Imputan a empresario que lideró brutal ataque a un diario recuperado por trabajadores
Imputaron al empresario Mariano Martínez Rojas por «usurpación» y «daños»
El empresario Mariano Martínez Rojas y otras diez personas fueron imputados por una fiscal porteña debido a los delitos de usurpación y daños, por lo que el próximo miércoles deberían prestar declaración tras los destrozos ocasionados en la redacción del diario Tiempo Argentino.
La decisión fue tomada por la fiscal Verónica Andrade, que además les aseguró a los periodistas del diario que «podían continuar con su actividad y les colocó seguridad policial».
Durante una conferencia de prensa, los trabajadores del diario habían criticado a Andrade y señalaron que por orden de la fiscal los agresores habían sido «custodiados» por la Policía Federal en momentos en que, según dijeron, cometían delitos de manera «flagrante» en el edificio de Tiempo Argentino.
A su vez, fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo de Andrade tomó conocimiento de que Martínez Rojas con «otros 10 hombres entraron a la fuerza» en el domicilio del periódico, ubicado en Amenabar 23, en la ciudad de Buenos Aires.
Relataron que «el grupo de personas comandado por Martínez Rojas obligaron por la fuerza a retirarse del lugar a las personas de seguridad del diario» y que «los dos agentes de seguridad de Tiempo Argentino fueron a la comisaría 31 a realizar la denuncia de lo que había sucedido».
Según la versión judicial, «la comisaría 31 dio rápida intervención a la fiscal Andrade», que «ordenó inmediatamente consigna policial en el diario Tiempo Argentino para asegurar el lugar».
«A las 3:00 de la mañana, cuando algunos periodistas de Tiempo Argentino comenzaron a llegar al diario, se encontraron con Martínez Rojas y su grupo. Allí se produjo un altercado. La fiscal Andrade ordenó a la policía a que desalojaran del diario a Martínez Rojas y a su grupo», señalaron las fuentes consultadas.
Luego Andrade imputó a Martínez Rojas y diez personas más por los delitos de usurpación y daños y los llamó a declarar en 48 horas en la sede de su Fiscalía por los delitos imputados.
Los trabajadores de Tiempo Argentino habían denunciado que los agresores eran al menos dieciséis y que otras personas «escaparon por los techos».
En el parte de la Policía Federal, al que tuvo acceso NA; se indicó que los móviles de esa fuerza llegaron al lugar a las 0.40.
Los efectivos «se entrevistaron» con Martínez Rojas, a quien señalaron como «propietario de la empresa explotadora» en el interior del edificio de Amenábar 23.
Según la Policía, Martínez Rojas «se hallaba en el interior con otras personas y había hecho salir a tres trabajadores».
También indicaron que la fiscal Andrade «dispuso implantar consigna en el lugar y no permitir el ingreso de personal alguna y en caso de egresar alguno de las personas sea identificada sin adoptar otra temperamento».
«A partir de ello comenzaron a llegar al lugar trabajadores del diario y la radio en un número aproximado de cien, quienes preocupados por la pérdida de su fuente laboral comenzaron a intentar forzar las puertas de ingreso superando en número al personal puesto de consigna en el lugar para ingresar por el portón de ingreso a la radio», consignó la Policía.
En ese momento, la Policía realizó «una nueva consulta con la fiscal», quien planteó «continuar con las negociaciones a fin de lograr el desalojo del lugar y la devolución del inmueble a los trabajadores, quienes tienen en la actualidad la posesión del edificio».
Según los efectivos, luego de «una larga negociación es que se puso en conocimiento a la fiscal quien dispuso la correcta identificación de los autores de la intrusión, notificación fehaciente para que se presente en la sede de la fiscalía dentro de las 48 horas».
Ataque a la libertad de expresión: es Tiempo de las propias palabras
Por Irupé López
Las y los trabajadores de Radio América y el periódico Tiempo Argentino presentarán hoy una denuncia penal ante la Justicia en contra del empresario Mariano Martínez Rojas –quien se adjudica la titularidad de ambos medios sin presentar prueba de ello– y los 20 patovicas que irrumpieron el lunes por la madrugada en la redacción, golpearon a quienes estaban en resguardo de las herramientas de trabajo y, luego, destrozaron gran parte de las oficinas mientras la Policía Federal se negaba a intervenir.
