Lawfare o “guerra jurídica”, el progresismo sobre los estrados judiciales – Por Óscar Javier Trujillo Osorio
Lawfare o “guerra jurídica”, el progresismo sobre los estrados judiciales
Por Óscar Javier Trujillo Osorio *
El lawfare –de law (ley) y warfare (guerra)– es un mecanismo que se utiliza para referirse al uso político del sistema legal con el objetivo de perseguir, inhabilitar o sancionar a miembros de la oposición política, dándoles a estas acciones una fachada de legitimidad. Una de las consecuencias de emplearla es que paraliza la implementación de políticas públicas que promuevan el bienestar social en el marco de un Estado social de derecho. ¿Cómo se da esta práctica en América Latina? aquí unos ejemplos.
El objetivo principal del lawfare es neutralizar u obstaculizar el surgimiento o avance de alguna fuerza política concreta, liderada por individuos específicos, marginándolos de la esfera política y social.
Para alcanzar dicho propósito se emplean diversos mecanismos jurídicos defacto, como por ejemplo emitir órdenes de captura o adelantar imputaciones sin fundamento; separar del cargo a la víctima a través de minucias presumiblemente legales, o embargar sus bienes personales a fin de deteriorar su economía doméstica y su moralidad pública. Finalmente estos casos cuentan con el respaldo de una campaña de desacreditación en los medios de comunicación para promover críticas y generar reproche y reacción social.
Se pueden identificar tres momentos en los que el lawfare o persecución judicial opera dentro del contexto político:
- durante el periodo previo a las elecciones,
- durante el ejercicio de un gobierno, y
- en el periodo posterior al gobierno.
En el periodo previo a las elecciones, aquellos que son objeto de lawfare suelen ser asociados con actividades delictivas organizadas, se distorsiona su imagen pública en el contexto de protestas sociales, se les niega la participación política a través de mecanismos electorales, o se utilizan agencias gubernamentales (como las superintendencias en el caso colombiano) para priorizar denuncias en su contra, maximizando la difusión de información descontextualizada para implicarlos en escándalos de corrupción u otros delitos.
En este momento, si el implicado ha ocupado algún cargo público, se le atribuyen presuntos actos de corrupción u omisiones en su gestión, no solo con el fin de generar titulares en los medios de comunicación, sino también como una estrategia política destinada a socavar la imagen del candidato.
Dos ejemplos en América Latina de lawfare en el periodo previo a las elecciones son los del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en 2017 por presuntos vínculos con la operación “Lava Jato”, lo que le impidió presentarse como candidato presidencial en 2018, cuando las encuestas lo posicionaban como el favorito para ganar contra Jair Bolsonaro. El caso “Lava Jato” fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff, a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores.
En segundo lugar, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, quien, en plena campaña presidencial en 2023, siendo vicepresidenta, fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos de elección popular y condenada a 6 años de prisión por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en el marco de la causa Grupo Austral o caso Vialidad, en el que se habrían entregado a dicho grupo 52 contratos irregulares de obras viales en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, con un perjuicio para el Estado de 46.000 millones de pesos argentinos.
Para el caso colombiano, recientemente una comisión de congresistas del Pacto Histórico se pronunció sobre la guerra jurídica adelantada desde la Procuraduría General de la Nación; según ello, Margarita Cabello Blanco estaría usando su poder disciplinario para obstaculizar la participación de tres potenciales precandidatos alternativos para las elecciones presidenciales de 2026: Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, a quien han envuelto en más de 100 investigaciones entre casos penales, fiscales y disciplinarios; Camilo Romero, exgobernador de Nariño; y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Lawfare durante el ejercicio del gobierno
En este punto, la guerra jurídica utiliza los organismos de control estatal cuando las instituciones de persecución penal, disciplinaria, electoral o fiscal son instrumentalizadas por una facción política opuesta o por otras ramas del poder público para iniciar acciones conforme a la capacidad y obligación constitucional asignada.
Por ejemplo, desde el ámbito legislativo se recurre constantemente a la moción de censura contra ministros, o a la labor de la instancia facultada para tal fin, como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta tiene la responsabilidad de adelantar investigaciones y fundamentar las acusaciones por las cuales serán juzgados por el Senado de la República, en caso de hallar mérito contra un presidente o magistrado de alguna de las Altas Cortes.
Dos ejemplos de esta fase del lawfare son los casos relacionados tanto con la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, en 2014, como con su propio gobierno presidencial actual. En 2013, mientras ejercía como alcalde, el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años, a raíz de supuestas irregularidades en la gestión de la recolección de residuos sólidos, además de una sanción impuesta por la Contraloría General de la República que incluyó el embargo de sus bienes y una multa de 217.000 millones de pesos por la reducción de tarifas en TransMilenio.
Ante esta situación, el entonces alcalde Petro llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se pronunció a su favor otorgando una medida cautelar, ordenando su reintegro al cargo y revocando su inhabilitación. Por otro lado, el Consejo de Estado anuló el embargo impuesto por la Contraloría, lo que le permitió participar en las elecciones presidenciales de 2018 y nuevamente en las de 2022, estas últimas resultando en su victoria electoral.
En la actualidad, el presidente y algunos integrantes de su gabinete afrontan acciones de la Procuraduría como las sanciones al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, debido a presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de un contrato de acciones suscritas de la firma Triple ASA ESP.
También es relevante mencionar el caso del Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, quien enfrentó acusaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la toma de posesión e intervención forzosa y administrativa de la EPS Sanitas. Igualmente destaca el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien fue suspendido de su cargo debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
Un tercer momento más intenso
Después de un gobierno la guerra jurídica se observa con mayor intensidad, ya que es en esta etapa cuando la víctima se encuentra en su posición más vulnerable, pues carece de la capacidad operativa para contrarrestar los procesos judiciales en su contra. Un caso emblemático es el del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien, tras concluir su mandato en 2017, fue vinculado y condenado por su presunta implicación en sobornos, al igual que algunos de sus funcionarios, quienes se vieron obligados a buscar asilo político en embajadas. Por ejemplo, hace poco Jorge Glas, exvicepresidente, fue capturado de manera ilegal tras la violación de la Embajada de México en Quito, en donde se encontraba protegido.
La guerra jurídica, o lawfare, abre la puerta a la creación de doctrinas políticas extremistas y antidemocráticas, mientras suprime las diversas expresiones de la sociedad bajo el pretexto de legalidad.
Resulta evidente que el principal inconveniente de emplear esta táctica –nacida en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar– radica en su capacidad para debilitar las instituciones estatales al permitir que los recursos públicos tengan apropiación privada, con el fin de socavar a facciones políticas opositoras, especialmente aquellas de orientación progresista. En ese sentido, aunque hay algunos casos de lawfare en la derecha, no es la norma, es la excepción, puesto que son quienes suelen detentar y cooptar el poder estatal a través de grupos económicos.
Dicha práctica abre la puerta a la creación de doctrinas políticas extremistas y antidemocráticas, mientras suprime las diversas expresiones de la sociedad bajo el pretexto de legalidad.
Si esta persiste en la experiencia del Estado contemporáneo, se anticipa un retroceso significativo debido a la paralización de la implementación de políticas públicas que promuevan el bienestar social en el marco de un Estado social de derecho. Además, compromete la participación política de aquellos con posturas diversas y facilita la cooptación del Estado por parte de élites políticas y económicas que buscan utilizarlo en beneficio propio y en detrimento de las mayorías.
*Docente ocasional, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de ColombiaPeriódico Unal
