Guatemala: primera condena por crímenes sexuales cometidos por ex militares durante el conflicto armado
Dictan penas de 240 y 120 años en juicio Sepur Zarco
Por unanimidad, el Tribunal A de Mayor Riesgo emitió sentencia condenatoria de 120 años de cárcel contra el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón, y de 240 años de prisión contra el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, por desapariciones forzadas y abusos sexuales contra mujeres indígenas en el destacamento Sepur Zarco, en Izabal, en los años 1982 y 1983.
Luego de 20 audiencias, la jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal, leyó la sentencia, avalada por los vocales Patricia Bustamante y Gerbi Sical.
En la resolución se señala que las violaciones sexuales reiteradas, por parte de soldados, no solo afectaron a las víctimas, sino a sus familias y a todo el tejido social.
“Este tipo de hechos no deben volver a repetirse”, dijo Barrios al dar lectura a las partes más importantes de la resolución, la cual será leída en forma íntegra el próximo 4 de marzo.
Reyes Girón fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores, Anita y Herlinda Zet Coc, para un total de 90 años. Además, se le sentenció a 30 años de cárcel por el delito de deberes contra la humanidad.
El excomisionado Valdez fue sentenciado por las desapariciones forzadas de Antonio Sub Cac, Manuel Cac y sus dos hijos, así como Abelardo Coc, Heriberto Choc Tzi y Juan Choc, por su detención en forma violenta. Las víctimas fueron retenidas y luego nunca aparecieron.
Después de dictada la sentencia el abogado Moisés Galindo, defensor de Reyes, anunció que apelará el fallo y dijo estar seguro de que la condena será revertida. “Hay más de 300 contradicciones que se van a traer abajo esta sentencia”, agregó.
La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia estalló en aplausos y gritos de “justicia” al conocerse la sentencia condenatoria. Decenas de mujeres celebraron y felicitaron la valentía de las víctimas que durante todo el juicio permanecieron con los rostros cubiertos con mantas.
ESTRATEGIA CRIMINAL
El tribunal consideró probado, con base en peritajes y testimonios, que los dos acusados son responsables de los crímenes que comenzaron con el establecimiento del destacamento en Izabal y que el primer paso de los delitos atribuidos a los militares fue la desaparición forzada de los hombres de la comunidad.
Luego, las mujeres quedaron solas, a expensas de los soldados, quienes las utilizaron para satisfacerse sexualmente, tratando a las mujeres víctimas “peor que animales, obligándolas a tener relaciones sexuales de forma violenta, a través de la fuerza, amarrándolas, amenazándolas con armas o indicándoles que las iban a matar si no accedían”, leyó la jueza Barrios.
Además, existieron los mismos patrones de conducta, pasando listados de personas de la comunidad, detener a los hombres, ordenar su desaparición o bien matarlos. “En cualquiera de las tres opciones el resultado era dejar a las mujeres solas”, indicó la juzgadora.
En la sentencia se agrega: “No contentos con las violaciones a las mujeres, las degradaron con trato humillante, obligándolas a trabajar de forma forzada en la elaboración de alimentos y lavado de ropa sin recibir ningún pago”.
El 2 de marzo tendrá lugar, en el 15 nivel de la Torre de Tribunales, la audiencia de reparación digna para las víctimas, quienes en todo momento ocultaron sus rostros.
Contra mujeres
Desaparición y violaciones
Esteelmer Reyes Girón fue acusado por delitos de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica contra 11 mujeres, así como el asesinato de una madre y sus dos hijas menores.
Al ex comisionado Valdez Asij se le enjuició por la desaparición forzada de seis hombres, esposos de las mujeres que posteriormente fueron sometidas a esclavitud sexual, así como delito de deberes contra la humanidad.
Los crímenes habrían sido cometidos al asentarse en la comunidad un destacamento militar “para el descanso de la tropa”, en 1982 y 1983, y según los querellantes adhesivos los militares primero desaparecieron de manera forzada a los hombres y luego habrían violentado a las mujeres al considerarlas “solas y por lo tanto disponibles”, para someterlas a servidumbre doméstica y abusos sexuales.
Sepur Zarco es clave para «consolidar la paz»
La Coordinadora Residente de la ONU en Guatemala, Valerie Julliand, defendió la celebración de juicios como el de Sepur Zarco, en el que se dirimen los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, como un elemento clave para “consolidar la paz” y reconocer el dolor de las víctimas.
“Si el país quiere consolidar su paz e ir adelante -necesita- haber integrado los elementos de su historia” , señaló Julliand.
El caso Sepur Zarco enjuicia al teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el excomisionado del Ejército Heriberto Valdéz Asij, por someter a esclavitud sexual a 11 mujeres de la etnia maya q’eqchi. Ambos están acusados por la Fiscalía de los delitos de desaparición forzada y de lesa humanidad.
Este juicio, unido al celebrado contra 11 militares retirados, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Manuel Benedicto Lucas García, procesados por haber participado en la desaparición de al menos 558 indígenas en la década de los ochenta, ha reabierto las heridas en la sociedad guatemalteca.
Manifestaciones a favor y en contra de los militares, junto a otras en homenaje a los desaparecidos, se han sucedido en los últimos meses.
Para Guatemala, donde el 70 por ciento de la población tiene menos de 30 años, es “importante” que los jóvenes conozcan su historia antes de “doblar la página”; “La historia de un país no se puede olvidar. Si un pueblo olvida su historia está destinado a vivir la historia de nuevo”, afirmó Julliand.
“Hay jóvenes en Guatemala que no saben que hubo un conflicto armado” , lamentó.
