Bolivia: el falso ecologismo desestabilizador, racista y neocolonial de la derecha – Por José Galindo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
José Galindo*
Una serie de reducidas pero bien publicitadas marchas se dieron en varias ciudades del país, exigiendo el resguardo de sus áreas protegidas y en respuesta a la demanda de los cooperativistas mineros para poder llevar a cabo sus actividades en ellas, con predecibles efectos destructivos en pleno inicio de lo que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó “la era de ebulición climática”. Asimismo, las redes sociales y los medios hegemónicos vienen desplegando una arremetida contra el Gobierno, al que acusan de no reaccionar oportunamente ante los focos de incendios.
Esta movilización ciudadana podría considerarse, por lo tanto, progresista, hasta que se presta atención a sus protagonistas, discursos y demandas, todos alineados hacia la derecha del espectro político, donde los intereses del medioambiente no son exactamente una prioridad. Se trata de una versión reciclada del ambientalismo racista y clasista que se formuló en la coyuntura Tipnis, solo que esta vez mucho más débil.
Entretanto, el Gobierno, junto a brigadas de voluntarios nacionales e internacionales, desarrolla una estrategia para controlar los incendios cuyas causas van desde las naturales, como resultado del cambio climático mundial, hasta acciones de sabotaje con efecto político como ya ocurriera en 2018 y 2019.
La marcha de la gente bien
La llamada “Marcha en defensa de los bosques y el agua”, coordinada simultáneamente en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, demostró tener mayor capacidad de convocatoria solo en la primera y la última, alcanzando sobre todo a los tradicionales sectores urbanos de “clase media”, eso que en realidad no son más que segmentos poblacionales con mayor capacidad de consumo gracias a su ubicación geográfica en un país de todos modos empobrecido y con oportunidades limitadas, pero que se consideran a sí mismas por encima de las clases “populares”, más por razones étnicas y de abolengo que de capacidad económica; sectores poblacionales atravesados por prejuicios racistas, pero vociferantemente preocupados por el futuro de comunidades indígenas que jamás conocieron ni tienen el interés de conocer.
Sus principales organizadores fueron, lejos de toda sorpresa, el Comité en Defensa de la Democracia (Conade), las universidades mayores de San Andrés, Gabriel René Moreno y San Simón, las organizaciones sin fines de lucro Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y Ríos de Pie, todas cubiertas atentamente por los principales medios de comunicación opositores, todavía numerosos a pesar de la desaparición de Página Siete, como Unitel, El Deber o Erbol (que incluso se molestaron en publicar los puntos de concentración designados para cada ciudad); sin contar el apoyo moral recibido de ciertos asambleístas opositores y la siempre presente Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), devuelta repentinamente al campo de la opinión pública tras los escandalosos casos de pederastia que tocaron a varios de sus miembros. La crème de la crème de la sociedad boliviana, en todo caso. No hay que olvidar Ríos de Pie es una organización de activistas con financiamiento de fundaciones de los Estados Unidos y que jugó un papel destacado en la desestabilización de la democracia y el gobierno de Evo Morales en 2019.
Tras su breve paso por las calles, pero al unísono de consignas como “ni oro, ni coca: el bosque no se toca”, se proclamó un pliego petitorio condenando, de entrada, la inacción gubernamental frente a los desastres provocados por el cambio climático en los últimos meses y exigiendo la derogación de leyes ecocidas, en detrimento de sectores económicos como los mencionados cooperativistas mineros, pero también debe admitirse de sectores empresariales relacionados a la producción de oleaginosas, ganadería y otros de la agroindustria, pese a que no fueron mencionados en ninguno de los encendidos discursos. Además deben mencionarse demandas como la protección a las reservas naturales del Madidi y otras, y una fiscalización a la gestión de las principales entidades relacionadas a regulación ambiental de toda actividad en el territorio, como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), etcétera. Y, sobre todas ellas, la declaratoria de emergencia nacional por parte del Ejecutivo.
La nueva agenda de la derecha derrotada
Demandas que pretenden, como lo anunciaron sus promotores, estar lejos de cualquier interés partidario, pero que se concentraron contra oficinas del gobierno central y pasan de largo a las principales organizaciones empresariales responsables por el deterioro ambiental, como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras ligadas a actividades extractivas altamente nocivas para el medioambiente y que estuvieron, en su momento, como las principales impulsoras de las protestas antigubernamentales en los primeros dos años de gestión de Arce.
