Día mundial de concientización sobre el abuso y maltrato en la vejez
Día mundial de concientización sobre el abuso y maltrato en la vejez
El día 15 de junio fue el Día mundial de concientización sobre el abuso y maltrato en la vejez y docentes de la Universidad Nacional de José C. Paz compartieron su mirada sobre esta temática.
El maltrato estructural, una lectura posible sobre la violencia a personas mayores en el contexto actual – Por Mariana Cataldi
Las personas mayores son uno de los grupos sociales más afectados por las acciones y omisiones de las distintas gestiones de gobierno que provocaron la degradación de sus condiciones de vida. Sistemáticamente, se viene subvalorando sus necesidades y postergando el ejercicio de sus derechos, enunciados en la legislación vigente. Si bien se registraron avances en el inicio del presente siglo, como el reconocimiento de tareas de cuidados para las mujeres, la posibilidad de acceder a una jubilación sin contar con la totalidad de aportes obligatorios, y otras medidas, las mismas resultaron insuficientes. La postergación de iniciativas superadoras provocó la profundización de las dificultades que deben afrontar cotidianamente para acceder a alimentos, medicamentos, vestimenta, vivienda o traslados.
En el año 2017 en Argentina se aprueba la Ley sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores[1], que reconoce como problema social la discriminación, el maltrato, la negligencia y el abandono. En su contenido se convoca a los Estados a desarrollar acciones para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de tratos. A pesar de contar con una legislación específica para este colectivo protectora de sus derechos, la complejidad de esta problemática social indica que día a día los mismos son vulnerados, por lo que proponemos interrogarnos acerca de su origen y habilitar una discusión contextualizada que recupere su devenir.
Conceptualización: el maltrato estructural y el origen de la violencia
Las definiciones sobre violencia, abuso y maltrato a personas mayores han ido variando a lo largo del tiempo, con imprecisiones y diferencias que obstaculizaron el abordaje de esta problemática y afectaron el conocimiento sobre los daños que genera. Estos conceptos han sido considerados como sinónimos, pero también se han diversificado en función del enfoque desde el cual se abordaron los análisis. Los estudios pioneros se ubican a mediados de los años 70´y principios de los 80´, cuando se acuña la palabra “viejismo” y se mencionan los términos de “abuelita golpeada” y “síndrome del anciano apaleado”. Las primeras definiciones especificaban que el maltrato debía ser reiterado para ser considerado como tal y que el hecho debía producirse en el marco de una relación donde exista una expectativa de confianza. Principalmente se hacía referencia a la violencia en el ámbito familiar y se focalizaba en el binomio persona mayor-cuidador/a, incluso aportando una serie de enunciados sobre factores de riesgo de una y otra parte de la díada. En la persona mayor, se mencionaron como factores de riesgo potenciales el género, la demencia, el aislamiento, la dependencia, y en la persona cuidadora al consumo problemático, el stress, la sobrecarga o la falta de capacitación para las tareas asignadas. También se realizaron distinciones según el escenario donde se produce la situación de maltrato, hallándose que en las instituciones de larga estadía la violencia se presentaba bajo la forma de sujeciones indebidas, despersonalización, infantilización, sobre medicación y sub medicación, entre otras categorías que continúan siendo válidas al momento de analizar el abuso en las instituciones.
Si efectuamos una revisión de la literatura sobre la temática podremos encontrar una amplia y diversa clasificación sobre tipos de maltrato; físico, psicológico, emocional, económico o financiero, abuso sexual, negligencia. Por otro lado, hallamos enunciados sobre indicadores para su detección y barreras para identificarlo. Estos contenidos aportaron herramientas orientadas a la prevención y abordaje de situaciones de abuso, producidas en el ámbito familiar o institucional.
Años después, las ciencias sociales, y particularmente por la influencia de las corrientes críticas, comienzan a aportar otras miradas, desde el paradigma de la complejidad, que indagaron acerca de las valoraciones sociales de la vejez y su relación con el rol que desempeñan en las relaciones de producción y consumo. Desde esta perspectiva, el maltrato se vincula a las relaciones de poder asimétricas que se establecen en un contexto determinado y que colocan a las personas mayores en situación de desventaja. El enfoque en cuestión observó además que se invalidaba su participación activa en las cuestiones políticas y económicas, priorizándose las actividades de índole recreativa al momento de diseñar programas dirigidos a este grupo de población, afines a las visiones clásicas. Estas iniciativas, sustentadas en una mirada estereotipada y homogeneizadora, dejan de lado las múltiples formas de envejecer y la diversidad de intereses de los sujetos.
