Dilma Rousseff, presidenta de Brasil: «Una exclusión de siglos no se arregla en trece años»
Por Antonia Pellegrino
Fue suspendida por el Senado, que ahora analiza su culpabilidad en un proceso de juicio político que ella califica de “golpista” y “fraudulento”. Dilma Rousseff dijo a este diario que sobre ella “no hay ninguna acusación consistente”. También reflexionó sobre la misoginia y el papel de la mujer y detalló las tareas pendientes que desplegará si logra retomar el gobierno.
En una entrevista concedida en la capital brasileña antes de las grandes manifestaciones y actos contra el juicio político que comenzarán hoy, la suspendida presidenta Dilma Rousseff insistió en su inocencia y trazó su programa futuro.
–En una de las grabaciones filtradas en las últimas semanas por el ex presidente de la empresa Transpetro, Sergio Machado, dice el ex presidente José Sarney: “El error de la Presidenta fue haber dejado que eso [la Operación Lava-Jato] siguiera adelante”. ¿Ese fue el delito de responsabilidad que usted cometió?
–Las grabaciones difundidas a partir del 23 de mayo explicitan uno de los motivos por los cuales se dio ese proceso fraudulento de impeachment, sin delito de responsabilidad. De hecho, evidencia lo que vinimos denunciando desde el año anterior: hay un golpe en curso en Brasil. Un grupo de políticos acorralados por investigaciones en el combate contra la corrupción se dio cuenta de que, mientras yo estuviera a cargo de la Presidencia, ellos no podrían impedir el avance de las investigaciones. Entonces armaron un proceso fraudulento de juicio político para interrumpir el mandato de una Presidenta honesta. Sobre mí no hay ninguna denuncia consistente. No pueden acusarme de ninguna irregularidad. Repito lo que vengo diciendo reiteradas veces y que está debidamente demostrado en la defensa que entregué a la Cámara de Diputados y al Senado Federal: no he cometido ningún delito que le dé base jurídica al juicio político. Me acusan de haber dictado decretos de crédito suplementario y de haber atrasado pagos al Banco de Brasil para el cumplimiento del Plan Safra. En el caso de los créditos, se siguieron las reglas de la ley presupuestaria, sin afectar el cumplimiento de la meta fiscal autorizada por el Congreso. Además, vale recordar que presidentes anteriores a mí emitieron decretos similares y jamás fueron cuestionados por haberlo hecho, ya que no se trata de un delito. Con relación al Plan Safra, más allá del hecho de que los atrasos no representan una operación de crédito, me acusan de actos que, por las propias reglas del programa, no eran responsabilidad de la Presidenta y en los cuales, por lo tanto, no he participado. No hay, en la acusación, evidencia alguna de que yo haya cometido un delito de responsabilidad, porque no lo hice. Por eso, el impeachment no es más que un golpe, una interrupción en la normalidad democrática en Brasil.
–En 2014, 54 millones de electores votaron por su propuesta de gobierno. ¿Son legales las acciones del presidente interino Michel Temer, que nombra ministros, fusiona o extingue ministerios, altera la política exterior, vende empresas públicas, implementa reformas tributarias y de jubilaciones y reduce programas sociales?
–Esa es otra justificación para el golpe en marcha. El gobierno interino quiere implementar una agenda para Brasil que jamás fue sometida a la población y que, de haberlo sido, seguramente sería rechazada por su carácter regresivo y perverso para los intereses nacionales y los derechos individuales y colectivos de la población. Se trata de una traición al programa de gobierno que el vicepresidente, que ahora actúa como interino, firmó. Se supone que cuando firmamos un documento es porque estamos de acuerdo con su contenido. Ahora, al ser elevado a través de un golpe al ejercicio provisorio de la Presidencia, reniega lo que firmó y, más grave aún, pretende implementar medidas que eran parte del programa derrotado en 2014. Con ese proceso fraudulento de impeachment están faltándole al respeto a uno de los más sagrados derechos de los ciudadanos: el derecho a elegir por voto directo quién gobierna el país con un determinado programa de gobierno. Se trata de una acción ilegal que da origen a un gobierno ilegítimo y golpista.
