Argentina: organismos de DDHH convocan a una marcha en repudio al fallo que beneficia a represores
Los organismos de derechos humanos convocaron a una marcha para el miércoles próximo
Un importante grupo de organismos defensores de los derechos humanos convocaron a un acto contra lo que calificaron como un «nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas».
La manifestación tendrá lugar el próximo miércoles 10 de mayo a las 18 horas frente al Palacio de Justicia, Talcahuano 550, en la Plaza Lavalle.
«Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite», expresaron las agrupaciones en un comunicado.
Lo firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Las Madres protestaron frente al Episcopado contra el 2×1 y la “reconciliación”
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini protestó frente a la Conferencia Episcopal Argentina en rechazo al fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 a represores y contra la campaña de la Iglesia a favor de la reconciliación entre víctimas de la última dictadura y sus victimarios.
“La Iglesia nunca perdonó a quienes mataron a Jesucristo. Hablan de Judas. ¿Por qué tenemos que perdonar nosotros? ¿Cuántos Judas hay acá?”, manifestó Bonafini en diálogo con radio Del Plata.
Y consideró que impulsan esta “reconciliación” para perdonarse a ellos mismos, ya que fueron muchos los sacerdotes que participaron de la represión.
Sobre la reciente decisión de la Corte Suprema que redujo la condena a un represor al habilitar el 2×1 en su condena y los intentos de reconciliación de la Iglesia, la titular de la Asociación de Madres manifestó que este gobierno “asumió para esto”.
“Son las promesas de Macri, del perdón a los asesinos”, sostuvo. «Vender limones y liberar milicos, eso es lo que quieren. Estados Unidos le dice a Macri: si querés más plata, liberá milicos», aseveró.
[AHORA] Las Madres expresan su rechazo a la propuesta de "reconciliación" de la Iglesia, frente a la sede del Episcopado pic.twitter.com/QMNBmbc5Cb
— Prensa Madres (@PrensaMadres) May 4, 2017
Tras el fallo de la Corte Suprema, dos represores condenados por robo de bebés pidieron ser beneficiados por el «2×1»
Un día después de que la Corte Suprema de Justicia avalara el cómputo del 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad, Víctor Gallo, un ex represor condenado por robo de bebés, pidió que se le aplique el mismo beneficio.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, Gallo, que está detenido desde febrero de 2010, pidió ser liberado al Tribunal Oral Federal 6 y este resolverá la solicitud en las próximas 24 horas.
Gallo está acusado por la apropiación de Francisco Madariaga y fue condenado a una pena única a 25 años de prisión. En base al fallo de la Corte, la defensa pidió el 2×1. Ahora deberá dictaminar la fiscal Ángeles Ramos y luego resolverá el TOF6.
También hubo otro caso, pero en el TOF5. Héctor Girbone, también condenado por la apropiación de un menor, pidió ser beneficiado con el 2×1. Deberán resolver los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Gabriel Nardiello.
Antecedente
Por decisión de la mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable la Ley 24.390 –conocida como 2×1–, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y hoy está derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.
Los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti votaron por la afirmativa, mientras que en disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), la sentencia del máximo tribunal fue dictada en el caso de Luis Muiña –Expediente «BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario».
Cristina Fernández: “Es un retroceso de 20 años en derechos humanos”
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña concediéndole el cómputo de dos por uno en el cumplimiento de una sentencia por delitos de lesa humanidad sumó más repudios de todo el arco político. “Es un retroceso de veinte años en un tema como los derechos humanos, donde Argentina ocupó desde 2003 un lugar de ejemplo en el mundo. Todavía no sabemos qué pasó con muchos de los desaparecidos. Siento que con esto se los hace desaparecer dos veces”, dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El senador Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, sostuvo que “el fallo sorprendente tira abajo todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos”.
