Masacre de Avellaneda: exigen justicia a 15 años del asesinato de dos jóvenes militantes
Recuerdan a Kosteki y Santillán al cumplirse 15 años de sus asesinatos
Organizaciones sociales y políticas recordarán a los militantes barriales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, al cumplirse hoy 15 años de su asesinato a manos de la Policía Bonaerense durante una protesta de desocupados frente a la estación de Avellaneda, que dejó decenas de heridos con balas de plomo y más de un centenar de arrestos.
Los crímenes de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) ocurrieron el 26 de junio de 2002, cuando intentaban realizar el corte del puente en reclamo de puestos de trabajo y mejoras sociales. Kosteki y Santillán fueron acribillados por los policías en la ex estación de Avellaneda, en una secuencia que fue documentada por reporteros gráficos que estaban cubriendo la marcha y que aportaron un material clave para las condenas.
RECLAMAN QUE SE AVANCE SOBRE EXFUNCIONARIOS
Alberto Santillán, padre de Darío, reclamó, que la Justicia Federal «avance sobre la responsabilidad de ex funcionarios» como los entonces presidente Eduardo Duhalde; gobernador bonaerense Felipe Solá y secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, entre otros.
«Queremos justicia completa, porque no nos conformamos con la condena a cadena perpetua de los policías (Alfredo) Fanchiotti y (Alejandro) Acosta», sentenció Vanina Kosteki, la hermana de Maximiliano.
«Los responsables políticos siguen estando impunes y ahora se vienen las elecciones legislativas y seguramente van en alguna lista» porque, reprochó, «en Argentina mientras un funcionario tiene un puesto político está libre de culpa y cargo».
Según los familiares de las víctimas, «no hay una voluntad de parte de la Justicia Federal para avanzar en la responsabilidad política» ya que «pretende que sigamos presentando más pruebas», pero lo que aporta la querella «nunca es suficiente para llamar a una indagatoria».
Las actividades comenzaron este domingo con una jornada cultural en las inmediaciones de la estación que hoy lleva el nombre de los jóvenes asesinados, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen al 400, en el partido bonaerense de Avellaneda.
En el hall de la estación se presentó la biografía de Darío Santillán «El militante que puso el cuerpo», con la participación de uno de los autores, el escritor y periodista Mariano Pacheco.
En forma simultánea, sobre la avenida Yrigoyen se ofrecerán espectáculos de música, murga y teatro y a las 20 tendrá lugar el acto central con palabras de Alberto Santillán, padre de Darío, y un cierre musical que dará paso a la tradicional marcha de antorchas con sikuris y candombe y finalizará a las 23 con el comienzo de la vigilia donde se ofrecerán proyecciones sobre la historia de los movimientos populares.
MOVILIZACION DESDE PUENTE PUEYRREDÓN
En tanto, hoy a las 11 comenzará una marcha que interrumpirá el acceso al Puente Pueyrredón en ambas direcciones para recordar a los militantes asesinados y exigir que la justicia avance en la investigación por las responsabilidades políticas de lo que se conoce como «Masacre de Avellaneda».
Por el doble homicidio de Kosteki y Santillán, la justicia condenó en 2006 a prisión perpetua al ex comisario de la bonaerense Alfredo Luis Fanchiotti y al ex cabo de la misma fuerza Alejandro Acosta.
Sin embargo, familiares de las víctimas y referentes de organismos de derechos humanos reclaman que la investigación continúe y cite a declarar a quienes acusan de «dar la orden de reprimir al pueblo»: Eduardo Duhalde -por entonces presidente de la Nación-, Felipe Solá -ex gobernador bonaerense- Juan José Álvarez -ex secretario de Seguridad-, Alfredo Atanasoff -ex jefe de Gabinete bonaerense-, Carlos Ruckauf, Luis Genoud, Aníbal Fernández -ex secretario de la Presidencia-, citaron entre otros.
En ese marco, el pasado miércoles organizaciones sociales encabezadas por la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel acompañaron a los familiares y querellantes a los Tribunales de Comodoro Py para pedir al titular del juzgado 4, Ariel Lijo que «avance en las investigaciones, cite a indagatoria a quienes para la querella son acusados y no permita que prescriba la causa que ya lleva 15 años», según indicó a Télam, Leonardo Santillán, hermano de Darío.
