Perú | Congreso rechaza denuncia contra Boluarte por muertes en protestas y Amnistia Internacional la responsabiliza
Dina Boluarte: Congreso rechaza tramitar denuncia en su contra por muertes en las protestas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) rechazó declarar procedente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves debido a las muertes que hubo en las protestas contra su régimen entre el 2022 y 2023.
Con 14 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia y Renovación Popular, se concretó el primer paso para blindarla de ser investigada por violaciones de derechos humanos.
Esta denuncia constitucional había sido formulada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, había presentado un informe da calificación que declara su procedencia.
Sin embargo, otra vez el fujimorismo y sus aliados – entre ellos grupos parlamentarios de izquierda – cerraron filas para desestimar el informe de calificación. Ahora ese dictamen deberá ser discutido en la Comisión Permanente. En caso se ratifique la decisión se habrá consumado el blindaje a Dina Boluarte.
🔴🔵 #LOÚLTIMO | Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas.https://t.co/PWUEdFVPY6
— Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2024
Al ser presidenta de la República, la formalización de la investigación preparatoria cuando culmine su gobierno, necesita que primero el Congreso apruebe levantarle el antejuicio político – su inmunidad – para que el fiscal de la Nación pueda formalizar la acusación ante la Corte Suprema del Poder Judicial.
Sin embargo, con el archivo de esta denuncia constitucional, la investigación del Ministerio Público se mantendrá estancada hasta cinco años después – que es el periodo que dura su inmunidad – de haber dejado el mandato presidencial.
Dina Boluarte: Bloque Magisterial se sumó al blindaje
En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la única parlamentaria que tomó la palabra fue Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, quien se excusó de apoyar esta acusación bajo el argumento de que la DC de la exfiscal de la Nación estaba politizada.
«No cabe duda, no son ideales y mucho menos, creencias. El 27 de noviembre se llevó el operativo Valkiria V que tuvo como principal objetivo detener a personas allegadas a la exfiscal de la Nación. La pregunta es: ¿por qué la exfiscal después de cinco horas reacciona con una denuncia constitucional a la presidenta y su Gabinete Ministerial?«, manifestó Medina.
Es cierto que la DC de la extitular del Ministerio Público vino luego de ese operativo que marcó el inicio de la caída de la exfiscal. Sin embargo, al tratarse de una alta funcionaria, el avance de este caso requiere de todas maneras que el Congreso la admita a trámite, la apruebe y luego acuse para levantarle la inmunidad a la mandataria.
Pero Medina continuó con su retórica, que al final jugaba más en pared con la protección a Boluarte. «Más parece que esta denuncia constitucional fuera una reacción política. Yo nunca me he dejado usar a fin de que se instrumentalice las muertes de nuestros hermanos compatriotas para hacer el juego a Patricia Benavides», expresó.
La congresista del Bloque Magisterial dijo que el caso de las muertes «tiene una ruta propia y debe correr su camino propio» porque hay 18 investigaciones formalizadas en otras instancias. «Dejemos avanzar», sostuvo. Sin embargo, lo que no precisa la parlamentaria es que esas pesquisas son contra otros involucrados y no contra la mandataria.
Debido a que Dina Boluarte es alta funcionaria, el único que puede investigarla y acusarla es el fiscal de la Nación. Y para eso, previamente el Congreso debe aprobar la denuncia constitucional.
Pero eso no importó y primó el blindaje.
Otros imputados que quedaron a salvo
Esta denuncia constitucional también era contra los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Eduardo Herrera y Vicente Romero. Sin embargo, al igual que Boluarte, fueron protegidos en el Congreso.
Dina Boluarte: los 14 congresistas que la blindaron
| Congresista | Bancada | Admisión de la denuncia |
| Lady Camones | APP | Sí |
| Jorge Montoya | Honor y Democracia | No |
| Arturo Alegría | Fuerza Popular | No |
| Eduardo Castillo | Fuerza Popular | No |
| Héctor Ventura | Fuerza Popular | No |
| Martha Moyano | Fuerza Popular | No |
| Isacc Mita | Perú Libre | Sí |
| Segundo Montalvo | Perú Libre | Sí |
| Edith Julón | APP | No |
| Edgar Reymundo | Cambio Democrático | Sí |
| Elizabeth Medina | Bloque Magisterial | No |
| Alex Paredes | Bloque Magisterial | No |
| José Cueto | Honor y Democracia | No |
| Diego Bazán | Renovación Popular | No |
| Kira Alcarráz | Podemos Perú | No |
| Jorge Coayla | Perú Bicentenario | No |
| Esdras Medina | Renovación Popular | No |
| Luis Aragón | Acción Popular | No |
Dina Boluarte sería responsable de muertes en protestas, según informe de Amnistía Internacional
El Informe de Amnistía Internacional concluyó que la presidenta Dina Boluarte puede ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos humanos durante protestas ocurridas en los primeros meses de su gobierno.
El informe: ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, presentado este jueves 18 de julio, señala que Dina Boluarte mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en las fechas de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla.
#LoÚltimo | La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archiva denuncia constitucional, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros exministros por las muertes ocurridas durante las… pic.twitter.com/ZoOda6aiDv
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) July 18, 2024
«Ella sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría llevar a responsabilidades penales», detalló Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que, en la declaración bajo juramento que Boluarte Zegarra dio ante la Fiscalía, negó haber tenido contacto con la PNP y las FF.AA.; sin embargo, este testimonio es desmentido por el informe.
«La presidenta no solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones», señala la publicación.
Alberto Otárola tuvo un rol protagonista en las decisiones del Ejecutivo
El informe destaca el rol decisivo que tuvo Alberto Otárola, primero como ministro de Defensa y luego como presidente de todo el Gabinete Ministerial.
En sus apariciones públicas, el ex titular de la PCM elogiaba el accionar de la PNP y de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el resultado de estas operaciones eran muertes y personas heridas en diferentes lugares del Perú.
«Amnistía Internacional analizó el papel protagonista de Alberto Otárola, quien fungió primero como ministro de Defensa y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, en todo momento tomando un rol público prominente y calificando a la policía y las fuerzas armadas como “héroes” a pesar de que sus operaciones diarias resultaban en múltiples muertes y personas heridas en varias partes del país», indica.
Se estigmatizó a los manifestantes como terroristas sin tener pruebas
El informe de Amnistía detalla que desde un inicio hubo un discurso desde el Ejecutivo que estigmatizó y acusó a quienes protestaban en contra de Dina Boluarte como terroristas, pese a que nunca se encontró una prueba que certifique eso.
«La presidenta mantiene un discurso estigmatizante hasta la fecha de publicación de este informe, socavando la dignidad de las víctimas, que muchas veces provienen de entornos marginalizados y regiones con una mayoría de población Indígena y campesina», añade.
Asimismo, el informe revela que la presidenta tomó como referencia los reportes de inteligencia de la PNP, especialmente del COMASENG, donde se califica a los manifestantes como terroristas.
Sin embargo, esta decisión fue tomada pese a que el director nacional de inteligencia, quien coordinaba a todos los servicios de este sector se reunió con ella y le informó que no veía necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas.
Tras esta publicación, Amnistía Internacional recomienda que el Ministerio Público y el Poder Judicial continúen trabajando para determinar las responsabilidades penales.
Por su parte, los familiares de las víctimas de las protestas confirman que participarán en las marchas del 26,27 y 28 de julio, y solicitan garantías para sus vidas.
