La COB inicia paro de 48 horas tras el fracaso del diálogo y el gobierno advierte con sanciones
El diálogo entre autoridades del Gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) no llegó a ningún acuerdo ayer y el paro de 48 horas fue ratificado para este jueves y viernes, en demanda de la anulación del decreto que cerró la estatal Enatex y la ley del Estatuto del Funcionario Público. El Gobierno advirtió con descuentos a quienes acaten la protesta.
Ambas partes iniciaron el diálogo con posiciones contrapuestas. El dirigente de la COB, Guido Mitma, insistió en que el paro y las medidas de presión solo serán levantadas con la anulación del decreto que dejó sin trabajo a cerca de 800 fabriles, aunque gran parte –según el Gobierno- ya cobró sus finiquitos.
“Este jueves ya está en aplicación, el paro sigue. No se ha quedado en nada (con el Gobierno)”, afirmó el dirigente al salir de la reunión iniciada la tarde de este miércoles con participación de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Trabajo, Gonzalo Trigoso, y de Educación, Roberto Aguilar.
La COB convocó a un paro movilizado de 48 horas para este jueves y viernes, mientras que el Gobierno, a través del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada la posición de los trabajadores y anticipó de un fracaso ante el panorama vivido el pasado lunes cuando cumplió un paro de 24 horas.
El vicepresidente Álvaro García afirmó en una conferencia de prensa, en medio de la negociación iniciada, que no retrocederán en el cierre de la fábrica porque no sería responsable con el erario nacional. Reveló que el Gobierno destinó $us 69 millones a la firma, sin resultados.
Advirtió con descuentos a quienes acaten la medida. “Si hay algún compañero de salud, mañana, o educación que va al trabajo, arruinó a los alumnos un día, el fin de mes, en su papeleta, será menos dos días de salario y eso no lo vamos a negociar con ningún dirigente, no lo vamos a cambiar y lo vamos a aplicar de manera estricta”, anunció.
La COB también exige la anulación de la ley del Estatuto del Funcionario Público, aprobado en la gestión del extinto Hugo Banzer.
