Organizaciones argentinas denuncian persecución política tras el pedido de captura enviado a la Interpol contra Nicolás Maduro
Carta Abierta: Argentinos repudian persecución política contra Venezuela
Más de 200 organizaciones y personalidades de Argentina publicaron, este miércoles, una carta abierta a la comunidad internacional, cuyos firmantes expresan su repudio por la utilización del poder judicial de este país con fines de persecución política contra las máximas autoridades de Venezuela.
“Quienes firmamos esta carta queremos alertar a la comunidad internacional sobre este ataque a las más altas investiduras del Gobierno Bolivariano y solicitar su apoyo para frustrar este nuevo acto de injerencismo internacional”, reza parte de la carta.
En ese sentido, la misiva indica que varios magistrados que integran la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina “designados inconstitucionalmente en dicho cuerpo por el expresidente Mauricio Macri, sin concurso y sin acuerdo del Senado de la Nación”, revocaron la resolución a derecho del Juez de primera instancia, Sebastián Ramos, y le encomendaron diligenciar de inmediato las órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de “extradición a la República Argentina”.
Adicionalmente, advierten que existe un tratamiento sesgado y descontextualizado que omite el despliegue sistemático de violencia por parte de la oposición golpista. Según el texto de la carta, es manifiesta la parcialidad y cita selectivamente solo los informes que forman parte del plan de derrocamiento.
Rechazo a Milei y su apoyo a políticas injerencistas
De igual forma, señalan que la “decisión antijurídica y desmesurada” se suma a las políticas injerencistas, intervencionistas y desestabilizadoras lideradas por Estados Unidos. Las mismas que van secundadas por otros Estados, empresas trasnacionales, redes sociales, corporaciones mediáticas monopólicas. Así como los sectores políticos dependientes y afines, que han llegado, incluso, a la tentativa de invadir militarmente a Venezuela.
Asimismo, mencionan que este ataque se relaciona con el alineamiento incondicional de Javier Milei a los poderes más aberrantes de la humanidad. Esto en referencia al apoyo, evidente, del genocidio en Gaza.
Citan, además, la guerra judicial o “lawfare” como uno de los vehículos eficaces a la hora de intentar neutralizar procesos, liderazgos y gobiernos de carácter popular. En este sentido, “el aparato judicial de nuestro país es nuevamente instrumentado a tal fin, pero esta vez con la gravedad de ser una operación extraterritorial que infringe la soberanía de una nación hermana y viola principios fundamentales del derecho internacional”.
Adicionalmente, las organizaciones y personalidades firmantes alertan que la admisión en el sistema internacional de esta aberración jurídica puede significar la utilización de la Interpol por parte de un Estado. Esto, sin un interés legítimo y debida competencia, pretende limitar la libertad de un líder político de otra nación soberana a través de su poder judicial, como un modo de persecución y ataque, lo que llevaría a la destrucción del orden de coexistencia pacífica y respetuosa de la soberanía entre las naciones, tan alterado ya en los tiempos actuales.
Crueldad de Milei contra su propio pueblo
Parte de la carta resalta también que se trata del mismo poder judicial que es el responsable de las represiones contra manifestaciones pacíficas y demás protestas ciudadanas. Según señalan, ordenadas por Waldo Wolf (ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) quien, a su vez, es el impulsor de esta burda acción judicial contra Venezuela. La misma, iniciada por una fundación de origen estadounidense (Fundación Clooney para la Justicia), con financiamiento de empresas trasnacionales y fundaciones del mismo origen.
De la misma manera, los firmantes dejan por sentado que las actuales violaciones a todos los derechos humanos de la población argentina, por parte de Javier Milei, son posibles por un desprestigiado poder judicial permisivo que encubre la injusticia social que viven los argentinos y argentinas.
“Este ataque no solo atenta contra un país soberano, sino que lo hace contra el propio pueblo argentino al tergiversar y manipular nuestro acervo de Memoria, Verdad y Justicia contra los artífices y conductores del estado terrorista de la última dictadura militar que representaron los mismos intereses que hoy atacan a Venezuela”.
Justicia argentina notifica a Interpol sobre pedido de captura de Maduro
Un juez de Argentina notificó este miércoles a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sobre el pedido de captura contra el presidente Nicolás Maduro, en una causa por posibles crímenes de lesa humanidad que se tramitó en tribunales de ese país, informaron fuentes de la querella, según EFE.
El juez federal Sebastián Ramos emitió un oficio dirigido a la Interpol, a la que le solicitó “recabar de forma urgente” la “información que permita la identificación” de Maduro; del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo venezolano con pedido de captura.
En un comunicado, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (Fadd), querellante en la causa, exhortó a la Interpol a “tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas”.
El pasado lunes, la Cámara Federal instruyó al juez Ramos a “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina” de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos para ser juzgados en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad.
En su fallo, la Cámara Federal consideró que la cúpula del Gobierno venezolano ha ejecutado “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada» en contra de la población civil en Venezuela, mediante prácticas de «persecución, secuestro, tortura y asesinato”.
La causa que se tramita en tribunales argentinos se inició en enero de 2023 por una denuncia presentada por el Fadd basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.
