Después de la fiesta – Diario El Comercio, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con su labor de conteo de votos y se espera la proclamación del nuevo presidente de la República, es propicia la oportunidad para recordar los problemas y riesgos institucionales que enfrentamos durante estos comicios para no repetirlos dentro de cinco años.
Pues si bien debemos felicitarnos por alcanzar un hito histórico como país (es la primera vez que contabilizaremos cuatro presidentes consecutivamente proclamados en elecciones democráticas), es menester también recordar los defectos y traspiés que por momentos echaron sombras sobre el proceso electoral y pusieron caprichosamente en riesgo la legitimidad de sus resultados.
Así, tenemos el caso de la democracia interna de los partidos políticos, uno de los ansiados propósitos de nuestra ley de organizaciones políticas y que, tropezón tras tropezón, fuimos descubriendo que nunca pasó de ser uno de aquellos adornados objetivos que se describen en un papel pero cuya belleza no se traslada a la realidad. En la mayoría de los casos, esta democracia interna se limitó a meros actos de formalismo como la creación de comités-pantalla, la celebración de asambleas ‘virtuales’, y la proclamación de candidaturas que generalmente corrían en solitario en medio de una competencia solo para la foto. Todo ello con la venia de autoridades que antes que fiscalizar estaban más proclives a escrutar el cumplimiento solo en el papel.
El caso de la frustrada candidatura del señor Julio Guzmán a través del partido Todos por el Perú puso de relieve que antes que partidos contamos con vientres de alquiler, como también lo evidenciaron los sorpresivos jales que representaron las candidaturas de Hernando Guerra García por Solidaridad Nacional, Alfredo Barnechea por Acción Popular o la fórmula nacionalista que unió en Daniel Urresti y Susana Villarán al procesado por el asesinato de un periodista y a una defensora de derechos humanos.
El segundo gran remezón que enfrentó este proceso fue el de las exclusiones de candidatos por otorgar dádivas, una conducta prohibida por una ley (Ley 30414) que entró en vigencia ya en pleno proceso electoral, y que cobró entre sus más notables víctimas al ex candidato presidencial César Acuña (Alianza por el Progreso) y al ex candidato a la vicepresidencia Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular), pero que puso en riesgo de exclusión a varios contendientes, incluyendo los que disputaron la segunda vuelta (Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski).
La novísima norma, de manera desproporcional y draconiana, no introdujo ninguna gradualidad en la sanción de estas prácticas de clientelismo político, lo que generó una situación de caos e incertidumbre, en la cual repartir millones de soles en un mitin o entregar botellas de agua a un grupo de personas podían tener la misma consecuencia.
Y por si las exclusiones involuntarias de candidatos no eran suficientes para el circo electoral que se estaba armando, llegaron los retiros voluntarios de hasta siete candidatos, varios de ellos en la semana previa a las elecciones de primera vuelta. Todo ello propiciado también por el Congreso que, a través de la mencionada Ley 30414, otorgó a todos los partidos un salvavidas que les permitió participar en las elecciones y luego retirarse sin riesgo de perder su inscripción. Una reforma que procure la solidez de los partidos políticos no debería permitirles convertir las elecciones en la compra de un boleto de lotería que puedan canjear por una nueva oportunidad cuando se den cuenta de sus magras probabilidades de salir sorteados.
Finalmente, y no menos importante, este proceso nos deja de lección la necesidad de una efectiva supervisión de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Fueron varios los que no reportaron o declararon tardíamente sus ingresos y gastos, y en muchos de ellos, los sustentos de los aportes fueron débiles, cuando no fantasmas. Del mismo modo, el descubrimiento de peligrosos vínculos de candidatos o representantes políticos con actividades criminales fue tan tardío como preocupante. Expresiones como la que profirió el asesor de Keiko Fujimori, Hernando de Soto, a dos días de la segunda vuelta: “En todos los partidos hay infiltración de narcotráfico”, puede ser un flaco esfuerzo para tratar de minimizar alguna denuncia, pero una perfecta señal de alarma sobre lo que se podría convertir en la nueva normalidad de nuestra política.
Los problemas que vivimos durante esta campaña no son los únicos que merecen atención, pero nos muestran los frágiles cimientos en los que se apoya nuestro armatoste electoral y sistema de partidos políticos y que, si no se trabaja de una vez en su reforzamiento, ponen en riesgo la continuidad democrática necesaria para las siguientes fiestas electorales.