La violencia tiene múltiples causas, determinadas por desigualdades sociales, culturales y económicas, que inciden en la vida cotidiana de las personas. Se manifiesta en el ámbito individual, familiar y en las relaciones de proximidad, pero también aparece de manera sutil, invisibilizada y naturalizada, cuando se trata del maltrato estructural ejercido por el propio Estado. Nos referimos a los ingresos insuficientes, la desvalorización de la vejez, la ausencia de políticas de cuidados o la deficiencia de los servicios, la inaccesibilidad urbana, las barreras del transporte, la precarización de los servicios de salud y las acciones discriminatorias, entre otras manifestaciones que constituyen una violencia de tipo colectiva.
El concepto de edadismo o viejismo, alude a la discriminación por edad sustentada en el predominio de una visión negativa sobre la vejez, que se presenta en múltiples escenarios de la vida social. Para la OMS (2021), el edadismo tiene una aceptación social mayor que otras formas de discriminación y se encuentra profundamente arraigado en las distintas culturas y contextos. Puede ser explícito o implícito según el nivel de conciencia de su ejercicio y su intencionalidad. Dicho organismo lo define a partir de la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad cronológica, y conlleva un daño, injusticia o desventaja. Reconocen que puede manifestarse en la esfera institucional, según las leyes, normas sociales, políticas y prácticas que limitan las posibilidades por motivo de edad.
El maltrato estructural y social comporta la negligencia y abandono de las instituciones públicas en la intervención respecto de las necesidades de la población de mayor edad, principalmente la que se encuentra en situación de vulnerabilidad por género, discapacidad, situación económica, etnia, precariedad habitacional o ausencia de redes sociales de apoyo. Es a partir de esta tipología que nos interesa enfocar el análisis y reflexión en ocasión de conmemorar el Día mundial de concientización sobre al abuso y maltrato en la vejez.
Las personas mayores en el contexto actual
A fines de 2023 se produce un cambio de gobierno en Argentina que marca un punto de inflexión[2]. No sólo por tratarse de una agrupación política diferente de la precedente, sino por las nuevas -o viejas- ideas vinculadas al liberalismo económico que traía y a la concepción de un Estado mínimo en el que el mercado se posiciona como regulador de las relaciones sociales. A partir del análisis de su plataforma electoral, encontramos que formalmente se especificaba que el liberalismo se basa en el respeto por el proyecto de vida del otro basado en el principio de no agresión. Otro de los aspectos consignados en la propuesta, anticipaba una primera etapa con un fuerte recorte del gasto público del Estado, seguida de una reforma previsional orientada a disminuir el gasto en concepto de jubilaciones y pensiones.
A nivel mediático, las promesas de campaña de la gestión actual pronosticaban la necesidad de un ajuste para equilibrar la economía que sería afrontada por “la casta”, categoría no definida de manera explícita por sus enunciantes. Sin embargo, transcurridos los primeros meses de gobierno, se evidenció que unos de los grupos que han soportado el ajuste más severo han sido las personas mayores. Esto se puede observar a partir del análisis de la coyuntura nacional, teniendo en cuenta un entramado de variables como seguridad social, salud, vivienda, alimentación, entre otros.
Al momento de la escritura del presente artículo, las jubilaciones mínimas evidencian una pérdida significativa contra la inflación en relación con el índice de precios al consumidor oficial. Según las mediciones de la Defensoría de la Tercera Edad del mes de Marzo de 2024, el monto de la jubilación mínima no alcanza a cubrir un tercio de la “Canasta básica de jubilados”. Sumado a esto, referentes de comedores comunitarios estiman un incremento de entre el 20 y el 30% en la cantidad de personas mayores en condiciones de pobreza que acuden diariamente a alimentarse, aun contando con jubilaciones o pensiones, dado que sus ingresos resultan insuficientes para afrontar sus necesidades de vivienda, salud o medicamentos. En abril de 2024, se realizó un Censo en CABA que registra un incremento del 14% de personas en situación de calle respecto del relevamiento efectuado el año anterior, entre ellos personas mayores de clase media que no han podido continuar abonando el alquiler de la vivienda que habitaban. Si se toma como referencia la información de las organizaciones de la sociedad civil que efectúan censos populares, las cifras se multiplican. La desatención de las necesidades básicas se acrecienta, incluso en lo atinente al acceso a los servicios de salud, con demoras significativas en la asignación de turnos médicos o para la realización de estudios y otras prácticas. La ausencia o insuficiencia de políticas de cuidado provoca una sobrecarga familiar, siendo las mujeres de las familias quienes principalmente asumen las tareas de cuidado de las personas mayores en el hogar. El carácter incremental de la crisis y la falta de respuesta adecuada desde el gobierno permite advertir la situación de riesgo en la que se encuentra gran parte de la población mayor argentina.