Los diputados del Bloque Justicialista (BJ) afirmaron que “hay un grave retroceso en la política de derechos humanos”; y, desde Unidad Popular (UP), el ex diputado Claudio Lozano agregó que “estamos frente al fallo de la impunidad”. La CGT también expuso su “perplejidad” ante “la decisión de la Corte de beneficiar a los genocidas que implementaron el terrorismo de Estado”. La única excepción fue la alianza oficialista Cambiemos: el PRO y la CC esquivaron pronunciamientos, aunque el comité nacional de la UCR se diferenció con un escueto comunicado cuestionando el fallo, a lo que se sumaron algunos diputados.
“Quiero vivir en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Lo de ayer (por el miércoles) es un punto de inflexión y yo creo que la sociedad va a saber encontrar los caminos para retrotraer esto”, agregó CFK en un acto junto a los docentes de Sadop. “No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser de otro color. Si puede cambiar esto y el pueblo lo convalida, ¿qué piensan que van a hacer con los otros derechos?”, planteó la ex mandataria.
Ya se habían pronunciado en duros términos contra el fallo los diputados nacionales y los senadores bonaerenses del FpV-PJ, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda, el GEN y Libres del Sur. Además del conjunto de los organismos de derechos humanos.
“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos. No se trata sólo de una cuestión legal, sino que este fallo también es coherente con los cambios que viene llevando a cabo (el presidente Mauricio) Macri. Ninguna de sus declaraciones han sido meras provocaciones sino decisiones planificadas”, sumó ayer Solanas.
Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) presentó un proyecto de resolución que propone al Senado expresar el “más profundo rechazo” al fallo de la Corte Suprema que beneficia a un condenado por delitos de lesa humanidad.
“Los avances de estos años fueron el resultado de un fuerte compromiso del Estado, los organismos de derechos humanos y la ciudadanía. Esta vez nos encontramos ante un indulto encubierto”, dice el comunicado de los diputados del BJ, quienes mostraron su preocupación: “Produce escalofrío pensar que podrían volver a caminar entre nosotros los apropiadores, los secuestradores y los asesinos hoy detenidos”. La UP también se plegó a los repudios. “Estamos frente al fallo de la impunidad”, dijo el ex diputado Lozano.
La CGT se pronunció contra el beneficio que el máximo tribunal de Justicia concedió al represor Muiña: “La desafortunada decisión de la Corte Suprema –adoptada por simple mayoría– aplicó de forma errónea normas del derecho penal común a los delitos contra la humanidad”, dice el comunicado firmado por el triunvirato cegetista conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. “La desaparición de personas y los secuestros de bebés son de ejecución permanente hasta tanto aparezcan las víctimas, por lo que es arbitrario que los responsables recuperen la libertad mientras ese delito continúa cometiéndose”, subraya el documento.
La Corriente Federal de Trabajadores que encabeza La Bancaria e integra la CGT calificó el fallo de los supremos como “aberrante” y estimó que representa “un retroceso inadmisible en las políticas de Estado de derechos humanos”. “El fallo se enmarcó en la expresa política de la coalición gobernante, que procura borrar la memoria y tergiversar la verdad como estrategia para imponer idéntico plan económico al de Martínez de Hoz durante la dictadura”, puntualizó su documento.
El oficialismo, en cambio, esquivó cualquier definición. El PRO y la Coalición Cívica-ARI confluyeron en una estrategia de silencio. Los sacudones internos no le permitieron al radicalismo seguir la misma línea y el comité nacional de la UCR expresó su “enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte”, aunque reafirmó su “irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”. “Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos”, dice el segundo y último párrafo de la declaración. También opinaron algunos diputados radicales. El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se manifestó más en términos técnicos que políticos: “Reduciendo sensiblemente la pena a aplicar, se vulnera el derecho internacional que obliga a sancionar de manera efectiva los delitos de lesa humanidad”, sostuvo en un comunicado. “No tengo dudas de que el fallo de la Corte no es el correcto”, advirtió Ricardo Alfonsín.
