Argentina, un país injusto: la pobreza y el costo de vida, en aumento – Por Horacio Rovelli
Argentina, un país injusto: la pobreza y el costo de vida, en aumento
Horacio Rovelli*
La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Dotado de riquezas naturales, de la tercera reserva de agua potable del planeta con la cada vez mayor importancia que esta tiene, gran productor de alimentos y forrajes, se autoabastece energéticamente y se convierte en exportador, posee litio y minerales raros, etc., etc. El puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco, al sur, y Timbúes, al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro industriales del mundo con más de 120 millones de toneladas de ventas declaradas. Paralelamente, la población argentina tiene en general un aceptable nivel de instrucción y capacidad de adquirir conocimiento.
Sin embargo, más del 50% de nuestro pueblo es pobre, midamos la pobreza por cualquier indicador. Oficialmente el INDEC presenta la Canasta Básica Total que necesita, por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros que, al mes de diciembre de 2023, requería de ingresos netos por 495.798 pesos [1]. La inflación de enero de 2024 y la que se espera para el resto del año, y la retroalimentación de la devaluación de nuestra moneda con el proceso inflacionario y, por ende, con nuevos deterioros del poder adquisitivo de la población, nos permiten prever nuevas camadas de pobres.
Es lacerante, pero hay un 30-35% de la población que es pobre estructuralmente, son pobres crónicos, es decir, de varias generaciones, están en la informalidad o en los programas sociales, en espacios urbanos de mucha marginalidad y exclusión, pero tenés otra parte, que es entre el 15 y 20% de nuevos pobres, y lo son no tanto por sus condiciones de infraestructura residencial o capital humano educativo, sino básicamente porque lo que perciben por su trabajo no les alcanza para vivir y pagar el alquiler de la vivienda (corren el riesgo de ir de un departamento a una pieza, y de la pieza a la calle).
Se podría usar la producción de alimentos y de energía con los que la Argentina cuenta para desarrollar un fuerte mercado interno y generar fuentes de trabajo de mano de obra intensiva, como puede ser la construcción y especialmente en vivienda ante el déficit habitacional imperante, actividad en que no se debe importar nada porque todos los insumos se producen en el país [2].
El medio financiero existe y son los encajes remunerados (ahora fundamentalmente constituido por “pases pasivos”, que son depósitos captados por los bancos que le prestan al BCRA a una tasa del 100 % nominal anual y en un plazo de uno a seis días) y que suman en febrero de 2024 27,9 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a 30.000 millones de dólares), y no se hace ese trabajo y esa producción, para de esa manera aumentar las exportaciones de alimentos, energía e insumos.
Se priva a nuestro pueblo de trabajo, de una vida digna para su familia (para los hijos, que son los hombres del mañana), para que consuman lo menos posible para, de esa manera, aumentar las exportaciones. Lo dice claramente Javier Milei: se prohíbe no exportar [3] y si se quiere consumir en el mercado argentino, que se pague a precio internacional (cuando los salarios son de los más bajos de América Latina).
El gobierno de Cambiemos implementó un modelo de endeudamiento y de venta de los recursos a como dé lugar, modelo que continuó el gobierno del Frente de Todos y que exacerba el actual con maldad manifiesta.
Cómo es posible que en nuestro país cuatro millones y medio de personas deban concurrir a comedores o merenderos comunitarios, la mayor parte niños y ancianos, para recibir algún tipo de asistencia alimentaria.
En esa situación, el gobierno de Alberto Fernández había logrado conformar un censo y un registro (RENACOM: Registro nacional de comedores y merenderos comunitarios) y con ello una red de contención, financiada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) bajo el plan “Argentina contra el Hambre” que se inició el 28 de septiembre 2021, por un monto de 200 millones de dólares [4].
El plan se distribuía en 34.782 comedores y merenderos populares en todo el país, asistido por 134.449 personas (la mayoría cocineras), que perciben por su labor el plan Potenciar Trabajo, cuya remuneración mensual a febrero de 2024 es de 78.000 pesos (la mitad del salario mínimo, vital y móvil que es desde diciembre de 2023 de 156.000 pesos por mes) quienes, con sensibilidad social, dedicación y esmero distribuían 10.000.000 de raciones de comida por día.
Sin embargo, no bien llegó al gobierno, Javier Milei entró a retacear la entrega de alimentos, con el pretexto de que “no hay plata” (sin decir que es un crédito del BID), pero no es que no hay recursos, sino que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, prefieren desarmar lo que se había conformado, que es realmente valioso, por acuerdos institucionales con la Organización de Iglesias Evangélicas, a los que en el día 5 de febrero de 2024 le dieron 177.500.000 pesos para que cumplan dicha labor. Así como también a la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), presidida por Abel Albino [5], con el pretexto de que había filiación política en los comedores y merenderos comunitarios.
El miércoles 7 de febrero de 2024, centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares que han tenido que reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos se concentraron frente al edificio en que funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, en medio de la avenida 9 de Julio (a siete cuadras del Obelisco de Buenos Aires) en la CABA, en reclamo por la entrega de alimentos.
Por cada comedor popular que cierra, familias enteras dejan de recibir un plato de comida. Niños y niñas quedan sin meriendas [6].
La misma Iglesia Católica, más allá del acuerdo firmado el 7 de febrero de 2024 entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano, publicó al día siguiente: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.
El ajuste sobre las provincias
Las provincias se constituyeron antes que la nación Argentina, éramos Provincias Unidas del Río de la Plata. Al promulgarse la Constitución nacional sancionada en 1853, se incluyó la denominación República Argentina entre los nombres oficiales destinados a la designación del gobierno y del territorio de la nación. Y dicha Constitución en su art. 1º dice: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.
