Elecciones EEUU: bajo la sombra de la violencia política – Por Matías Caciabue
Elecciones EEUU: Bajo la sombra de la violencia política
Por Matías Caciabue *
La carrera presidencial estadounidense entre Kamala Harris y Donald Trump se enmarca en un contexto de polarización extrema y violencia política creciente. El aumento de los ataques, las amenazas y la legitimación de la violencia política se han convertido en el centro de un proceso electoral que revela un país cada vez más dividido y tenso. Estos eventos no solo afectan la contienda en sí misma, sino que reflejan una grave crisis de convivencia democrática en la autopercibida Atenas contemporánea: Estados Unidos.
Un país marcado por la violencia política
Desde 2020, Estados Unidos ha visto cómo se profundiza la tendencia a utilizar la violencia como herramienta de expresión política, alimentada en gran medida por la radicalización de sectores de derecha y extrema derecha.
Sin embargo, la violencia política no es un fenómeno reciente en la historia estadounidense. Desde la posguerra civil (1861-1865), el país ha experimentado episodios de violencia vinculados a tensiones de clase, raciales y políticas. El Ku Klux Klan, fundado en 1865, usó el terror para oprimir y controlar a la población afroamericana y a sus aliados, actuando bajo una política de linchamientos y persecución racial que marcó a las comunidades del sur durante más de un siglo. Este legado de violencia encuentra también un paralelo en los asesinatos de cuatro presidentes en funciones: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901) y John F. Kennedy (1963), reflejando que el uso del terrorismo no ha sido ajeno a la cultura política estadounidense.
La lucha por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960 fue otro período en el que la violencia se convirtió en protagonista. Los ataques a activistas afroamericanos, como los atentados contra iglesias y el asesinato de líderes como Martin Luther King, evidencian las resistencias extremas a los cambios sociales que emergen desde los sectores populares. Paralelamente, insurgencias como los Panteras Negras enfrentaron la opresión racial y demandaron justicia, muchas veces entrando en conflicto directo con las fuerzas del orden. En la misma línea, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam en los años 60 y 70 reflejaron el hartazgo de las mayorías sociales para con una elite económica y política que envió a todas sus generaciones vivas a conflictos bélicos, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por las invasiones a Corea y Vietnam, y llegando a la actualidad con un sinnúmero de “incursiones”, particularmente en América Latina y Medio Oriente.
Esta constante exposición a la guerra y a la violencia moldeó un país donde las respuestas armadas se normalizaron en la cultura colectiva. La violencia, en este sentido, ha sido una constante en la historia de Estados Unidos, con impactos profundos y duraderos en la forma en que se configuran sus conflictos políticos y sociales.
El Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 puede considerarse el inicio de un nuevo capítulo en la larga historia de violencia política en Estados Unidos, un episodio que marcó profundamente a la sociedad y que reveló hasta qué punto han crecido las tensiones políticas en el país. La violencia que se desató ese día fue impulsada por discursos de fraude y traición, y dejó en claro que sectores radicalizados no dudan en utilizar la fuerza para imponer su visión. Esta situación no se desarrolló en el vacío: la década anterior estuvo marcada por la movilización de movimientos como Black Lives Matter (BLM), que surgió en 2013 como respuesta a la violencia policial y la injusticia racial y se consolidó tras el asesinato de George Floyd en 2020. Las protestas de BLM, que se extendieron por el país, destacaron la brutalidad y el sesgo racial y clasista de las fuerzas de seguridad y pusieron de manifiesto la profunda desconexión entre la policía y las comunidades afroamericanas y latinas, así como el carácter profundamente restrictivo y antipopular de la institucionalidad norteamericana, controlada por la minoría WASP, de hombres blancos, anglosajones y protestantes.
Los atentados sobre Trump y la violencia contemporánea
Esta escalada ha alcanzado este año un punto álgido con dos atentados contra el expresidente Donald Trump en los últimos meses. El 13 de julio, en un evento de campaña en Butler, Pennsylvania, un hombre abrió fuego contra el escenario, hiriendo a Trump en la oreja y provocando la muerte de uno de sus asistentes. Posteriormente, el 15 de septiembre, otro individuo armado fue detenido en el Trump International Golf Club en Palm Beach, Florida, antes de lograr su objetivo. Estos ataques reflejan el clima de polarización y odio que continúa dividiendo a la sociedad estadounidense y evidencian la presencia de una violencia política cada vez más explícita, donde la figura de Trump se convierte en un símbolo tanto de veneración como de rechazo visceral para distintos sectores.
Estos ataques han obligado al Servicio Secreto y a las autoridades locales a incrementar significativamente las medidas de seguridad en torno a las figuras públicas y los actos de campaña.
Sin embargo, la violencia política no se agota allí. La Policía del Capitolio informó que solo en 2024 han recibido más de 8,000 amenazas directas contra miembros del Congreso, mientras que el Servicio de Alguaciles de EEUU reportó 457 amenazas graves a jueces federales. Este contexto eleva la gravedad de un proceso electoral que, lejos de ser un ejercicio democrático de intercambio pacífico, se convierte en un terreno de riesgo constante para los candidatos y el personal involucrado en sus campañas.