Según especificó la abogada María del Carmen Verdú a Marcha, son al menos seis los delitos que se les pueden imputar por los actos cometidos: “Claramente la intención de este ataque fue impedir la continuidad del diario. Es fundamental que la investigación vaya en ese sentido: se intentó callar una voz independiente, de un diario y de una radio”, apuntó. Además, exigen que el Gobierno nacional interceda para “garantizar la integridad física de los trabajadores, la libertad de expresión y el derecho laboral”.
Los hechos sucedieron entre el domingo y el lunes, durante la madrugada. Unos 20 patovicas, comandados por Martínez Rojas y Juan Carlos Blander, irrumpieron en el edificio de Amenábar 23, en la Ciudad de Buenos Aires, y actuaron como un “grupo de tareas”, señaló Randy Stagnaro, delegado y secretario de la cooperativa Por Más Tiempo, ahora editora del semanario dominical.
En pocas horas tapiaron ventanas, cambiaron cerraduras y destruyeron el lugar, específicamente, el área de sistemas y las conexiones de red, lo que dificulta la edición del diario y retrasará la salida de la página web de Tiempo Argentino. Lo mismo hicieron en los estudios de la radio. Todo ocurrió ante la pasividad de los efectivos de la Comisaría 31° de la Policía Federal. Mientras, unas cien personas que se resguardaban debajo de un techo de chapa de la fuerte lluvia, les reclamaban que intervinieran.
Candado tiempo
“Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 no quería que la molestemos”, sostuvo Stagnaro. “La decisión de la fiscal fue no detenerlos (a los patovicas), sino pedirles que se retiraran”, aseguró Javier Borelli, presidente de la Cooperativa, en conferencia de prensa.
Por su parte, la abogada Verdú enumeró y explicó cada delito cometido, todos ellos razones para requerir la incompetencia de la justicia porteña y solicitar que el caso sea tomado por la justicia penal federal, a nivel nacional.
“‘Usurpación’, porque los legítimos tenedores son los expulsados y se les impidió ingresar; ‘daño calificado, interrupción de las comunicaciones e interrupción del normal funcionamiento de un servicio público de comunicación’, porque la mayoría de los destrozos tiene que ver con el servicio de comunicaciones y porque destruyeron el servidor de internet, conexiones y cables de red, en la radio y en el diario”, sostiene. Además, los demandarán por “‘lesiones calificadas’ por la golpiza a Nahuel –un joven con discapacidad motriz–, que fue apaleado, en una acción cometida en el concurso premeditado de dos o más personas para consumar otro delito; ‘amenazas coactivas’, porque las tres personas que estaban dentro de la redacción cumpliendo horario de trabajo fueron forzadas a salir y porque Martínez Rojas amenazó a quienes participaron de la negociación para que los delincuentes desocuparan el lugar”.
“Ustedes tienen suerte de tener las dos piernas”, amedrentó delante de los efectivos Martínez Rojas a Borelli, Stagnaro y Gustavo Cirelli, director periodístico del diario. Por esto, en tanto, solicitarán que se investigue la conducta del accionar policial: “Tienen un joven, una mujer y un discapacitado que dicen que nos sacaron a las piñas y ellos fueron a tocar timbre y a entrevistar al jefe de la patota; no aprendieron a nadie”, remarca Verdú.
Recuperando lo propio
Al cabo de esa situación y el llamado de alerta a cada compañero y compañera, cientos de personas se apostaron en la puerta del edificio para exigir que actúen la justicia y la policía, pero eso no sucedió. Llovía cada vez más fuerte y se resguardaron bajo un techo de chapa frente a la redacción, mientras se escuchaban los ruidos del destrozo. “Tenía miedo. Pensé que nos iban a tirar desde arriba, entonces me puse detrás de un árbol”, dice una compañera, con los ojos cansados, que supuso que quienes ocupaban su lugar de trabajo llevaban armas de fuego.
Mientras, algunos de los matones escaparon por los techos, la policía, atenta, sólo miraba y decía que no pasaba nada. Fue entonces que decidieron ellos mismos recuperar lo que les pertenece: sus herramientas de trabajo. Abrieron un portón e ingresaron. Desde adentro les arrojaron gas pimienta y de matafuego, les pegaron con facas y cadenas, y nuevamente amenazaron a los trabajadores, tal como se verifica en los videos que difundieron a través de las redes sociales. En ese momento se abrió la negociación, que duró más de tres horas. Ya era de mañana cuando las 16 personas que quedaban fueron escoltadas por los policías y salieron del lugar.
