Ecuador camino a las presidenciales bajo estado de excepción permanente
Ecuador camino a las presidenciales bajo estado de excepción permanente
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
En medio de una ola de violencia sin precedentes producida por el conflicto narco, el uso del estado de excepción como respuesta y la crisis política que atraviesa la alianza del gobierno, las organizaciones políticas ecuatorianas dirimen sus candidaturas, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 9 de febrero de 2025.
Así, el oficialismo, el correísmo y el indigenismo -las tres principales fuerzas políticas- han anunciado ya los nombres de sus candidaturas, aunque las inscripciones definitivas se realizarán entre el 13 de septiembre y el 3 de octubre, según el calendario oficial aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por parte del oficialismo, Daniel Noboa quien llegó al poder ejecutivo en 2023 tras la abrupta salida de Guillermo Lasso, se postula para la reelección con una nueva compañera de fórmula: María José Pinto, actual secretaria de desnutrición infantil del gobierno, en representación de Acción Democrática Nacional (ADN). Por su parte Luisa González repetirá su candidatura, acompañada de Diego Borja, como representante de Revolución Ciudadana y Leónidas Iza, referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), junto a Katiuska Molina, ha anunciado que se presentará por Pachakutik.
Otras candidaturas definidas hasta el momento son las de Henry Kronfle y Dallyana Passailaigue por el Partido Social Cristiano; Pedro Granja – Verónica Silva por Partido Socialista; Iván Saquicela y Martha Rizzo por Democracia Sí y Henry Cucalón y Carla Larrea por Construye.
Las expresiones de los líderes de Revolución Ciudadana, Rafael Correa y el indigenismo, Leónidas Iza, muestran disposición de ambas partes hacia una alianza electoral, que, de no concretarse de manera formal, por los tiempos que imponen los plazos estipulados por el CNE, deberá conformarse de palabra. Lo cierto es que – tal como demostraron los resultados de los últimos procesos- correísmo e indigenismo podrían, en un proceso de unidad, construir la fuerza para desplazar el proyecto de Daniel Noboa del poder ejecutivo.
Crisis política y violencia
La actual vicepresidenta, Verónica Abad, de Ecuador hizo formalmente una denuncia el jueves 8 de agosto por violencia política del primer mandatario, mostrando la clara ruptura en la relación política e institucional. Sensi Contugi, quien preside el Ministerio de Gobierno, calificó a la denuncia como “un burdo intento de desestabilización” y “un claro intento de golpe de Estado“. Así, el Gobierno consideró la acción de Abad como “una alianza con la vieja política” que intenta “acceder al poder a cualquier costo“.“Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia”.
Uno de los primeros decretos de Noboa, tras asumir la presidencia, fue designar a Abad como embajadora de la paz en Israel, en una misión diplomática inédita para Ecuador. De acuerdo con Abad, esa medida marcó el inicio de una serie de acciones que vulneran sus derechos y buscan presionarla para que abandone el cargo de vicepresidenta evitando que asuma la presidencia cuando Noboa se postule para la reelección.
Adicionalmente a esta crisis política, la gestión de Noboa se enfrenta a crecientes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales por su manejo de la seguridad y la reducción de las garantías democráticas en el país, que devuelven interrogantes respecto de las condiciones para el desarrollo de un proceso electoral con garantías para la participación democrática.
Los habitantes de Ecuador fueron testigos de uno de los episodios más violentos relacionados con el narcotráfico en su historia reciente. Un ataque coordinado en Guayaquil dejó más de 20 muertos, incluyendo varios menores de edad, y fue una demostración brutal de la creciente influencia del crimen organizado en el país. Desde 2021 las tasas de homicidio han aumentado de manera alarmante. Los asesinatos selectivos de figuras políticas, como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago en julio de 2023, han sembrado el terror entre los ciudadanos y los actores políticos por igual.
Desde que asumió el cargo Noboa, en noviembre de 2023, ha declarado varios estados de excepción en diversas provincias, justificando estas medidas como necesarias para combatir la creciente inseguridad y el narcotráfico y asumiendo la definición de un enemigo interno.
En poco tiempo el país se ha transformado en una ruta clave para el tráfico internacional de drogas, especialmente a través del puerto de Guayaquil. La ubicación estratégica de esta ciudad y la internacionalización de los cárteles han facilitado este proceso. En enero a raíz de una fuga carcelaria el presidente promulgó el estado de sitio por 90 días y declaró a Ecuador en conflicto armado interno (Ecuador: el crimen transnacional y el problema de fondo – Por Paula Giménez y Matías Caciabue – NODAL).
La utilización recurrente de esta medida ha sido ampliamente criticada por las limitaciones que impone a las libertades civiles, incluyendo la restricción del derecho a la protesta y la militarización de la seguridad pública. Se suspenden además los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
“El 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado y en cinco meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra”, expresó el presidente en un video difundido en su cuenta oficial de la red social X el 22 de mayo.
