Argentina: abren el camino a la impunidad para el genocidio y el vaciamiento financiero – Por Aram Aharonian
El escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que habilitó el beneficio del dos por uno para crímenes de lesa humanidad cometidos por represores de la dictadura cívico-militar, siembra la posible impunidad y protección legal a los responsables del daño económico y social que la matriz financiera y la deuda externa generaron y siguen generando.
Lo que se teme es que se trate de cimentar las bases de una nueva etapa de impunidad en el país, después de que el presidente Mauricio Macri designara dos jueces de la Corte, para que el 3 de mayo pudieran sumar este disparate jurídico, que posibilita, entre otras cosas, la reducción de penas a condenados por apropiación de bebés de desaparecidos.
A la indignación de víctimas, familiares, movimientos sociales, sindicatos, políticos se sumó el reclamo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que advirtió que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.
El titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, señaló que “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
Según Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno y la Iglesia Católica, con movidas previas de Jorge Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Coincidentemente, monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó a principios de mayo que «se comenzará con un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro».
Verbitsky añade que el 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por los delitos de lesa humanidad, en una gestión impulsada por la Iglesia Católica, hoy presidida por un argentino. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig.
Asimismo, los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos y puestos en mano de Macri muestran que tanto el nuncio apostólico de los años de la dictadura, Pío Laghi, como la dirigencia de la sociedad israelita DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita.
A ello hay que sumar el sobreseimiento de la causa “megacanje”, que incrementó los compromisos de la deuda externa y pagó comisiones escandalosas a los bancos colocadores, en los que han (o siguen) trabajado muchos que hoy son funcionarios del gobierno.
Mientras estos disparates jurídicos se suceden, la luchadora social Milagro Sala sigue ilegalmente privada de su libertad pese a las protestas de las organizaciones humanitarias de todo el mundo, ya que no llega una respuesta de una Corte Suprema más entusiasmada en liberar genocida y crear un marco jurídico donde no puedan ser responsabilizados, en un futuro, aquellos que se apropien de las finanzas públicas y deprenden el país.
Porque cuando –por ejemplo- las cláusulas de los acuerdos de deuda externa se estudien saltarán los profundos vínculos entre el respaldo a los genocidas y las políticas de sumisión al capitalismo financiero, lo que provocan hoy vergüenza porque representa un retroceso en dos cuestiones en las que Argentina había sido por más de una década un país modelo.
Temor generalizado
Nuevamente son los cómplices civiles de la dictadura, desde el poder factual, favorecidos de aquel modelo económico para pocos, quienes presionan a los distintos poderes para reinstaurar las leyes de la impunidad, y destrozar la política implementada entre 2003 y 2015 de fortalecimiento de los procesos constitucionales de juzgamiento a los represores, a partir de una firme vocación de jerarquizar las banderas de “memoria, verdad y justicia”.
Pero la jugada es más atrevida: la de cimentar las garantías constitucionales para favorecer a quienes fueron responsables del terrorismo de estado y de implantar una matriz financiera y especulativa que endeudó al país, destruyendo el aparato productivo y las aspiraciones de independencia económica. Matriz impuesta en la dictadura y que ahora repite el macrismo.
Según datos oficiales en el país hay 1.004 policías y militares detenidos por delitos de lesa humanidad. De ese total, 455 están alojados en cárceles provinciales o federales; el resto (518) tiene prisión domiciliaria. Además, otros 1.149 están imputados en causas que investigan las atrocidades cometidas durante la dictadura. Las dilaciones en el proceso judicial hacen que una gran cantidad de represores (el 50%) todavía no tenga condena y esté en libertad.
Ahora, la Corte decidió otorgar el beneficio del 2×1 (cada año detenido sin condena firme se computa doble) a los genocidas, en un fallo que generó el repudio generalizado. Según informaron desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, 278 represores podrían salir de prisión. Entre ellos, los genocidas Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta y Ricardo Cavallo. Eran responsables de la represión en la ESMA.
La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, Ángeles Ramos, exigió que se declare inconstitucional el 2×1 para represores condenados por delitos de lesa humanidad
Eduardo Barcesat, especialista en Derechos Humanos, dijo que la decisión de restablecer la ley 24.390 «es un quiebre del principio del deber de audiencia de la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos que integran la Ley Suprema de la Nación”, y que, “tanto la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos”.
El jurista recordó que “Este fallo es un retroceso, que viene con la campaña a partir de un contexto donde el presidente ningunea los derechos humanos, y que habla de guerra sucia”, señaló, tras reclamar . el inicio de investigación del juicio político para los tres jueces de la Corte que están quebrando la doctrina de la Corte Suprema.
La ya derogada ley 24.390 –conocida como el beneficio del 2×1 y que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001-, permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. La aplicación de esta regla a condenados por delitos de lesa humanidad, desconoce el carácter permanente de los mismos y que el beneficiado genocida Luis Muiña, integrante de una patota parapolicial conocida como «Swat» que operó dentro del Hospital Posadas, ni siquiera estuvo detenido durante la vigencia de aquella ley.
Un retroceso peligroso
El fallo de la CSJN implica un retroceso en los avances jurídicos alcanzados en materia de delitos de lesa humanidad y además plantea un doble estándar: mientras desde las tribunas de opinión los poderes concentrados promueve la mano dura y la demagogia punitiva.
