Desenterrar la verdad – Por Gustavo Gutiérrez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Gustavo Gutiérrez *
Es impresionante el país que emerge de una lectura serena del informe de la CVR. El país, en efecto, y no sólo el periodo que le correspondió analizar a la comisión. La gravedad de lo vivido en este último tiempo la llevó necesariamente más lejos y más hondo. De otro modo, se habría limitado a una parte de la verdad, era obligado hacerlo -pero se requería honestidad intelectual y coraje cívico para ello- ir hasta las raíces del asunto. Buscar la verdad bajo tierra, cubierta por amnesias culpables, mentiras convertidas en moneda corriente e indiferencia desencantada.
Desde la insignificancia social. La cifra dada por la comisión del 75% de quechuahablantes y de otras lenguas nativas, entre las víctimas de la violencia, hace ver, con claridad, que estos veinte años llevan la marca de la pobreza, de la postergación y de olvidos seculares. El dato se hace aún más cruel si se proyecta la proporción de víctimas en determinadas áreas rurales y pobres al plano nacional. Pero, además, las víctimas no han sido sólo los muertos, pensemos en los heridos y mutilados, en las familias destrozadas, en los huérfanos, en los que han pasado años en prisión siendo inocentes, en aquellos que tuvieron que dejar sus pueblos y casas.
Mucho de lo que sucedió no habría tenido lugar si una gran parte de la población peruana no se encontrase, desde muy atrás en nuestra historia, en el sótano de la nación. Tampoco habría adquirido las dimensiones que sabemos (¿lo sabemos realmente?) si un importante sector del país, entre los que se cuentan, en primer lugar, aquellos que ocupan responsabilidades de distinto orden en él no hubiesen contemplado con indiferencia y desdén, persistentemente desconocido y considerado lejano a ese otro lado de nuestra sociedad. Hasta allí era necesario ir -descender habría que decir- para conocer la verdad de lo que nos hería en estos años.
En ese horizonte, sin perder de vista la crueldad e injusticia de la coyuntura, se comprenden mejor las razones que conducen a la enfática afirmación de Salomón Lerner en el notable discurso de presentación de los trabajos hechos: \»El informe que hoy presentamos expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron\».
La frase es dura, pero la realidad lo fue más todavía. Con esto no pretendemos decir que el hoy es el resultado mecánico y fatal del ayer. Las cosas no son tan simples, la historia no está regida por leyes ineluctables. Hablamos de seres humanos libres que toman decisiones y son responsables, en diversos grados, de acontecimientos actuales, que construyen relaciones humanas justas y respetuosas de los derechos de cada uno. O producen exclusiones que pueden ir hasta expulsar del tiempo y de la historia a los habitantes de un país, como ha sucedido con los diferentes pueblos indígenas, andinos y amazónicos de nuestro país.
Vale decir, los hechos a que aludimos pudieron haber sido otros, no estamos ante situaciones ineluctables que se impongan a la libertad humana; lo prueban aquellas personas, contadas y excepcionales que llamaron la atención, en el pasado, sobre el encadenamiento de incomprensiones y arrogancias que marginan a tantos entre nosotros. Lo demuestra, también, importa apuntarlo, la presencia de un voluntarismo mesiánico y criminal, sin ningún respeto por la vida humana, iniciador y responsable mayor, como lo ha subrayado nítidamente el informe de la comisión, de estos crueles y sanguinarios años.
Partícipe -pese a sus pretensiones- del mismo menosprecio por amplios sectores de la población peruana que tienen aquellos que los grupos terroristas decían combatir; el mayor número de sus víctimas se encuentra, efectivamente, entre los mismos pobres. Los años de violencia inusitada que hemos vivido no son, en eso no hay duda, el resultado puro y simple de la historia del país ni de la pobreza en que sigue viviendo la mayoría de las personas que habitan en él.
Pero con ello no lo hemos dicho todo, recordarlo ha sido uno de los grandes aportes del informe; es necesario ir más allá si queremos tener una idea cabal de la situación. Sería una inmensa ceguera querer explicarla por razones exclusivamente circunstanciales y por un aventurerismo insano, como si se hubiese tratado de un sorpresivo accidente, un mal momento que debe ser superado para regresar a una presunta normalidad que, si bien presentaba algunos problemas, se estaba en condiciones de manejarla sin grandes sobresaltos.