La producción de conocimiento gerontológico en el país también da cuenta del carácter secundario y la posición relegada de la temática en la agenda pública. En 2012 se realizó la última Encuesta Nacional (ENCAVIAM) que tiene por objetivo generar información sobre la calidad de vida de la población de 60 años y más, que sirva como herramienta para el diseño de políticas públicas dirigidas a este grupo de población. En ese momento, casi el 40% sostenía que las personas mayores reciben peor trato que las jóvenes en oficinas públicas y entidades bancarias. Transcurridos 12 años desde su realización, carecemos de datos actualizados para caracterizar las condiciones de vida de las personas mayores en la sociedad actual y conocer si han variado sus percepciones sobre esta problemática. La producción de conocimiento mediante metodologías cuanti-cualitativas es un insumo fundamental para el lineamiento de las acciones públicas que apunten a garantizar la calidad de vida y bienestar de la población mayor. Desestimar este tipo de producciones constituye un acto de negligencia desde el propio Estado que pone en riesgo sus derechos.
En cuanto a los discursos mediáticos de funcionarios públicos, incluso quienes transitan el mismo momento de la vida[3], se evidencia una deshumanización hacia las personas mayores, que se expresa no sólo mediante la inacción frente a la situación de precariedad que atraviesan, sino también a través de la descalificación y subestimación de este colectivo. Estas narrativas intentan legitimar las decisiones adoptadas desde la gestión que perpetúan y profundizan la vulneración de múltiples derechos de las personas mayores.
Para Johan Galtung, sociólogo noruego, la violencia estructural incluye la distribución desigual de recursos, la falta de acceso a alimentos, vivienda, medicamentos, y la exclusión de grupos minoritarios (1989). Agrega que todo aspecto de la cultura, como el lenguaje, la ideología o el arte, susceptible de ser utilizado para legitimar la violencia estructural se define como violencia cultural. En sus palabras, la violencia cultural hace que la violencia estructural se perciba cargada de razón o “no tan mala”. Vinculando estos conceptos a los discursos de la gestión actual, el argumento de la herencia recibida y lo imperioso de equilibrar la economía, intenta apaciguar el malestar social y ganar apoyo, incluso de la población más afectada.
El escenario descripto refuerza los estereotipos negativos que asocian la vejez al deterioro y la pobreza, y la consideran como carga social que el resto de la sociedad debe sostener. Las narrativas de la dirigencia política intentan lograr que las medidas sean aceptables para la sociedad, mediante la justificación del agresivo ajuste implementado, con la intención de lograr adhesión y aminorar la disconformidad y los cuestionamientos de la población.
Corolario
A modo de recapitulación, nos interesa señalar que el maltrato a personas mayores se encuentra anclado a determinantes macrosociales y se expresa en niveles medio y micro. Dicho de otro modo, la violencia que se produce en el ámbito familiar o institucional, no puede ser leída desde una mirada simplificadora o reduccionista, dado que se inscribe en procesos mucho más complejos que la generan. El problema del abuso en la vejez radica en componentes estructurales por lo que su lectura desde el análisis del comportamiento de los individuos y los factores de riesgo aporta una visión fragmentadora de la realidad y por ende sesgada. En este sentido, el desconocimiento de la gestión del Estado de las necesidades de la población mayor, o la negación de su carácter prioritario y urgente, pone de manifiesto la presencia de maltrato estructural, que se aleja del principio de no agresión enunciado en la propuesta de gobierno.
[1] Ley 27.360/17[2] Presidencia Javier Milei de “La Libertad Avanza” (LLA).
[3] A modo ilustrativo, la Ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, en un programa de TV de gran audiencia, cuestionaba los créditos a jubilados y jubiladas expresando “si sos un jubilado de no se cuantos años es casi seguro que te vas a morir”. Disponible en: https://www.youtube.com/shorts/VbDQkVAO_oU
La vejez digna: un derecho humano en peligro en tiempos de pensiones y jubilaciones insuficientes – Por Christian Darío Arias
El envejecimiento poblacional, caracterizado por un aumento tanto en la cantidad como en la proporción de personas mayores en un territorio y una prolongación sin precedentes de la expectativa de vida, se ha convertido en las últimas décadas en uno de los fenómenos sociodemográficos más importantes a nivel global. Este proceso ha traído consigo cambios significativos en diversas esferas sociales: desde la seguridad social hasta la política, el campo laboral, la educación, la salud y los cuidados.
En este contexto, uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestra sociedad es garantizar una vejez digna para todos y todas. Las pensiones y jubilaciones insuficientes no solo afectan la calidad de vida de las personas mayores, sino que también ponen en cuestión el cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales, afectando a toda la sociedad. En un contexto global marcado por desigualdades crecientes y sistemas de seguridad social en crisis, es imperativo repensar nuestras políticas públicas para asegurar que este sector de la población no sea abandonado a su suerte.
