Organismos acuden a la CIDH por detención de Milagro Sala, parlamentaria del Mercosur
Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente” exigiendo que se garantice la integridad física de Sala, se ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las organizaciones sociales. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El uso de leyes penales no puede ser usado para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamos”, destacó.
Además, Amnistía Internacional junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) formularon ayer un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, Alberto Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy. Las organizaciones de derechos humanos le plantearon a la CIDH la necesidad de medidas cautelares para garantizar la libertad de Sala –cuya detención calificaron de “extorsiva”–, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy. “Las medidas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo” jujeño a cargo del radical Gerardo Morales “procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes”, advirtieron.
En los últimos días, referentes de la organización Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales “fueron víctimas de hostigamiento y persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en esa provincia”, destacaron las organizaciones, y recordaron que ese accionar “incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala”, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur. “Su detención está siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada”, apuntaron.
Milagro Sala está acusada de organizar una protesta (interpretada como incitación al delito y tumulto) en rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como delito de sedición). “El gobierno provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación formalista contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la protesta, se ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un procedimiento lleno de irregularidades”, advirtieron los organismos. “En un proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva. La privación arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social implica un daño irreparable para las personas directamente involucradas y también tiene efectos intimidatorios para el conjunto de la comunidad”, señalaron el CELS, Amnistía y Andhes.
Las organizaciones advirtieron a la CIDH que “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de desalojo de la protesta”. “Se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”, destacaron. Las medidas judiciales impulsadas por el gobierno de Morales “procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes”. “De esta manera, el Estado en lugar de generar condiciones efectivas para el ejercicio de la protesta como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone impedir su desarrollo. Esta restricción de las libertades democráticas por vía de la obstaculización y criminalización del derecho a la protesta tienen la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad que justifican el otorgamiento de las medidas cautelares que le solicitamos a la Comisión”, concluyeron el CELS, Amnistía y Andhes.
Amnistía Internacional, por su parte, lanzó una acción urgente, que es “una herramienta de nuestra institución para visibilizar el caso a nivel internacional”, explicó Belski. “Lo que hacemos es difundir la información en francés, inglés y español con nuestra membresía, compuesta por siete millones de personas en todo el mundo, para que le escriban al gobernador Morales y le exijan que libere a Milagro Sala y garantice la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Jujuy”, explicó. La organización había realizado acciones similares por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz, quien protagonizó una larga protesta, pero no fue arrestado, y de la referente mapuche Relmu Ñamku, quien fue acusada de homicidio y fue absuelta en un juicio que se realizó en un jurado intercultural.
El presidente justificó la detención de la dirigente Milagro Sala por protestar
La persecución sobre la líder de la Túpac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, se profundizó en el día de ayer y contó con el respaldo directo del presidente Mauricio Macri. El jefe de Estado se refirió al tema en una serie de entrevistas que brindó a medios internacionales antes de partir hacia Davos, Suiza, donde se realizará el Foro Económico Mundial, que reúne al poder económicoconcentrado a escala global. El jefe de Estado defendió la detención de la dirigente social jujeña.»Hubo jueces independientes que no me consultaron a mí ni al gobernador (Gerardo Morales) y que actuaron por las causas pendientes de esta dirigente. Tiene varias causas en las que violó la ley», dijo Macri, desconociendo que la única excusa legal por la que Sala está detenida es por “tumulto” y una supuesta “instigación al delito”. El resto de las acusaciones son simplemente denuncias que aún no han sido investigadas.
«Me preguntaban antes si hay jueces fuertes para juzgar lo que se hizo. Acá hay algunos que sí, pero es una decisión de ellos. Que quieran buscar una explicación política a estas ilegalidades es como infantil», agregó Macri, en sus declaraciones al diario inglés The Guardian, al francés Le Monde y al español El País.
Al ser consultado por la reacción social y política que despertó la detención de la líder de la Túpac, el presidente volvió a intentar quitarle intencionalidad política al encarcelamiento. «Me parece bien que los jueces se animen a defender el valor de la ley. Si ellos creen que se violó la ley, no tiene que haber favoritismos por más poderosos que sean a los que juzgan, como este caso”, remarcó. “Hace mucho tiempo que se hablaba de los abusos de poder de Milagro Sala y violaciones a la ley. Si hay jueces que han decidido que eso que el periodismo comentaba es verdad, se confirma que hay magistrados dispuestos a hacer respetar las normas”, reiteró el presidente, omitiendo de nuevo que las supuestas «violaciones» son denuncias que no se han investigado.
El rol de Morales
El gobernador Morales también estuvo activo en su intento de acumular una montaña de denuncias contra la dirigente social. Ayer brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno jujeña, acompañado por todo su gabinete provincial. Ratificó su estrategia para intentar fracturar a la red de cooperativas. Confirmó su posición respecto a las medidas de “regularización y restitución de derechos” a “los cooperativistas y beneficiarios de planes sociales” que tomen distancia de la Túpac. El cacique radical aprovechó el momento para tirar una nueva acusación a Milagro, señalándola como jefa de “una asociación ilícita”.
