Inició en la Corte el análisis de la Justicia Especial para la Paz, clave para el posconflicto
Así va el debate clave sobre la JEP en la Corte Constitucional
El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, la médula del proceso de paz con las Farc y del que dependerá en buena medida el éxito del acuerdo, tuvo el miércoles a su primera prueba de fuego en la Corte Constitucional.
El sistema es la segunda gran apuesta del país para aplicar justicia transicional a los actores armados que depongan sus armas. De él forman parte la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se encargará de juzgar a los guerrilleros, a los agentes del Estado y a terceros que hayan tenido participación clave en el conflicto.
En la primera de dos audiencias públicas previas a la decisión sobre la exequibilidad de la JEP, la Corte escuchó posiciones que, en general, coinciden en que el mecanismo de justicia transicional se ajusta a los preceptos constitucionales y, por lo tanto, su esencia debe protegerse. Pero, salvo los voceros del Gobierno, casi todos los intervinientes plantearon la necesidad de realizar cambios que, de ser aceptados por los magistrados, anticipan una tormenta con las Farc.
Esto porque en la negociación se acordó una suerte de blindaje para los acuerdos, que, según fallos anteriores de la misma Corte, no obliga a los otros poderes públicos: ni al Congreso ni a la justicia en el momento de examinar la exequibilidad de lo pactado. El Tribunal escuchará este jueves otras voces sobre la paz, como las de la Federación de Víctimas de las Farc, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o la Asociación de Oficiales en Retiro.
El miércoles, el Gobierno, representado por los ministros de Justicia, Enrique Gil; del Interior, Guillermo Rivera, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, pidieron a la Corte que sea mucho más flexible al hacer esta vez el examen sobre la sustitución de la Constitución, considerando que todas las transformaciones en la institucionalidad buscaban garantizar el derecho a la paz.
»Se equivocan quienes dicen que esta reforma se reduce a entregar beneficios judiciales a guerrilleros de las Farc. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta».
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le manifestó al alto tribunal su preocupación por la definición de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria, al igual que sobre vacíos frente a delitos como el narcotráfico, el testaferrato y el lavado de activos.
La Procuraduría, por su lado, criticó que su intervención en la nueva justicia esté limitada a la solicitud de los magistrados, mientras que la Defensoría y ONG afirmaron que el modelo limita una de las grandes conquistas de los colombianos: la tutela.
El ponente es el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, quien debe presentarles a sus colegas en las próximas semanas un proyecto de fallo. Máximo a finales de agosto debería haber una decisión.
Recientemente, ese alto tribunal limitó una parte del fast track y le devolvió al Congreso la facultad de modificar los proyectos de ley para desarrollar los acuerdos. Esa decisión, que en la práctica no ha tenido aún impacto alguno, provocó en su momento una dura crisis con la guerrilla.
Gobierno dice que la JEP tiene como eje a las víctimas
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte avalar esta norma –que trae sanciones que van desde los 5 a los 8 años de trabajo social cuando haya reconocimiento de la verdad, o penas de hasta 20 años si no se reconoce la culpa–, pues en su concepto las gabelas a los responsables son compensadas con “contribuciones robustas” a la paz.
“Se equivocan quienes dicen que esta reforma se reduce a entregar beneficios judiciales a guerrilleros de las Farc. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta y asegura los derechos de las víctimas al exigirles (a los guerrilleros) su compromiso con la verdad o la búsqueda de los desaparecidos”, dijo el ministro Gil.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidió a la Corte analizar los alcances de la norma teniendo en cuenta que es una herramienta fundamental para terminar el conflicto armado: “La revisión constitucional no puede desconocer que el acuerdo y las normas que lo implementan permiten terminar –como lo exige el contenido del artículo 22 de la Constitución– con un conflicto armado de más de 50 años”.
Y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que la JEP da respuestas a las víctimas en todos los frentes, pues garantiza justicia y la satisfacción de otros derechos con la creación de la comisión de la verdad y la de búsqueda de desaparecidos.
Procuraduría y Defensoría, con reparos frente a derechos de víctimas y tutela
El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, y la delegada de la Defensoría, Paula Robledo, le pidieron a la Corte avalar la JEP. Según Cortés, si bien los cambios que trae esta justicia son profundos y limitan competencias del derecho penal, “son temporales y buscan garantizar la transición a la paz”. Sin embargo, criticó que la JEP haya establecido que la Procuraduría podrá actuar en ese sistema solo cuando lo soliciten los magistrados de esa jurisdicción, lo que a su juicio limita la autonomía del Ministerio Público y afecta los derechos de las víctimas.
La Defensoría del Pueblo rechazó que se limite la tutela y la competencia de la Corte Constitucional, pues el alto tribunal no podrá decidir de manera autónoma las tutelas contra los fallos de la JEP. Además, si llega a revisar una decisión de esa justicia, solo podría señalar qué derecho se violó, pero sin cambiar el sentido de la decisión. También criticó que la JEP elimine la posibilidad de interponer acciones de repetición contra miembros de la Fuerza Pública.
Fiscal pide aclarar qué va a la JEP y a la justicia ordinaria
El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que los colombianos tienen derecho a “una paz duradera” y en ese sentido pidió avalar la JEP, pero señaló varios puntos que deberían ajustarse.
Afirmó que la estabilidad de la paz dependerá de que la Corte defina muy bien qué casos tendrá que investigar la JEP y cuáles la justicia ordinaria porque, por ejemplo, el ente acusador aún tiene la competencia de investigar a quienes financiaron a las Auc pero no a la guerrilla. El hecho de que unos puedan tener unos beneficios en la JEP y otros no, según Martínez, “pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera porque la sociedad haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica”.
Martínez insistió en que debe hacerse claridad sobre quién juzgará los delitos de ejecución permanente como testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Juristas piden a la Corte ser flexible pero dar claridad sobre reparación y búsqueda de desaparecidos
El jurista Rodrigo Uprimny aseguró que nuestra Constitución es flexible al cambio y es propaz, por lo que el alto tribunal debe tener en cuenta el contexto especial que vive el país a la hora de decidir si avala esta justicia. Para Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, la JEP debería formar parte de la Rama Judicial, así se mantenga como jurisdicción independiente en cuanto a su administración. Esto, para garantizar que haya “pesos, contrapesos, controles y colaboración armónica entre las instituciones”. Estuvo de acuerdo con la Defensoría en que la JEP le está poniendo un “veto” a la Corte para estudiar las tutelas contra los fallos de esa justicia, y con la Fiscalía, en que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no debe sustituir las investigaciones que lleva el ente acusador.
Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que esta ley cumple con “estándares internacionales”, y Andrés Molano, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, que la JEP “peca por cortedad en el reconocimiento de la reparación material a las víctimas de las Farc”.