No tener en cuenta las consecuencias, y su acumulación en el tiempo, de los enormes desencuentros históricos, así como de las graves e injustas desigualdades sociales que conforman nuestro país, es negarse a ver cara a cara un presente que nos interpela y que golpea nuestras conciencias. Un presente con hondas raíces en el tiempo, el corazón y la mente de muchos peruanos que los cegó, e hizo invisibles a sus ojos a las capas pobres y marginadas. Se formó así un caldo de cultivo de eventuales conflictos y violencias que, si no buscamos eliminarlo, puede, en el futuro, crear las condiciones -nadie lo desea- para que se den situaciones semejantes a las vividas.
Alguien ha sostenido, en estos días, que considera inaceptable que el informe intente presentar la realidad nacional como dos países coexistiendo el uno al lado del otro. No va por ahí el texto. La verdad es que nos plantea, más bien, un estado de cosas mucho más serio y preñado de inquietantes prolongaciones. Somos un país dibujado por un territorio y por una buena parte de la historia, en el que hace tiempo sus habitantes hemos establecido diferentes tipos de lazos, personales y sociales, privados y públicos, culturales y de trabajo, de acercamientos y de extrañezas.
Es un entramado, no obstante, que no lleva la impronta ni de la igualdad ni de la justicia, y sí, en cambio, la de la discriminación y la exclusión. Eso es más severo que hablar de una simple yuxtaposición de países; los vínculos mencionados traslucen pesadas responsabilidades y autorías de los sectores privilegiados respecto del actual estado de cosas. \»Violencia institucional\» llamó la Conferencia Episcopal de Medellín (1968, aserto retomado en Puebla 1979) a esa situación; poco después Johan Galtung, el gran especialista en temas de paz, la denominaría \»violencia indirecta o estructural\». Es la violación cotidiana de derechos básicos de la persona humana la que más muertes prematuras e injustas produce, la muerte silenciosa de numerosos niños de nuestro país, por ejemplo. Su existencia, sin con ello justificar ningún otro tipo de violencia, debe ser tenida en cuenta si queremos entender parte, al menos, de lo ocurrido.
Distintos y distantes los peruanos tenemos todavía la tarea pendiente de hacer de nuestro país una nación en la que todos los nacidos en ella -por eso hablamos de nación- vean respetada su dignidad personal, su diversidad cultural, sus más elementales derechos humanos. Un cometido que, a veces, parece escapársenos de las manos, debido a una realidad que elude toda interpretación fácil y a la falta de voluntad y de lucidez para ver la raíz de nuestros problemas.
Esa sensación aparece en las reflexiones de grandes peruanos que nos hablan de un país real por oposición a un país formal, del Perú profundo, del centralismo limeño, de un país adolescente, de promesas incumplidas, de oportunidades perdidas, de desconcertadas gentes, de un país impaciente por realizarse. El rosario de calificaciones puede continuar, podríamos igualmente poner nombres y caras detrás de esas expresiones; pero lo importante es anotar que ellas, presentadas en momentos distintos de nuestra historia, en circunstancias diversas y desde posturas ideológicas divergentes, traducen la dificultad de hacerse una idea clara de la identidad del país.
Dicen también de la dolorosa imagen que se tiene de él. Los autores de esos diagnósticos reflexionan, asimismo, claro está, sobre las posibilidades que, pese a todo, se presentan para la nación, y señalan los eventuales caminos que se debería tomar para salir de los impasses. Pero todos consideran que la primera condición para encontrar un rumbo apropiado es tener la entereza de mirar cara a cara la realidad compleja de un país de acusados desniveles sociales en simbiosis con su carácter multiétnico y multicultural. Para ello urge ver las cosas desde el punto de vista de los insignificantes de nuestra sociedad, a partir de sus sufrimientos, reivindicaciones y esperanzas.
