Honduras | La Corte Suprema ratificó las condenas contra 7 de los 8 implicados en el asesinato de Berta Cáceres en 2016
Ratifican condenas en el caso Berta Cáceres: persiste la impunidad para autores intelectuales
A más de ocho años del asesinato de Berta Cáceres, la Sala de lo Penal ratificó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas en su grado de autoría material y coautoría del crimen contra la lideresa ambiental lenca.
Los nombres de las personas cuya sentencia en el grado de autoría material quedaron en firme son: Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército); Edilson Atilio Duarte; Elvin Rápalo Orellana; Henry Javier Hernández Rodríguez; y Óscar Torres Velásquez. Esta sentencia fue dictada el 2 de diciembre de 2019.
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— COPINH (@COPINHHONDURAS) November 25, 2024
También quedó en firme la sentencia contra Roberto David Castillo, en el grado de autoría material intermedia, aunque se modificaron las agravantes lo que implicará la reducción de la pena. Castillo presidió el consejo de Administración de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA).
ATIFICACIÓN DE CONDENAS, EL CIERRE DE UN CICLO
Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), señaló a Criterio.hn que la ratificación de la condena es un hecho importante por dos motivos: la espera prolongada del pronunciamiento final, y el cierre completo del ciclo para quienes las condenas ya fueron ratificadas.
“Obviamente, como lo hemos dicho, pues hay decisiones que no reflejan la justicia que exigimos, con la modificación de la condena de David Castillo y que para nosotras, bueno, es decepcionante en el sentido de que manifiesta cómo la justicia en Honduras sigue respondiendo a las presiones de estos sectores económicos que trabajan para la impunidad, como el que claramente está involucrado en el asesinato de mi mami”, afirmó Zúniga Cáceres.
Desde el Copinh señalaron que si bien “se confirman las sentencias, hay decisiones que no reflejan plenamente la justicia que exigimos”. Esto debido a que se modificaron las agravantes contra David Castillo, lo que implica una reducción de la condena, según explicó la organización en sus redes sociales.
David Castillo fue condenado a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Cáceres en junio de 2022. Además, el pasado 15 de noviembre, fue condenado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, en la que fue encontrado culpable por los delitos de fraude a título de cómplice y uso de documento falso a título de autor.
De interés: Fraude sobre Gualcarque evidenció corrupción en concesionamiento de proyectos de generación eléctrica
El Copinh señaló que con este fallo la justicia hondureña confirmó la estructura criminal detrás del asesinato de Cáceres, y remarcó que “quedan por capturar y enjuiciar a los autores intelectuales: la familia Atala”.
SENTENCIA DE SERGIO RODRÍGUEZ SERÁ EVALUADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA
El único fallo en el grado de autoría material que no alcanzó unanimidad ante la Sala de lo Penal fue la sentencia de Sergio Rodríguez, quien al momento del crimen era el gerente ambiental y social de DESA, por lo que el expediente será conocido por el pleno de los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bertha Zúniga Cáceres apuntó que la ausencia de consenso por parte de la Sala de lo Penal genera preocupación porque responde a la campaña que se sostuvo en el último año ante el sistema de justicia, y que involucran presiones visibles e invisibles.
“Es triste que un caso como este, que es tan conocido, tan protegido, tan acompañado, incluso tenga que vivir estos reveses cuando, bueno, seguramente otras personas, otros casos, no tienen este acompañamiento, esta visibilidad, pues no tienen ninguna garantía de que realmente exista una justicia que se ejerza desde el criterio jurídico y no desde las presiones políticas, económicas y mediáticas”, declaró.
A mediados de año, se elevó una campaña de desinformación que involucraba la falsa admisión de una nueva demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Sergio Rodríguez, haciendo hincapié en las repercusiones económicas para el Estado.
Sin embargo, contrario a lo informado, no fue la Corte IDH que admitió una nueva demanda contra el Estado de Honduras sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano no jurisdiccional, que admitió este año una petición presentada en septiembre de 2018 para la revisión del caso por presuntas violaciones de derechos humanos del encausado.
Desde el Copinh, a través de un comunicado de prensa, señalaron que persiste la impunidad a favor de los autores intelectuales del crimen. Agregando que Daniel Atala Midence continua prófugo de la justicia por el caso de Berta Cáceres.
*Marcia Perdomo
Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general.
COMUNICADO N°12 2024: La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.
Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.
La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.
El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.
La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.
El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta.
Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
