La politización de la trata de personas: caso Cuba – Por Omar Stainer Rivera Carbó

La politización de la trata de personas: caso Cuba

Por Omar Stainer Rivera Carbó *

El 24 de junio el Departamento de Estado estadounidense presentó su Informe sobre Trata de Personas 2024. El documento evalúa unilateralmente el fenómeno en 188 países, con mención a la región de América Latina y el Caribe, y la singularización por motivos políticos de Cuba.

Para América Latina y el Caribe, la trata de personas y sus manifestaciones conexas no le son ajenas. De hecho, es un tema no resuelto, de altísima incidencia e impacto, donde queda un largo camino por recorrer para su enfrentamiento y eliminación definitiva.

Sin embargo, el triste panorama de las víctimas de la trata de personas en la actualidad, pareciera que no dejaría margen a manipulaciones y abordajes amañados. Pero esta es una visión romántica de un asunto al que se le saca buenas tajadas con fines políticos, y una de las explicaciones del porqué no se avanza más en la lucha contra el flagelo.

Sin dudas, la muestra más clara del planteamiento anterior es el Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Si bien es un intento loable por contribuir a su enfrentamiento, también constituye una herramienta de presión usada contra naciones definidas como “enemigas”. El texto va más dirigido a evaluar el desempeño de los gobiernos, que a abordar el alcance de la trata en sí misma. Esta peculiaridad da al informe una significativa dimensión política.

En el entramado jurídico-político-diplomático estadounidense existe una tendencia a la elaboración de “listas” unilaterales sobre diversos temas como terrorismo, derechos humanos y libertad religiosa. Estas cumplen una doble función, pues contribuyen desde lo comunicacional a establecer matrices de opinión, y sirven de justificación a determinadas políticas punitivas. El Informe sobre Trata de Personas no es la excepción.

Su acápite más importante, por sus consecuencias, es el referido a la categorización en tres niveles de los esfuerzos de un Estado para combatir el fenómeno. El Nivel 1 corresponde a países cuyos gobiernos cumplen plenamente con los estándares mínimos; mientras los niveles 2 y 3 son para las naciones cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos, pero en el 2 están haciendo esfuerzos significativos y en el 3 no.

La “lista” tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, los países incluidos en el Nivel 3 pueden ser objetos de sanciones como la retención o eliminación de la asistencia extranjera no relacionada con el comercio; y en especial se destaca que “no podrán recibir fondos del gobierno para la participación de los empleados en la educación y los programas de intercambio cultural”. En su práctica “diplomática”, es usual que Estados Unidos de América amenace a un país con ubicarlo en esta categoría, sino cumple con determinadas exigencias.

En el informe correspondiente a 2024, los países de la región fueron categorizados de la siguiente manera:

• Nivel 1: Argentina, Bahamas, Surinam, Guayana, Chile y Colombia.
• Nivel 2: Honduras, Antigua y Barbuda, Panamá, Paraguay, Perú, Aruba, Perú, Barbados, Belice, Jamaica, Bolivia, Brasil, San Vicente y las Granadinas, Costa Rica, México, Ecuador, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.
• Lista de vigilancia de nivel 2: Curazao, República Dominicana y Uruguay.
• Nivel 3: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
• Caso especial: Haití.

En el caso del Nivel 3, corresponde a los países del área con la mayor cantidad de sanciones desde Washington. Si estuviéramos en tiempos de George W. Bush, podría decirse que constituyen, desde la óptica estadounidense, “el eje del mal”. No es casual; corrobora las funciones que cumple el informe en la justificación de las sanciones y el aporte a las campañas de satanización.

Si bien el texto en sentido general, caracteriza adecuadamente las “cuestiones clave sobre la trata en la región del Hemisferio Occidental”, no puede ocultar su función como herramienta de presión política y manipulación mediática. En ese sentido, los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro son acusados por su presunto trabajo deficiente o nulo con las víctimas, así como el no procesamiento de los traficantes.

Sin embargo, es el caso de Cuba el que de una manera más clara evidencia la manipulación del tema por motivaciones políticas. Es de hecho, el único país de la región mencionado en el acápite de la “trata de personas patrocinada por el Estado”, donde se incluyen otros enemigos habituales de Estados Unidos de América como Bielorrusia, República Popular de China, Irán, República Popular Democrática de Corea y Rusia.

Pero, ¿cuál es el gran pecado de Cuba? El texto lo responde de la siguiente manera, “la trata de personas en el programa cubano de exportación de mano de obra”. Aquí, lógicamente, el énfasis recae en los convenios médicos internacionales, a los que el gobierno estadounidense le aplica una estrategia de boicot, donde la inclusión en el Informe sobre Trata de Personas, es una de las tácticas. Todo esto responde a la política de asfixia económica para destruir a la Revolución.

Las líneas argumentales para establecer que en el trabajo de las Brigadas Médicas Cubanas existen manifestaciones de “trata de personas patrocinada por el Estado”, son esencialmente las mismas que han usado en los últimos años. Sobre los profesionales de la salud se ejerce coerción y múltiples prácticas limitan su movimiento.

No obstante, sí se destaca un ligero regreso a una etapa anterior. Sobre todo hasta 2010, los profesionales de la salud eran presentados como agentes del gobierno cubano al exportar el comunismo, hacer espionaje y tener escasas competencias profesionales. Esto cambió y en los últimos años la tendencia ha sido presentarlos como víctimas de su gobierno. Sin embargo, el informe regresa a la etapa donde aseguran que “carecen de la capacitación médica adecuada para tratar afecciones complejas”.

Por otra parte, y en evidencia del tono amenazante y disuasivo del informe, se resaltan los mensajes a los gobiernos de los países receptores de Brigadas Médicas Cubanas. Claramente, el mandato es “hacer esfuerzos para combatir la trata de personas, y esto incluye no comprar bienes o servicios fabricados o proporcionados con trabajo forzoso”.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues el gobierno de Estados Unidos de América también premió a sus diez ganadores del Programa de Héroes, donde se destaca a María Werlau. ¿Cuál es su mérito? Luchar contra los convenios médicos cubanos internacionales mediante Free Society Project-Cuba Archive, una base de datos que documenta presuntas violaciones a los derechos humanos en las Brigadas Médicas Cubanas y que es financiada por el gobierno estadounidense mediante la Fundación Nacional para la Democracia.

Imperdonable que un país pequeño y bloqueado pueda llevar a cabo modalidades de cooperación internacional en salud y exportar servicios de salud. Solo dos datos para aquilatar la grandeza de la obra de la medicina cubana, entre 1963 y 2023, se realizaron más de dos millones de consultas y más de 16 millones de intervenciones quirúrgicas.

* Psicólogo. Máster en Ciencias de la Comunicación. Actualmente, cursa su doctorado en Ciencias de la Salud y la especialidad en Servicio Exterior. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, con varios libros y artículos publicados, así como premios literarios recibidos. Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL).