Obra pública: luego de declarar Cristina Fernández, hoy indagan al exministro de Planificación
Declara De Vido por la causa de corrupción en la obra pública
El juez federal Julián Ercolini tomará declaración indagatoria al exministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa que investiga la supuesta entrega de fondos de la obra pública al empresario Lázaro Baez en Santa Cruz.
La presentación de De Vido en Comodoro Py será un día después de que lo haya hecho la expresidenta Cristina Fernández, quien ante el magistrado se despegó del empresario y denunció al primo de Mauricio Macri -Ángelo Calcaterra- por la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
La causa por monopolio de obra pública de Báez fue denunciada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que consideraron que hubo «plan criminal» de la exPresidenta para favorecer a Báez.
«No soy amiga, ni socia comercial de Báez», dijo Cristina, a pesar de los vínculos comerciales que la unen con el empresario, actualmente detenido y procesado por lavado de dinero.
Cristina no respondió preguntas y pidió la nulidad de la causa: «No soy amiga ni socia de Lázaro Baez»
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner pidió a través de un escrito la nulidad de su citación a indagatoria y de la causa por la que se presentó este lunes ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga su presunta participación en un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez. Aseguró que la causa es «política» y negó ser amiga o socia del empresario detenido, y advirtió que la mayoría de la obra pública fue adjudicada a otras empresas.
La exmandataria no respondió las preguntas del juez, y solicitó que se audite toda la obra pública licitada durante su gestión, incluída la que se le otorgó a la empresa IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Cristina insistió además en que es víctima de «una maniobra formidable de persecución política», según explicó ella misma ante la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires.
En este marco, definió como «un disparate mayúsculo» la causa que lleva Ercolini en su contra y consideró que con esas medidas se busca la «proscripción, difamación y estigmatización de un movimiento político».
«Es un disparate mayúsculo pretender que una asociacion ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal», señaló al tiempo que remarcó que las obras públicas las aprueba el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales.
La exmandataria consideró que la causa «es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático» que «no es original» ya que, agregó: «la vemos en Brasil con respecto al expresidente Lula» Da Silva.
«Es una maniobra a nivel regional», dijo Cristina Kirchner, quien señaló que además es «obviamente del actual gobierno» con el objetivo, según dijo, de «trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina a partir de las decisiones» del presidente Mauricio Macri.
Consideró que si su gestión fue «una asociación ilícita», la actual sería «una asociación ilícita terrorista» porque -ironizó- «infunde terror a los ciudadanos, que tienen terror cuando llega la factura de luz y de gas o cuando van al supermercado».
Las adyacencias de los tribunales federales de Retiro fueron valladas para la ocasión, y hubo presencia de más de 300 efectivos de seguridad. En las inmediaciones unos 5.000 militantes apoyaron a Cristina.
Exfuncionarios, legisladores, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni e intendentes del conurbano bonaerense acompañaron a la expresidente a Tribunales.
El exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; la exministra de Cultura Teresa Parodi; y los extitulares de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y de la Afsca, Martín Sabbatella; fueron algunos de los funcionarios de los gobiernos de la ex mandataria que llegaron junto a miles de militantes hasta los tribunales del barrio porteño de Retiro.
También estuvieron presentes los diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde y Axel Kicillof; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y el líder del partido Miles, Luis D’Elía; entre otros dirigentes políticos y sindicales.
Cuando la exjefa de Estado se retiraba de Tribunales se produjeron algunos empujones entre los manifestantes y los efectivos de la Gendarmería apostados en el lugar. Los agentes, según los testigos, impusieron sus escudos y golpearon «con palos» a militantes y periodistas. Ante esa situación, Cristina se bajó del auto y gritó: «No le peguen a la gente. Péguenme a mí, cobardes».
• Operativos en Río Gallegos
En tanto, el juez federal Claudio Bonadio ordenó la realización de una serie operativos en cinco propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en Santa Cruz, a fin de «tasar» los inmuebles, en el marco de la causa Los Sauces.
Según indicaron fuentes del Juzgado de Bonadio, se trataron de «peritajes» dispuestos «hace tiempo» para obtener una «tasación de las propiedades» de la exjefa de Estado, quien ya fue embargada en sus cuentas bancarias en el marco de esta causa.
Las tasaciones estaban previstas en la casa particular de la exmandataria, en Mascarello 441, de Río Gallegos; en Mariano Moreno 882 y Alvear 391, de la misma ciudad; en el hotel La Aldea ubicado en calle Güemes 95, de El Chaltén, y la Manzana 670 de El Calafate.
Según trascendió, este lunes las arquitectas encargadas de la tasación, Nora Marta Lucía Leo y Carina Nancy González, realizaron su trabajo en las propiedades de las calles Moreno y Alvear, en tanto que la casa familiar y los otros inmuebles quedaron para los próximos días.