Paralelamente a la realización de la marcha el principal dirigente de la bancada opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llamaba a “recuperar” la institucionalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para evitar la propagación de incendios y toma ilegal de propiedades. Mesa debe recordarse que fue parte de la coalición gobernante encabezada por Jeanine Áñez, quien otorgó ilegalmente extensas propiedades de tierra al empresario agroindustrial y exprófugo de la justicia Branco Marinkovic.
Ahora bien, resulta evidente que detrás de esta marcha estaba la intención de reorganizar a la oposición a través del reposicionamiento de un discurso al que se recurrió intensamente entre 2010 y 2011: la defensa del medioambiente, las áreas protegidas y los pueblos indígenas que habitan en ellas (aunque este último elemento es menos explotable tras las desvergonzadas expresiones de racismo que se dieron en la oposición en 2019). El precedente más inmediato fueron la serie de movilizaciones frustradas en varios puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que pedían paralizar la construcción de proyectos viales que pondrían eventualmente en peligro los acuíferos que abastecían a su población. La denuncia no pudo probarse completamente, pero el contexto nacional y global permite ensayar intentos similares sin gran esfuerzo.
Las condiciones objetivas de una mentira
Dicho contexto no es otro que la expresión incontenible y ya inevitable de las contradicciones entre el capitalismo y las condiciones para la reproducción de la vida en el planeta, que en las últimas décadas han llevado a la destrucción de ecosistemas enteros y la consecuente extinción de especies de fauna y flora, la elevación inusitada de las temperaturas mundiales y el trastorno de los ritmos climáticos de los que dependen poblaciones rurales, indígenas y campesinas.
En Bolivia esa realidad se ha traducido en el extenso periodo de sequías e incendios que atravesamos actualmente y que en los últimos años han facilitado la multiplicación de focos de calor hasta colocar al país como uno de los más afectados por este problema en el mundo, después de Australia. Un asunto agudizado por la influencia del lobby agroindustrial sobre instituciones del Estado a lo largo de indistintos gobiernos, generalmente orientado a promover la extensión de la frontera agrícola en desmedro de territorios boscosos y otros ecosistemas ubicados en la región oriental.
Pero se trata de un problema de alcance global, que golpea incluso a países desarrollados como los propios Estados Unidos, donde el estado de California es uno de los más afectados por la escasez de agua desde casi una década, además de soportar focos de calor que ya han cobrado cientos de vidas en los últimos años. No obstante, los riesgos para la población del planeta son todavía mayores. Todos los informes del Panel Internacional para el Cambio Climático (PICC) que se publicaron a partir de 2010 alertan de la insuficiencia de las metas de las Cumbres Contra el Cambio Climático celebradas bajo los auspicios de la ONU, que apuntaban a reducir las emisiones de dióxido de carbono en al menos 1,5% hasta 2050. En realidad, señalaron los expertos de la misma instancia que no hacerlo hasta al menos 2% y hasta 2030 implicará el inicio de una espiral indetenible de deterioro ambiental que repercutirá en la muerte de millones de personas.
El trasfondo reaccionario de las buenas intenciones
Los activistas de derecha por la ecología tienen una doble moral y un propósito escondido. Por un lado, el discurso de corte ecologista, ambientalista y emocionalmente animalista que promueve la oposición aprovecha ese contexto, objetivo y concreto, pero coloca toda la culpa no sobre el modo de producción capitalista o la división internacional del trabajo, sino en los gobiernos de corte progresista que se extendieron por la Región desde principios de este siglo y que aprovecharon los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales para promover políticas de redistribución económica en favor de sectores humildes y empobrecidos de sus poblaciones: o a sectores ocupacionales que dependen de actividades extractivas para su sobrevivencia, como los trabajadores de las cooperativas mineras que intentan conseguir la aprobación del Estado para destruir todavía más las áreas protegidas; o los sectores campesinos dedicados a la producción de hoja de coca, a los que de paso se tacha de narcotraficantes. Los responsables por la destrucción del medioambiente son, por lo tanto, los Estados y los sectores populares explotados en actividades extractivas. Se omite así, intencionalmente, a los sectores ocupados en la explotación extensiva de la tierra de la agroindustria y la ganadería, que requiere menor cantidad de mano de obra y que beneficia ante todo a un pequeño grupo de poderosos empresarios que residen principalmente en el Oriente.