En lo que va del año, se registraron al menos 192 protestas organizadas por milicias y grupos neofascistas, que en numerosas ocasiones desembocaron en enfrentamientos y disturbios violentos. El aumento de estos actos de hostilidad refleja una tendencia peligrosa: una franja de la población, alentada por discursos de odio y teorías conspirativas sobre fraude electoral y “gobiernos tiránicos”, perciben al accionar terrorista como un medio legítimo para alcanzar objetivos políticos. La aceptación de esta retórica en ciertos sectores republicanos ha normalizado el conflicto violento, y algunos analistas advierten que, de no frenar, podría conducir a una crisis de gobernabilidad y un escenario de fragmentación social, algo que la prensa amarillista (tanto liberal como conservadora) ya supo rotular de “Guerra Civil” en relación al manejo divergente de la migración ilegal entre Texas y el gobierno federal en enero y febrero de éste año.
La crisis de violencia política está, además, estrechamente vinculada al resurgimiento y fortalecimiento de milicias y grupos extremistas. Las organizaciones ultraderechistas como los Proud Boys, Oath Keepers y Three Percenters han cobrado fuerza desde las elecciones de 2020 y han mantenido un alto perfil en las movilizaciones callejeras, siendo frecuentes las manifestaciones armadas y las amenazas a opositores políticos. Datos del Southern Poverty Law Center (SPLC) revelan que en 2024 operan en Estados Unidos más de 1,400 grupos de odio, de los cuales 92 son milicias armadas y 488 son grupos antigubernamentales que han expandido su base de apoyo.
Si de violencia social y política se trata, no debe descartarse el papel jugado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), con sus 5 millones de socios, que es la principal protagonista de la franca desregulación en la tenencia de armas en los EEUU. Con una matriz ideológica ultralibertaria, racista y clasista, la NRA se encuentra brindando un apoyo electoral abierto y decidido a Donald Trump.
Por otro lado, y en otro registro del aumento de la violencia institucional, en las protestas contra la guerra en Gaza que se han llevado a cabo en universidades de Estados Unidos, al menos 2.000 personas han sido arrestadas, según un recuento de The Associated Press. Las manifestaciones, que han generado un clima de tensión en casi todas las regiones del país, con protestas en más de 200 ciudades.
La judicialización de Trump y su impacto en la polarización
El proceso judicial que enfrenta Donald Trump no solo añade complejidad al escenario electoral, sino que también incrementa la polarización entre sus seguidores y detractores. En mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en un tribunal estatal, convirtiéndose en el primer ex presidente en ser condenado por delitos graves.
A ello se suman investigaciones federales y estatales por su rol en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y por presuntos intentos de manipular los resultados de las elecciones de 2020. Aunque estas causas han generado una mayor atención mediática, para su base de seguidores representan una prueba de persecución política que refuerza la lealtad hacia su figura.
La Corte Suprema, con mayoría conservadora, ha pospuesto uno de sus juicios federales, concediéndole cierta inmunidad en relación con sus acciones como presidente. Sin embargo, en el caso de delitos cometidos en el ámbito privado, esta protección no se aplica. De ganar las elecciones, Trump podría intentar sortear los cargos federales instruyendo a un fiscal general favorable para que retire las acusaciones o incluso emitiéndose un auto perdón, aunque sus defensores no pueden asegurar el mismo resultado frente a los cargos que enfrenta en el estado de Georgia, que al tratarse de un proceso estatal, escapan a sus posibles inmunidades presidenciales. Este laberinto judicial ha convertido a Trump, para una parte del electorado, en un símbolo de desafío al sistema y ha exacerbado la desconfianza en las instituciones, reflejando una crisis de legitimidad que afecta a la ya desteñida democracia estadounidense, con un sistema electoral indirecto, donde un presidente puede ganar el voto en el Colegio Electoral sin ganar la elección en el voto ciudadano.
Palabras finales: una democracia bajo fuego
La elección presidencial de 2024 se desenvuelve en un contexto de violencia política creciente y extrema polarización. Las amenazas, atentados y disturbios no son meros incidentes aislados; constituyen síntomas de un descontento profundo que pone en jaque a la tan pregonada “estabilidad democrática” de los Estados Unidos, autopercibida como la democracia ateniense de nuestros tiempos, muchas veces utilizada como ideología de exportación imperialista, un dogma utilizado en el exterior para realizar operaciones militares encubiertas, invadir países y hacer la guerra.
La presencia de milicias armadas, el papel de figuras políticas en la legitimación de la violencia, y el constante ataque a los procesos electorales han dejado al descubierto una grave crisis en la ya restrictiva democracia estadounidense.
El duelo por llegar a la Casa Blanca entre Kamala Harris y Donald Trump tiene a la violencia política creciente como telón de fondo, que señala una fractura social más profunda de lo que se cree, resultado de décadas de políticas neoliberales y de un sistema que prioriza la hegemonía y la intervención imperialista en el exterior, a expensas del bienestar de su propia población. Estados Unidos enfrenta un dilema estructural: la legitimidad de su propio sistema de gobierno se tambalea frente a un pueblo cada vez más desilusionado y polarizado, que ha visto cómo las promesas de prosperidad y libertad se diluyen en una desigualdad extrema y un modelo que beneficia a una élite corporativa: la aristocracia financiera y tecnológica.
Más allá de quién resulte victorioso en noviembre, el verdadero desafío para el país será encarar su propio modelo de poder, cuestionar su rol en la política global y emprender un cambio hacia una democracia auténtica y participativa, que deje atrás el discurso belicista y abrace un camino de justicia social y paz, para evitar una escalada aún mayor en la violencia política a partir de lo que resulte en la elección de este martes 5 de noviembre.
* Matías Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Docente Universitario de la Universidad Nacional de Hurlingham. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) y de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL). Es Ex-Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) en Argentina.
