Colombia: Santos ordena implementar medidas urgentes para proteger a líderes sociales
Presidente ordena implementar, con sentido de urgencia, medidas para proteger a líderes comunales y defensores de DD.HH.
“No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de paz”, afirmó el Mandatario en declaración al término de una sesión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos.
El Jefe del Estado convocará a una reunión de seguridad con los gobernadores de los departamentos más afectados por los homicidios de líderes sociales e indicó que la Fiscalía acelerará su tarea investigativa para esclarecer los casos.
El Presidente Juan Manuel Santos ordenó hoy “intensificar, con sentido de urgencia” las medidas necesarias para proteger a líderes comunales y defensores de derechos humanos y dijo que la Fiscalía acelerará su tarea investigativa para esclarecer cada uno de las acciones violentas en contra de líderes sociales.
El Mandatario, quien lideró una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos en la Casa de Nariño, tras condenar y rechazar enérgicamente los crímenes de los dirigentes, advirtió: “No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz”.
Anunció, que convocará una reunión seguridad con los gobernadores de Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Norte de Santander, los departamentos más afectados por los homicidios e indicó que la Fiscalía General de la Nación “acelerará su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos y determinar los responsables”.
Informó, además, que le solicitó a la Unidad de Protección de Personas que “se reúna con las organizaciones sociales para examinar la situación de seguridad y priorizar los dispositivos de protección”.
Así mismo, señaló que delegados del Gobierno Nacional y la Fiscalía participarán, semanalmente, en consejos de seguridad en los municipios más afectados, para hacer seguimiento pormenorizado a la situación.
Explicó que tales hechos “son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos, de la incertidumbre, frente a la implementación del acuerdo de paz”.
En ese orden de ideas se refirió a la urgencia de pasar a la siguiente etapa del agrupamiento y ubicación de las FARC en las zonas veredales de transición con el fin de “dar garantías a todos los ciudadanos de todas estas zonas”.
“Seguiré al frente de esta situación, con reportes diarios de los Ministros de Defensa e Interior”, puntualizó el Presidente de la República.
En la sesión de la Comisión participaron: Ministros del Interior y de Defensa, el Fiscal General de la Nación, el Director de la Policía Nacional, la Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia, el General ( r ) Óscar Naranjo, Todd Howland, Director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Vicedefensora del Pueblo y el director de la Unidad de Protección a Personas.
La Misión de las Naciones Unidas en Colombia manifestó su «preocupación» luego de que dos líderes campesinos fueran asesinados en los departamentos de Caquetá y Meta, zonas afectadas por el conflicto armado con las Farc, y exhortó al Gobierno a tomar medidas «urgentemente».
«Las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera», señaló la organización en un comunicado.
La Misión de la ONU señaló que espera que la investigación solicitada por la Defensoría del Pueblo, así como las medidas que puedan tomar los diferentes organismos del Estado colombiano, contribuyan a la «protección de la población civil y a generar mayor tranquilidad en las comunidades».
En este sentido, el presidente Juan Manuel Santos convocó a una reunión para «adoptar medidas» después del asesinato de dichos líderes campesinos.
Por otra parte, la ONU recordó que el acuerdo de paz con las Farc «prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes (…) de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, así como la seguridad para el ejercicio de la política, en particular mediante la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad».
«En este momento la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra adelantando una serie de misiones de verificación en terreno», agregó la información, que apunta que próximamente se informará a la opinión pública de los resultados de las mismas.
Por su parte, las Farc reclamaron al presidente Santos que se posicione sobre el asesinato de líderes campesinos, una situación que al parecer de los guerrilleros «amenaza» el recién alcanzado acuerdo de paz, y pidieron que se implemente ya el punto sobre garantías de seguridad.
«Si está comprometido con la paz de Colombia actúe en consecuencia poniendo punto final a este exterminio de inocentes cuyo pecado parece ser su pensamiento crítico y visión de nuevo país, implementando ya el acuerdo sobre garantías de seguridad», dice una misiva del Secretariado de las Farc.
Marcha Patriótica: “Necesitamos acciones concretas para frenar el genocidio”
En medio de un plantón realizado a las afueras del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, voceros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, solicitaron al Gobierno Nacional protección a los líderes sociales. El último fin de semana fueron asesinados 3 campesinos mientras otros 3 sufrieron atentados.
Según el documento radicado por la Marcha Patriótica, en el país se preseta una media de 30 asesinatos por año: 124 militantes de ese movimiento fueron asesinados en 4 años de existencia. Las autoridades no responden.
David Flórez, vocero de esa organización, aseguró que en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político: “Hay un elemento sistemático de exterminio, los 124 crímenes demuestran que quieren acabar con nuestro movimiento político”.
De igual manera, Flórez señaló que el país asiste a la reactivación de grupos paramilitares , elemento que se relaciona directamente con la persecusión a la Marcha: “En el norte del Cauca, en límites entre Caquetá y Meta, en Antioquia, en Chocó, los paramiltares están atentando contra las organizaciones sociales”.
Flórez llamó al General Jorge Hernando Nieto, comandante de la Policía, y al viceministro del Interior Guillermo Rivera, a no negar la sistematicidad de los crímenes: “Queremos acciones concretas para frenar el genocidio, nos hemos reunido en múltiples ocasiones con el presidente Juan Manuel Santos, con el ministro Juan Fernando Cristo, con el Fiscal General, pero aún no tenemos soluciones reales”, aseguró.
La estigmatización gubernamental
Los voceros de la Marcha Patriótica denunciaron que el alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, Humberto Sánchez, hizo falsas acusaciones sobre Erley Monroy, líder campesino de la Zona de Reserva de Lozada-Guayabero asesinado este fin de semana.
Sánchez, integrante del partido de derecha Centro Democrático, acusó sin prueba alguna a Monroy de pertenecer a las FARC y de liderar las extorsiones en la zona.
Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, responsabilizó a Sánchez del asesinato. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter:
El responsable de la masacre de campesinos en San Vicente del Caguan es el Alcalde del Centro Democrático. Estigmatiza a los pobladores
— Aída Avella Esquivel (@AidaAvellaE) November 20, 2016
Las FARC se pronuncian
En un comunicado de prensa, el Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- rechazaron los asesinatos que se presentan a pocas horas de la firma del Acuerdo Final: “El dolor y la indignación nos han obligado dirigirle esta carta pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición y compromiso, no con las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país”, aseguraron.
El Secretariado agregó que se trata de una situación dramática y preocupante. Este es el consolidado de los hechos relevantes de la última semana:
—Atentado contra Argemiro Lara de Fensuagro en Sincelejo.
—Asesinato de Erley Monroy dirigente Ascal-G en San Vicente Del Caguán, Caquetá.
—Atentado contra Danilo Bolaños, líder de Astracan en Nariño, cuando se disponía a participar en un Cabildo por la Paz.
—Asesinato de Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada, área de San Vicente del Caguán.
—Atentado contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá.
—Acaban de asesinar a Rodrigo Cabrera, hermano del líder de víctimas de Policarpa, Nariño.
El telón de fondo de las amenazas y los asesinatos es la firma del acuerdo final que tendría lugar en la Quinta de Bolívar el miércoles.
!Que pare el genocidio! Carta abierta de las FARC-EP al presidente Santos
Señor Presidente:
A pocas horas de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno que usted preside y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el dolor y la indignación nos han obligado dirigirle esta carta pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición y compromiso, no con las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país.
Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos.
Esta misma semana, ocurrió lo siguiente:
– Atentado contra Argemiro Lara de FENSUAGRO en Sincelejo.
– Asesinato de Erley Monroy dirigente ASCAL-G en San Vicente Del Caguan, Caquetá.
– Atentado contra Danilo Bolaños, líder de ASTRACAN en Nariño, cuando se disponía a participar en un Cabildo por la Paz.
– Asesinato de Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada, área de San Vicente del Caguán.
-Atentado contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá.
– Acaban de asesinar a Rodrigo Cabrera, hermano del líder de víctimas de Policarpa, Nariño.
Es tan grave la situación que en las últimas 48 horas se han presentado 3 muertes y 2 atentados.
Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder.
Colombia entera recuerda, que usted, en un acto de valor moral reconoció la culpabilidad del Estado en el exterminio de más de 5.000 líderes de la Unión Patriótica. Este es un importante paso en el proceso de reparación, pero nadie se explica por qué, si hay determinación de acabar con la guerra sucia no se toman las decisiones que efectivamente desarticulen el paramilitarismo.
No es admisible, que tomando nombres como “Los Úsuga” o las “Águilas Negras”, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante.
Por un momento, señor Presidente, haga un ejercicio mental y póngase en el lugar de las organizaciones sociales victimizadas, o en el nuestro, y pregúntese ¿qué actitud asumiría usted frente a este río de sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz que adelantamos? Y qué haría Usted, ante la reciente violación del cese al fuego que produjo la muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar?