En otras palabras, un doble discurso que condena el extractivismo cuando es ejercido por clases populares o gobiernos progresistas, pero que es tolerado, sino excusado apologéticamente, cuando los responsables de actividades extractivas son empresarios. Es decir, está el extractivismo malo de los sectores plebeyos y está el extractivismo bueno de los sectores empresariales. Un “capitalismo termita”, como lo llamaron algunos durante el gobierno de Evo Morales, y un “capitalismo verde”, como desean promover otros. Añadiendo criterios indisimuladamente racistas que señalan las presumidas limitaciones culturales de algunos grupos poblacionales corrientemente explotados en las más intensas actividades extractivas, como la minería o el trabajo en el campo, mientras elogian acríticamente las supuestas virtudes ecológicas de comunidades indígenas ubicadas en regiones selváticas menos politizadas. Se diferencia entre indígenas malos organizados en sindicatos campesinos o mineros vs. indígenas buenos organizados en comunidades alejadas de toda actividad política. Los empresarios blancos de la agroindustria son colocados automáticamente entre los civilizado y moderno.
Igual hay, en el caso boliviano, un propósito escondido. Con el respaldo de la nueva encargada de Negocios de los Estados Unidos, Debra Hevia, que incluso ha visitado a guardaparques en la Amazonía, se sigue una línea de oposición al gobierno de Luis Arce. Nadie podría oponerse a cuidar el medioambiente, aunque son pocos los que deben darse cuenta que detrás de esto hay un proyecto conservador contra la presencia del pueblo en el Gobierno.
Los principales promotores de este discurso hipócrita que contribuye indirectamente a la destrucción más acelerada del medioambiente son las ONGs financiadas por gobiernos extranjeros como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), entre otros. El último como caja de resonancia de supuestos intelectuales progresistas como Eduardo Gudynas y Maristella Svampa, con esta guardando un silencio cómplice en relación a las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
El común denominador entre ambos autores es la supuesta denuncia del capitalismo ecocida que se da en el Sur Global, que se pretende moderar con la siempre benevolente socialdemocracia europea y en contra del neoextractivismo que impulsan nuevas potencias económicas como la China. Entre las tesis más retrógradas de este conjunto de tanques de pensamiento e intelectuales falsamente progresistas se encuentra la detracción del proyecto de industrialización boliviano, debido a las consecuencias hipotéticamente nocivas que dicho proceso tendría sobre el medioambiente en el Sur Global. La alternativa es convertir a Latinoamérica en una gran área protegida, pero subdesarrollada.
El desafío inmediato del gobierno de Luis Arce y de los sectores sociales que lo apoyan es develar la hipocresía de tal discurso, atravesado por prejuicios racistas y neocoloniales, cuyo último objetivo es perpetuar la posición de Bolivia en la división internacional del trabajo, sea como mera productora de materias primas o como reservorio ecológico de la Humanidad, pero a costa del bienestar de su población y siempre y cuando la producción de materias primas se haga mediante la competitiva empresa privada; todo ello mientras se promete que los Estados del Norte Global serán capaces de producir nuevas formas de industrialización ecológicas a las que podrá contribuir, “afortunadamente”, la periferia del mundo capitalista con la dotación de materias primas que ellos no tendrían la capacidad tecnológica ni intelectual para manejar por su cuenta.
Un ecologismo falso, racista y neocolonial que ya fue ensayado en los meses previos al golpe de Estado de 2019 y que se pretende relanzar en contra del gobierno de Luis Arce, solo que esta vez en condiciones climáticas más adversas de las que se tenían hace apenas un par de años y que prometen empeorar en los años venideros. Afortunadamente, no es difícil desmentir la hipocresía de sus argumentos ni la verdadera intencionalidad de sus promotores, todos opositores derrotados con las manos llenas de sangre.
* Cientista político boliviano, analista de La Época.
