Lawfare en América Latina: La nueva estrategia de dominación en la guerra multidimensional – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Lawfare en América Latina: La nueva estrategia de dominación en la guerra multidimensional
Por Paula Giménez y Matías Caciabue
El miércoles 13 de noviembre la Cámara Federal de Casación Penal Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, agregando un capítulo a la historia de los casos de Lawfare contra líderes populares que acumula el siglo XXI en nuestra región.
Un día antes de la audiencia la ex mandataria argentina publicó su descargo, ya que la decisión de la Cámara se había filtrado y circulaba por los medios de comunicación. Allí, puso en evidencia la vinculación de los jueces y fiscales intervinientes en la causa con su adversario político, Mauricio Macri y su tropa mediática, el diario La Nación. También explicó las razones por las que la condena resulta ilógica y hace evidente la intencionalidad de inhabilitarla políticamente que oculta el artilugio legal.
La misiva fue titulada “Los Copitos de Comodoro Py. Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible”.“Los copitos” es el nombre de la banda que nucleaba a los autores materiales del intento de magnifemicidio que la entonces vicepresidenta argentina sufrió en septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel, ligado al grupo Revolución Federal, se filtró en la multitud que se agolpaba en la puerta de su casa y gatilló dos veces un arma sobre su cabeza, sin lograr que saliera la bala. Por esos días, el Fiscal Diego Luciani había solicitado una condena para la mandataria provocando una pueblada de manifestantes que se agolpó en el barrio de Recoleta, para expresarle su apoyo.
En su descargo del pasado martes 12 de noviembre, Cristina Fernandez de Kirchner recordó que al día siguiente al que intentaron asesinarla el diario Clarín, del conglomerado mediático más importante del país, publicó una editorial bajo el título “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” e interpretó: “O sea; si no me mataron, tengo que estar presa”.
“El Lawfare, no se explica sin los medios de comunicación. La sentencia se escribe en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe”, había dicho la líder política argentina durante una conferencia organizada por Grupo de Puebla junto a José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa y Baltazar Garzón, en marzo de 2023, a pocos meses de haber sufrido el fallido ataque.
La Guerra Multidimensional y el Papel del Lawfare
El Lawfare se explica en un contexto en el que a partir de un conjunto de estrategias que se despliegan en múltiples dimensiones, se despliega una guerra desde los sectores dominantes hacia los procesos populares.
La guerra multidimensional propia de la nueva fase del capitalismo digital, redefine la idea de conflicto desplazando las estrategias de control directo a través de la militarización hacia una combinación de presiones mediáticas, legales y económicas. Esta guerra, como expresión de la conflictividad entre clases sociales, ha hecho de la dimensión jurídica (lawfare) un pilar fundamental, apuntando a neutralizar cualquier proyecto político autónomo en América Latina y el Caribe que desafíe el modelo neoliberal y, con ello, el statu quo.
La guerra multidimensional, también conocida como guerra híbrida, redefine el conflicto moderno integrando estrategias no convencionales, como el control mediático, la manipulación económica y el lawfare. A diferencia de los conflictos armados tradicionales, esta modalidad evita enfrentamientos directos, utilizando en cambio herramientas de influencia sobre la opinión pública y el aparato judicial.
La implementación del lawfare no es casual ni aislada. Desde programas de entrenamiento como los de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), impulsados por Estados Unidos, hasta la consolidación de redes mediáticas de gran alcance, estas estructuras tienen un papel clave en el desarrollo y la perpetuación de esta estrategia. Mediante una combinación de juicios y campañas mediáticas, se ataca la reputación de líderes progresistas, descalificando su legitimidad política y debilitando sus proyectos.
Los casos de mayor relevancia
El más reciente es la persecución a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner en Argentina. La mandataria, enfrentó y enfrenta e 12 causas abiertas en su contra.
Los procesos judiciales en los que la imputan son: Vialidad; Ruta del Dinero K; Gas Natural Licuado; Hotesur – Los Sauces; Memorándum con Irán; Dólar Futuro; Cuadernos; Documentos Históricos; Sobornos corredores viales y subsidio a empresas de transporte; Diarios/Muebles a Santa Cruz; Doble pensión vitalicia y Uso de la Flota de aviones presidencial.
