Mexicanos marchan para reclamar justicia a dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Marcharán al Zócalo por 2 años del caso Ayotzinapa
Este lunes se llevara a cabo en la Ciudad de México una marcha con motivo de los 2 años de las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Padres de los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, convocan a la manifestación para solicitar a las autoridades mexicanas que se esclarezca el paradero de sus hijos.
Diversas organizaciones sociales, así como sindicales se unirán a la protesta que recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y el circuito Plaza de la Constitución.
De igual manera estudiantes de diversas instituciones se darán cita en el Ángel de la Independencia a las 16:00 horas, para ser parte de la manifestación.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comunicó que adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Escuela Zapatista estarán presentes en la marcha.
Se tiene previsto que las autoridades capitalinas permitan el ingreso de la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a la plancha del Zócalo capitalino, donde se realizaría un mitin.
En diversos puntos del país, así como fuera de éste, se tiene prevista la realización de marchas por el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cultura apoya
Este fin de semana en la Cineteca Nacional y en la explanada del Palacio de Bellas Artes se llevaron a cabo eventos para conmemorar la fecha.
En el recinto cinematográfico llevó a cabo una jornada en la que estuvieron presentes algunos padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural y hablaron a los presentes sobre el caso y su sentir, tras dos años del evento.
Mientras que en Bellas Artes, «La Sexta con Ayotzinapa» tuvo presentaciones musicales, venta de objetos referentes a los “43” y discursos de la sociedad civil.
Videos perdidos, cero sentencias, peritaje sin fecha: los pendientes del caso Ayotzinapa
La investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa acumula pendientes claves, que no han permitido avanzar en el caso ocurrido hace dos años.
Desde un peritaje final pedido por el equipo oficial de expertos; detenciones y consignaciones que no se han finiquitado, sin descartar la posible contaminación de pruebas y la falta de esclarecimiento de la participación que tuvieron policías federales y militares en los hechos.
La Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la indagatoria del caso, hizo un balance del trabajo realizado hasta ahora para esclarecer los hechos.
Reconoció que no tiene una línea de investigación confirmada pues aún faltan elementos e investigaciones.
Además, el diálogo con los padres de las víctimas también se encuentra suspendido desde principios de agosto, según lo informó la Unidad Especializada para el caso iguala que encabeza el fiscal Alfredo Higuera.
Animal Político presenta los pendientes que la propia PGR reconoce como “claves” para el esclarecimiento del caso, investigación que ya acumula más de 120 tomos con 110 mil páginas, pero que no arroja conclusiones hasta el momento.
Prueba final postergada
En abril pasado un grupo de expertos en fuego, contratados por la PGR, dijo que para esclarecer si en el basurero de Cocula pudieron ser quemados 43 cuerpos, como sostuvo la llamada “verdad histórica”, se necesitaba hacer un experimento científico que recreara las condiciones de la noche del 26 de septiembre de 2014, dado que los antecedentes teóricos son insuficientes.
Hasta ahora esa prueba no se ha realizado y no tiene una fecha para implementarla.
En su balance del caso, y en posteriores entrevistas, el fiscal Alfredo Higuera habló de la necesidad de realizar el “nuevo peritaje”. Este estudio es el que pidieron los científicos desde hace cinco meses.
La PGR reunió y contrató al grupo de expertos en fuego luego de que especialistas independientes descartaron que en el basurero pudieran quemarse 43 cuerpos como sostuvo la PGR, en la línea de investigación que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó la “verdad histórica”.
El 1 de abril la PGR ofreció una conferencia para anunciar que los expertos concluyeron que sí hubo un gran incendio en Cocula, pero el documento de resultados de ese primer estudio (publicado por Animal Político) revela que no pudieron confirmar ni la fecha de esos incendios ni si era posible que en el mismo fueran incinerados 43 cuerpos, por lo que es necesario un nuevo estudio.
La manipulación de la escena
La PGR confirmó que continúa abierta una averiguación previa en la Visitaduría General por posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal en los primeros meses de la investigación de la desaparición de los normalistas, sin que hasta el momento existan conclusiones respecto a la misma.
Autoridades federales informaron a Animal Político que esa indagatoria involucra al exjefe de la AIC, Tomas Zerón, y a por lo menos cinco servidores públicos más.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en el caso, denunció en su momento que el resguardo del basurero de Cocula no fue el adecuado como exige una escena del crimen. Detectó la siembra de posibles pruebas en el sitio y la participación de supuestos peritos no autorizados.
El propio grupo de expertos en fuego contratado por PGR confirmó en sus conclusiones la posibilidad de que el basurero fuera una escena del crimen contaminada.
Los videos perdidos
El Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció públicamente que videos clave de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala que, registraron una parte del ataque, estaban perdidos.
El GIEI alertó que eran videos vitales para esclarecer la posible participación de otras fuerzas de seguridad en la agresión además de la de iguala.