–Usted resistió a tres años de torturas sin delatar a sus compañeros, durante la dictadura militar brasileña. Y ahora, en el proceso de juicio político, se comportó con “una valentía impresionante”, como dijo el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, en una grabación filtrada por el diario Folha de São Paulo. Usted siempre atribuye su resiliencia al hecho de ser mujer. ¿Por qué?
–La mayoría de las mujeres es sometida, cotidianamente, a grandes desafíos. Deben conciliar la vida profesional con la crianza de sus hijos. Deben organizar la casa y las tareas en el hogar y en el trabajo. Deben cuidarse a ellas mismas y a sus hijos. La doble jornada afectiva y profesional es una realidad para la mayoría de nosotras, lo que nos hace capaces de soportar enormes presiones. Como la mayoría de las mujeres brasileñas, soy una luchadora incansable.
–La imagen del gabinete interino formado solo por hombres blancos escandalizó al mundo. Y hay analistas y dirigentes políticos que le ven un costado misógino al golpe. ¿Usted también lo observa de ese modo?
–Aunque sea difícil evaluar cuánto, es innegable que proliferan argumentos y comportamientos misóginos a lo largo de todo ese proceso. Una mirada crítica sobre la prensa brasileña encontrará notas alegando mi desequilibrio, mi dificultad en lidiar con situaciones difíciles, y tratando de modo poco crítico las pegatinas y folletos machistas [que ofenden] a cualquier mujer, inaceptables en un país civilizado. En Brasil aún persiste una cultura de la violencia y desigualdad de género, que encontró en ese proceso contra una presidenta canales para su expresión. En vez de acobardarnos, este proceso nos fortaleció a mí y a todas las mujeres brasileñas. Sabemos que podemos ocupar cualquier cargo y cualquier función y que, al hacerlo, deberemos siempre enfrentar el machismo y la misoginia que todavía permean algunas parcelas de nuestra sociedad.
–¿Qué cambia el tener mujeres en altos cargos, en términos de formulación de políticas públicas?
–No es aceptable que más de la mitad de la población no se vea representada en los altos cargos del Ejecutivo. Por otro lado, la presencia de mujeres le garantiza al Ejecutivo la capacidad de realizar diagnósticos y proponer políticas que realmente reflejen la diversidad de las demandas de las mismas mujeres. Una política de combate a la desigualdad salarial, por ejemplo, adquiere robustez y más conexión con la realidad cuando las mujeres, que son las que sufren con ese problema, participan de su elaboración. Un Poder Ejecutivo más representativo de la diversidad de la sociedad -ya sea en términos de género, de raza, de origen social o regional- es una victoria para toda la sociedad. El ejemplo para Brasil debe ser la diversidad de la composición del actual gobierno de Canadá y no la composición del gobierno interino, que en nada refleja la sociedad brasileña.
–La feminista Carla Rodrigues unió el proceso de impeachment y las crisis que sufrieron Cristina Kirchner y Michelle Bachelet en un texto para el blog #AgoraÉQueSãoElas. Hace una parodia de la pregunta que formuló la filósofa india Gaiatri Spivak: un subalterno, ¿puede hablar? Carla preguntó: una mujer, ¿puede gobernar?
–Las sociedades latinoamericanas, Brasil entre ellas, tienen una historia oligárquica, patriarcal y machista que se viene transformando lentamente. Aún hoy tenemos un déficit de políticas de igualdad de género y de combate a la violencia contra la mujer aquí en Brasil, pese a la ley Maria da Penha (sobre violencia doméstica y familiar) y la ley de combate al femicidio. Esas sociedades están en fuerte transformación. Parte de los cambios proviene de la presencia de mujeres al frente de la Presidencia de la República. Estar bajo el liderazgo de una mujer, recibir órdenes de una mujer, ser dirigido por una mujer, todavía son novedades que molestan y perturban el orden supuestamente natural de la sociedad en nuestros países. En el caso de Brasil la rareza es aún más grande porque fui la primera en ocupar ese cargo. Mi experiencia muestra que hay dificultades adicionales por ser mujer. Nos exigen más por actuar en un ambiente muchas veces inhóspito para el ejercicio del poder de la mujer. Por eso mismo nos cabe ser aún más resilientes, ya que cada mandato ejercido por una mujer debe ser transformado en una demostración de que las mujeres sí pueden gobernar un país. Las mujeres lo pueden todo, tal como los hombres, y es por ello que debemos seguir luchando. Nuestras sociedades solo serán más justas si incorporan la igualdad de género como un valor incuestionable.