Es lo que Walter Benjamín llamaba pasar a contrapelo el cepillo por la historia, mirarla desde abajo. En más de una ocasión, en el caso del Perú, esto significará hacerlo, geográficamente hablando, desde arriba, desde las alturas andinas. No hay reconciliación sin justicia. A eso nos invita el informe de la CVR, precisamente porque estudia a fondo lo ocurrido en las dos décadas finales del siglo pasado. Sin desprenderse de lo ocurrido en esos años, ha sabido ir más allá de esta penosa coyuntura; apunta a las escandalosas situaciones que tuvieron lugar en años recientes, pero evita lo anecdótico tan gustado en estos días en la escena política nacional; relata casos y da nombres de sus protagonistas, pero señala que hay responsabilidades más altas y más extendidas.
La comisión ha recogido miles de testimonios de quienes sufrieron inauditos vejámenes y torturas, muchos de ellos de mujeres, que por su condición de tales fueron particularmente golpeadas y violentadas. Dio así la palabra ante el país a las víctimas de los horrores debidos a las diferentes violencias vividas en este tiempo; versiones patéticas y conmovedoras que no pueden dejarnos insensibles. Las hemos oído de viva voz, en quechua y aimara, en castellano y en lágrimas que expresaban un profundo y desconcertado sufrimiento. Fue un hecho de primera importancia, porque no se trata de ser la voz de los sin voz, sino de que aquellos que nunca tuvieron la ocasión de ser escuchados pudieran hablar abierta y públicamente; aunque pocos medios de comunicación se interesaran por hacer llegar esas declaraciones al conjunto de la sociedad. Se ha objetado que con esto la comisión se dedicó a hurgar en el pasado, abriendo, inútil y peligrosamente para el país, viejas heridas. Quienes así opinan no tienen en cuenta el debido respeto a los deudos, olvidan que para aquellos que han sufrido en carne propia la violencia, para los que no saben si sus parientes están vivos o muertos o ignoran donde están sus cuerpos, lo que para otros es tiempo pasado, para ellos es un lacerante presente.
En diciembre pasado los habitantes de Lucanamarca, escena de una de las más grandes y crueles matanzas al inicio de este terrible periodo, pudieron poner los cuerpos de sus familiares en ataúdes y darles sepultura. Al final de la misa, celebrada en la iglesia de La Recoleta en Lima, uno de los asistentes dijo, en nombre de las familias que se hallaban en el templo: \»Ahora podemos ir tranquilos\». ëAhoraí, el término muestra la vigencia en la memoria de un hecho ocurrido casi veinte años antes; para ellos se trataba del hoy que recién podía permitir pasar al mañana. El informe denuncia la existencia de muchos otros estropicios sufridos por los más débiles de nuestra sociedad, y los pone en manos de las instancias correspondientes para que continúen o inicien las investigaciones del caso y disciernan el alcance de las responsabilidades. Ha logrado conocer la ubicación de numerosas fosas (lugares de entierro) en las que se amontonaban los cuerpos de tantas víctimas de la violencia, cuyo destino buscaba ocultarse. Ha identificado, con nombres y apellidos, a miles de aquellos que fueron, de varias maneras y desde diversos lados, asesinados, mostrando que el número de muertos es muy superior (sea cual fuere la cifra precisa, dentro de la magnitud encontrada) al que cálculos con medios menos afinados e informados nos habían hecho pensar; sumiéndonos en la confusión y la vergüenza ante la ignorancia de la muerte de tantos compatriotas que, invisibles en vida, lo son también en la muerte.
Particularmente delicado ha sido el hecho de indicar que, si bien la violencia terrorista, a la que se considera culpable del mayor número de muertes, enrareció todavía más el clima social del país, esto no justifica que se la combata usando medios similares a los empleados por los grupos terroristas. Menos aún si, como dice la comisión, \»en ciertos momentos y lugares\», esos hechos, por su frecuencia, superan lo que podría ser considerado excesos individuales. Hacen pensar, más bien, en algo planificado o, al menos, en una sistemática permisividad que incluía, en varios casos, la protección de los que cometían dichos abusos e incluso el respaldo dado a grupos organizados para matar en las sombras, cuyos miembros todavía niegan-contra toda certeza- su existencia. La medida exacta de todo esto, contra lo que protestaron en su hora militares honestos, la fijarán los procedimientos debidos, pero los indicios están ahí, presentados con seriedad y coraje.