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014) ha señalado que más del 50% de las personas mayores de 65 años no tienen acceso a una pensión que les permita vivir con dignidad. En Argentina, la situación es aún más preocupante, ya que el monto de la jubilación mínima está significativamente por debajo del umbral establecido por la canasta básica de los jubilados, elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación se agrava en las regiones más desfavorecidas, donde el acceso a servicios básicos como salud, vivienda y alimentación es limitado.
En este escenario desolador, estamos a un año de que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores cumpla 10 años. En nuestro país, esta convención es ley (Ley 27.360 de 2017) con carácter constitucional (jerarquía otorgada por la Ley Nacional 27.700). Sin embargo, nos surge una pregunta: ¿para qué sirven los derechos si no se cumplen? La respuesta reside en la escasa organización, representación y participación política efectiva de las personas mayores, lo cual es esencial para que estos derechos se materialicen y se respeten en la práctica.
La historia nos brinda ejemplos inspiradores, como el de Norma Pla, una jubilada que en los años 90 se convirtió en símbolo de la lucha por una jubilación digna. Con su coraje y determinación, Pla puso su cuerpo liderando protestas en edificios clave, como el Congreso Nacional, y apareció en los medios de comunicación, destacando la precariedad en la que vivían muchas personas jubiladas, logrando que su voz y la de miles como ella fueran escuchadas. Pla predijo y nos advirtió sobre la situación que hoy estamos enfrentando.
¿Dónde está Norma Pla? Necesitamos que la lucha se ponga en agenda. Las personas mayores se han quedado sin representantes visibles, lo que es inversamente proporcional al marco de derechos que han ganado en los últimos veinte años. Es decir, aunque tienen más derechos formales, falta el espacio en los medios y en la agenda pública para visibilizar y atender sus demandas. Las luchas de hoy, aunque silenciosas, son igualmente vitales, y la ausencia de una figura tan emblemática como la de Norma Pla se siente profundamente.
En los últimos años, especialmente desde 2016, hemos sido testigos del surgimiento de diversas organizaciones sociales de personas mayores en todo el territorio argentino, como el Frente de Personas Mayores, la Revolución de las Viejas, Jubiladxs Insurgentes, entre otras. Existen representantes, pero no se les da espacio en los medios, lo que invisibiliza sus reclamos. Un ejemplo es la Mesa Coordinadora Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, que realiza marchas los miércoles frente al Congreso, pero estas convocatorias tienen escasa participación y carecen de cobertura mediática. Es imperativo reconocer que estas iniciativas han cobrado fuerza y han comenzado a desempeñar un papel significativo en la defensa de los derechos de esta población. Sin embargo, para enfrentar los desafíos actuales de manera efectiva, es necesario que estas organizaciones se unan bajo una sola bandera y tomen el protagonismo que merecen. Es momento de que las voces de las personas mayores sean escuchadas de manera unificada, y es fundamental que trabajen en conjunto para exigir el respeto y la protección de sus derechos.
Lejos han quedado los tiempos en que las jubilaciones en Argentina eran las más altas de la región. Hace casi una década, en 2015, alcanzaban los U$S 456. En aquella época, se implementaron varias medidas para aumentar las jubilaciones mínimas y mejorar las condiciones de vida de esta población. Por ejemplo, en 2005 se implementó la primera “moratoria previsional” que permitió a personas sin los 30 años de aportes necesarios, acceder a una jubilación. En 2007 se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, y en 2008 se estatizó el sistema previsional, retornando al sistema de reparto, que dejaría atrás a las AFJP.
El diseño de políticas públicas efectivas para abordar esta problemática debe partir de un reconocimiento de la vejez como una etapa de la vida que merece ser vivida con plenitud y respeto. Esto implica no solo mejorar las pensiones y jubilaciones, sino también garantizar un acceso equitativo a servicios de salud, vivienda adecuada y programas de integración social. No necesitamos mirar solo la experiencia de países como Noruega o Suecia, donde los sistemas de pensiones están diseñados para asegurar un estándar de vida digno. Lo que realmente hace falta es retomar la misma línea de trabajo que teníamos hace diez años y aprovechar el marco legal existente para repensar las reformas y recuperar el rumbo adecuado.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesario que las políticas públicas no solo se enfoquen en la dimensión económica de la vejez, sino también en su aspecto social y cultural. Las personas mayores tienen derecho a participar plenamente en la vida de sus comunidades, a ser escuchadas y respetadas. La implementación de programas que fomenten la participación política y que las propias personas mayores estén presentes en los ámbitos en los cuales se toman decisiones es un paso vital hacia una vejez digna y plena.
Para concluir, debemos considerar que es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que ninguna persona mayor sea relegada al olvido. Es fundamental que como sociedad nos comprometamos a proteger los derechos de esta población. Las pensiones y jubilaciones deben ser suficientes para vivir dignamente, y las políticas públicas deben reflejar un compromiso real con el bienestar y la integración de esta población. Pero también es esencial colocar esta problemática en la agenda de los medios y del debate público. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.