Al ser consultado sobre las nuevas denuncias que presentó sobre manejo irregular de fondos públicos, el mandatario provincial brindó su explicación. “Estamos marcando el modus operandi de una asociación ilícita que funcionaba con funcionarios del Instituto de Vivienda”, remarcó, involucrando a funcionarios de la gobernación anterior. «Hicimos la denuncia contra Milagro Sala y otros líderes de agrupaciones que se encuentran en la plaza”, se explayó, “y también contra de ex funcionarios del IVUJ (Instituto de la Vivienda jujeño)». Según Morales esa presentación se hará “en los próximos días”. “A partir de la denuncia va a desnudar todo un tema hacia atrás”, agregó, sin aclarar por qué sigue detenida Sala, violando derechos constitucionales básicos, ya que se trata de una denuncia que aún no se hizo y que se deberá investigarse para verificar su veracidad.
En la misma línea argumental, el mandatario provincial detalló que las supuestas irregularidades no contemplan solamente “un faltante de 29 millones de pesos sino también obras que no se han hecho, cosas que se pagaron, cheques, recibos, sellos falsos y un montón de temas que están planteados” dentro de su denuncia.
Sobre el acampe en plaza Belgrano que mantienen unas 15 cooperativas que reclaman la liberación de Sala y la continuidad de sus puestos de trabajuo, el gobernador sostuvo que «hasta acá es una contravención”. “Pero no descartamos que pueda haber alguna resolución judicial. Es decir que hay una situación muy compleja que se da también en la plaza”, amenazó Morales. “Ya están todos los mecanismos institucionales en actividad y estamos dialogando con todas las cooperativas”.
Al final del día, el mandatario provincial recibió a un grupo de diputados nacionales (ver a parte) que sostuvieron que Sala es una presa política y pidieron por la liberación. Morales a tomar en cuenta la demanda. «
Críticas de Amnistía y la Correpi
La organización Amnistía Internacional lanzó una «acción urgente» para exigir la «inmediata liberación de Milagro Sala y la no criminalización de la protesta social», en referencia a la situación que se vive en la provincia de Jujuy tras la detención de la líder de la organización social Tupac Amaru por protagonizar un acampe en la Plaza Belgrano en protesta contra decisiones gubernamentales.
“Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través de un comunicado en el que se explayó sobre la detención de sala ocurrida el sábado en la plaza central de San Salvador de Jujuy.
Además, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció la «persecución y prisión de la que hoy es víctima» Sala, y calificó la detención como «un ejemplo de libro de represión a la protesta social». Mediante un comunicado de prensa la entidad manifiestó que «la descripción de los hechos (que se le atribuyen a Sala) en la acusación fiscal demuestra sin oscuridad alguna que no se trata de una detención originada en la comisión de algún delito, sino de lisa y llana represión a la protesta».
«Más allá de las grandes diferencias que nos separan de Milagro Sala y su agrupación Tupac Amaru, repudiamos la persecución y prisión de la que hoy es víctima, ejemplo de libro de represión a la protesta social», afirmó la organización.
Legisladores y dirigentes se reunieron con Morales para pedir la liberación de Milagro Sala
“Hemos estado reunidos con Morales y sus ministros, le hemos planteado enérgicamente nuestra preocupación y la necesidad de la liberación de Milagro Sala, que es la prioridad de esta delegación”, expresó el diputado nacional Edgardo Depetri, al finalizar la reunión.
Agregó que el encuentro con el gobernador «fue un espacio necesario para que en este lugar de conflicto y de ilegalidad de detención de nuestra compañera se fortalezcan los vínculos democrático y de participación” lo cual Depetri valoró como un “gesto” por parte de Morales, pero dijo que “no alcanza” ya que se debe liberar a Milagro Sala.
Sobre el dialogo mantenido, Depetri refirió que Morales les explicó sobre su plan de políticas públicas vinculadas a las cooperativas, y que, en ese marco, le ratificaron que no fueron a Jujuy a “discutir sobre ello, ni a interpelar su figura y que respetábamos la voluntad popular”, dijo el diputado opositor.
“Lo que no podemos conceder al gobernador ni compartir con él es que esa política pública pueda tener legitimidad con una compañera política presa”, sostuvo, y apuntó que le argumentaron que para “favorecer y fortalecer sus políticas Milagro debería estar libre”.
Sobre la respuesta del gobernador, Depetri explicó que “Morales le planteó que tomaba el pedido y que lo iba a evaluar, pero no hubo otra definición, así que nosotros seguiremos trabajando por la pronta libertad de Milagro Sala y seguiremos revindicando el trabajo de la organización y de las cooperativas”.
Los diputados que participaron del encuentro junto a Depetri fueron Leonardo Grosso, Adrián Grana, Carolina Gaillard, Marcelo Santillán, Verónica Mercado, Lucila De Ponti, Cristina Britez, Silvia Horne y Mabel Carrizo.
También estuvieron los diputados del Parlasur Julia Perie y Diego Mansilla, el diputado de la provincia de Buenos Aires Miguel Funes y el dirigente Horacio Pietragalla.
Milagro Sala fue detenida el sábado pasado acusada de «instigación a cometer delitos y tumultos», de acuerdo con una denuncia penal realizada por el gobierno provincial, a raíz del acampe de protesta que sostienen organizaciones sociales en Plaza Belgrano de la capital provincial, que ya cumplió 36 días.