La respuesta del gobierno ecuatoriano a la creciente inseguridad, sugiere una estrategia que prioriza la militarización, en perfecta alineación con el precepto estadounidense de la doctrina de nuevas amenazas, pero que ha demostrado ser insuficiente para frenar la escalada de violencia al ignorar por completo sus causas, consecuencias y una de sus determinaciones fundamentales, como el progresivo retiro de la presencia estatal en el entramado social, junto con el desmantelamiento de los dispositivos judiciales necesarios. Por otro lado, la dolarización de la economía, de difícil reversión, genera condiciones óptimas para el desarrollo del narcotráfico, según afirmó el propio Noboa. En Ecuador, donde además hay facilidades legales para el contrabando de las sustancias químicas para el procesamiento, la guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes se da por el control interno de las cárceles y el externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU.
Este fenómeno creció ostensiblemente desde 2017, durante las gestiones neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, quienes desarticularon los avances que había realizado la Revolución Ciudadana en el tratamiento de la cuestión como un problema de salud pública y con un enfoque jurídico que evitaba la privisión preventiva (y por ello aliviaba las cárceles superpobladas), despenalizaba el consumo y aliviaba cargas a las llamadas “mulas”, discriminando los diferentes niveles de responsabilidad penal en el narcotráfico.
Parece que la única respuesta del gobierno de Noboa a estos desafíos es una política de mano dura, que ha incluido la militarización de los puertos y las principales ciudades del país. Sin embargo, esta estrategia ha sido insuficiente para contener la violencia. Los homicidios relacionados con el narcotráfico han seguido en aumento, y la sensación de inseguridad se ha profundizado. Las cifras oficiales hablan de más de 4000 muertes violentas en lo que va de 2024, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores.
Mientras tanto, Estados Unidos ha proporcionado US$10 millones adicionales para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones ecuatorianas. Esto ha sido percibido como un respaldo a las políticas de seguridad de Noboa y ha añadido un elemento de presión externa en el contexto político ecuatoriano. En este contexto de inseguridad y represión, la oposición ha denunciado persecución política. Es el caso de Luisa González quien en septiembre del 2023, denunció un plan de atentado en su contra, cuando un detenido con granadas declaró que su objetivo era la hoy candidata a presidenta. González – la segunda candidata más votada en 2023, ha sido crítica y opositora a las políticas del gobierno, en especial seguridad y economía- acusó al Gobierno y a la administración penitenciaria de obstruir la investigación.
Democracia restringida
En abril de este año se dio el inédito caso de la violación de las normas diplomaticas dispuesto por el gobierno ecuatoriano. El asalto a la embajada de México en Quito y secuestro del refugiado y ex vicepresidente Jorge Glas se presenta como otro capítulo en un continuo de ruptura de garantías que se observa en el país.
A proposito de esto último, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho como “una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”. La situación desató un conflicto diplomático que tuvo su escalada cuando el Gobierno ecuatoriano negó al país azteca la solicitud de un salvoconducto al refugiado Jorge Glas, para que sea excarcelado y entregado a un tercer país.
La influencia creciente del Comando Sur de Estados Unidos, manifestada a través de acuerdos militares como el memorando de entendimiento firmado en 2024, refleja una estrategia más amplia de control regional bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta colaboración, que incluye la entrega de equipo militar y la intervención directa en la seguridad del país, se enmarca en la Doctrina de las Nuevas Amenazas, similar a la histórica Doctrina Monroe, que busca consolidar la presencia estadounidense en América Latina. A medida que Ecuador adopta estas políticas de seguridad inspiradas en modelos de excepción como el de El Salvador, se evidencia una peligrosa erosión de la soberanía nacional y la democracia, donde las necesidades de seguridad son aprovechadas para justificar una mayor injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
El clima de violencia y de control al que se encuentra sometida la población restringe la participación política. El temor a represalias es palpable entre quienes se oponen al gobierno. La constante militarización y los estados de excepción han creado un ambiente de miedo e incertidumbre que obliga a preguntarse por las garantías democráticas para el proceso electoral de 2025.
Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL) y ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, en entrevista con el programa Nodal Se Prende valoró que el clima político de tensión en el que se avanza hacia el proceso electoral no va a distar demasiado de aquél clima en el que se desarrollaron las últimas elecciones, en los que la escalada de violencia y la pérdida del control del territorio por parte del Estado, ha llegado a niveles tales que se ha naturalizado el asesinato de candidatos.
Rivadeneira agregó que para describir las condiciones en que se da este proceso es necesario recordar la procedencia de Daniel Noboa, nacido en Estados Unidos e hijo del empresario más rico del Ecuador y el mayor deudor del fisco de la nación. “Un miembro nato de la oligarquía ecuatoriana que ni bien empezó a gobernar, no solo dió continuidad a las medidas de Guillermo Lasso y Lenin Moreno en cuanto a la proscripción de una fuerza política como Revolución Ciudadana sino al desmantelamiento del estado y a la profundización del neoliberalismo en cuanto a su cercanía con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comando Sur”. La escalada que ha puesto a Ecuador como el país más violento del mundo, con altos niveles de migración y una gestión gubernamental que ha llevado a casi la mitad de la población a estar incluida en los índices de pobreza y pobreza extrema, son parte del cuadro de situación en el que el país se dispone hoy a un proceso electoral, según Rivadeneira.
Es en este marco en el que las organizaciones políticas ecuatorianas tienen la clave para la construcción de alianzas que permitan desplazar del poder un gobierno que no ha hecho más que profundizar la desigualdad en un clima de violencia y represión.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, Directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
