La eterna espera por la erradicación de la violencia económica hacia las Mujeres en América Latina y el Caribe – Por Karina Oliva Pérez

La eterna espera por la erradicación de la violencia económica hacia las Mujeres en América Latina y el Caribe

Por Karina Oliva Pérez

América Latina y el Caribe en pleno siglo XXI enfrenta grandes desafíos económicos, políticos, geopolíticos, productivos, etc., sin embargo, será imposible avanzar si no se avanza en reales políticas para la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, para ello, se hace imprescindible hablar de violencia económica.

Entrando en materia, si analizamos datos económicos, el trabajo de cuidado no remunerado, o sea, que no es considerado trabajo, representa en promedio el 21.4% del PIB Regional, significativamente por encima del promedio de la OCDE del 15%, dónde el país con mayor representación del PBI por trabajo de cuidado no remunerado es Chile con el 25,6% y el menor es Argentina con el 15,9% según datos del PNUD publicados en marzo 2024, al mismo tiempo, las mujeres en la región ocupan más del doble de horas que los hombres a tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, cuando ambos tienen trabajos formales -38 frente a 16 horas semanales- según datos del BID. ¿Qué significa esta cifra? Que el trabajo no reconocido por millones de mujeres latinoamericanas, sin  derechos sociales, ni laborales, sin protección por enfermedad, etc., aporta a la economía y al desarrollo de la región prácticamente un cuarto del PBI total, sin tener ningún tipo de retorno por ello, ni durante el periodo que ejercen este trabajo no reconocido, ni tienen el derecho a jubilación.

En una misma línea económica, los empleos a los que accede la mayor parte de las mujeres en la Región son empleos de baja calidad, en mayoría en los sectores de cuidado, como salud, educación y servicio doméstico, generando una brecha salarial del 17% según datos de la Cepal al 2022; sumándose a ello, la construcción sociocultural patriarcal que ha fomentado la segregación educacional, que ha devenido en una baja tasa de mujeres propensas a estudiar carreras ligadas a las áreas de alta productividad, mejores salarios, condiciones laborales como en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), en pleno proceso de auge de la cuarta revolución industrial.

Por una parte, Las brechas de género en mundo del trabajo, que restringen y coartan la autonomía económica de las mujeres dejándolas propensas a caer en situación pobreza debido a la división sexual del trabajo (PNUD, 2022), pero al mismo tiempo, las obliga a reproducir los roles y trabajo de cuidados no remunerados, accediendo a trabajos y salarios de baja calidad, condición que se agudiza cuando el 11% de los hogares en América Latina y el Caribe son monomarentales y el 90% de estos son liderados por mujeres (BID, 2023) quienes se hacen cargo de proveer los ingresos al hogar y de las tareas de cuidado y crianza. Considerando exclusivamente estas dos aristas económicas de desigualdad -trabajo de cuidado no remunerado y calidad del empleo-, es evidente el por qué las mujeres de manera sistemática e institucional se enfrentan a un modelo social propenso a la violencia ligada a la pobreza y la extrema pobreza, brecha laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado y crianza, violencia física, afectando el acceso a la escolaridad, afectando la calidad de vida de millones de mujeres en la región por razón de género.

Es evidente que este diagnóstico no es una novedad, más bien, ya pocos se asombran con estas crueles tasas de desigualdad y violencia económica que viven las mujeres en la región. Sin embargo, frente a un escenario regional y mundial donde los discursos de odio, la misoginia, los intentos por desbaratar el Estado y su rol para promover los derechos de las personas y sobre todo de las mujeres, es un deber político, ético y militante, empujar una agenda que promueva el reconocimiento del trabajo doméstico, y con ello, su remuneración; que permita hacer justicia económica y laboral con millones de mujeres que han sido postergadas durante décadas, cuando han aportado al desarrollo de las economías de la Región. Al mismo tiempo, impulsar una agenda de formación femenina en áreas de  Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) y en todos aquellos rubros que permitan a las mujeres ejercer laboralmente en roles diferentes a los cuidados, mejorando la calidad del empleo y sus remuneraciones. Por otra parte, impulsar una agenda de cuidados parentales igualitaria, donde la sobrecarga de las tareas de cuidados y crianza no recaigan exclusivamente en las mujeres, ello significa, legislar en postnatal igualitario entre padre y madre, invertir en  aumentar las plazas en salas de cuidado para NNA. Así también, invertir políticas públicas para la erradicación del trabajo informal, generando organización sindical, propiciando las seguridad social y laboral. Todas estas herramientas y políticas públicas previenen otros tipos de violencia hacia las mujeres, porque permiten generar condiciones de autonomía, autodeterminación, reduciendo las condiciones de dependencia y de exposición al maltrato físico y psicológico, permitiendo además, mejorar las condiciones para que más mujeres puedan optar a ser parte del espacio público y del debate político.

*Karina Oliva Pérez, Politóloga. Instituto Plebeya. Chile