“Panamá Papers” y la región: el presidente argentino se presenta ante la justicia tras ser imputado por las cuentas offshore
Varios anuncios y pocas explicaciones.
Forzado por el inicio de una investigación penal en su contra, Mauricio Macri ensayó ayer una respuesta política al escándalo nacional e internacional desatado por Panama Papers. El Presidente dio un breve discurso en Casa Rosada en el que repitió los mismos argumentos que se difundieron mediante un comunicado oficial tras conocerse el domingo su participación en una sociedad offshore hasta 2009. “Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley, he informado la verdad y no tengo nada que ocultar”, aseguró Macri y adelantó que hoy se presentará ante la Justicia civil para solicitar una “declaración de certeza” respecto de la legalidad de sus declaraciones juradas. Además, volvió a decir que colocará su fortuna en un fideicomiso ciego, algo que había prometido tras ganar la elección en noviembre del año pasado y que hasta ayer no había concretado. Por último, el líder del PRO informó el envío al Congreso del proyecto de ley de acceso a la información pública, en el que el Ejecutivo venía trabajando hace meses.
Replicada en los diarios de todo el mundo, la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar a Macri por el delito de omisión maliciosa chocó con la intención del macrismo de dar por cerrado el tema con las explicaciones brindadas el miércoles por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ayer, ante un Salón Blanco poblado por buena parte del gabinete nacional, legisladores de Cambiemos y otros funcionarios, Macri volvió a referirse públicamente a sus sociedades offshore. “Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers, que ha salido y me ha involucrado a mí”, arrancó el Presidente. Repitió que no fue accionista de esas empresas, que no recibió ningún tipo de retribución y que hizo su declaración jurada “en forma correcta” desde que ocupó la Jefatura de Gobierno porteño. Además, señaló que envió la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la dirigente del PRO, Laura Alonso, quien ya defendió en las redes sociales el accionar del mandatario.
En paralelo a la investigación penal, el Presidente anunció que hoy se presentará en el fuero civil “para que un juez verifique” sus dichos y determine si ha habido alguna irregularidad en sus declaraciones juradas patrimoniales. Abogados y juristas cuestionaron que Macri recurra a la Justicia civil cuando no es competencia de ese fuero y ya tiene abierta una causa en el fuero penal. De todas maneras, el Presidente aclaró que estará “a disposición de cualquier otro juez que requiera información” para verificar sus dichos.
En ese contexto y tras unas palabras previas sobre la importancia de la confianza, la verdad y la transparencia, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto sobre acceso a la información, que hasta la fecha está regulado mediante un decreto del ex presidente Néstor Kirchner de 2003. La iniciativa fue remitida ayer mismo al Parlamento y está previsto que su tratamiento comience en la Cámara de Diputados la próxima semana con la presencia del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, encargado de elaborar el proyecto. El ex dirigente de la Coalición Cívica fue uno de los funcionarios presentes en el anuncio de ayer, al igual que Peña, Garavano y otros ministros como Andrés Ibarra y Rogelio Frigerio. Otros asistentes fueron los diputados que trabajan temas de reforma institucional y transparencia como Karina Banfi y Carla Carrizo de la UCR y Fernando Sánchez, de la CC.
“Esta ley lo que busca es traer transparencia; traer participación porque no sólo se trata de que la gente sepa lo que se hace desde el Estado, sino que también pueda participar y opinar”, sostuvo Macri, que machacó con el discurso de “gobierno abierto”. Según el Presidente, la normativa permitirá que “cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en quince días, si no podrá ser sancionado”.