La PGR dijo en un primer momento que dichas imágenes pudieron ser borradas pues no hubo resguardo judicial de ellas. No obstante, a Unidad especial de investigación del caso reveló que personal del FBI ya colabora en la verificación del material de video relacionado con la noche del ataque. Esto para determinar si se puede recuperar los videos.
Hasta ahora no hay conclusiones.
¿Complicidad federal?
En su balance del caso la PGR confirmó que continúa investigación la participación de fuerzas federales y militares en el caso de los normalistas.
En el caso de la intervención de la Policía Federal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que de acuerdo con un testigo, policías federales retuvieron a un grupo de estudiantes los cuales fueron entregados a policías municipales de Huitzuco que se trasladaron a Iguala la noche del ataque.
La PGR ya confirmó a través del seguimiento de teléfonos celulares que agentes de Huitzuco sí se trasladaron a Iguala la noche del ataque (lo que negaban en sus declaraciones ministeriales). La colaboración entre estos y policías federales es una arista que los fiscales siguen verificando.
Respecto a la posible responsabilidad del 27 Batallón de Iguala en los incidentes no hay avances. Expertos independientes y familiares han insistido en que debe verificarse la actuación de los militares. La PGR dijo que no se ha inspeccionado ministerialmente el cuartel del batallón porque no hay elementos que justifiquen esta revisión.
Líder impune, cero sentencias
Más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación tras la desaparición de los normalistas, pero de ellos solo 70 están acusados ante un juez de haber participado en estos hechos.
Sidronio Casarrubias, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” al que se responsabiliza oficialmente de ser el autor de la desaparición de los normalistas, se encuentra entre los detenidos pero no ha sido consignado por el caso. La PGR informó que aún no reúne los elementos de prueba para hacerlo.
Casarrubias ya logró desestimar a través del amparo una de las acusaciones por crimen organizado que pesaba en su contra luego de que los jueces. Sigue preso por un segundo caso de delincuencia organizada y por posesión de armas.
A esto se suma que otros detenidos clave, como los presuntos sicarios de Guerreros Unidos en cuyas declaraciones se sostiene la versión de que los normalistas, han denunciado que fueron torturados.
Hasta ahora no se ha dictado ni una sentencia por el caso de los normalistas desaparecidos.
Localización de las víctimas
La principal demanda de las víctimas, la localización de los normalistas, no se ha concretado a dos años de distancia.
Aunque la PGR estableció inicialmente que todos ellos fueron quemados en el basurero de Cocula no hay estudios concluyentes que certifiquen al menos que esto fuera posible. Pruebas avanzadas de ADN en la Universidad de Innsbruck han permitido identificar solamente a dos de las víctimas cuyos restos fueron encontrados en Cocula.
En su balance del caso la PGR reveló que en los próximos días se recibirán resultados de los exámenes practicados en Innsbruck a las últimas pruebas.
La semana pasada la Procuraduría anunció la identificación con fotografías en 3D de 40 puntos nuevos en Iguala y Cocula en donde podrían encontrarse fosas clandestinas. Para confirmarlo es necesario una búsqueda en tierra que aún no inicia.
Ayotzinapa: a 2 años, 130 detenidos sin sentencia
La mayoría de los 130 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pretenden alargar el juicio en su contra por medio de amparos; algunos están en curso, otros en periodo de revisión y no se tiene alguna sentencia condenatoria del Poder Judicial de la Federación.
A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, alrededor de 60 de los involucrados como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de Los Ángeles Pineda; Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa El Pato; Jonathan Osorio Gómez El Jona, y Agustín García Reyes El Chereje —identificados como autores materiales de la desaparición— buscan otra vía para abandonar la prisión alegando tortura o detenciones arbitrarias.
Al hacer un balance, Mario Patrón, director del Centro Prodh, consideró que sería lamentable que por malas prácticas, algunos de los que se encuentran en prisión puedan obtener su libertad, lo que pondría en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.
“El GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la CNDH, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR”, advirtió.
En entrevista, detalló que 90 % de las acusaciones de la PGR están vinculadas con delincuencia organizada y secuestro, por lo que consideró muy difícil que pueda convertirse en un riesgo para su liberación, siempre y cuando no se compruebe que hubo tortura.
El representante de los familiares de los normalistas señaló que el balance, a dos años de la desaparición de los normalistas, es preocupante, porque de acuerdo con los informes del GIEI se pudo documentar una serie de irregularidades en el caso.
Entre ellas, escenas del crimen que no fueron certificadas, levantadas y procesadas; detenciones arbitrarias de personas y traslados irregulares de equipos de PGR a zonas presumiblemente vinculadas que generaron manipulaciones de evidencias.
Enfatizó que si bien “se tiene un cúmulo grande de personas detenidas, no se ha dilucidado la verdad y, sobre todo, no se sabe el paradero de los estudiantes”. Acusó que la Procuraduría General de la República intentó construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas.
