¿Está atrofiado el sistema político boliviano? – Por Diego Portal
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Diego Portal*
Habitualmente se aguarda una actitud proactiva, propositiva, con ideas nuevas, supuestamente dirigidas no solo a captar la simpatía ciudadana que pudiera convertirse en voto en las siguientes elecciones. Esa debiera ser la forma de actuar de la oposición en cualquier democracia moderna, pero en Bolivia no sucede así.
Algunos analistas opinan que esta situación se puede atribuir a que en los últimos cuatro lustros la mayoría aplastante del Movimiento al Socialismo (MAS) concluyó con una oposición atrofiada.
En algún período de la historia del país la negociación legislativa fue tan fuerte e importante que lograron hacer algo realmente insólito, como lo ocurrido en 1979, cuando se eligió como presidente de la entonces República de Bolivia a quien obtuvo el tercer lugar en la preferencia del electorado. Las coaliciones parlamentarias tuvieron su momento de poder y quienes dirigían las cámaras e incluso las comisiones se colocaban por encima de los ministros y casi al nivel de los propios presidente y vicepresidente.
Los últimos aleteos serios de la oposición fueron aquellos realizados en la legislatura 2006-2009, cuando lograron tener el control del Senado y, desde allí, no solo implementaron acciones que obstaculizarían la gestión gubernamental, sino también lo obligaron a modificar (inconstitucionalmente) aspectos de la Carta Magna que ya habían sido aprobadas por la Asamblea Constituyente.
Uno de estos aspectos, el más recordado y el que generó mayores consecuencias, fue el referido a la reelección indefinida que fue aprobada por la Asamblea en la ciudad de Oruro. Esta modificación del Texto Constitucional llevó a que el MAS convocará a un referéndum destinado a reponer ese artículo, en el cual la ciudadanía rechazó la intención oficialista. El resultado de ese referéndum se convirtió luego en una importante bandera de la oposición, llegando a ser el leit motiv de los sucesos de noviembre de 2019, que concluyó con el golpe de Estado que colocó en la presidencia a Jeanine Áñez y la salida al exilio de Evo Morales y Álvaro García Linera.
Desde entonces y hasta ahora (en realidad hasta la crisis interna del MAS) la oposición mantuvo ese papel de convidado de piedra. Toda la gestión parlamentaria se redujo a mero trámite. Los proyectos o anteproyectos de ley salían como por tubo, una vez tuvieran la bendición de la otra acera de Plaza Murillo.
Todo esto determinó que la oposición se olvidara de cumplir el papel que le asigna la Constitución, para paz y felicidad de los gobernantes.
En las elecciones de 2020 el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca, al margen de obtener una votación superior al 55%, alcanzó una presencia parlamentaria, en ambas Cámaras, que debió garantizarles una férrea gobernabilidad. Los hechos han mostrado otra cosa.
La división como conducta común
Tres agrupaciones dijeron presente en la actual legislatura: el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Hoy las tres se encuentran fracturadas, lo que ha dado nuevas características al trabajo legislativo.
Uno se preguntará a qué se deben estas divisiones, si se supone que coinciden ideológicamente y que es, o debiera ser, su principal factor de cohesión. Obviamente, son los intereses personales o de grupo al interior de sus organizaciones, pugnas por manejo de comisiones, presencia en las directivas camarales, disposición de espacios de trabajo (pegas), lo que también se traduce en recursos y en presupuesto para su subsistencia política. Contra toda previsión lógica, no son causas de diferencias ideológicas o principistas las que llevan al fraccionamiento de las organizaciones dentro del Legislativo. Eso ya es parte de la historia. Así como hoy están divididos, mañana sin ningún empacho pueden volver a unirse, siempre y cuando sus intereses más inmediatos y casi siempre personales vuelvan a coincidir.
Sin embargo, a la hora de obstaculizar la gestión gubernamental el atrincheramiento de los partidos de oposición se suele tornar en una sola y monolítica fuerza, a quienes se han sumado en este último periodo, de manera comedida, los autodenominados “radicales” del MAS, que en algunos casos se han convertido en la cabeza de la oposición, con mayor acción que los restantes opositores.
Esa oposición que, bajo diferentes denominaciones, aunque en muchos casos con los mismos integrantes, durante el evismo se habían anquilosado, hoy se han visto fortalecidos, han revivido, no por fuerza propia, sino principalmente por el empuje del sector denominado masista “radical”.
No lograron, en absoluto, entender y hacer lo que manda la Constitución, legislar y fiscalizar. Una rápida revisión del trabajo legislativo de los tres últimos años permite observar la escaza, por no decir nula, propuesta de leyes que beneficien al país. Más allá de leyes regionales, muy específicas, no se hallan proyectos de alcance nacional que justifiquen la existencia no solo de la cantidad de legisladores actuales, sino de la muy pesada carga burocrática.
El objetivo unánime es el de bloquear la gestión gubernamental. No hay propuestas, no hay aportes, sino únicamente una cerrada oposición destinada a imposibilitar cualquier acción gubernamental necesaria para la administración del Estado.
Bloquea, bloquea, que algo queda
No interesa qué es lo propone el Gobierno, la respuesta es bloquear, bajo cualquier argumento, por muy leguleyesco y absurdo que parezca.
Un rápido repaso nos mostrará que el bloqueo no solo es a las leyes económicas o relacionadas a préstamos para el financiamiento de obras, de las que han hecho bandera los opositores con un fuerte respaldo mediático, sino a cualquier iniciativa en otros sectores de la vida nacional que se originan en el gobierno.
