Guatemala | El presidente Arévalo presenta al Congreso una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público
Bernardo Arévalo dice que insistirá con reforma de ley para remover a la fiscal general
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este miércoles que insistirá en la remoción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, con una reforma de ley en el Congreso que habilite su posterior salida del cargo.
https://twitter.com/BArevalodeLeon/status/1788060114546508037
Arévalo de León expuso en una rueda de prensa que sigue en firme en sus intenciones por remover a la fiscal general, pese a que el martes, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, le indicó al Gobierno que se “abstenga” de “todo acto” que “atente contra el mandato” de Porras Argueta.
La conferencia del MP confirma la necesidad de someter a la Fiscal General a una rendición de cuentas seria y exhaustiva. No podemos seguir con una institución tan politizada y tan temerosa de que el Congreso haga su trabajo.
El país necesita salir adelante, y ella misma lo ha…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 7, 2024
El dictamen de la Corte obedeció a un recurso impuesto el domingo por la Fiscalía ante el máximo tribunal guatemalteco, horas antes de que Arévalo de León expusiera en cadena nacional sus intenciones por remover a Porras Argueta del puesto que ocupa desde 2018.
Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del presidente este miércoles, lo “más importante de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad” es que “reafirma” la “ruta que hemos iniciado” para “poder seguir adelante en este proceso” concerniente a la reforma de la ley del Ministerio Público en el Congreso.
“Así que nosotros seguiremos adelante”, puntualizó el gobernante tras una visita al departamento de Baja Verapaz, en el norte del territorio guatemalteco.
Arévalo de León había anunciado el pasado domingo una reforma de ley que habilita la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general, ya que la normativa vigente solamente permite su salida mediante una condena en un proceso legal.
Para validar la reforma planteada por Arévalo de León, son necesarios al menos 107 votos de los 160 escaños del Congreso, como establece la ley guatemalteca.
El partido oficial, Movimiento Semilla, cuenta con 23 escaños en el Parlamento y todo apunta, según la sesión plenaria del martes, a que por el momento no cuentan con la cantidad necesaria de votos para la reforma.
Durante su intervención el pasado domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras, quien debe dejar el puesto de manera oficial en 2026, ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben la corrupción.
“El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo“, argumentó el mandatario en ese momento.
Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público están sancionados por Estados Unidos desde 2021 bajo señalamientos de “socavar” la Justicia en Guatemala.
A la fiscal general se le atribuye, de acuerdo a varias fuentes, los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León en enero pasado y también la persecución judicial en los últimos años a más de cien personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.
Quiénes son los 11 jefes del MP desde 1993 y cuál ha sido la relación con los presidentes
Por Raúl Barreno Castillo
El 2016 es un parteaguas para el Ministerio Público (MP). Ese año el Congreso reformó su Ley Orgánica, cuyo cambio más discutido fue el artículo 14, que habla sobre la remoción del fiscal general y jefe del ente investigador.
La reforma que hicieron 140 legisladores fue esta: “El presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justa debidamente establecida”.
“Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece”, le agregaron.
“Siempre se garantizará el derecho de defensa. En el caso de la comisión de un delito el fiscal general será suspendido, previa declaratoria que ha lugar el antejuicio en su contra, para que se proceda conforme la ley”, reza la modificación.
Concluye con esto: “Si la sentencia fuere absolutoria, el fiscal general será reinstalado en su cargo; si fuere condenatoria, será destituido del mismo, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes”.
La iniciativa
La reforma nació el 12 de agosto de 2015 por medio de la iniciativa 4982 que disponía aprobar las reformas al Decreto 40-94 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Ministerio Público. Reforma art. 9 integración del Ministerio Público, art. 10 fiscal general, art. 11 funciones”.
Fueron ponentes los diputados Álvaro González Ricci, Amílcar De Jesús Pop Ac, Carlos Enrique López Girón, Carlos Valentín Gramajo Maldonado, Juan José Porras Castillo, Mario Rolando Torres Marroquín y Oliverio García Rodas.
Antes de la modificación era competencia del presidente remover al encargado de la Fiscalía. Era, como un puesto de confianza, sin embargo, las presiones que existieron, según le dijo el exdiputado Mario Taracena a Prensa Libre en octubre de 2023, propiciaron la reforma.
Adscrito
Antes de 1993 el MP estaba adscrito a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los primeros jefes de ambas instituciones fueron Ramsés Cuestas Gómez y Acisclo Valladares Molina.
El MP surgió como un ente con autonomía por la reforma Constitucional de 1992.
La Fiscalía, por esa reforma, se constituyó en el “órgano autónomo encargado de ejercer la persecución y la acción penal pública”.
Los fiscales
Desde su creación, en medio de un Conflicto Armado Interno que languidecía, fue creado el MP bajo la sombra de la inteligencia militar.
De 1993 a 2024 lo han dirigido, Ramsés Cuestas Gómez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Adolfo González Rodas y Carlos David De León Argueta.
Además, Juan Luis Florido, José Amílcar Velásquez Zárate, María Encarnación Mejía García (interina en dos ocasiones), Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, Claudia Paz y Paz, Thelma Esperanza Aldana y María Consuelo Porras Argueta.
Dimisiones y despidos
Ramsés Cuestas Gómez fue el primer fiscal general de la República. Estuvo 22 meses al frente de una institución señalada de estar comprometida por la inteligencia militar.