A este fallo se suman la inacción de la justicia en el juzgamiento de las causas que investigan la participación civil durante la última dictadura cívico militar y el otorgamiento de prisión domiciliaria a genocidas que se encontraban cursando condena en cárcel común. Cabe recordar que para imponer la sangrienta dictadura entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas contaron con la autoría y protagonismo directo de elites empresarias y miembros de la cúpula de la iglesia católica y sectores conservadores del Poder Judicial.
Ésto no se verificó solo en los años de la última dictadura cívico-militar sino con una clara línea de continuidad que llega hasta hoy. Estas líneas de continuidad están relacionadas con el modelo de especulación y exclusión social que se está llevando adelante en el país.
En este mismo sentido, aún existen más de 156 leyes y 261 tratados y acuerdos sancionados durante la última dictadura militar que permanecen vigentes, entre ellas diez leyes vigentes que regulan al poder judicial y aún sigue en vigencia la ley que regula el sostenimiento de la Iglesia Católica la cual fue “promulgada” el 14 de octubre de 1983 a 50 días de la vuelta democrática, como último pago de favores a la dirigencia de ésta por su participación en la campaña represiva por parte de las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones y humanitarias manifestaron su más enérgico repudio al indulto encubierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al aplicar el 2×1 y exigieron cárcel común a los genocidas y el juzgamiento a los responsables civiles de la última dictadura cívico-militar, así como la apertura y democratización de los archivos para la investigación y esclarecimiento de la participación de la Iglesia Católica o de sus funcionarios en actos de lesa humanidad.
Sostienen que el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles, empresarios y religiosos, es el único camino para terminar con la impunidad y avanzar en la consolidación de la democracia. Por eso, exigieron también el inmediato acceso a los archivos desclasificados por la Iglesia, sin la mediación de ningún protocolo y abierto a la ciudadanía en general garantizando así el derecho ciudadano y democrático de libre acceso a la información, base esencial para el afianzamiento de las políticas de memoria.
Un mismo libreto
El programa de gobierno del macrismo tiene fuertes puntos de contacto con el de la última dictadura cívico militar. Transcurrido un año y medio de mandato, lo único que los diferencia es la legitimidad de origen del actual gobierno constitucional.
Es que, en el plano económico, la matriz ideológica que estructura el pensamiento del macrismo es idéntico al de ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, sino también el de los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rua, Domingo Felipe Cavallo, y mantiene una continuidad indisoluble con el resto de las experiencias autoritarias a nivel político y excluyentes de las mayorías populares desde el plano socioeconómico.
La destrucción del entramado industria, priorizando a un sector agroexportador muy reducido es tal vez el aspecto más nocivo del actual modelo. El cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores y trabajadoras desde fines de 2015 no es un “resultado no deseado”, sino el núcleo mismo de la política oficial. El fin último es bajar salarios, y eso sólo se puede implementar a partir de un “ejército de reserva” lo suficientemente amplio como para aceptar condiciones abusivas de trabajo.
La toma de deuda –pública y privada- es la herramienta para generar un clima espurio de “veranito económico”. Claro que el festival de deuda redunda en el largo plazo en las crisis de deuda que históricamente han asfixiado a nuestro país, y recaído indefectiblemente en la totalidad del pueblo argentino. Así, en tan sólo dos años, Argentina va a pasar a triplicar su stock de deuda externa. Además, el peso de los intereses cada vez empieza a pesar más en las finanzas nacionales, lo cual empieza a constituir una bola de nieve que será difícil de frenar.
El modelo de apropiación de renta por parte de los sectores concentrados también gravita en el influjo de capitales golondrina, consecuente valorización financiera y posterior fuga de capitales. La histórica “bicicleta financiera” que los proyectos neoliberales implementan para favorecer a los principales jugadores del mercado transita en la actualidad por su mayor esplendor. Con tasas en pesos en niveles exorbitantes y un dólar planchado, ninguna actividad productiva es rentable: el modelo económico macrista sólo ofrece incentivos para la inversión especulativa.
La aplicación del modelo económico de la dictadura se implementó a sangre y fuego. El Estado autoritario, recurrió al genocidio de más de 30.000 personas para intentar borrar de la memoria popular la lucha por la justicia social y la redistribución del ingreso. No es casual que la mayoría que posibilitó este reciente fallo haya sido constituida a partir del voto de los dos jueces supremos recientemente nombrados “a dedo” por el gobierno de Mauricio Macri.
Sólo a partir de una sociedad movilizada y activa, el macrismo tuvo que retroceder en decisiones antipopulares como eliminar el feriado del 24 de marzo, la elección por decreto de los ministros de la Corte Suprema, o la modificación de la Ley de movilidad para los jubilados, entre otras.
En este clima de impunidad, donde los genocidas puedan escaparse y/o declarar en la televisión que no están arrepentidos de sus asesinatos, desaparición de 30 mil personas y secuestros de cientos de niños nacidos en cautiverio, resulta difícil imaginar que esta “justicia” meta preso a algún delincuente económico, un banquero especulador que provoque una corrida bancaria y destruya el ahorro de los argentinos o algún gran capitalista evasor que fuga y lava sus dineros en paraísos fiscales o abusa de los dineros públicos. Máxime si es alto funcionario del gobierno.
(*) Periodista uruguayo, magister en Integración, fundador de Telesur, codirector del Observatorio de Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae), y presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (Fila). Autor de Vernos con nuestros propios ojos y La internacional del terror mediático, entre otros textos.
