Lula da Silva: persona grata para los pueblos del mundo – Por Solange Martínez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Solange Martinez*
El lunes 19 de febrero el gobierno de Israel declaró “persona non grata” al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva por haber comparado la ofensiva israelí en la Franja de Gaza con el Holocausto nazi. El lider sudamericano, durante su gira por Africa repudió una vez más el genocidio de palestinos y reclamó el reconocimiento internacional de su soberania territorial.
Ante la reunión de la Liga Árabe en Egipto el mandatario aseguró que “es urgente detener la matanza. La posición de Brasil es clara. No habrá paz hasta que haya un Estado palestino, dentro de fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente, que incluyen la Franja de Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como su capital” y agregó que “la decisión sobre la existencia de un Estado palestino independiente fue tomada hace 75 años por las Naciones Unidas. Ya no hay excusas” instando a la reanudación de las negociaciones de paz como “una causa universal”.
En respuesta a la maniobra sionista, el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al embajador israelí en Brasilia a dar explicaciones. Aprovechando el conflicto la extrema derecha brasileña, encabezada por el ex presidente Jair Bolsonaro anunció que impulsará el juicio político de Lula. Casi como si Bolsonaro no tuviera que preocuparse por el proceso que investiga el ataque al Planalto durante la transición presidencial, por el cual él y varios de su círculo están compareciendo ante la Justicia.
Nadie podría, por otra parte, juzgar de demagogo al ex metalúrgico, por tercera vez al mando del Ejecutivo nacional por sus constantes declaraciones ante la comunidad internacional. Desde el comienzo de la ofensiva militar autorizada por Benjamin Netanyahu que ya suma más de 29.000 muertos, en su mayoría civiles, ademas de 1,9 millones de desplazados (el 85% de la población de Gaza), Brasil acompaña la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y entregó mediante el despliegue de Fuerza Aérea Brasileña varias toneladas de alimentos producidos y donados por los campesinos del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) al pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Esta ayuda humanitaria no cesará mientras continúen las masacres, es más, Lula aseguró que ampliará las donaciones brasileñas a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), luego de que Estados Unidos y más de una decena de países occidentales suspendieron el financiamiento, mientras Israel y sus aliados tienen sitiado el territorio y bombardean hospitales, escuelas, iglesias y todo tipo de infraestructura civil. ¿Cuál será su objetivo, sino el exterminio de la población palestina?
En esta escalada de tensión geopolítica, el mandatario brasileño está recibiendo el apoyo de diversas organizaciones de su país, como de sus homólogos regionales Gustavo Petro, Miguel Diaz Canel, Nicolas Maduro, Luis Arce y de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).
Lula avanza en el tablero internacional con la tranquilidad de estar ganando la partida local. Su regreso al poder, gracias a una amplia coalición con Geraldo Alckmin, su opositor histórico y actual vicepresidente, marcó un cambio significativo en la política brasileña y latinoamericana, en un contexto global de confrontación entre las redes financieras y tecnológicas asentadas en China y Estados Unidos, importantes socios comerciales del gigante del sur.
Desde su retorno, el presidente impulsa una serie de medidas económicas fundamentales para la recomposición de la situación social de los millones de trabajadores y trabajadoras. Rápidamente es posible listar entre ellas la caída del desempleo al 7,7% (la tasa más baja desde 2014), la inflación más baja en cuatro años, el aumento del salario mínimo (que sirve de referencia para los ingresos de 54 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población brasileña), la reapertura de paritarias salariales después de 6 años, la imposición de topes a los intereses en las tarjetas de crédito, la elevación del mínimo no imponible de ganancias que beneficia a 15,8 millones de trabajadores, la titulación de tierras de 1.800 comunidades comunidades originarias con inversiones de alrededor de 20 millones de reales (4.120.907 de dólares), un programa que destina mil millones de reales (204 millones de dólares) para políticas públicas para la población sin hogar, mediante la cooperación entre gobiernos regionales y municipales, universidades, así como movimientos de la sociedad civil, entre otras.