“Es una investigación que se basó en una teoría oficial de caso que a la postre, a través de pruebas científicas y contradicción de testimonios, se pudo ubicar que no tiene argumento de que el basurero de Cocula representaba el destino final de los estudiantes [normalistas]”, explicó.
Después de dos años, Mario Patrón dijo que existen los elementos científicos que dan cuenta que no pudo haber existido un incendio de la magnitud para incinerar 43 cuerpos humanos al grado de la carbonización.
Destacó que la indagación presenta un rezago importante en investigación de la macro criminalidad, en la que se tendrían que determinar actos de acción u omisión de las distintas corporaciones que pudieran estar vinculadas con los hechos.
“Era una región en la que el poder político trabajaba para el crimen organizado, esa línea de investigación no está determinada; no hay duda que hubo autoridades estatales en algunos hechos. Otras corporaciones como Huitzuco, que la policía federal estuvo presente en tres de los episodios y el Ejército también”, enfatizó.
Además de las irregularidades que fueron evidenciadas, se desmintió la teoría de la PGR, que sin razón afirmaba que los 43 estudiantes fueron incinerados junto con sus celulares. Esto se pudo determinar debido a que siete de los aparatos presentaron actividad en la misma noche y días posteriores.
“La investigación empieza a presentar algunos avances, pero a dos años es tarde. Los estudiantes normalistas no estuvieron juntos; estamos hablando de dos o tres grupos de jóvenes, así como de dos o tres rutas para su desaparición”, sostuvo Patrón.
Reconoció que con el entonces procurador Jesús Murillo Karam hubo una buena relación, pero la dependencia no tuvo la capacidad institucional para la investigación: “Estiraron una sola línea de investigación hasta que construyeron una supuesta verdad que terminó por determinarse que era una mentira histórica.
“Con la procuradora Arely Gómez se tuvo trabajo fluido, mediante un mecanismo de reuniones mensuales con los padres; pero el mecanismo ya está interrumpido por la necesidad de que la PGR dé cuenta de la investigación de control interno sobre el ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y otros funcionarios”, indicó.
Sobre la desaparición forzada en México, agregó Mario Patrón, en el último informe sobre México de 2015 y el seguimiento en 2016 del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, reiteró que hay un patrón generalizado de casos de desaparición en el país.
Explicó que en 26 de las 32 entidades se presenta este patrón y que a partir de Ayotzinapa se destapó un “cementerio clandestino” y una práctica generalizada en la región de Iguala.
Operadores
De acuerdo con la investigación, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, eran los cerebros financieros de la organización criminal Guerreros Unidos, a cargo de Sidronio Casarrubias Salgado.
Esa organización controlaba la policía de Cocula y otros municipios aledaños; incluso formó un grupo de reacción inmediata dentro de la policía de Iguala llamado Los Bélicos, que tenía el director de esa corporación, Francisco Salgado Valladares.
Ubicados por ir encapuchados y utilizar armas de grueso calibre, el grupo de Salgado Valladares utilizó los días 26 y 27 de septiembre de 2014 las patrullas 024, 026 y 027 para perseguir a los autobuses en los que viajaban los normalistas, cerrarles el paso, atacarlos y luego levantarlos. En Protección Civil también logró penetrar; los elementos operaban como halcones.
Prioritario conocer el paradero de los 43 normalistas: CNDH
La desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) «un expediente abierto», indicó el organismo, y exigió que los hechos no queden en la impunidad, ni en el olvido.
La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad», sostuvo la CNDH en un pronunciamiento divulgado este domingo.
Apuntó que a dos años de ocurridos los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún es asignatura pendiente su total esclarecimiento.
Si bien las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes. En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación», enfatizó.
Lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones».
El organismo recordó que en razón de ello ha formulado 57 observaciones y propuestas a diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Después de un minucioso análisis y revisión de la información y constancias proporcionadas por dichas autoridades hasta el pasado 22 de septiembre, debe señalarse que únicamente ocho de ellas pueden considerarse como totalmente atendidas, mientras que 33 se encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas», abundó.
Por ello, la Comisión hizo un nuevo llamamiento a las autoridades referidas para que den cumplimiento y desahoguen las diligencias de investigación y las acciones que derivan de las observaciones y propuestas que les fueron formuladas.
Asimismo, señaló que estará al tanto del cumplimiento que las instituciones brinden a las 22 recomendaciones sobre la investigación que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CNDH continuará desarrollando su investigación de manera objetiva, exhaustiva, científica e integral en el ámbito de los derechos humanos, cuyo objetivo es determinar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas antes, durante y después de los hechos de Iguala y, una vez concluida, emitirá la determinación de fondo sobre el caso», acotó.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de la localidad aledaña de Cocula.
Varios organismos que han estudiado el caso no aceptan esta narrativa con el argumento de que proviene de una investigación que ha tenido momentos controversiales, y que ni padres ni compañeros de los estudiantes aceptan.