–Las mujeres adhirieron con gran entusiasmo a la defensa de su mandato y usted habló varias veces de honrarlas. Sin embargo, a pesar del apoyo femenino y feminista, en su última semana de gobierno no firmó el indulto de las mujeres encarceladas. ¿Por qué?
–Todas las mujeres brasileñas deben gozar del respeto de sus derechos. Todas merecen la debida protección del Estado. No obstante, respecto al indulto a las mujeres encarceladas por tráfico, había controversia jurídica sobre la posibilidad de concederles dicho beneficio, que estaría sería vedado por ley para ese tipo de delito.
–Usted dijo que la consideran una molestia por no pactar con la corrupción. Pero si la única manera de desarticular la estructura corrupta del sistema política es una reforma, ¿por qué no se produjo esa reforma a pesar de que el tema estuvo ya en la campaña en la que usted triunfó?
–En el 2013, entendiendo que una de las reivindicaciones de los movimientos populares que se generalizaron por el país era el cambio profundo en nuestro sistema de representación política, propuse la realización de dicha reforma. Quise llamar a un plebiscito para la formación de una Asamblea Constituyente específica para realizar la tan necesaria reforma, que debería tener como objetivos mejorar la representatividad política, democratizar la actividad política, darle más transparencia a la política y posibilitar instancias de evaluación. Me reuní con organizaciones de la sociedad civil que defendían la misma bandera, para sumar fuerzas, pero lamentablemente la continuidad de esa propuesta exigía el compromiso del Congreso Nacional, cosa que no pudimos lograr.
–Eduardo Cunha y Michel Temer son los principales articuladores del golpe.¿Por qué en un momento el diputado Eduardo Cunha pasó a ser su gran enemigo?
–La historia de la aceptación del pedido de juicio político por parte de quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha, explica las raíces del problema. La apertura de ese proceso ocurrió en el mismo día en que representantes del Partido de los Trabajadores en el Consejo de Ética anunciaron que votarían a favor de la aceptación del juicio de casación del mandato de Eduardo Cunha. Como se puede ver en los diarios de noviembre y diciembre del año pasado, el diputado utilizó ese juicio como instrumento de chantaje y, como no cedimos ante él, se vengó. Es por eso que siempre dijimos que el juicio político nace de una desviación de poder por parte del entonces presidente de la Cámara. Además, Cunha tiene una agenda completamente opuesta a la que defendemos. En las propuestas del gobierno de Temer se puede ver la síntesis de la agenda de Cunha: ultraliberal en economía y ultraconsevadora en los derechos individuales y colectivos.
–Su gobierno propuso a cinco ministros del Supremo Tribunal Federal. En el audio filtrado con la conversación entre usted y el ex presidente Lula, él dice que el STF está acobardado. En otros audios recientemente filtrados hay varias menciones que cuestionan al STF. Y los actos del ministro del STF Gilmar Mendes durante el gobierno interino indican una doble moral. ¿Cuál su evaluación?
–La actual crisis política y de representación que vivimos en Brasil pone a prueba todas nuestras instituciones. Cuando la crisis abre espacio para la articulación de un golpe con el fin de destituir a una Presidenta legítimamente elegida sin que haya cometido ningún delito de responsabilidad, el panorama se vuelve más inestable y proliferan las denuncias y las interpretaciones más dispares. Creo que todos nosotros, que juramos defender y proteger la Constitución, debemos tener, en este momento, tranquilidad, sobriedad y espíritu público. Defender nuestras instituciones contra los intereses personales y partidarios y asegurar que el Estado Democrático de Derecho siga rigiendo nuestras relaciones son tareas a las que debemos dedicarnos con determinación. Estoy segura de que todos los ministros de la instancia suprema del Poder Judicial sabrán cumplir su papel.
