Colombia: la ruta de los sobornos de Odebrecht apunta a tres congresistas, según la Fiscalía
El polémico senador Bernardo ‘Ñono’ Elías Vidal y una de sus familiares quedaron, después de meses de expectativa, formalmente bajo lupa de la justicia por los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht, que buscaba asegurar millonarios megacontratos en el país.
En la misma situación quedó su socio político de ‘la U’, el senador Musa Besaile Fayad, y el senador de Cambio Radical y nuevo presidente de la Comisión Tercera, Antonio Guerra de la Espriella.
Contra los tres senadores y contra el exsenador Plinio Olano, actual director ejecutivo de la Federación de Departamentos, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema, toda vez que “han sido mencionados en las diligencias surtidas en la indagación como presuntos beneficiarios de estos pagos”.
El organismo investigador dice que “los testimonios recaudados, adicionalmente, hablan de la existencia de pagos a un grupo de parlamentarios vinculados a los senadores Elías Vidal y Olano”, que pide individualizar e investigar a la Corte Suprema de Justicia, esto por el tema del fuero parlamentario.
Además del supuesto enriquecimiento ilícito, se pidió investigar un supuesto tráfico de influencias por cuenta del ‘Noño’ y De la Espriella, así como del representante por Norte de Santander Ciro Rodríguez.
Al revelar que las coimas pagadas por Odebrecht cuadriplicaron lo inicialmente reportado por autoridades de Estados Unidos, hasta alcanzar los 84.105 millones de pesos, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que más allá de los famosos 11,5 millones de dólares ya conocidos “existieron pagos adicionales relacionados con hechos de corrupción”.
Según el Fiscal, hay indicios y pruebas “que permiten inferir razonablemente que para la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, la multinacional habría efectuado pagos extra por la suma de 34.653 millones de pesos a través de sus filiales en Colombia”.
Basada en sus propias investigaciones y en las versiones entregadas por varios de los salpicados por el escándalo –entre ellos el exsenador Otto Bula y los contratistas Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano–, la investigación determinó que entre 2014 y 2015, “desde Colombia y por conducto de las sociedades Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el Consorcio Constructor Ruta del Sol-Consol –filiales de Odebrecht– se realizaron pagos relacionados con la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, a través de contratos simulados cuyo objeto era prestación de servicios que no se habrían ejecutado ni prestado”.
Una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían la plata a través de otros subcontratos, “los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagos irregulares a empleados públicos que presuntamente prestaron su concurso para impulsar la adición ante la ANI en especiales condiciones económicas, según los intereses de Odebrecht”.
Hasta ahora, la Fiscalía solo señala entre los funcionarios públicos al exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, quien además deberá responder por 100 millones de pesos que habría recibido como soborno para mover las cosas en favor de la multinacional.
Entre las versiones que tiene la Fiscalía está que “dentro de los acuerdos para la distribución de coimas se negoció un porcentaje que habría oscilado entre el 4 y 5 por ciento del valor de la obra Ocaña-Gamarra”, cuyo costo fue superior a los 600.000 millones de pesos.
La plata ilegal se habría distribuido así: “2 por ciento para Bernardo (Elías) y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1 por ciento para Federico Gaviria y para Otto Bula, (…) y un 1 por ciento para otros políticos que estaba manejando Federico” (Gaviria).
La Fiscalía capturó este martes a Gustavo Adolfo Torres Forero, uno de los contratistas, bajo cargos de prestar su empresa para lavar la plata con destino a la red de corrupción. Ese contrato se hizo por 9.716 millones de pesos para labores de asesoría financiera y banca de inversión.
Otro contrato supuestamente falso fue firmado por $ 10.062 millones y su objeto era supuestamente la construcción “de todas las obras requeridas para la calzada norte frente 2 tramo 4” de la ruta, “obras estas que no fueron llevadas a cabo por el contratista identificado en la investigación”.
Otra de las rutas para lavar la plata, según la Fiscalía, fue un contrato firmado con una firma panameña “con el fin de elaborar estudios y diseños para la vía Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco y variantes”. Se acordó una transacción el 28 de mayo del 2015 por 2 millones 727.000 dólares, que al cambio eran 6.981 millones de pesos.
Lo que dice la investigación es que “luego de haberse transferido esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana ya identificada, para posteriormente entregar los recursos”.
Según la Fiscalía, Eduardo Zambrano confirmó en su interrogatorio “la existencia de estos movimientos de dinero”.
Otros dos contratos, firmados el mismo día (13 de marzo del 2015) con una empresa nacional para elaborar supuestos ‘estudios de prefactibilidad’ para APP en las vías Bogotá-Girardot y Bogotá-Bucaramanga también serían fantasmas.