De todas las causas sin duda la que hizo punta de lanza para su asedio judicial, fue la Causa Vialidad. Por la composición del Tribunal y el particular fiscal, o por las constantes irregularidades de la Causa, es la de mayor resonancia en la arena política. Así este miércoles se confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque aún existe la posibilidad de una instancia de apelación a la Corte Suprema.
Otro emblemático caso de Lawfare en Argentina, es el de la líder popular Milagro Sala, privada de su libertad desde 2016. Sala es dirigente de la organización barrial Tupac Amaru, originada en la norteña provincia de Jujuy, donde desafió al gobierno local a partir de proyectos orgabizativos de alimentación, formación, recreación y construcción de viviendas y logró que se restituyeran tierras pertenecientes a la comunidades originarias, que habían sido apropiadas por el imperio azucarero Ledesma. Su caso ha sido denunciado en instancias internacionales, ya que la arbitrariedad de las causas armadas para apresarla, demuestran la intencionalidad detrás de las condenas, convirtiéndola en presa política.
Odebrecht es una megacausa de corrupción que involucra a 12 países latinoamericanos en diferentes casos de sobornos. De ella se desprendieron múltiples causas, vinculadas a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú en 2018, por ejemplo. Además, fue la causa madre de los primeros y paradigmáticos casos de guerra judicial: el caso ecuatoriano y el brasileño. En ambos casos la combinación de noticias falsas que desencadenaron causas judiciales y campañas mediáticas, fueron clave para la demonización y condena de los enemigos políticos del norte.
En Brasil, la Operación Lava Jato se utilizó para desplazar a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelar a Lula, quien tenía amplias posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2018. La coordinación entre fiscales, jueces y medios de comunicación en este proceso evidencia la manipulación del sistema judicial con fines políticos. Durante el gobierno en Brasil (2003-2011), de Lula Da Silva, el país llegó a ser la sexta economía mundial. La presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) fue destituida tras acusaciones vinculadas a aspectos contables menores, en un impeachment que empoderó a la derecha reaccionaria. En su definición en el Congreso, Jair Bolsonaro, entonces diputado, votó en nombre del torturador de Rousseff (recordemos que la entonces presidenta fue ex presa de la última dictadura de Brasil).
En 2018 el juez Sergio Moro ordenó la cárcel para Lula Da Silva, que tenía una intención de voto para las elecciones que se avecinaban en ese entonces, de un 36% según las encuestas, seguido por Bolsonaro con un 15%. El tribunal electoral suspendió la candidatura de Lula, y resultó electo Bolsonaro, quien premió a Sergio Moro con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
En Ecuador se acusó de corrupción a Rafael Correa, ex presidente y a Jorge Glas, exvicepresidente. El primero continúa exiliado en Europa desde el 2017, en abril de 2020 fue condenado a ocho años de cárcel por “dominio de organización” en una “estructura de corrupción”. Jorge Glass, lleva siete años preso. Inicialmente encarcelado en 2017, el ex mandatario logró su libertad en 2022 gracias a la anulación del proceso judicial por parte de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, debido al incumplimiento del debido proceso. Sin embargo, luego de que fuera imputado nuevamente fue detenido en un violento episodio, el pasado 5 de abril, en el que las fuerzas de seguridad ecuatorianas, asaltaron la Embajada mexicana en Quito, donde Glas había llegado en diciembre de 2023, en búsqueda de asilo diplomático. Su captura, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad ecuatorianas bajo disposición del presidente Noboa, causó la ruptura de las relaciones con México y una demanda mutua ante la Corte Internacional de Justicia, sobre la base de la arbitrariedad del arresto. El caso ecuatoriano reverberó en los medios transfronterizos habilitando la persecución internacional gracias al apoyo económico y la articulación entre medios de comunicación y aparatos judiciales que propiciaron ONGs y fundaciones como la USAID y la NED (National Endowment for Democracy).
