel nacional es de 7,9%. En Montevideo es de 8,9% y en el Interior de 7,2%. El desempleo a nivel nacional estaba en idéntico nivel en el mismo mes de 2016. En Montevideo llegaba a 9% y en el Interior a 7%.
La Central Única de Trabajadores de Brasil anunció que lanzará un Proyecto de Ley de Iniciativa Popular para revocar la reforma y proponer, «una verdadera modernización de las relaciones de trabajo».
PERMITE AL ESTADO POSTERGAR EL PAGO DE SENTENCIAS PERDIDAS.
Colorados estudian consulta popular por artículo 15.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado estudia la posibilidad de promover un recurso de referéndum contra el artículo 15 de la ley de Rendición de Cuentas que establece que el Estado podrá posponer el pago de las obligaciones emanadas de sentencias judiciales y laudos arbitrales.
Una declaración del colectivo emitida tras su reunión del lunes pasado, dice que ese ar-tículo «atenta contra la separación de poderes pues supedita a una resolución del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo el cumplimiento de las sentencias judiciales».
La iniciativa fue planteada en la pasada Convención Nacional que se expresó en contra de este artículo por el sector Asamblea Batllista liderado por el convencional José Pablo Franzini Batlle.
A comienzos de agosto, con los votos del Frente Amplio, sumados al del diputado colorado Fernando Amado, la Cámara de Representantes aprobó en el proyecto de Rendición de Cuentas el polémico artículo 15. Este artículo establece que el Poder Ejecutivo queda «eximido de los plazos de cumplimiento» de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que «ello afecta la atención de los servicios a su cargo», pero se le agregó que la postergación podrá ocurrir cuando no haya circunstancias apremiantes para quienes ganen esos juicios.
En la votación se contempló la propuesta de Amado (cuarta versión del texto) de que el ar-tículo solo entre en vigencia en el momento en que la sentencia contra el Estado supere los diez millones de dólares para que «el Estado pueda prever y ordenar dicho pago», explicó el legislador colorado. Y agregó: «pero deberá pagar siempre dentro del plazo estipulado».
Las razones que llevaron a Amado a votar ese artículo con el oficialismo, al cual el resto de la oposición objetó fuertemente en el debate del plenario, fueron las negociaciones que según indicó permitieron mejorar mucho su contenido.
El artículo seguramente será confirmado cuando la Rendición se trate en el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría absoluta asegurada.
UN CAMBIO RADICAL
Las claves de la reforma brasileña.
La reforma laboral brasileña, aprobada con la férrea oposición del Partido de los Trabajadores y las centrales sindicales, establece que comenzará a tener vigencia a partir del mes de noviembre y que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales.
Con respecto a la licencias, determina que si bien las vacaciones no se modifican en cantidad de días sí se permitirá fraccionarlas de diferentes maneras. Se podrán dividir hasta en tres veces y las pausas en las jornadas de trabajo podrán modificarse con la condición de que sean de al menos 30 minutos.
Las jornadas de trabajo podrán ser de 12 horas si son seguidas de 36 horas ininterrumpidas de descanso.
Una de las medidas más polémicas es que se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, ya no mensual. El empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de anticipación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.
Por otro lado, la ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente. La rescisión de contratos podrá ser por «mutuo acuerdo» entre el empleador y el empleado, ya sin necesidad de aceptación sindical.
Dejará de ser obligatorio el aporte sindical que hasta ahora equivalía a un día de salario al año. Pasará a ser voluntario.
En los casos de trabajos insalubres, la mujer solo podrá evitar realizarlos si presenta un certificado médico que establezca que su presencia en esos lugares puede afectar su salud. Se reglamenta la posibilidad de trabajar desde la casa con el reembolso de los gastos en los que incurra el trabajador.
Las normas derogadas fueron aprobadas durante el gobierno de Getulio Vargas.