Los dos valían $ 6.293 millones y en ellos hay una línea directa con el cuestionado exsenador ‘Ñoño’ Elías: la empresa subcontrató con una sociedad establecida en Sahagún Córdoba, la supuesta ejecución de 5 contratos por un valor total de $ 3.125 millones. Ese es el pueblo natal y feudo político del ‘Noño’ y de Musa Besaile, y de allí también es Otto Bula.
Por ese movimiento de plata hacia Sahagún, la Fiscalía imputará cargos por lavado de activos contra Basima Patricia Elías Náder, “quien habría recibido dineros con destino al senador Bernardo Elías”, su sobrino.
Las investigaciones apuntan a confirmar la versión de que el llamado clan de los ‘Noños’ pudo haber recibido al menos 17.000 millones de pesos en coimas.
De otro contrato, supuestamente para la realización de obras en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y que se firmó en diciembre del 2015, salieron $ 1.600 millones triangulados hacia Federico Gaviria Velásquez.
Todos estos dineros, dice la Fiscalía, “no corresponden a los pagos realizados desde el exterior por el Departamento de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, que era el área que manejaba desde Brasil los sobornos en todo el mundo. Aún no hay claridad del destino de “pagos presuntamente simulados por 18.500 millones de pesos correspondientes al 2010 y $ 9.400 millones correspondientes al 2014”, que según la Fiscalía habrían sido destinados al pago de sobornos.
¿Dónde están los senadores?
El martes, en los pasillos del Congreso, nadie daba razón de los senadores de ‘la U’ Bernardo Elías Vidal y Musa Besaile, los ‘Noños’. Ninguno respondió las llamadas que se les hicieron, y allegados a Elías dijeron que había pedido un permiso de dos días para no asistir.
El senador Antonio Guerra, de Cambio Radical, se declaró a la espera “de lo que muestre la Corte sobre lo enviado por la Fiscalía”. “Lo cierto es que como miembro de la Comisión Económica del Senado de la República, desde hace ya dos periodos, nunca jamás traté un tema que tuviera que ver con Odebrecht ni traté un tema de la carretera que esté a cargo de ellos”, aseguró.
Plinio Olano, por su parte, insistió en la versión que ha dado desde que hace un par de meses cuando su nombre se mencionó en el escándalo: “Nada tengo que ver en la mencionada firma (…). Tengo plena confianza en las acciones de la justicia de mi país, en mi juez natural, que es la honorable Corte Suprema de Justicia, y reitero mi voluntad absoluta de prestar toda la colaboración que se requiera para aclarar cualquier tema”.
Los hechos claves para entender el escándalo de Odebrecht
En la tarde de este martes 25 de julio, la Fiscalía anunció que la multinacional brasileña Odebrecht pagó $84 mil millones, y no $11 mil millones como se había dicho en un principio, solamente para obtener la concesión Ruta del Sol 2. Esta noticia que nuevamente llega a las primeras páginas de información, es una más de las que desde enero de este año han colmado la atención de la opinión pública.
Para entender de qué se trata este caso, hay que remontarse a diciembre del año pasado cuando una corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) abrió un proceso judicial en contra de Odebrecht en el que señaló que, entre 2009 y 2014, la empresa realizó e hizo que se promovieran pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas. En ese papel, había un apartado único para Colombia en donde, de acuerdo a las declaraciones de los empresarios, se detalló cuánto dinero había entrado al país para pagar sobornos.
A Colombia la noticia llegó de inmediato. Según lo que dijo el tribunal norteamericano, “entre 2009 y 2011 Odebrecth habría pagado más de US$11 millones en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Odebrecht había recibido beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos”. Y añadió que, en 2009, la empresa pagó unos US$6.5 millones a un funcionario de Gobierno colombiano por hacerse con un contrato.
La Fiscalía comenzó a moverse y creó un grupo de trabajo especializado de tres fiscales y 20 investigadores para dedicarse únicamente el coletazo del escándalo internacional en Colombia. Después de las primeras pesquisas, interrogatorios y entrevistas, se supo el primer logro del grupo. El 13 de enero de 2017, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales fue detenido en Bogotá por sus nexos con los sobornos de Odebrecht.
Dos días después de la detención, García Morales aceptó que, efectivamente, recibió un soborno de US$6.5 millones de parte del gigante de la construcción en Latinoamérica para que se asegurara de que esa empresa brasileña recibiera un millonario contrato de la Ruta del Sol. Mientras este caso se movía en los estrados judiciales, la Fiscalía dio otro golpe. El 14 de enero del año pasado se supo que agentes del CTI detuvieron al exsenador Otto Bula en Bogotá, porque también tenía nexos con el escándalo.