La comisión ha insistido, con razón, en la necesidad de reparar de alguna manera los daños personales y colectivos producidos. Forma parte de ese \»gran horizonte de la reconciliación nacional\» a la que se nos llama. La comisión no deja dudas sobre lo que entiende por eso: \»La CVR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruanos, y entre los miembros de la sociedad\» (Conclusión 170). Con una preferencia, entre ellos, por los que más sufrieron en este tiempo por la crueldad de unos y la dejadez de muchos. La solidaridad presente es un gesto humano y fraterno al que estamos convocados los peruanos. Pero, seamos claros, no es un favor, es una cuestión de justicia. Sobre la justicia, en sus diferentes facetas, debe construirse la reconciliación. Ella implica igualmente el castigo de la sociedad a los autores de crímenes y violencias, sin ninguna concesión a la impunidad.
Estamos al extremo opuesto de lo que se argumentó, en julio de 1995, para amnistiar a quienes asesinaron al profesor y a los estudiantes de La Cantuta. De este modo, se describen situaciones, se hacen conocer hechos cuidadosamente escondidos, se proporcionan datos ignorados hasta hoy, se sugieren asuntos que deben ser precisados y ahondados, se denuncia a culpables, se apunta a presuntos responsables. Pero no se trata solamente de un registro de acontecimientos coyunturales. Se recuerda que estructuras sociales, económicas y políticas injustas, categorías mentales fuertemente arraigadas, sentimientos (o la falta de ellos) llevan a actitudes de desdén hacia una parte de la población y constituyen el telón de fondo en el que estas cosas ocurren. Era mucho decir, sin duda, demasiado para los oídos de quienes se han resistido, de vieja data, a saber, en qué país vivimos, a asumir sus responsabilidades y a tomar conciencia de que no es con aspirinas sociales que saldremos de nuestros males.
El informe ha ido tan lejos que no podía no provocar la hostilidad a la que estamos asistiendo. Antes de su presentación, muchos se dedicaron en especular con lo que debía decir y, sobre todo, con lo que no debía decir; de allí pasaron a sostener que no esperaban nada, porque no hablaría sino de cosas conocidas. No faltaron los que definían por su cuenta lo que la comisión entendería por reconciliación (por ejemplo, decían sin ningún fundamento, que ella postulaba la reconciliación con los perpetradores de asesinatos), para después escandalizarse con esa pretendida propuesta y rasgarse las vestiduras. Muy poco después de la publicación del informe se aferraron a tal o cual detalle, árboles que esconden el bosque, soslayando lo substancial del informe. Un punto de partida, no de llegada. Es alentador comprobar, no obstante, que muchas otras personas, sin perderse en cuestiones de poca monta, se han sentido interpeladas por lo que se dice en el informe. Tal o cual discrepancia, cuando la ha habido, no les ha impedido valorar la seriedad del tratamiento dado a tan espinosos asuntos; así como apreciar la honestidad y la valentía de llamar la atención acerca de los verdaderos problemas que enfrentamos.
En vísperas de la presentación del informe, el Consejo Permanente del Episcopado Peruano recogía el sentir nacional, al sostener que: \»el Perú quiere conocer la verdad, busca la justicia y anhela la reconciliación\», y precisaba: \»reconciliación no es sinónimo de impunidad ni de ignorar las injusticias cometidas\», ella no puede tener lugar sino basada en la verdad. Llamaba, asimismo, al perdón, actitud libérrima, humana y cristiana, que de ninguna manera desestima la sanción social por los crímenes cometidos. De eso se trata, efectivamente.
Por ello hay que tomar el informe más como un punto de partida que como un punto de llegada. Debería ser el comienzo de un proceso, de largo aliento, de reconocimiento del país, de una reconciliación con nosotros mismos, de una comprensión correcta de nuestros problemas, de una asunción de nuestras responsabilidades. Eso es lo que está en juego. Sería trágico, después de todo lo vivido en esos años -en la mitad de los cuales tuvimos un régimen sistemáticamente corrupto y corruptor, destructivo de la ya frágil institucionalidad del país-, que siguiésemos como si nada, o muy poco, hubiese sucedido.