Sin ahondar demasiado, informó que se prevé la creación de una “oficina de acceso a la información” y habló de la necesidad de “terminar con la corrupción”. En ese contexto, promocionó como un “aporte” la creación del fideicomiso ciego, un instrumento financiero para que un tercero administre de manera independiente su patrimonio. “Esto ningún presidente lo había hecho y lo hago justamente porque no quiero que exista ninguna duda en nuestra relación, que vos no dudes ni por un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte, ayudarte a que salgas adelante, a que tengan un mejor futuro”, argumentó Macri, retomando el tono de la campaña electoral, cuando precisamente había dicho que si resultaba electo dejaría de administrar sus bienes. Esa misma herramienta la utilizó el ex presidente chileno Sebastián Piñera al asumir en el cargo.
Hasta la imputación, en el macrismo habían dado el tema por terminado. Sin embargo, después de conocida la decisión del fiscal, en la Casa Rosada se mostraron confiados en que la causa judicial contra Macri no prosperará, aunque tampoco negaban su impacto político.
Sus principales socios, la UCR y la Coalición Cívica, celebraron las declaraciones y las iniciativas de ayer. Elisa Carrió lo felicitó con un “muy bien” vía Twitter. “Los tres anuncios me parecieron muy bien y en la misma línea. El Presidente reaccionó con la madurez que requiere el cargo”, señaló en el mismo sentido Fernando Sánchez, uno de sus hombres más cercanos.
Panamá: Varela llama a sector público y privado para ‘unir fuerzas’
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se reunió ayer con los principales grupos de abogados y empresarios del país en una sesión extraordinaria para analizar la acciones a tomar tras el escándalo Mossack Fonseca.
Al mismo tiempo, asignó a Christian Ferry, asesor internacional del mandatario, la labor de identificar los servicios de un consultor especialista en asuntos financieros para manejar esta crisis.
La misión es un encontrar a ‘una persona de alto perfil’ que tenga experiencia y conocimiento en manejo de temas financieros internacionales.
UNIÓN DE FUERZAS
En el encuentro, el mandatario solicitó a los abogados y, empresarios ‘unir fuerzas’ con el sector público para defender los mejores intereses nacionales.
Varela fue enfático en que hay que ‘coordinar las acciones’ para salir ‘bien librados’ de la situación que afronta el país y que los intereses nacionales no se vean afectados por el ‘problema’ que ha generado la filtración de millones de documentos de la firma abogados Mossack Fonseca, poniendo en duda sus buenas prácticas.
Según se estableció en este primer encuentro, el grupo volverá a reunirse la próxima semana para valorar resultados.
NUEVOS RETOS
En el encuentro con miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (Candsif), creada en 2009 para responder ante los requerimientos internacionales en materia de tratados y acuerdos, se analizaron los retos que tiene el sistema ante la nueva normativa.
El presidente insistió en que hay que atender los intereses internacionales, sin desatender los internos.
‘Sugiero que en los próximos días se reúnan con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF’
A los asistentes, entre los que estuvieron los representantres de los principales gremios y sectores productivos del país, el mandatario propuso que, a partir de hoy mismo, se reunan con sus directivos y su membresía para lograr un consenso en el diseño de la estrategia ‘que sirva para que el país salga adelante’.
La reunión extraordinaria se realizó en el Palacio de Las Garzas, sede del Gobierno, y fue encabezada por el mismo Varela, acompañado de la canciller, Isabel de Saint Malo; el vicecanciller, Luis Miguel Hincapié y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Por el sector privado, asistieron José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA); el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García Icaza; así como representantes de la Asociación Bancaria de Panamá y la Asociación de Abogados Internacionales.
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TRATO PREFERENCIAL
‘Clientes con problemas’
Las denuncias periodísticas que han puesto en entredicho la reputación de una de las más internacionales firmas de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, ponen de manifiesto un trato especial para sus ‘clientes con problemas’.
Entre los 11.5 millones de documentos extraídos del grupo de abogados que ahora estudia el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se identifican intercambios de correos con recomendaciones específicas a sus clientes en todo el mundo para ganratizar ‘diferentes grados de secretismo’ a sus compañías, alternando diferentes jurisdicciones y figuras comerciales. Cada servicio con una tarifa diferentes, aclara el consorcio.