Si está comprometido con la paz de Colombia actúe en consecuencia poniendo punto final a este exterminio de inocentes cuyo pecado parece ser su pensamiento crítico y visión de nuevo país, implementando ya el acuerdo sobre garantías de seguridad.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL FARC-EP
Estos son los líderes que sufrieron atentados
Luego del fin de semana de horror, en el que cinco líderes sociales sufrieron atentados, varios representantes sociales se reunieron a las afueras del búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
El propósito era claro: pedir justicia y que los graves hechos sean investigados. Así, según Camilo Fagua, asesor jurídico de la Fundación Por la Defensa de los Derechos, aseguró que él y los manifestantes exigían al ente acusador y al Gobierno «que actúen de manera inmediata para dar con los responsables de los crímenes ocurridos».
«Para nosotros es de vital importancia que haya garantías efectivas para defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Es necesario que los acuerdos de La Habana se implementen de inmediato», agregó.
Fagua aseguró que la fundación de la que hace parte y los líderes que fueron asesinados este fin de semana habían denunciado en meses anteriores la aparición de panfletos alusivos al grupo paramilitar de las AUC en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Por su parte, la excongresista Gloria Inés Ramírez, quien también asistió a la manifestación, aseguró que lo que quieren «acciones claras del Gobierno para garantizar la existencia de la Marcha Patriótica, a través de la vida de sus dirigentes».
«Se han hecho 124 asesinatos en cuatro años. En la última semana tenemos cinco. Estos nos muestran que lo que hay aquí es un plan de exterminio que nuevamente tiene que llamar no solamente las alertas sino al Gobierno y a toda la institucionalidad para que no se minimicen los hechos, como se ha tratado», dijo.
Y agregó: «No queremos que Colombia vuelva a vivir una Unión Patriótica (…) Son los mismos comportamientos que están mostrando que hay en marcha un plan de exterminio».
En relación con los hechos del fin de semana, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez aseguró que «no podemos permitir que estos hechos se empiecen a consolidar en ningún lugar del territorio». Por eso, la Fiscalía consolidó un grupo de 21 investigadores que se encuentran en Caquetá haciendo las pesquisas del caso para esclarecer los hechos.
Erley, un líder nato
Erley Monroy Fierro no era un líder cualquiera en Caquetá y Meta. Era una acérrimo defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, que murió el viernes pasado en la vereda Siberia, en San Vicente del Caguán.
Tenía 54 años y muchos sueños por cumplir. Quiso ser diputado de la Asamblea Departamental del Meta para 2016 – 2019, pero en las elecciones pasadas los votos no le alcanzaron para ocupar la silla como uno de los representantes del partido Alianza Verde.
Perder la oportunidad no fue impedimento para que siguiera en sus luchas. Defendía con las uñas la Zona de Reserva Campesina del Losada – Guayabero, que queda en la región de La Macarena, entre Meta y Caquetá. Allí mismo nació él.
Desde que la controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, más conocida como fracking, llegó a Colombia, Erley Monroy se opuso. Fue uno de los líderes que se enfrentó a las empresas que llegaron con la intención de buscar pozos petroleros en región de La Macarena.
Tenía la convicción de que las petroleras no solo generan un daño ambiental, sino que hacen un mal al tejido social. «Nunca llegan con cosas buenas», dijo Monroy en varias entrevistas. Su capacidad de liderazgo logró unir a varias organizaciones para pedir la defensa de los parques Tinigua, Picachos y Sierra de La Macarena.
Fue integrante de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G), una organización representativa del sector agrícola. Desde allí, empezó a denunciar la presencia de grupos paramilitares en Caquetá. Y es que en San Vicente del Caguán, incluso, empezaron a circular panfletos firmados supuestamente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En los últimos meses, Monroy sabía que las cosas no estaban bien. Según contó a personas cercanas, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, lo había acusado de pertenecer a las FARC y de cobrar supuestas extorsiones.
El mandatario local expresó su molestia en una misiva que envió al presidente Santos en abril pasado, donde decía que había un “inconformismo” por el “abuso” de personas cercanas a las FARC. Entre esas personas, al parecer, estaba él.
Monroy murió el viernes 18 de noviembre, pero su lucha viva. “La muerte del líder no será en vano. No vamos a permitir que nos sigan matando. Seguiremos juntos hasta el final”, puntualizó un miembro de Ascal G.