Habríamos perdido una ocasión única para dar un giro decisivo al rumbo del país e iniciar la andadura hacia una sociedad en la que los derechos humanos de todos sean respetados. De otro modo, los enormes sufrimientos de estos años no habrían dejado más que una estela de muertes violentas, miedos paralizantes, odios fratricidas y un corrosivo escepticismo frente a las posibilidades que tenemos como nación. Bienaventurados los que olvidan, decía con sorna Nietzche, aludiendo a los que viven de frivolidades e inconciencias y en la superficie de ellos mismos. Aquellos, podríamos añadir, que viven sueltos de huesos y de solidaridades, sumergidos en sus propios intereses. \»Bienaventurados – dice, en cambio, el evangelio de Mateo- los que lloran\», los que se compadecen, los que sienten como suyas las aflicciones de los otros. Se trata de un gesto que el profeta Isaías presenta con términos bellos y estremecedores: \»El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará de la tierra entera el oprobio de su pueblo\». Bienaventurados, felices, los que proceden así. Al estilo de Lucas, y para una mejor comprensión del texto profético, podemos decir: ë¡Ay de aquellos que un día se presenten ante el Dios de la justicia y la misericordia con los ojos secos!í, porque no supieron compartir su tiempo, su preocupación y sus sentimientos con los que veían pisoteada su dignidad de seres humanos y de hijas e hijos de Dios, con aquellos que han sufrido en el silencio y en el olvido. Desenterrando la verdad.
La Biblia llama a esta actitud consolar. Pero precisemos, consolar tiene acá el sentido no sólo de acoger y escuchar, sino también, y sobre todo, de liberar de todo lo que provoca una situación inhumana. Es oportuno recordarlo pensando en lo que hemos dicho anteriormente. Esa es la pauta del comportamiento del creyente en el Dios de la vida. Imposible ponerla en práctica sin la memoria. No para fijarse al pasado, sino, precisamente, para superarlo, para que no sea un bastón entre las piernas en nuestro caminar, para que lo vivido no se convierta en una pesadilla que impida ir hacia un mundo en el que esas situaciones no se repitan. A eso estamos convidados hoy. Desenterrando la verdad del país, a partir de la verdad de esas dos horrendas décadas, la comisión nos revela males frente a los que hemos persistido en cerrar los ojos y nos propone mirar lejos para ver mejor, en perspectiva, el camino que tenemos hoy por recorrer. Es una obra de trascendencia histórica que, más allá de tal o cual detalle, datos por precisar o rectificar, tiene mucho que dar, proporciona un valioso acervo que debe ser estudiado y discutido con atención.
De alguna manera, únicamente el tiempo nos permitirá apreciar este aporte en toda su dimensión. El solo hecho de que se haya producido es ya una buena noticia para el país, ahora nos toca a todos los peruanos -de modo particular a autoridades políticas, militares y religiosas, sociedad civil, medios de comunicación- agradecer esta invitación a un examen de conciencia, a reconocer nuestros errores y a asumir nuestras responsabilidades y tareas. ¿Dejaremos pasar de largo la oportunidad que se nos ofrece? De esa reconciliación hablamos.
No permitamos que la verdad permanezca escondida, bajo tierra, ella también, en una de esas fosas que han ocultado tantas muertes. Si bien éstos han sido años de grandes penas y omisiones, también lo han sido de generosidades, de civiles y militares; así como de firmes y riesgosos compromisos de personas e instituciones, en defensa de los derechos humanos de todos, especialmente de los más débiles e insignificantes de nuestra sociedad. Son hechos y son igualmente promesas para el tiempo que viene. No debemos permitir que nos sean robados o distorsionados. En ellos late lo mejor que nos es posible ofrecer en el momento presente. Una riqueza que no podemos perder. \»¿Es que el Perú no tiene remedio? \», se preguntaba hace poco Abelardo Oquendo ante las resistencias que encontraba la CVR, y tiene razón en hacerlo.
No hay que temer plantearse interrogantes de ese calibre, de otro modo no encontraremos salidas. Será, qué duda cabe, una búsqueda larga y dolorosa. Ojalá podamos comprender que el informe de la CVR -que nos habla de las raíces de nuestros males, de las penalidades de los que padecieron en primera fila las violencias vividas y del valor de quienes se opusieron a ellas- nos ha puesto en ruta.
* Filósofo y teólogo peruano, ordenado sacerdote en 1959, dominico desde 2001 y pionero de la corriente teológica latinoamericana denominada Teología de la Liberación, una de las más influyentes del siglo XX. Falleció el 22 de octubre último. Artículo publicado en el diario La República los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2003.
