Argentina | Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios: “Este gobierno no quiere que los sectores populares lleguen a la universidad”

Entrevista a Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios

Por Luciana Jouli, para el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) CONADU y NODAL

El 26 de febrero el Ministerio de Capital Humano de Argentina emitió un decreto en el que confirma la revisión de la creación e inicio de actividades académicas de cinco instituciones universitarias nacionales aprobadas en 2023: la Universidad del Delta, la Universidad de Pilar, la Universidad de Río Tercero, la Universidad de Ezeiza y la Universidad Madres de Plaza de Mayo.

Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), dialogó con NODAL y analizó la situación del sector universitario argentino.

¿Qué implicancias tiene el decreto del gobierno para estas universidades?

La resolución del gobierno tiene más un carácter político que efectivamente alguna importancia administrativa, y lo único que hace es dejar sin efecto la designación de los rectores normalizadores de las cinco universidades.

Cada una de esas cinco universidades tiene particularidades diferentes. Hay tres que aún no funcionan porque se creaban y comenzaban a funcionar a partir del año pasado, como son la Universidad del Delta, la Universidad de Pilar y la Universidad de Río Tercero, a las cuales se les giraron fondos a algunas pero nunca fueron ejecutados y están en el banco.

Las otras dos universidades son también casos diferentes. La Universidad de Ezeiza es una universidad provincial que viene funcionando hace ya 10 años, tiene varios miles de egresados, 9.000 docentes, las carreras están aprobadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y siempre funcionó con presupuesto y sostenida por la provincia de Buenos Aires. Es una universidad que tuvo su proceso de normalización y para cumplimentar lo que pide la ley de creación requiere de un convenio de la provincia con el gobierno de la Nación, y esto no se ha hecho, por lo cual la universidad sigue estando en la órbita de la provincia. Entonces no hay ningún tipo de investigación o fondos del Estado que no se sepa dónde están e inclusive no se le enviaron fondos desde el ámbito de la, ahora, Secretaría de Educación de la Nación.

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que era un instituto universitario creado en el año 2015, fue normalizado durante cuatro años en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y posteriormente en el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), tuvo también un periodo de normalización que estuvo bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La Ley del 2023 lo que hace es convertir al instituto en Universidad. En la actualidad tiene más de 3.000 estudiantes, tiene egresados y tiene un funcionamiento oficial que antes pertenecía a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero que en el 2016 empezó a pertenecer al gobierno nacional, y como nunca se logró normalizar, las autoridades siguen siendo designadas por el Poder Ejecutivo. Cuando se crea la universidad por ley en el año 2023, se normaliza realizando una asamblea universitaria y eligiendo autoridades y consejeros superiores, entre otros. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo no tuvo presupuesto y siempre perteneció al Ministerio de Justicia. Es importante señalar que hacia fin del mes de febrero los docentes aún no han cobrado los sueldos de enero y la institución funciona en un edificio prestado de otra repartición del Estado y sin saber cuál será finalmente su destino.

¿Cómo puede entenderse esta decisión en el marco general de la política de educación superior que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei?

Este tipo de políticas tiene que ver con otra forma de descalificarlas y crear mantos de dudas sobre las universidades, lo cual ya se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Las universidades que quieren cerrar son las universidades que se crearon durante la época de Cristina Fernández de Kirchner, y estas otras que son universidades que tienen que ver con una lógica de ocupar el territorio, de llevar la universidad a sectores donde vive la población más vulnerable para hacer posible que esos jóvenes lleguen; o las que están en lugares muy lejanos como el caso de Tierra del Fuego, Chilecito, Chaco Austral y otras. Es una función que este gobierno no quiere que se cumpla, porque no quiere que los sectores populares lleguen a la universidad.

El gobierno de Javier Milei es un gobierno que denota claramente una decisión de ir contra una universidad que es popular, comprometida, democrática, con ingresos restrictos y gratuita.

Hay políticas que tienden a que la universidad sea arancelada, no para que el arancel sirva para sostener a la universidad, sino para hacer lo que pasaba antes del decreto del año 1949, donde solamente algunos jóvenes podían llegar a la universidad. Cuando se declara la gratuidad en las universidades en 1949, y eso lo dice el mismo general Juan Domingo Perón, las universidades se llenaron de hijos de obreros, y eso es lo que un gobierno cipayo, pro oligarca como es éste, ligado a los sectores más concentrados de la economía y a los sectores más tradicionales, no quiere. Acá se reivindica a Martínez de Hoz y a cuantos otros personeros de la oligarquía argentina y lo que quieren es tener una universidad pequeña que les sirva a los sectores de élite y donde para los demás hasta puede llegar a ser opcional estudiar a partir de quinto grado en adelante. Hoy en Argentina tenemos hasta la educación secundaria obligatoria y estas personas quieren hacer lo contrario e ir reduciéndola.

En ese proyecto de educación para un país agroexportador, de materias primas, semicolonial o colonial directamente, la educación tiene que ser eso. Entonces estas son las patas de la misma política: la desfinanciación presupuestaria de la universidad, la negativa de las autoridades a discutir en la paritaria salarios dignos para sus trabajadores, los recortes presupuestarios que hacen que se pierdan becas, comedores y capacidad de investigar problemáticas territoriales como salud, educación, economía. La universidad tiene que dejar de hacer todo eso y todo es parte de la misma política. Es por eso que esta resolución es una campaña publicitaria para avanzar en ese sentido y para descalificar a las universidades porque efectos prácticos no tiene absolutamente ninguno.