En el acta que el subcomisario Carlos Gastón Aparicio decidió labrar figuran, con nombre y apellido, quienes participaron de este accionar: Juan Carlos Blander, dueño de la empresa de seguridad para espectáculos Control Star Service; Guillermo José María Carrasco, un cerrajero que acusó ser contratado por Martínez Rojas; Julián Zacarías Sosa, Pablo Javier Batista, Ovidio Leonardo Ramírez, Juan Carlos Moreno, Esteban Oscar Díaz, Gabriel Martín Morant, Omar Osvaldo Ontivero, Mauro Mauricio Caña, Carlos Roberto Ontivero, Carlos Alberto Ruíz Díaz, Omar Castro Barros, Diego Javier Chávez y Rodrigo Ezequiel Roldan, más Martínez Rojas. Todos ellos fueron, finalmente, imputados por la fiscal Andrade, pero por “usurpación, daños y destrozos”, delitos contravencionales que implican penas de 15 días a un año.
La gravedad de los hechos se denota, sin embargo, en la repercusión que tuvieron: todos los medios de prensa, incluso los comerciales, difundieron la noticia que, a su vez, generó un fuerte repudio por parte de organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales de diversos colores y también de Amnistía Internacional. “El ataque a los periodistas del diario Tiempo Argentino es un ataque a la libertad de expresión. Los periodistas son una voz vital para el ejercicio del derecho a la información, un derecho esencial para la vida en democracia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización mundial.
Conferencia Tiempo
Pese todo esto, sin dormir, con las ojeras que les ajeaban la piel de la cara y los ojos colorados, a las 9, un grupo de trabajadores y trabajadoras brindó una conferencia de prensa ante dirigentes políticos y varios medios de comunicación, mientras otros y otras se dedicaban a reestablecer las conexiones. “A pesar de esto mañana (por hoy) vamos a sacar una edición de emergencia del diario para contar quiénes son los que entraron ayer y denunciar lo que sufrimos”, anunció Borelli.
“Exigimos al Estado que garantice nuestra integridad física, que impida que se afecte nuestro derecho laboral y nuestra libertad de expresión”, repitieron una y otra vez ante cada consulta. Es que, hasta el momento, ningún estamento del Estado dio respuestas concretas para solucionar el conflicto que ya lleva más de seis meses. Incluso en el mediodía de ayer mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo con un funcionario que les dijo no tener la competencia como para colaborar.
Cabe recordar que Radio América y Tiempo Argentino pertenecieron al Grupo 23 de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes junto con otros socios decidieron dejar de pagar el sueldo a sus empleados en diciembre del año pasado y abandonaron las empresas. En enero, Martínez Rojas dijo haber comprado ambos medios pero nunca presentó los papeles correspondientes ante las autoridades competentes del Estado.
Para sumar, existen dos antecedentes similares a esta historia del domingo por la noche: Martínez Rojas ya interrumpió la señal AM de Radio América, lo que constituye un delito federal, y anteriormente, el 24 de febrero pasado, también intentó ingresar por la fuerza a la redacción de Amenábar junto con cinco personas que lo escoltaban.
Así y todo, las y los trabajadores resisten y, una vez más, recuperaron sus diario y su radio. De hecho, respondieron al ataque que sufrieron haciendo lo que mejor les sale: periodismo. En la radio, a través de la web, difundieron el conflicto de manera permanente, y hoy, se podrá leer todo el trasfondo de lo sucedido en una edición especial de Tiempo Argentino.
Repudios y pedidos de interpelación
El bloque de diputados nacionales FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, pidió la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, para que expliquen la actuación de las fuerzas policiales en el ataque sufrido por los trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América. Asimismo, la comisión de Libertad de Expresión invitó a hacer lo propio al empresario Mariano Martínez Rojas.
El intento de tomar del edificio –que en realidad no pertenece a estos medios sino a una empresa sueca que se lo alquilaba a su ex propietario, Sergio Szpolski– generó inmediatas reacciones de repudio. Las Abuelas de Plaza de Mayo exigieron que la justicia investigue y sancione a los responsables. “La escena trae el recuerdo de una Argentina que creíamos superada: con la complicidad de la Policía Federal una patota escoltada por el empresario Mariano Martínez Rojas, ingresó al edificio donde está la redacción de Tiempo Argentino y rompió muebles y herramientas de trabajo de los periodistas”, plantearon en un comunicado.
También expresaron su solidaridad con los trabajadores el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Desde el ámbito político y de las organizaciones de derechos humanos, repudiaron el ataque, entre otros, el CELS, Taty Almeyda, Aníbal Fernández, Martín Sabbatella y el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi.