Entre otras prácticas, ICIJ señala el cambio de fecha intencional o ‘bakckdating’ en algunos de los documentos o registros elaborados por Mossack Fonseca para y la venta de sociedades anónimas con ‘solera’, para rebajar la presión de una potencial auditoría.
Mientras la tarifa estándara para dar de alta una soceidad anónima oscila entre los $1.000 y $1.5000 dólares, una sociedad de vieja data puede venderse por $100,000 y $400.000, sostiene Ernesto Cedeño, abogado procesalista.
‘En Panamá no es ningún secreto que las sociedades antiguas se venden más caras, pero no es un delito’, señala Cedeño quien reconoce, sin embargo, que es dificilmente explicable que un cliente quiera pagar más por un servicio, salvo que tenga algo muy dudoso que ocultar. Las sociedades ‘viejas’, muchas morosas, pero no por eso extintas, por un vacío en la ley, se prestan menos a investigación, porque no han sido denucniadas, a veces por inoperantes.
Cualquier abogado, explicó, puede ir al registro público y ‘cosechar’ esas sociedades, pagar las tasas pendientes y revenderlas. La ley lo permite, pero ‘todo acto de un abogado deja rastro y yo me cuidaría mucho de recomendar a un cliente un acto ilegal porque también cometo delito’, recalcó.
Según el artículo 254 del capítulo VI de la ‘ley antilavado’, aprobada en 2015, recibirá sanción de entre cinco y ocho años de prición quien favorezca dolosamente el blanqueo de capitales, advirtió el especialista.
El abogado no tiene por qué dudar de su cliente, precisó Cedeño, pero tiene la obligación de seguir su trayectoria y denuncias comportamientos sospechosos o irregulares o él mismo caerá en falta.
Ante las últimas publicaciones sobre el tema, el abogado panameño señaló que el Minsiterio Público tiene la obligación de investigar de oficio, como ha dicho que lo hará. ‘La legislación antiblanqueo panameña es firme y no puede quedar en letra muerta’, indicó.
EE.UU. admite que financió #PanamaPapers
Estados Unidos reconoció que la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), adjunta al Departamento de Estado, financió a una de las organizaciones que colaboraron en la investigación sobre los llamados “papeles de Panamá” (“Panama Papers”).
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, identificó la entidad como el Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), que cooperó en dicha pesquisa coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en esta capital.
El OCCRP recibió apoyo de varios donantes, incluido el Gobierno estadounidense, explicó Toner, quien agregó que las autoridades norteamericanas aún revisan los Panama Papers y no tienen ninguna conclusión definitiva al respecto.
Añadió que Washington no financia esto para afectar a ningún país ni individuo en particular, y aclaró que la Usaid no regula la forma en que se invierten los fondos que destina a esa organización.
Presidente Maduro solicita a la fiscal Ortega Díaz investigar caso “Panama Papers”
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz investigar el caso “Papeles de Panamá” y a los venezolanos que pudieran estar involucrados en ese “escándalo”.
“Investiguemos todo eso, saquemos todo a flote”, instruyó el jefe de Estado a la titular del Ministerio Público desde los espacios del Palacio de Miraflores, Caracas, donde recibió al pueblo que marchó en rechazo a la Ley de Amnistía promovida por los diputados de la oposición.
Señaló que todos los diputados de la oposición “seguro están metidos” en el caso que revelara el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que detalla que más de un centenar de personas en el mundo poseen sociedades financieras en paraísos fiscales.
“Vieron que lo callaron, debe estar toda la derecha metida en ese escándalo”, enfatizó el jefe de Estado durante su discurso y en medio del apoyo del pueblo venezolano que se concentró en Miraflores.
Maduro afirmó que quién esté involucrado el hecho debe ser juzgado en Venezuela
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el primero en conseguir el acceso a los 11 millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reseñó Telesur en su sitio en internet.