Cerradas todas las puertas de negociación parlamentaria, tradicionales en cualquier democracia moderna, todo se redujo a decir no, o en el mejor de los casos al chantaje abierto. Es decir, me aprueban estas leyes y luego discutimos las de ustedes. Más o menos fueron así las conversaciones al interior de la Asamblea Legislativa.
Esta incapacidad o falta de voluntad por llegar a acuerdos, arribar a consensos, fue debilitando poco a poco la credibilidad y la autoridad del primer Órgano del Estado Plurinacional.
El Gobierno, chantajeado por el Legislativo e imposibilitado de implementar sus propuestas de ley, trató de buscar otro camino, el de gobernar a través de decretos, es decir, de decisiones de carácter Ejecutivo, lo cual es totalmente legal y legítimo, pero que evidentemente tiene sus limitaciones en cuanto a las materias que puede abordar.
Con esta acción la oposición parlamentaria queda fuera de juego, pero han tenido ya el tiempo suficiente, especialmente los “radicales”, para rearmar sus “organizaciones sociales”, coordinar con sus medios de comunicación y crear un nuevo escenario de desestabilización.
En medio de verdades a medias y relatos adaptados a lo que ciertos sectores de la sociedad, particularmente quienes habitan las ciudades, contándoles que sus propiedades privadas están en riesgo, o que el Gobierno quiere investigar el origen de sus fortunas o que se está buscando el control de sus comunicaciones por Internet, es decir por celulares y computadoras. Temas que ponen los pelos de punta a la clase media y sectores populares que se consideran ya de clase media, que generan su reacción inmediata, desmedida, que obliga nuevamente al Ejecutivo a retroceder en sus planes.
El Gobierno no tuvo la capacidad de socializar adecuadamente sus propuestas, entendiendo por socializar no solo difundir cuñas o spots en radio y televisión, sino fundamentalmente acudir a los sectores potencialmente perjudicados y dialogar con ellos sobre todos los aspectos de las propuestas, sin temor a las observaciones de estos sectores, y luego conseguir acuerdos para, si fuese posible, hacer públicas e implementar adecuadamente su ejecución. Aparentemente el temor de encontrar acuerdos hizo que no se realizara esta importante tarea. Al final, el resultado es el mismo: no se avanzó absolutamente nada en las propuestas y políticamente se retrocedió.
Algo que no debe dejarnos de llamar la atención es que temas como afectar la propiedad privada, investigar el origen de fortunas o intervenir comunicaciones, fueron parte de los relatos con los que, entre muchos otros factores, se movilizó en 2019 a sectores urbanos bajo el nombre de “pititas”, quienes actuaron con el fuerte respaldo de policías y militares. Y todos ya conocemos el desenlace.
El poder de un gobierno, de cualquier signo, en una democracia, se basa en varios factores: coerción legítima, respaldo legislativo y apoyo de las organizaciones sociales o ciudadano, entre los más importantes. La ausencia de algunos de estos factores puede ser el origen de la debilidad de un gobierno o, incluso, de la ingobernabilidad.
El gobierno de 2019 no tuvo la lectura adecuada de lo que sucedió en su momento, perdió el control de la coerción legítima (FF.AA.-Policía), perdió la capacidad de convocatoria de sus bases y no entendió seguramente que la democracia también es alternancia, como lo reclamaban ciertos sectores políticos. No se trata de atender todo lo que los ciudadanos piden, sino de tener la capacidad de escuchar y leer la coyuntura adecuadamente.
De manera concreta, con la Asamblea Legislativa habrá que preguntarse si no es hora de plantear una modificación constitucional que aborde básicamente temas puntuales como la existencia del sistema bicameral, si es necesario contar con tantos diputados plurinominales, siendo los uninominales los genuinos representantes ciudadanos. También se puede debatir sobre el período de funciones de los legisladores, ¿no será conveniente, como sucede en otros países, una renovación parcial por sorteo a la mitad de su mandato, como una forma de dinamizar su trabajo? O, incluso, como sucede en la Constitución mexicana, que el período sea reducido a la mitad y se produzca una renovación total de la Asamblea.
Seguramente existen otras tantas propuestas al respecto, pero no es lógico aceptar que un solo poder del Estado (órganos, como los denomina la nueva Constitución), pueda tener secuestrado a otro, como sucede con el Ejecutivo actualmente, que está seriamente limitado en su gestión debido a ese cerco del Legislativo en el tratamiento de leyes que son claves para garantizar la estabilidad económica y política del país.
Lo mismo habrá que plantear sobre la estructura y atribuciones constitucionales de los otros Órganos del Estado, garantizando su coordinación y colaboración de modo que, para decirlo de manera corriente, más allá de las diferencias ideológicas o de otro orden de quienes los conforman todos empujen el carro en el mismo sentido. No hacerlo significará que la inestabilidad y la ingobernabilidad podrán hacerse cada vez más fuertes y puedan degenerar en situaciones caóticas o de crisis similares a las que hemos visto en el pasado reciente en otros países, como por ejemplo ocurre reiteradamente en el vecino Perú.
La responsabilidad es de la clase política, principalmente, pero también corresponde a la sociedad en su conjunto a través de todas sus instituciones y de todos sus sectores pronunciarse al respecto. Se requiere a todas abrir un gran debate nacional y para ello alguien debe tomar la iniciativa.
* Cientista político boliviano, analista de La Época