–Hasta que se aprobó durante su mandato, teniendo en cuenta la perspectiva de los próximos Juegos Olímpicos, la Ley Antiterrorista llevaba diez años de debate. José Eduardo Cardoso, ministro de Justicia, estuvo en contra del proyecto de ley. El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, estaba a favor. ¿Por qué prevaleció el argumento de Levy?
–Esa división interna que usted menciona no ocurrió. Sí hubo una divergencia del Poder Ejecutivo respecto de puntos del proyecto aprobado en el Congreso Nacional. Incluso veté una parte de esa ley. Nuestra Constitución criminaliza y repudia el terrorismo, pero Brasil seguía siendo el único país miembro del G-20 y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) que no disponía de una legislación que tipificara el delito del acto de terrorismo y su financiación. La aprobación de la ley corrigió esa falencia y evitó sanciones a Brasil en el ámbito internacional. Las sanciones podían impedir el acceso a importantes créditos internacionales para apoyar la financiación del desarrollo. Quiero recordarle que veté todos los artículos que podrían utilizarse, aunque en interpretaciones laxas, para la criminalización de los movimientos sociales.
–Pero hay en la práctica una criminalización creciente de los movimientos y de las protestas. ¿Es un legado autoritario de su gobierno?
–No. La legislación antiterrorismo como un legado autoritario de mi gobierno. Se trataba de una necesidad resultante de convenciones y tratados internacionales a los cuales está vinculado Brasil. Más importante: oyendo a los reclamos de la sociedad civil, insisto, veté las partes de la ley que suponían un riesgo de criminalización de los movimientos sociales. Y no podía ser de otra manera. Durante todo mi gobierno incentivamos la participación social y, principalmente, respetamos el derecho a la manifestación de todos los segmentos de la sociedad brasileña. Siempre reaccioné a las críticas, y así seguiré haciéndolo, con propuestas y apertura al diálogo. Jamás traté a los movimientos y a las manifestaciones con represión. Eso no cuadra con mi historia ni con mis convicciones.
–En el discurso inaugural de la 4ª Conferencia Nacional de Mujeres, que se llevó a cabo en mayo último, dijo que su último día de mandato es el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué pretende hacer hasta ese momento?
–La lista de tareas pendientes es enorme. Una de ellas es dar continuidad a las políticas que generan más oportunidades a ciudadanas y ciudadanos, rompiendo con las raíces históricas de la desigualdad. Por eso son tan importantes las políticas como el [programa social] Bolsa Familia, el [programa de viviendas] Mi Casa, Mi Vida, las políticas de democratización del acceso a la educación, como el Prouni, el FIES, el sistema de cuotas raciales, por ejemplo. Otro desafío es dar continuidad a inversiones que transforman vidas y son capaces de estimular el crecimiento y la generación de empleo. Pienso, por ejemplo, en la conclusión del Proyecto de Integración del río São Francisco y de todas las obras estructurales para la solución de la sequía. Pienso en la realización de las obras necesarias para la mejora de las condiciones del transporte colectivo en nuestras ciudades. Otra gran tarea que tenemos es ampliar el acceso y aumentar la calidad de los servicios públicos fundamentales, como salud y educación. Para ello, necesitamos garantizar más recursos para la financiación -como haremos al destinar a esas áreas los recursos de la exploración del pré-esal- y garantizar la atención médica a la población en todo nuestro inmenso territorio, como venimos haciendo con el programa Más Médicos. Para estimular la inversión privada y su contribución para el desarrollo, debemos seguir con las obras de infraestructura y logística, perfeccionar los mecanismos de financiación, apoyar las políticas de incorporación de tecnología y generación de innovación, además de avanzar aún más en la simplificación y desburocratización de reglas y procedimientos del Estado. Los desafíos son múltiples y deben ser contínuamente discutidos con la sociedad, para que, con cada avance, definamos las medidas y políticas siguientes. Lo hicimos hasta ahora y así seguiremos.
–Usted dijo que se considera víctima de una injusticia pero reivindicó su capacidad de lucha. ¿Cuál es hoy la meta de esa lucha?