Los datos filtrados cubren el período comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta, reportó el referido medio de comunicación internacional.
SAT indaga a 33 mexicanos en la lista #PanamaPapers
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene abiertos expedientes de investigación de al menos 20 empresarios mexicanos de un total de 33 personas investigadas.
De los anteriores, a 18 les tiene abiertas auditorías fiscales, mientras que la información de dos fue solicitada por otros países.
De acuerdo con declaraciones del titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo que ese organismo ya comenzó las investigaciones fiscales correspondientes de algunos empresarios que aparecieron en la lista de los “Papeles de Panamá”, y otros más con motivo del intercambio de información fiscal con Estados Unidos, que comenzó a fluir desde enero pasado.
Núñez Sánchez declinó ofrecer nombres de quienes han enviado dinero a paraísos fiscales, como se dio a conocer el domingo en el caso, pero reconoció que el SAT sí tiene abiertas investigaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán. “Es una revisión interna que nos permita dar inicio, o no, a un procedimiento”, puntualizó.
“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas; la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso.
“Incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información”, declaró.
Colusión
Las empresas mexicanas de distribución de fármacos Marzam y Nadro, podrían caer bajo el escrutinio de las autoridades, por su supuesta aparición en los llamados “Papeles de Panamá”, lo que podría también afectar los precios y el abasto de medicamentos en el país.
De acuerdo con el caso, el fondo de capital privado holandés Moench Coöperatief utilizó dinero de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, director general de la distribuidora Nadro, para comprar 50%, más una acción, de Marzam.
Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, señaló que Nadro cuenta con 35% del mercado y Marzam con 12. (Con información de Reforma)
La lista de nombres notables de #PanamaPapersMx
1. Juan Armando Hinojosa Cantú (dueño de Higa)
2. Ramiro García Cantú (contratista de Pemex)
3. Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez (dueño de Oceanografía)
4. Emilio Lozoya Austin (ex director de Pemex)
5. Edith González (actriz, esposa Lorenzo Lazo)
6. Alfonso de Angoitia (ejecutivo de Televisa)
7. Ricardo Benjamín Salinas Pliego (dueño de TV Azteca)
8. Guillermo Cañedo White (ex ejecutivo de Televisa)
9. Ángel Remigio González González (dueño de medios de comunicación)
10. José Antonio Pérez Simón (ex grupo Carso)
Cuatro ecuatorianos ofertaban los productos de Mossack Fonseca en Quito
Cuatro ecuatorianos eran los representantes en el país de la firma Mossack Fonseca, involucrada en la investigación periodística denominada ‘papeles de Panamá’. Según miles de documentos filtrados, el bufete de abogados asistió a políticos, empresarios, deportistas y personajes del mundo del entretenimiento y la cultura a crear sociedades offshore en paraísos fiscales.
Entre los documentos filtrados y que publicó EL TELÉGRAFO en su portal consta el acta de representación firmado por las cabezas de Mossack Fonseca: Jurgen Mossack y Ramón Fonseca. Mientras que Juan Esteban Arellano Rumazo, Javier Esteban Bonilla Molina, Pablo Paredes Larrea y Juan Bernardo Dávalos Salazar suscribieron el documento como “el representante”.
Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel en el gobierno de Alfredo Palacio. Según diario El Universo, ahora sería representante de Mossack Fonseca en Colombia.
Dávalos fue vocal de Andinatel en 2007. Mientras que Paredes fue asesor del Ministerio de Finanzas en 2004. Molina hizo lo propio en la Secretaría Nacional de Inteligencia entre 2014 y 2015, pero como asesor externo, reveló la cartera de Estado en un comunicado.
En uno de los considerandos del acta se indica que “Mossfon (Mossack Fonseca) reconoce que el representante (los 4 ecuatorianos) conoce y tiene experiencia comercial y de mercadeo de los productos ofrecidos por Mossfon.