Desde su captura, Bula está negociando con la Fiscalía y no ha aceptado cargos. Con la información que aportó el exocongresista y el exviceminsitro, el ente investigador se puso a la tarea de revisar contrato por contrato que tuvieran relación con Odebrecht. Fue así como su atención se concentró en dos casos: la licitación de la concesión Ruta del Sol II en 2009, la adición que se le hizo a ese contrato en 2014 y la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009.
Con las investigaciones en marcha, para febrero del año pasado, ya había estallado otro de los capítulos más polémicos de este escándalo. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que, US$1 millón que Odebrecht le había girado a Bula, habían ido a parar a la campaña presidencial en 2014 del hoy presidente Juan Manuel Santos. A raíz de las declraciones del Fiscal, salió a relucir el nombre de Roberto Prieto, el gerente de la campaña que supuestamente recibió el dinero. Además, en ese momento se recordó que el otro candidato de la contienda electoral, Óscar Iván Zuluaga, también habría recibido dinero de la multinacional para su campaña.
El empresario Enrique Ghisays Manzur fue el siguiente en salió mencionado dentro del escándalo. El 7 de marzo de 2017, Ghisays aceptó que, a cambio de US$750.000, legalizó los US$6.5 millones que Odebrecht le pagó en sobornos al exviceministro de Transporte, García Morales a través de una empresa que creó con su hermano, Eduardo, llamada Lurion Trading. Enrique Ghisays ya aceptó cargo y todavía falta la imputación de cargos a su hermano.
Desde que se supo que era posible que el dinero de Odebrecht llegara a la campaña presidencial, el presidente Juan Manuel Santos pidió que se investigara si era cierto o no. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad que tiene la competencia de investigar este tipo de casos, asumió la tarea el 31 de marzo pasado. Lo último que se supo es que el CNE le abrió una investigación formal a Zuluaga y que dentro del Consejo había una discusión sobre si se debía seguir con los casos pues, aseguran algunos magistrados, ya pasó el tiempo para hacerlo.
Mientras el CNE se movía en sus averiguaciones, la Fiscalía hizo otro anuncio clave para su investigación. El 12 de julio pasado dijo que, después de revisar el material probatorio y de seguir con sus pesquisas, podía decir «certeramente» que la constructora brasilera Odebrecht sí «asumió costos» en las campañas presidenciales de 2014, tanto de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático como de Juan Manuel Santos.
Además de hacer público su hallazgo, el ente investigador le envió al Consejo las declaraciones de varios involucrados como Eleuberto Martorelli (expresidente de Odebrecht en Colombia); David Zuluaga, gerente de la campaña de su padre, Óscar Iván Zuluaga; el interrogatorio a José Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos; la declaración de Luis Fernando Andrade; los interrogatorios a Yezid Arocha, abogado de Odebrecht; y los interrogatorios de Enrique Ghisays, quien ya aceptó cargos por haber creado una empresa de papel en Panamá para blanquear el soborno de Odebrecht al exviceministro Gabriel García Morales.
Hasta la semana pasada, por este caso solo había dos capturados: García Morales y Otto Bula. La lista se agrandó el miércoles, 19 de julio pasado, cuando se supo que la Fiscalía había capturado a los empresarios Federico Gaviria Velásquez y Eduardo José Zambrano. De acuerdo con la investigación, Zambrano habría utilizado dinero que recibió la Ruta del Sol 2 para lograr que Odebrecht se quedara con el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. En cuanto a Gaviria, su nombre ya era conocido dentro de los estrados judiciales pues en 2013 fue condenado por su responsabilidad en el «carrusel de contratación» a 31 meses de prisión. Según la Fiscalía, Gaviria habría sido clave en el manejo de los términos, condiciones y referencias par que Odebrech ganara el contrato de Tramo Dos de la Ruta del Sol. Ambos empresarios aceptaron cargos.
El movimiento más reciente del caso Odebrecht en Colombia se conoció ayer, 25 de julio. La Fiscalía aseguró que tiene la evidencia suficiente para decir que el soborno que entró a Colombia para la Ruta del Sol 2 no fue de $21 mil millones, como lo había dicho en un comienzo las autoridades norteamericanas, sino que el soborno costó $84 mil millones. Además, el propio fiscal Martínez anunció que le imputará cargos a dos ciudadanos brasileños y uno portugués por su presunta participación en pagos de Odebrecht en Colombia, y que compulsó copias para que la Corte Suprema investigue a los senadores Bernardo Miguel Elías, Mussa Besaile, Antonio Guerra de la Espriella y el exsenador Plinio Olano Becerra, cuyos nombres salieron a relucir durante la investigación.