Para consolidar la paz, añadió la máxima responsable de la ONU en el país centroamericano, es necesario que se celebren juicios como el de Sepur Zarco o el del exdictador José Efraín Ríos Montt, acusado de cometer genocidio entre 1982-1983.
Las familias que han perdido seres queridos, insistió Julliand, no buscan una justicia individual, sino que “el país en su conjunto reconozca lo que ha pasado” e implemente “medidas simbólicas de reparación” .
Casos como el de Sepur Zarco, en el que se juzga la esclavitud sexual de 11 mujeres, es un “reconocimiento” que permitirá “aliviar el dolor” de todas las “víctimas” , señaló la representante de la ONU.
En su opinión, el país debería contar con un memorial estatal en honor a las víctimas de ambos bandos, como existen en otros Estados de la región, como un paso imprescindible para consolidar la paz.
“Como un pueblo entero puede reconciliarse si tiene la impresión que se le ha negado la existencia misma de sus víctimas” , sentenció Julliand.
El nombramiento de militares en el Gobierno de Jimmy Morales, quien fue elegido por un partido amparado por exresponsables de las fuerzas armadas, ha alimentado las críticas de parte de la sociedad guatemalteca: “El Gobierno” , señaló Julliand, “no es el lugar de los militares” .
Justicia avanza con el caso de Sepur Zarco
Durante las últimas cuatro semanas, incluida la que concluye hoy (27), la sociedad guatemalteca estuvo pendiente del desarrollo del juicio seguido al ex subteniente del Ejército Esteelmer Reyes Girón, y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, acusados de incurrir en delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y asesinato, cometidos durante los años 1982 y 1983 en el destacamento militar de Sepur Zarco, en el municipio de El Estor, Izabal.
El juicio alcanzó un alto grado de simbolismo debido a que, por primera vez en la historia de Guatemala y del continente americano, mujeres víctimas (entre otros agravios) de esclavitud sexual y doméstica exigieron justicia.
Este viernes por la tarde, el Tribunal de Mayor Riesgo A, encabezado por la jueza Yasmín Barrios, declaró culpables a Reyes Girón y Valdez Asij, a quienes se impuso largas penas de privación de libertad.
Rodeado de una intensa cobertura por los medios de comunicación social y seguido atentamente por la sociedad civil y por la comunidad internacional, el resultado de este proceso judicial tiene múltiples significados.
En primer lugar, es un acto de justicia que el Estado guatemalteco estaba debiendo a las víctimas, en quienes se encarna el derecho de toda mujer residente en este país, sin distinción de etnia, credo o condición socioeconómica, a no ser tratada como objeto de goce insano, arbitrario e impune de quienes están impregnados de una oprobiosa cultura patriarcal y machista.
Desde este punto de vista, la reivindicación de las mujeres q’eqchís victimizadas en Sepur Zarco, es la reivindicación de todas las mujeres guatemaltecas.
Por otra parte, el juicio culminado este viernes constituye un gran paso adelante en la justicia transicional y, por consiguiente, está llamado a convertirse en un hito histórico en la ruptura de Guatemala con un bochornoso estigma de impunidad, fuertemente permeado de prejuicios racistas.
La impunidad del presente, que tanto lastima a nuestra sociedad, nace de la impunidad del pasado. Eso debe quedar muy claro.
Por eso, trivializar casos como este, bajo el falso argumento de que “debemos pasar la página y seguir adelante”, solamente puede mantenernos en el pantano de la criminalidad cobijada, precisamente, por la vergonzosa cultura de mirar hacia otro lado cuando las víctimas son “otras”.
No debemos resistirnos a ver en el espejo de un pasado bochornoso. Reconocer que aquí hubo atrocidades, y llevar ante la justicia a los responsables de ellas, es el camino necesario para sanar heridas aún abiertas de un conflicto fratricida, que no debió ocurrir.
No habrá verdadera paz ni auténtica reconciliación, sin justicia. Esta es otra de las lecciones del caso Sepur Zarco. Se equivocan quienes, anclados en ideologías de odio, alientan artificialmente la polarización. Si algo puede y debe unir a este país es, precisamente, la lucha por la justicia, para todas y todos.
Sepur Zarco: sentencia que agudiza división de posturas
La sentencia condenatoria emitida por el Tribunal A de Mayor Riesgo contra el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, generó una serie de reacciones polarizadas entre quienes consideran la sentencia como una muestra de justicia y quienes cuestionan la veracidad del proceso judicial.
La presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, dio lectura a la sentencia en la que indicó que los jueces consideraron que las mujeres sí fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el referido destacamento. Asimismo, señaló que el daño ocasionado a las víctimas trascendió a sus cuerpos y sus mentes, y se rompió el tejido social.
Reyes Girón fue condenado a 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual y tratos inhumanos y se le sumó una pena de 90 años por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad.
Valdés Asij fue condenado a 30 años de prisión por deberes contra la humanidad y 210 años por la desaparición de cinco campesinos.
Según Barrios, todos los jueces creen firmemente en la veracidad de los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco.
POSTURAS ENCONTRADAS
La Premio Nobel Rigoberta Menchú manifestó que esta fue “una sentencia que dignifica a las mujeres, una sentencia que dignifica a la humanidad”.
Asimismo, opinó Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Julliand aseguró que de esta forma el país demuestra su compromiso con la justicia.
Por el contrario, Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo, mostró su descontento con la decisión del Tribunal.
“Sepur Zarco fue un proceso viciado desde el inicio hasta el final. Indudablemente la condena será anulada en otra instancia”, aseguró.