Sobre los precios ofertados, el acta especifica que “el representante no podrá mercadear para su venta ninguna compañía, fundación, fideicomiso o servicios similares de las jurisdicciones offshore dentro del territorio asignado a precios inferiores a los de Mossfon.
El territorio asignado es Quito. En el portal de Mossack Fonseca se informa que la firma posee dos oficinas en Ecuador: Guayaquil y la capital. Pero los 4 ecuatorianos antes citados cubrían exclusivamente esta ciudad.
Todas las facturas que presentaban a Mossfon debían ser pagadas en su totalidad en menos de 30 días. Pero los ecuatorianos antes mencionados estaban obligados a informar sobre todos los fondos recibidos.
En el acta, fechada en 2007, los ecuatorianos se comprometen a 30 productos de Mossfon en los primeros 6 meses de actividad. Y en el segundo semestre la cifra subiría a 60. A medida que pase otro semestre la cifra aumentaría 10%.
Los representantes debían pedir a sus clientes certificados bancarios y referencias morales. El acta asegura que esto es para cumplir la “nueva legislación” de conozca a su cliente. Esos documentos debían ser enviados a Panamá en caso de que se abriese una investigación. Pero en el mismo documento, más adelante, se indica que no es necesario revelar la identidad del cliente, a no ser que se produzca una indagación.
Luego de esta firma los ecuatorianos habrían constituido Representaciones Molpadar. Según el portal de la Superintendencia de Compañías la empresa ya no está activa. Tenía sede en Quito.
Mossack Fonseca está en el ojo de una tormenta internacional. Los directivos aseguran que no han cometido ningún ilícito, pero, según revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), habrían ayudado a personas ligadas al narcotráfico.
Uno de los fundadores de la firma Jürgen Mossack nació en Alemania en 1948. Junto a su familia se trasladó a Panamá a inicios de los años 60. Durante la segunda guerra mundial, el padre de Mossack integraba la Waffen SS, el brazo militar del partido nazi, según archivos de inteligencia estadunidenses.
El rol de Estados Unidos
Los abogados panameños dijeron que sus servidores fueron atacados desde el extranjero. WikiLeaks aseguró que Estados Unidos financió la filtración para afectar la imagen del presidente ruso, Vladimir Putin.
Pero ayer el viceportavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, dijo que los periodistas “recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU.”. Según él, los informadores fueron financiados “no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas”. La operación se realizaba a través de Usaid, la agencia norteamericana que se financia proyectos de cooperación internacional. (I)
REACCIONES
El fiscal federal argentino, Federico Delgado, abrió una investigación al presidente Mauricio Macri por su participación en dos sociedades ‘offshore’. La investigación apunta a aclarar la situación del presidente argentino, quien figura como director en la firma Fleg Trading Ltd. inscrita en Bahamas y Kagemusha S.A., de la cual Macri sería vicepresidente, que está “aún en funcionamiento”.
El jefe negociador del Gobierno de Colombia con las FARC, Humberto de la Calle, constituyó legalmente “una sociedad familiar” en Panamá. “Por razones de seguridad y confidencialidad, en el pasado constituí una sociedad familiar denominada Davinia con el único fin de servir de tenedora de mi patrimonio familiar”, señaló el funcionario en un comunicado.
El precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, acusó a su rival Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, de ser responsable de los ‘papeles de Panamá’ por apoyar hace 5 años un acuerdo de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos que “ha facilitado a los ricos y a las empresas del mundo eludir el pago de impuestos en sus países”.
La ministra de Transparencia y Anticorrupción de Bolivia, Lenny Valdivia, solicitó detalles de empresas o personas de su país involucradas en evasión fiscal. Pero el consorcio periodístico que investigó los ‘papeles de Panamá’ carece de registros “corroborados” de bolivianos implicados en firmas ‘offshore’. “No han podido ser corroborados todavía (los datos sobre Bolivia) y eso constituye para ellos un impedimento en proporcionar cualquier tipo de información”.