Y en su Preámbulo manifiesta: “…reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Sin embargo, el actual gobierno no solo no respeta la república y su carácter federal, sino que, poniéndose por encima de los gobernadores, que también fueron elegidos por su pueblo, limita, suspende y hasta elimina derechos de la población.
Las provincias no habían terminado de resolver con el gobierno anterior la disminución de sus ingresos al elevarse en octubre de 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría (remuneraciones al trabajo) del Impuesto a las Ganancias (que se coparticipa en su totalidad), pero con este gobierno la situación se fue de todo control:
- Las provincias pierden ingresos porque la recaudación tributaria crece menos que la inflación, que fue desatada por devaluar en un 100% y liberar los precios.
- La administración nacional disminuye fuertemente las transferencias no automáticas. De manera tal que en el mes de enero de 2024 según la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación) a valores constantes, las partidas recibidas por las sub-jurisdicciones nacionales disminuyeron en un 56% (de 115.804 millones de pesos en enero de 2023 a 50.795 millones de pesos en enero 2024).
- Mediante el Com. A 7674 del BCRA del 24/01/24 se desregula el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro (local y nacional), recursos con que contaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones de los empleados públicos, que después iban amortizando al banco a medida que ingresaban los recursos propios (esencialmente el Impuesto a los Ingresos Brutos).
- El gobierno central condiciona la creación de bonos para cancelación de deuda de las provincias (mal llamada monedas provinciales) al no aceptar que con estas se paguen los tributos nacionales.
- El Fondo Compensador del Interior en el año 2023 distribuyó a las empresas prestadoras del servicio de transporte en localidades del interior del país (son unas 14.000 unidades) la suma de 102.000 millones de pesos, destinados a cubrir parte del precio del boleto del pasajero (la suma total anual era aproximadamente el 0,4% del PIB), otra parte del subsidio lo realiza la misma provincia y/o municipio. El problema es que desde que asumieron las nuevas autoridades, el 10 de diciembre de 2023, retacearon la transferencia, razón por la cual el día 8 de febrero de 2024 los trabajadores nucleados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor) decidieron un paro general porque las empresas no le pagaban sus haberes en tiempo y forma. Las provincias pidieron a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria y se logró levantar la medida de fuerza, trabajando ese día con poca frecuencia de colectivos como pasa en todas las provincias. Ahora es peor, porque se elimina el subsidio.
Según el gobernador Maximiliano Pullaro de Santa Fe, el “fondo” significaba un aporte a la provincia de 1.500 millones de pesos por mes (en el año; es en pesos pero equivalente a 18 millones de dólares). En Tucumán, el boleto de colectivo, el 9 de diciembre de 2023, era de 230 pesos. Con la eliminación del “fondo” rondará los 1.000 por viaje. Un trabajador debe destinar 44.000 pesos para ir y venir de su labor, en una provincia donde el salario mínimo vital y móvil (de 156.000 pesos por mes) es operativo [7].
En síntesis
Todas las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, como los dos mamotretos de DNU 70/23 y el malogrado proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, perjudican seria e irreversiblemente a la población, de la cual una importante parte lo votó, sin saber lo que hacía. Ahora les corresponde principalmente a los representantes de las provincias y a las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas poner freno a una administración cuyo único fin es garantizar altas tasas de ganancia al poder económico (sea local o extranjero), sin importarle el costo ambiental, social, cultural y de derechos de nuestro pueblo.
Notas[i]
En el gasto de la Canasta Básica Total no se contempla el de la vivienda, se supone que la persona es dueña donde vive y/o que es de la familia, pero no paga alquiler (que el gobierno de Milei liberó su precio mediante el DNU 70/23).
[2] El estado de abandono del mercado interno hace que tras tres semanas de protesta y reclamo, los sindicatos del sector de Arena, Piedra y Navegación Fluvial de Rosario (Santa Fe) decidieron emprender medidas de fuerza y acusan a la Cámara de Arena y Piedra del Litoral de generar el desabastecimiento de arena, vital para distintos sectores. El déficit de arena no se nota tanto por los recortes en la obra pública por parte del gobierno nacional y por el “parate” generalizado en la construcción particular
[3] «A partir de hoy queda prohibido prohibir exportaciones», dijo Milei en el mensaje que fue transmitido por cadena nacional el 19 de diciembre 2023, en referencia a la modificación del artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415) por el DNU 70/23.
[4] Operación Nº 5295/OC-AR Informe del 5 de febrero 2024.
[5] Médico y miembro del Opus Dei, fue ministro de Asistencia Social en el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Los recursos que se destinaron desde Salta a CONIN fueron cuantiosos y los resultados casi nulos. Las noticias que llegaban desde el norte de la provincia eran alarmantes y tuvieron un pico dramático entre diciembre de 2019 y enero de 2020: una quincena de niños y niñas wichis muertos por desnutrición. Fue entonces cuando el recién asumido gobierno de Gustavo Sáenz cortó vínculos con CONIN y dictó la emergencia socio sanitaria para los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.
[6] Incluso la vergüenza en todo el país, pero principalmente en el Ministerio de Capital Humano trasladado a la Av. Alvear 1690 – CABA y también en el edificio en el barrio norte de la Ciudad de Rosario, en que miles de personas esperaron en vano que, como había prometido la ministra, iban a ser recibidas por los funcionarios.
[7] En la ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo aumento más del 400 %, era de 53 pesos el 9 de diciembre de 2023 y quedó fijado en 270 el martes 6 de febrero de 2024.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