–La prioridad número uno es defender la democracia contra el golpe en marcha. Al actuar para impedir la interrupción ilegal del mandato que me fue conferido por el pueblo estoy defendiendo la Constitución y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de elegir, por voto libre y secreto, a sus gobernantes. Y lucho para que el programa que venció en las elecciones presidenciales de 2014 pueda ser efectivamente implementado.
–La estrategia económica adoptada en el segundo mandato (de ajuste fiscal mediante el recorte de la inversión) le hizo perder el apoyo de sectores de izquierda a la vez que no obtuvo el apoyo del empresariado. Y la crisis económica se agravó. ¿Cuál sería su estrategia de aquí en adelante?
–Nuestra tarea de corto plazo es recuperar la estabilidad fiscal, reducir la inflación y estabilizar el nivel de actividad económica para que Brasil vuelva a crecer y a generar empleo con la velocidad que permite nuestro potencial. A comienzos de 2016 enviamos al Congreso varias medidas cuyo objetivo era garantizar un escenario de estabilización con recuperación del ahorro fiscal y la estabilización de la deuda pública. La estrategia fiscal consistía en combinar la flexibilización de la política fiscal a corto plazo con reformas fiscales de largo plazo. Para retomar el crecimiento veníamos ampliado la oferta de créditos al sector privado, articulando esa medida con un programa amplio de concesiones en el área logística. Seguiremos con esa estrategia. La prioridad será siempre mantener las políticas sociales y la inversión pública.
–En los últimos 13 años el PT afrontó la agenda de la desigualdad y dejó un legado de mayor reconocimiento a través de programas inclusivos. ¿Cuál debería ser la agenda para las elecciones de 2018?
–Por efecto de este golpe en curso, la agenda de la izquierda y las fuerzas democráticas brasileñas tienen que partir de una defensa integral de la democracia. También debe seguir considerando el logro de la igualdad de oportunidades para los brasileños y las brasileñas. Una exclusión de siglos no se arregla en apenas 13 años. En la agenda de cambios siguen en pie la lucha por el destino de los recursos del Estado, por las prioridades de inversión, por la defensa de los derechos sociales previstos en la Constitución, por el avance en derechos individuales y colectivos civilizatorios. Pero todo esto, repito, solo será posible en un cuadro democrático.
–En la última década Portugal descriminalizó el uso de todas las drogas. También legalizó el aborto y la adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Por qué esos temas no se plantearon en ninguno de sus dos mandatos?
–El perfil del Congreso durante mis mandatos se fue haciendo cada vez más conservador. En muchos temas fue girando más y más a la derecha con el liderazgo de Eduardo Cunha. El Ejecutivo lidió con esa realidad a cada paso. Tuvimos dificultades inmensas para reunir en el Congreso votos que tradujeran las demandas de la sociedad. De todos modos libramos peleas importantes, algunas conquistas son innegables e impedimos el retroceso en los derechos individuales y colectivos.
–Si volviera a la Presidencia, ¿qué le gustaría hacer que no hizo antes?
–Lucho para ser reconducida a la Presidencia, porque no cometí ningún delito de responsabilidad que justifique mi impeachment. Al volver daré continuidad a la implementación del programa de gobierno con el que fui electa, recolocando a Brasil en un proceso de crecimiento con generación de empleos y portunidades, defendiendo la soberanía nacional, especialmente el pré-sal, y asegurando una política exterior multilateralista y de afirmación de Brasil. Hay que mirar al futuro sabiendo que el presente define el rumbo. Sobre todo es importante tener conciencia de que el golpe en curso hirió las instituciones y produjo un empeoramiento terrible del ya deteriorado sistema político brasileño. Y no es solo por la corrupción. El golpe significa un desapego a la Constitución para concretar fines privados e inconfesables. Se impone en la agenda concretar reformas en la representación de la sociedad para fortalecer nuestra democracia. En los tiempos que corren la cuestión democrática articula la cuestión nacional y social. No habrá solución si surge de un laboratorio. El camin de salida siempre deberá sometido al escrutinio del pueblo brasileño.
Traducción: Patricia Moura e Souza (con la colaboración de Isabela Gaia).
