Deuda del Grupo Macri con el Estado: fiscal pide investigar la administración de Correo Argentino
Un nuevo capítulo se suma a la polémica por el acuerdo entre Correo Argentino SA, propiedad de Franco Macri, padre del Presidente, y el Estado. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, le pidió al procurador del Tesoro que investigue y audite todo el concurso de acreedores de la empresa de servicios postales y logísticos desde 2001. El funcionario judicial busca saber por qué en 16 años el Estado nunca pudo cobrar la deuda que mantenía el Grupo Socma, de la familia presidencial. Además, Rodríguez pidió que se abra un sumario administrativo para investigar a los funcionarios oficialistas que intervinieron en el actual convenio entre el Correo y el Gobierno, el cual implica una condonación de la deuda cercana al 99% y una quita de 70.000 millones de pesos a 2033. “El sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa de 2001 hasta el año 2033”, explicó Rodríguez.
El fiscal le envió un oficio a Carlos Balbín, procurador del Tesoro, “ordenándole un sumario administrativo para que investigue y deslinde las responsabilidades de los que participaron en este acuerdo” y, por otro lado, “una auditoría de todo el proceso concursal” para que explique “por qué el Estado no pudo cobrar su deuda en 16 años”. Además, señaló que en ese sentido hay que investigar “responsabilidades de varios funcionarios” a lo largo de esos años. La primera medida adoptada por el fiscal responde a que el funcionario que firmó la propuesta, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, “no tendría las facultades necesarias”.
Durante esos 16 años, en noviembre de 2003 el kirchnerismo estatizó el Correo y aceptó no cobrar el canon a la empresa, por lo que la investigación también incluiría a exfuncionarios del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El pedido de Rodríguez se da en medio de las incesantes críticas por parte del arco opositor y referentes políticos, y de las recientes actuaciones legales contra el acuerdo.
En este marco, el funcionario judicial explicó que trasladó a la Justicia la presentación realizada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que impugnó el acuerdo tras calificarlo como abusivo y ruinoso para el Estado. “En virtud de los cálculos de distintas direcciones de contadores de la Procuración General, ella tildó el acuerdo de abusivo y yo no podía dejar de poner esto en conocimiento de la Justicia”, señaló Rodríguez.
Mauricio Macri y Franco Macri son empresarios que han tenido vinculación con la obra pública y con el “Estado nacional desde hace mucho tiempo, entonces hay cosas que en algún punto se tocan”, explicó el fiscal, sobre el posible tráfico de influencias involucrado en el acuerdo. Rodríguez trasladó la denuncia y calificó el hecho como “administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles”.
El fiscal recordó que la deuda comprobada por el Estado es de 296 millones de pesos, a monto nominal de 2001 y explicó que en este caso, que se trata de un concurso, “cuanto más tiempo pasa es mejor para el concursado” porque eso licúa la deuda. “Si uno fuera acreedor, no querría cobrar lo mismo que le debían en 2001 después de tantos años. Esto es un concurso de acreedores, la firma tiene una deuda, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus representantes es tratar de cobrarla de la mejor manera posible”, concluyó Rodríguez.