Danilo se salvó de milagro
A Danilo Bolaños Díaz le dispararon seis veces, de frente, a quema ropa. Y ningún tiro lo alcanzó. Danilo tiene 25 años. Había salido de una jornada de cabildos abiertos e iba en moto con su novia para la vereda Cedral Alto, del municipio de Leyva, en Nariño, allá donde dedica la mitad de tiempo a cultivar café, aguacate y plátano.
El resto de sus jornadas las usa para trabajar como secretario de la Junta de Acción Comunal y miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). A unos 20 minutos de llegar se encontró con la moto desde la que dos encapuchados le descargaron las balas. “¡dele, dele, dele!”, gritaba el parrillero. La intención era matarlo a como diera lugar. Pese a no saber quién pudo estar detrás del intento de quitarle la vida, su vinculación con la Marcha Patriótica es lo que une a Danilo con atentados que se cometieron este fin de semana en otras regiones del país.
Danilo dice tener razones para seguir trabajando por comunidad. En la vereda hay muchas necesidades: los campesinos no tienen buenas carreteras, no tienen posibilidades de educación de calidad. “Yo a duras penas soy bachiller”, dice. En el municipio, que tiene 7 mil habitantes, solo hay tres colegios para estudiar. “Sin contar que hay sectores muy aislados, entonces los niños tienen que caminar 40 minutos, una hora. Es muy complicado”.
¿Qué sigue para Danilo? Su situación no es la más alentadora. Haber estado tan cerca de la muerte lo dejó en condiciones de vulnerabilidad. Su futuro como líder, de no recibir protección del Estado, es incierto.
Hugo lucha por sobrevivir
A las 6:30 p. m. del pasado sábado, el líder social Hugo Cuéllar salía del velorio de su compañero Erley Monroy, asesinado el día anterior en San Vicente del Caguán. Afuera lo estaban esperando dos sicarios que atentaron contra su vida y le dispararon cinco veces. “Solo sé que uno de los tiros fue en el estómago, y lo recibió cuando intentó forcejear con los asesinos”, dijo un campesino del municipio.
Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria (La Macarena), logró resistir los impactos de bala, pero se encuentra luchando por su vida en un hospital en Florencia (Caquetá).
Él es conocido como el gran líder de La Victoria, el hombre que se ha pronunciado en contra de los atropellos que supuestamente han cometido las fuerzas armadas en esa región del país.
Como miembro del Comité de Derechos Humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC) en esa región, ha denunciado amenazas por parte de la Policía y el Ejército.
“Nunca le gustó cuando la Fuerza Pública hacía presencia en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal. En el contexto de ellos se ve intimidante, y agresivo”, contó un miembro de esa Fundación.
Cuéllar también hacía parte de Ascal G, al igual que Erley Monroy. Hasta el final defendió a la población de su vereda y será recordado como el “abanderado por los Derechos Humanos”.
Asesinado en presencia de su esposa e hijo
Didier Losada Barreto era conocido como el líder comunitario de la vereda Platanillo de Uribe, Meta. Una pequeña población ubicada en el límite con Caquetá. El pasado viernes, a las 9:30 p. m., dos hombres encapuchados y armados ingresaron a la vivienda de Losada con un único fin: asesinarlo. Lo hicieron en presencia de la esposa, su hijo y un trabajador.
Didier Losada, también conocido como ‘Mango’, hacía parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y era el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda.
“Que no justifiquen el asesinato de Rodrigo”
Cuando sintió los disparos, Rodrigo Cabrera Cabrera alcanzó a tirarse por un barranco. Pero hasta allí bajaron los asesinos para rematarlo. El moto taxista que transportaba a este hombre también resultó herido y muy posiblemente no podrá volver a caminar, ya que una bala se le incrustó en la columna vertebral.
Rodrigo tenía 39 años. Dejó a una esposa y a dos hijas. En la vereda El Rosal, del municipio de Altamira, en Policarpa, Nariño, lo recuerdan como un campesino que de vez en cuando sacrificaba reses para vender. Miembros de la marcha Patriótica dicen que era un líder comunitario, inquieto, muy esperanzado en que el Gobierno llegase a un acuerdo final con la guerrilla. Voceros de esta colectividad rechazaron las declaraciones de Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, en torno a que el asesinato de Rodrigo no estaría ligado a sus labores comunitarias sino que habría sido producto de un ajuste de cuentas. “En primer lugar, no aceptamos que se justifique ningún crimen. Segundo, el comunicado de la Alcaldía es una re victimización con apreciaciones a la ligera”, dijo uno de los miembros.