Cuestas, tras un enfrentamiento con el presidente Álvaro Arzú, se vio obligado a renunciar a inicios de mayo de 1996.
Cuando presentó su dimisión anunció que interpondría acciones de inconstitucionalidad en contra la reforma a la Ley Orgánica del MP, efectuada días antes por el Organismo Legislativo.
Según Cuestas, en una nota publicada en Prensa Libre, el Decreto 19-96, que reformó el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP en lo referente a los motivos para destituir al fiscal general, adolecía de vicios de inconstitucionalidad, porque afectaba el derecho de defensa de todo ciudadano y de quien fuera el nuevo jefe del MP, y buscaba concentrar el poder total y absoluto en quienes están al frente del actual Gobierno.
Cuestas consideró que el MP perdería su total autonomía, independencia y fuerza, y el resultado sería una justicia lenta y amarrada.
El fiscal creyó que con esa reforma se violaba “los artículos 2, 14 y 251 de la Constitución.
La abogada Marta Altolaguirre, miembro del Consejo del MP en esos años, criticó a Cuestas porque había “erosionado la confianza en la institución y provocado daño extenso y a largo plazo”, según la misma nota de este rotativo.
El fiscal se fue en medio de investigaciones por contratos dudosos y compras sobrevaloradas.
Carlos David De León Argueta fue un fiscal polémico que estuvo al frente del MP entre 2002 y 2004. Fue destituido por el presidente Óscar Berger.
Se resistió a dejar el puesto hasta que Juan Luis Florido ocupó su lugar. De León Argueta, siempre atento a mostrar sus actividades a los medios, llevó a la fiscalía a un plano más mediático que eficiente en la labor investigativa, se le criticó.
Estuvo involucrado en un caso de lavado de dinero desde que fungía como fiscal. En 2005 se giró una orden de aprehensión en su contra hasta que finalmente fue capturado años más tarde.
En 2012 una jueza lo libró de todo cargo porque el MP no pudo sostener la tesis de la acusación que le hacían respecto de que el Fondo Nacional para la Paz le había entregado Q50 millones a la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (Asodegua) en 2001 – que él representaba -, antes de que fuera fiscal general.
Estos fondos servirían para la construcción de proyectos habitacionales en Escuintla, pero después de las pesquisas se determinó que Q1.2 millones terminaron en las cuenta de De León, según el MP.
Ese caso se unió a los más de cinco procesos en su contra, en los que se le acusó de malversación, abuso de autoridad, lavado de dinero y ejecución extrajudicial.
Juan Luis Florido Solís era uno de los hombres de confianza del presidente Berger. Lo nombró fiscal general en dos ocasiones. La primera en 2004, cuando sustituyó a De León Argueta y la segunda en el 2006.
Esta última no la terminó porque había serios señalamientos en la lentitud para trabajar importantes casos de investigación como el crimen de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano.
Florido entregó la renuncia al cargo al presidente Álvaro Colom el 29 de julio de 2008. El mandatario la aceptó y en su lugar ocupó el puesto José Amílcar Velásquez Zárate, fiscal distrital del MP.
Desde las primeras horas de ese día se rumoraba la destitución de Florido. Colom se reunió en privado con él en la antigua casa de campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, ubicada en la zona 14. Ahí se consumó todo. A la fecha todavía no ha quedado claro si fue renuncia o remoción.
Conrado Arnulfo Reyes Sagastume se mantuvo en el puesto 17 días. Reyes fue designado como fiscal general el 25 de mayo de 2010 por Álvaro Colom.
Reyes, a sus 45 años, llegó al MP en momentos en que la institución afrontaba fuertes críticas por su inoperancia.
La Memoria de Labores del MP del 2009 reflejó que, de los más de 392 mil 126 denuncias recibidas, solo lograron tres mil 706 sentencias, lo que establece 99.6 por ciento de impunidad.
Reyes Sagastume llegó en medio de una disputa pública con el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Carlos Castresana, que lo acusó de tener un “historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”.
Reyes siempre retó a Castresana a mostrar las pruebas. El 7 de junio de 2010 Castresana renunció a la Cicig y denunció la existencia de campañas de desprestigio en su contra.
A partir de ese momento se desató una tormenta contra el presidente Colom, quien fue presionado por diversos sectores para que destituya al fiscal general, Reyes.
Esa tensión llevó al mandatario a decir, el mismo día de la renuncia, “que podría remover al jefe del MP, para no perder la buena relación que tiene con la comunidad internacional”.
Castresana acusó que la designación de Reyes “fue producto de pactos entre despachos de abogados dedicados a adopciones ilegales y defensa de narcotraficantes”. Reyes negó las acusaciones.
El 9 de junio de 2010 la Corte de Constitucionalidad anuló la elección de Reyes como fiscal general y ordenaron repetir el proceso desde la convocatoria que hizo el Congreso para integrar la Comisión Postuladora. En forma interina designaron jefa a María Encarnación Mejía García.
Los cuatro años
Las fiscales Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras han cumplido con su gestión de cuatro años por el cual fueron electas.
Porras está a dos años de terminar su segunda gestión, cuya designación estuvo enmarcada por una orden de la CC, para incluirla en la lista final de aspirantes, donde el expresidente Alejandro Giammattei la escogió.
Antes, el presidente Jimmy Morales la había nombrado fiscal general de la República.