Además, en diciembre del 2023, luego de más de tres décadas de debates legislativos se aprobó en el Congreso (teñido de oposición) la reforma tributaria, que implicó la creación de un nuevo sistema de impuestos, lo que era una de las prioridades de la agenda económica del Gobierno. La medida incluye una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como “superricos”, y las empresas offshore. Con la Ley de presupuesto 2024 aprobada, avanza también un proceso de neo-industrialización con el acuerdo del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI) que planteó al gobierno la “Nova Indústria Brasil” (NIB), base de una política industrial que impulsará el desarrollo nacional, hasta el 2033, con sostenibilidad e innovación.
No sorprende entonces, que los niveles de aprobación de Lula se encontraran el año pasado en el 60%, según la encuestadora Quaest, incluso con el aumento de su imagen positiva en sectores demográficos conservadores, entre los que se encuentran amplias capas de evangélicos y los residentes del rico sur de Brasil. En la actualidad, ronda el 50%, según revela un estudio del Instituto de Pesquisa en Reputación e Imagen (IPRI).
En la vereda del frente, el ex presidente Jair Bolsonaro, su hijo Carlos, concejal de Río de Janeiro y una decena de exministros y ex jefes de las Fuerzas Armadas involucrados en los ataques del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia, están siendo investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Ya se ordenaron 34 allanamientos, 4 prisiones preventivas y se fijó el juicio de 12 acusados de participar en la ejecución de los actos golpistas, quienes se suman a los 3 condenados en septiembre pasado.
De acuerdo con ‘O Globo’, en el marco de una megacausa en la cual están detenidos los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército y el ex asesor de asuntos internacionales de la Presidencia, Filipe Martins, la Policía Federal (PF) de Brasil investiga a Carlos Bolsonaro por la organización de espionaje ilegal montado durante la administración de su padre para investigar a opositores. En la red ilegal estuvo involucrada la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) cuya autoridad máxima Alessandro Moretti, fue desvinculado recientemente por Lula, acusado de interferir en las investigaciones en curso. Carlos sería también el responsable de coordinar el “gabinete del odio” encargado de divulgar noticias falsas y campañas difamatorias anónimas en las redes sociales contra sus adversarios políticos.
Desde hace 15 días, por orden de un juez del STF, Jair ha debido entregar su pasaporte a la Justicia y se le ha prohibido la comunicación con otros implicados, entre ellos el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, el exjefe de Gabinete Walter Braga Netto y el exministro del Gabinete de Seguridad Augusto Heleno. Es que voceros de la Policía Federal aseguran tener pruebas de la participación de Bolsonaro en el armado del infructuoso intento de golpe de Estado con sus colaboradores más cercanos. Vale recordar que durante la asunción de Lula y por un lapso de tres meses el neoconservador se encontraba en Florida, EEUU, desde donde repudió livianamente el ataque de sus seguidores a la sede de gobierno.
Complicado jurídicamente, pero echando mano a la movilización de sus bases sociales, Bolsonaro convocó mediante sus redes a participar de un acto de apoyo el domingo 25 de febrero en la Avenida Paulista, la más importante de San Pablo. La convocatoria será sin dudas, un indicador del estado de la fuerza reaccionaria en las calles y del liderazgo del ex mandatario.
En este contexto, el exministro bolsonarista de Comunicación Social y abogado personal de Bolsonaro, Fabio Wajngarten anticipó que solicitará a Bolsonaro y al financista del evento, el pastor evangelista ultraderechista Silas Malafaia, que inviten al embajador de Israel en Brasilia, Daniel Zonshine, a la manifestación del domingo.
El alineamiento es claro. Mientras la ultraderecha brasileña alineada ideológicamente al sionismo sería la responsable intelectual y material de un intento de golpe de estado en pleno S.XXI; Lula aboga por el respeto de los Derechos Humanos, la cooperación internacional y la recomposición de las condiciones básicas para la paz social. Lula Da Silva es una persona grata para los pueblos del mundo.
*Investigadora del CEIL Manuel Ugarte (UNLa), conductora de Esquina Amèrica, por radio Megafon UNLa y analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