«El juez nos aseguró que la causa no iba a prescribir y nos pidió que hagamos las presentaciones que se necesitan como querellantes», aseguró Santillán, quien lamentó tener que «hacer el trabajo que no hace la justicia».
Aunque se esperan las declaraciones de ex funcionarios nacionales y provinciales, el expediente cuenta con siete testimonios de funcionarios políticos locales y el de Cortiñas, quien declaró que al hablar telefónicamente con el entonces gobernador Solá para ponerlo en conocimiento de la represión por parte de la policía bonaerense, le respondió: «se están matando entre ellos».
La Justicia vuelve sobre la responsabilidad política de la Masacre de Avellaneda
El 25 de junio de 2002, el entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, recibió un inesperado pedido de la Casa Rosada, habitada desde el verano anterior por el presidente interino Eduardo Duhalde. Según declaró ante el juez federal Ariel Lijo, lo llamaron para pedirle el Hospital Fiorito «vacío» porque estaba prevista la realización de un operativo policial en el Puente Pueyrredón. No fue la única comunicación que tuvo ese martes.
Poco después mantuvo un cruce a los gritos con el jefe de la Departamental, Alfredo Fanchiotti. «No quiero ningún muerto mañana comisario», le dijo el intendente al uniformado que, entre otras funciones, era el enlace en la zona para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El diálogo de Laborde con Fanchiotti y los llamados de la Rosada fueron revelados en 2015, pero confirmados este miércoles pasado por la pedagoga Adriana Puiggrós que trabajaba en el mismo sector donde estaba Laborde. Ahora su testimonio forma parte de la investigación penal que indaga sobre las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda.
El operativo represivo del 26 de junio de 2002 en el que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y del que este lunes se cumplen 15 años, tuvo una investigación por los responsables directos que terminó el 9 de enero de 2006 con penas de prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta, y de cuatro años de prisión efectiva para los efectivos Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado. El ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de cárcel, su socio Gastón Sierra a tres y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses. En la actualidad están todos libres, salvo Fanchiotti que apeló la sentencia hasta la Corte. El 5 de febrero del año pasado el máximo Tribunal confirmó la perpetua que había dictado el Tribunal Oral 7 diez años antes.
No fue el único expediente. Desde la época de los asesinatos, hubo un caso federal iniciado a fines de 2002 por los familiares de Santillán y Kosteki que exigió indagar penalmente las responsabilidades políticas. Luego de tres años de instrucción fue archivado hasta 2015, cuando los querellantes presentaron un contundente pedido con nuevos indicios para reabrir la causa, donde están acusados Duhalde; Rodríguez; el entonces gobernador, Felipe Solá; su ministro de Seguridad, Luis Genoud; el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez. También actuaron Carlos Federico Ruckauf, antecesor de Solá en la Provincia; y el entonces ministro del Interior, Jorge Matzkin, uno de los primeros en hablar de «una pelea entre piqueteros». En esos días el funcionario era acompañado por un joven viceministro: Cristian Ritondo, actual ministro de Seguridad bonaerense.
Todos los sospechados negaron cualquier vinculación con la planificación de los crímenes, pero los nuevos datos que surgen desde la reapertura de la causa, donde interviene la fiscal federal María Paloma Ochoa, podrían demostrar lo contrario y poner en duda la vehemencia de algunos mencionados que siguen negándolo todo. En diálogo con Tiempo, el abogado querellante Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza y que representa a Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, explicó que la confirmación de Puiggrós sobre el testimonio de Laborde aportó nuevos elementos y actualizaron otros que también había hecho Eduardo Villalba, también funcionario del municipio en esa época. «Ahora pedimos que llamen a declarar a los jefes de las tres fuerzas que intervinieron, y también a otros testigos que fueron funcionarios, o que lo son ahora. Uno de ellos, que es abogado y defendía a los detenidos en una comisaría, vio como entró personal de la SIDE pidiendo el listado de los detenidos», amplió.
Los nuevos indicios, en rigor, son parte de una trama que los familiares, los organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas, como el Frente Darío Santillán, denuncian hace más de una década. Sucede que la Masacre de Avellaneda tiene íntima relación con la represión desatada el 20 de diciembre de 2001, seis meses antes, especialmente por la aplicación de la entonces flamante Ley de Inteligencia Nacional, que reordenó el Consejo de Seguridad Interior bajo la órbita presidencial y estructuró los mandos represivos de todas las fuerzas, con una activa intervención de la SIDE.