En Paraguay, tras la masacre de Curuguaty en 2012, Fernando Lugo fue destituido por un juicio político que duró 48 horas y estuvo plagado de violaciones al debido proceso. La masacre campesina fue cometida por la fuerza policial y militar entrenada por los Estados Unidos. Entre 2005 y 2010 la USAID donó U$S100 millones para el entrenamiento de efectivos. Este hecho inauguró en Paraguay un proceso de persecución judicial a senadores, diputados, ministros y referentes políticos, que tras ser investigados por Estados Unidos e incorporados a su “lista negra”, enfrentaron sistemáticamente causas judiciales.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido víctima de un linchamiento mediático este año, tras la publicación en la revista colombiana Semana de una dramática entrevista a su hijo, Nicolas Petro, en la que realizó declaraciones sobre el dinero recibido para la campaña electoral. La publicación llevó a medidas judiciales. Nicolás fue imputado y detenido.
En un gran montaje mediático, las miradas, acusaciones, fake news y hasta juicios morales de su rol paterno apuntaron a Gustavo Petro, el presidente. Petro denunció que el intento por “todas las debilidades y errores” para intentar derrotar “el primer gobierno popular de Colombia”, que, pese a todo, ha puesto en agenda el reparto de tierras, reformas en salud, trabajo y tributaria y una propuesta para avanzar en el malogrado proceso de Paz.
En Bolivia, ante el fallido y reciente intento de asesinato de Evo Morales y la evidenicada complicidad gubernamental, el Poder Judicial como instrumento retomó su protagonismo, activando “al menos 7 causas o denuncias contra Evo Morales por distintos motivos, en la mayoría de los casos con denunciantes anónimos o por informes policiales o de inteligencia, sin que aparezca prueba alguna y con una feroz campaña mediática para demonizarlo y desprestigiarlo política y moralmente”, según describe en su informe el Observatorio Lawfare. Todo esto estuvo acompañado de mensajes intimidantes y amenazantes sobre su posible detención, en medio de una disputa política en la que Morales ha dado cuenta de su representatividad y capacidad de expresar intereses de los sectores populares bolivianos (la gran mayoría de extracción indígena), que por siglos fueron olvidados y negados en sus derechos.
En Chile, el 3 de junio de este año, la justicia ordenó la prisión preventiva de Daniel Jadue, exalcalde del municipio de Recoleta, bajo la acusación de ser autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas «Farmacias Populares». Dicho proyecto, que permitió a muchos chilenos acceder a medicamentos a precios reducidos, desafió el monopolio del mercado farmacéutico. Tras 91 días recluido por prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, fue excarcelado luego de que un juzgado de Garantías sustituye su prisión preventiva por un arresto domiciliario.
Efectos del Lawfare en las Democracias Latinoamericanas
Al mantener a los líderes progresistas fuera de la política mediante causas judiciales, el lawfare garantiza la continuidad de políticas económicas y sociales alineadas con el neoliberalismo. Este fenómeno, que refuerza el control de las élites sobre el aparato estatal, responde a una doctrina de seguridad nacional renovada y mantiene la subordinación de América Latina a intereses geopolíticos, dificultando la implementación de proyectos de redistribución de recursos y justicia social.
Como una fase avanzada de la guerra multidimensional, esta estrategia reconfigura así los mecanismos de dominación en un contexto donde las intervenciones militares son reemplazadas por estrategias jurídicas, mediáticas y económicas.
En su aplicación de golpes blandos y lawfare, propone un modelo de dominación basado en la hegemonía cultural y el control de la narrativa pública. En este marco el territorio virtual sirve al objetivo de generar una desarticulación social que transforme el propio comportamiento de las sociedades, configurando una forma de guerra cultural donde el “enemigo” es inducido a actuar en contra de sus propios intereses. La resistencia a este tipo de intervención debe considerar la importancia de construir alternativas en el territorio de lo comunicacional y desarrollar una “guerra de guerrillas” en el ámbito virtual.
El proceso de reforma judicial que en este tiempo emprende México para acompañar el segundo piso de la Cuarta Transformación que propone Claudia Sheinbaum, resulta una iniciativa interesante de analizar en el marco de la pregunta por el que hacer, que se realizan los movimientos políticos afines a los intereses populares, al observar el grado de virulencia con el que reaccionan las corporaciones mediáticas y judiciales a cualquier intento redistributivo.
Pero ¿Cómo responder a esta ofensiva en tiempos de oficialismos neo reaccionarios? Será tiempo de imaginar, disputar y sobre todo luchar por nuevas democracias, capaces de acabar con los resabios monárquicos y las deformaciones elitistas de la fallida democracia liberal.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
